STC3511-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3511-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00913-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Jorge Isaac Ch\u00e1vez, quien afirma actuar como apoderado general de Luzmila Betancourt de Ch\u00e1vez, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente frente a los magistrados Homero Mora Insuasty, Hernando Rodr\u00edguez Mesa y Carlos Alberto Romero S\u00e1nchez, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201creivindicatorio\u201d adelantado por la mencionada se\u00f1ora contra la Junta de Acci\u00f3n Comunal Urbanizaci\u00f3n Villaepal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, supuestamente quebrantados por las autoridades querelladas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El aqu\u00ed promotor, actuando mediante mandato general otorgado por Luzmila Bentancourt de Ch\u00e1vez, confiri\u00f3 poder a un abogado para que tramitara, ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, el juicio materia de este amparo, requiriendo la \u201creivindicaci\u00f3n\u201d del \u201c(\u2026) bien localizado en la carrera 49 con calle 11 – Urbanizaci\u00f3n Villaepal (\u2026)\u201d a favor de la prenombrada. <\/p>\n
En ese pleito, el despacho instructor, en prove\u00eddo de 18 de diciembre de 2019, deneg\u00f3 las pretensiones requeridas, por inexistencia de \u201ctitularidad del dominio en la demandante\u201d y \u201cfalta de posesi\u00f3n\u201d por parte del extremo pasivo. <\/p>\n
Esgrime el gestor que, apelada esa providencia, le correspondi\u00f3 el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, quien, en prove\u00eddo de 14 de septiembre de 2020, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Se\u00f1ala que las autoridades convocadas incurrieron en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, por cuanto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) incursion[aron] en el conocimiento de un asunto fallado y ejecutoriado en la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz, ii) vulneraron diferentes normas, por ejemplo, los art\u00edculos 6, 29, 90, 122, 209 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los cuales son claros al determinar la naturaleza del empleo p\u00fablico en Colombia, y las [reglas] 31 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, de cuyos contenidos es f\u00e1cil concluir cual es la competencia de las Salas Civiles en nuestro pa\u00eds; y iii) revivieron un proceso legalmente concluido (\u2026)\u201d <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, \u201cdejar sin efecto\u201d los fallos proferidos en el aludido asunto. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder y expresando que el \u201cpoder general\u201d otorgado al actor no lo habilita para \u201cejercer\u201d el presente ruego a nombre de Luzmila Betancourt de Ch\u00e1vez, pues el mandato debe ser \u201cespecial con facultad para adelantar este juicio constitucional\u201d. <\/p>\n
2. El juzgado querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, es preciso advertir que la acci\u00f3n de tutela constituye un mecanismo defensivo de los derechos fundamentales de las personas, cuyo prop\u00f3sito es la protecci\u00f3n inmediata; empero, no todas se encuentran facultadas para invocarla. <\/p>\n
Al respecto, basta auscultar el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual si bien estipula: \u201c[l]a acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona\u201d, el mismo texto condiciona su legitimaci\u00f3n a quien sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no a los terceros; ahora, \u201cse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
2. Conforme a lo antelado, es claro el fracaso del ruego elevado por Jorge Isaac Ch\u00e1vez, porque, por un lado, dentro del comentado decurso, no ostenta ninguna de las calidades enunciadas. Y, por el otro, aqu\u00e9l, en realidad, no est\u00e1 facultado para pedir la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de Luzmila Bentancourt de Ch\u00e1vez (parte demandante en el litigio criticado), dado que el poder allegado al ruego es insuficiente para ejercer tal representaci\u00f3n. Veamos. <\/p>\n
En el mandato anexo al libelo genitor, se plasm\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Luzmila Betancourt de Ch\u00e1vez (\u2026), manifiesto: Que por medio de este instrumento confiero PODER GENERAL amplio y suficiente con las m\u00e1s irrestrictas facultades dispositivas y administrativas, al se\u00f1or JORGE ISAAAC CH\u00c1VEZ (\u2026), para que en mi nombre y representaci\u00f3n, proceda a efectuar los siguientes actos o contratos que tenga relaci\u00f3n \u00fanicamente con el inmueble de mi exclusiva propiedad ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Villaepal, en la calle 11, con carrera 49 de esta ciudad de Cali, que tiene un \u00e1rea de 550.oo metros cuadrados y comprendido por los siguientes linderos: Norte, en 7.00 metros con predio de Alejandro Caicedo, en 8.oo metros con predio de Cenide Popo Cortez, y en 21.oo metros con predio de Mar\u00eda Deyanira Mesa; SUR, en 36.00 metros con zona verde propiedad del Municipio de Cali; ORIENTE, en 5.20 metros con v\u00eda p\u00fablica (calle 11) y por el occidente, en 18.76 metros con zona verde propiedad del Municipio de Cali. — Mi apoderado queda facultado para: A) Englobar este inmueble a otro predio, que adquirir\u00e9 m\u00e1s adelante. \u2013 B) Para efectuar DIVISI\u00d3N MATERIAL O RELOTEO, que resulte del predio englobado, firmar sus correspondientes escrituras, y dem\u00e1s documentos que se requieran. \u2013 C) Solicitar ante la Curadur\u00eda Urbana, y dem\u00e1s Entidades Competentes, los permisos necesarios para dichos actos, solicitar Licencias de Urbanismo, de Construcci\u00f3n, permisos de venta, etc, y firmar todos los documentos que se requieran para este caso. \u2013 D) Contratar Ingenieros o Top\u00f3grafos, para levantar planos y hacerlos sellar ante la Curadur\u00eda Urbana. \u2013 E) Firmar promesas de venta, y su posterior escritura de venta, o de PERMUTA de los predios que resulten de la DIVISI\u00d3N Material o del Reloteo. Igualmente podr\u00e1 convenir precio y forma de pago, recibir dineros, aceptar hipotecas a mi favor su fuere necesario. \u2013 F) Para firmar escrituras de aclaraciones, adicionar, corregir, ratificar, ampliaciones de cualquier \u00edndole y de t\u00edtulos antecedentes, y corregir y solicitar certificado de nomenclatura del predio, si hubiera lugar a ellos; firmar escrituras p\u00fablicas de cancelaci\u00f3n de propiedad horizontal, cancelaciones de condiciones resolutorias, servidumbres de toda clase, y cancelaci\u00f3n o constituci\u00f3n de afectaci\u00f3n a vivienda familiar. \u2013 G) Para que constituya servidumbre, activas o pasivas a favor o a cargo del bien inmueble de la poderdante. \u2013 H) Para que sustituya parcial o totalmente este poder y revoque sustituciones y en general, para que asuma la personer\u00eda de la poderdante, pudiendo designar apoderados, siempre que los estime conveniente, de manera que en ning\u00fan caso quede sin representaci\u00f3n en los actos mencionados, ya se refieran a actos dispositivos o meramente administrativos. – I) En fin para sustituir, desistir, reasumir, recibir y transigir el presente poder. – Igualmente mi apoderado queda facultado para comprar a mi nombre el inmueble contiguo al descrito inicialmente en esta escritura, el cual ser\u00e1 objeto de englobe antes mencionado, podr\u00e1 firmar escritura de compra a mi favor, convenir precio y forma de pago, y entregar al vendedor el producto de la compra. — Mi apoderado queda ampliamente facultado para responder bajo la gravedad de juramento, la indagatoria que el Notario P\u00fablico de cualquier c\u00edrculo, haga sobre la Ley 258 del 17 de enero de 1996, sobre cualquier otorgamiento de escritura de enajenaci\u00f3n, adquisici\u00f3n o constituci\u00f3n de gravamen o derechos real, sobre un bien inmueble destinado a vivienda familiar, as\u00ed como para constituir, levantar y consentir afectaci\u00f3n a vivienda familiar, sobre los bienes inmuebles propios de la poderdante; declaro que actualmente soy casada con sociedad conyugal vigente\u201d. <\/p>\n
N\u00f3tese, en el referido poder ninguna facultad se le concedi\u00f3 al tutelante para iniciar actuaciones como la aqu\u00ed impetrada y, menos, para adelantar acciones judiciales de ning\u00fan tipo, a nombre de Luzmila Bentancourt de Ch\u00e1vez, raz\u00f3n suficiente para descartar la representaci\u00f3n aducida por el censor. <\/p>\n
3. Tampoco puede aceptarse al promotor como agente oficioso para pedir la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de la prenombrada se\u00f1ora, pues no justific\u00f3 las razones que les impidan a aqu\u00e9lla promover su propia defensa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala (CSJ SC, 26 nov. 2010, exp. 00372-01, reiterada el 26 nov. 2015, exp. STC16407-2015) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cEn casos similares, la Corte Constitucional estableci\u00f3 los elementos necesarios para que opere la figura. Se destacan (i) La manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa (iii) La existencia de la agencia no implica una relaci\u00f3n formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19693, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Jorge Isaac Ch\u00e1vez, quien afirma actuar como apoderado general de Luzmila Betancourt de Ch\u00e1vez, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente frente a los magistrados Homero Mora Insuasty, Hernando Rodr\u00edguez Mesa y Carlos Alberto Romero S\u00e1nchez, y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201creivindicatorio\u201d adelantado por la mencionada se\u00f1ora contra la Junta de Acci\u00f3n Comunal Urbanizaci\u00f3n Villaepal. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1CSJ. STC de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-02-04-000-2015-02437-01 <\/p>\n
2 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
12 <\/p>\n
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