STC3513-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3513-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00220-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En 2005, por intermedio de la abogada Loret de Jes\u00fas Dom\u00ednguez Polo, Le\u00f3n Segundo Fern\u00e1ndez Rivera conoci\u00f3 al actor, tambi\u00e9n profesional del derecho. <\/p>\n
Fern\u00e1ndez Rivera otorg\u00f3 poder al impulsor para que adelantara un decurso compulsivo contra el municipio de Soledad -Atl\u00e1ntico-, con el prop\u00f3sito de lograr el pago en dinero de una obligaci\u00f3n. <\/p>\n
El coercitivo se present\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad, quien, el 24 de enero de 2006, dict\u00f3 sentencia disponiendo seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares practicadas, se efectuaron dep\u00f3sitos a favor de ese ritual por $69.970.000 y $13.150.000, siendo la primera suma recibida por el promotor y, la segunda, cobrada por Adolfo Uribe Corrales, seg\u00fan autorizaci\u00f3n que, en tal sentido, le dio el tutelante. <\/p>\n
El 30 de noviembre de 2006, el actor solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio por pago total de la obligaci\u00f3n, ruego al cual accedi\u00f3 el aludido despacho el 4 de diciembre postrero. <\/p>\n
Le\u00f3n Segundo Fern\u00e1ndez Rivera denunci\u00f3 disciplinariamente al censor, alegando que \u00e9ste no le inform\u00f3 acerca de la culminaci\u00f3n de la contienda ni le entreg\u00f3 la totalidad de las sumas recaudadas, pues, conforme asever\u00f3, solo recibi\u00f3 $5.000.000. <\/p>\n
Tras haberse dado apertura a los tr\u00e1mites, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico program\u00f3, para el 18 de junio de 2009, la \u201caudiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional\u201d y, dada la inasistencia aqu\u00e9l, la diligencia no se surti\u00f3. <\/p>\n
Aun cuando se fijaron varias fechas para consumar dicha actuaci\u00f3n, la misma no se llev\u00f3 a cabo por la falta de comparecencia del petente y, por ello, se le design\u00f3 un defensor de oficio, con quien, el 6 de junio de 2013, se realiz\u00f3 el acto en cuesti\u00f3n con presencia del suplicante. <\/p>\n
En esa ocasi\u00f3n, el promotor indic\u00f3 que, Loret de Jes\u00fas Dom\u00ednguez Polo, realmente estuvo a cargo de la gesti\u00f3n del proceso ejecutivo materia de controversia, pues, si bien ella era abogada, no pod\u00eda fungir como mandataria de Le\u00f3n Segundo Fern\u00e1ndez Rivera para cobrarle dineros al municipio de Soledad -Atl\u00e1ntico-, por cuanto ten\u00eda conflicto de intereses con ese ente territorial. <\/p>\n
Por tal motivo, seg\u00fan relat\u00f3, suscribi\u00f3 los escritos allegados al compulsivo, aunque eran elaborados por Dom\u00ednguez Polo; adem\u00e1s, los dineros los recib\u00eda aqu\u00e9lla, siendo \u00e9l un mero intermediario. <\/p>\n
A fin de acreditar este \u00faltimo hecho, el inicialista asever\u00f3 haber grabado con un \u201cbol\u00edgrafo esp\u00eda\u201d una conversaci\u00f3n con Loret de Jes\u00fas Dom\u00ednguez Polo. <\/p>\n
El querellante solicit\u00f3 tener el mencionado documento como medio de acreditaci\u00f3n, pero esa petici\u00f3n fue desestimada por el consejo seccional convocado, autoridad que el 29 de julio de 2015, lo sancion\u00f3 con suspensi\u00f3n de seis (6) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n y multa de dos (2) salarios m\u00ednimos mensuales vigente, por su autor\u00eda en la conducta prevista en numeral 4\u00b0, art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 20071. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el gestor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n cuestionado (i) la falta de declaratoria de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria; (ii) nulidad por falta de defensa t\u00e9cnica; (iii) la no inclusi\u00f3n como evidencia de la grabaci\u00f3n realizada a Loret de Jes\u00fas Dom\u00ednguez Polo; y (iv) haberse dado por acreditada, sin estarla, su responsabilidad en los hechos objeto de disenso. <\/p>\n
Mediante sentencia de 12 de agosto de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ratific\u00f3 la providencia protestada. <\/p>\n
Con similares argumentos a los enarbolados al sustentar la alzada incoada en el tr\u00e1mite denunciado, el promotor aduce la vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas superlativas. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto los veredictos atacados y, en su lugar, fallar a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial esboz\u00f3 que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna el procedimiento acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. Sobre el primer aspecto, se advierte que, entre la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo, esto es, el 17 de marzo de 2021, y la sentencia de 12 de agosto de 2020, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al tutelante, han transcurrido m\u00e1s de nueve (9) meses, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. En cuanto al segundo presupuesto se\u00f1alado, se observa que el actor, ante la negativa del colegiado a quo en tener como prueba la grabaci\u00f3n realizada a trav\u00e9s de un \u201cbol\u00edgrafo esp\u00eda\u201d, no efectu\u00f3 ning\u00fan reparo pese a contar con los recursos de reposici\u00f3n3 y apelaci\u00f3n4, medios defensa id\u00f3neos, a trav\u00e9s de los cuales pudo plantear los argumentos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)6\u201d. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Jorge William Rosales Varelo a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada especialidad con radicado n\u00b02008-01058-00, adelantado contra el gestor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201d(\u2026) Art\u00edculo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (\u2026). 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional, o demorar la comunicaci\u00f3n de este recibo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Ley 1123 de 2007 (\u2026). Art\u00edculo 80. Recurso de reposici\u00f3n. Procede contra las decisiones interlocutorias dictadas en audiencia o diligencia; se interpondr\u00e1 y sustentar\u00e1 de manera oral en el mismo acto, y ser\u00e1 resuelto inmediatamente; el auto que lo decida se notificar\u00e1 en estrados (\u2026). Tambi\u00e9n procede contra los autos que imponen multa al quejoso temerario y al testigo renuente, y el que decide la solicitud de rehabilitaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Ley 1123 de 2007 (\u2026). Art\u00edculo 81. Recurso de apelaci\u00f3n. Procede \u00fanicamente contra las decisiones de terminaci\u00f3n del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitaci\u00f3n, la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia (\u2026). Podr\u00e1 interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposici\u00f3n respecto de las providencias que lo admitan (\u2026). Se conceder\u00e1 en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deber\u00e1 interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la \u00faltima notificaci\u00f3n. Vencido este t\u00e9rmino, los no apelantes podr\u00e1n pronunciarse en relaci\u00f3n con el recurso dentro de los dos (2) d\u00edas siguientes (\u2026). Sobre su concesi\u00f3n se decidir\u00e1 de plano. El recurso ser\u00e1 rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extempor\u00e1nea, decisi\u00f3n contra la cual no procede recurso alguno (\u2026) (se destaca). <\/p>\n
5 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
6 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3513-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3513-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00220-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021) 1. ANTECEDENTES 1. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54078","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54078\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}