STC3499-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3499-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abcontinuar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Mundo Mujer, que fue admitida el 16 de junio de 2016 (radicado 2015-01167). <\/p>\n
2.2. Posteriormente, mediante prove\u00eddo del 25 de junio de 2018, se dispuso la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el actor, recurso desestimado con auto del primero de agosto de 2018. <\/p>\n
2.3. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abla juez aplic\u00f3 desistimiento t\u00e1cito en esta acci\u00f3n constitucional de impulso oficioso [v]iolando abierta y tajantemente art 5, 6 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copias de la acci\u00f3n popular criticada. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que no es \u00abel organismo competente para adelantar las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el amparo, por cuanto \u00abes evidente la falta de inmediatez con la que se promueve el amparo\u00bb, toda vez que \u00abla decisi\u00f3n mediante la cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito fue notificada el 26 de junio del 2018 y el auto mediante el cual decidi\u00f3 el juzgado no reponer esa resoluci\u00f3n el d\u00eda 2 de agosto de ese mismo a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, sin exponer los motivos concretos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinado el presente caso, se verifica que el actor cuestion\u00f3 el prove\u00eddo de 25 de junio de 2018, que termin\u00f3 la acci\u00f3n popular fustigada por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3, en sede de impugnaci\u00f3n, esta Sala Especializada con sentencia del 31 de enero de 2019 (STC803-2019), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
En sustento [de sus s\u00faplicas] narr\u00f3 [el actor] que promovi\u00f3 demanda popular contra el Banco Mundo Mujer (sucursal de Ipiales Nari\u00f1o), radicada bajo el No. 2015-01167. <\/p>\n
El mentado juicio fue terminado por desistimiento t\u00e1cito bajo las previsiones del numeral 1 del canon 317 de la Ley 1564 de 2012 mediante auto de 25 de junio de 2018, recurrido v\u00eda reposici\u00f3n sin \u00e9xito. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia la inviabilidad del ruego tuitivo porque no se evidencia que el confutado hubiese incurrido en equivocaci\u00f3n alguna al dictar el interlocutorio por el que fue convocado. <\/p>\n
El plenario vislumbra que por auto de 26 de abril de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito requiri\u00f3 al accionante dentro del proceso 2015-01167, con el fin que \u00abadelant[ara] las gestiones (\u2026) tendientes a concretar la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad de la presente acci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y procure la notificaci\u00f3n de la entidad accionada a trav\u00e9s de cualquier m\u00e9todo que establece la normatividad vigente\u00bb so pena de acudir a la sanci\u00f3n consagrada en el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que cobr\u00f3 firmeza con la anuencia del discrepante, quien tampoco dio cumplimiento a lo exigido. <\/p>\n
Fue entonces su proceder el que motiv\u00f3 la providencia de 25 de junio de 2018 que hoy lamenta, donde se consign\u00f3: \u00ab[t]odos los actos desplegados por este Despacho (\u2026) son prueba de la actuaci\u00f3n diligente que adelanta (\u2026) para llevar a buen fin la acci\u00f3n; contrario a lo realizado por el actor popular quien pretende que todo lo haga el Despacho y no colaborar con la administraci\u00f3n de justicia para evacuar las cargas propias de la parte actora\u00bb. <\/p>\n
De la lectura de la norma en menci\u00f3n se advierte que el sub lite se ajust\u00f3 a ella conforme las peculiaridades propias del mismo, lo que cierra la posibilidad de enfilar reproche alguno al encartado. <\/p>\n
Ahora, no desconoce esta Corporaci\u00f3n, que recientemente en STC14483-2018, modific\u00f3 su postura en lo que concierne a la \u00abaplicaci\u00f3n\u00bb del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb en \u00abacciones populares\u00bb, al se\u00f1alar que no es procedente, pero tampoco que en STC236-2019 se acot\u00f3, con ah\u00ednco, que ese pronunciamiento no se extender\u00eda a los casos solventados con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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