STC3521-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3521-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2021-00056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 17 de febrero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Pascuala Moreno Almeida contra los Juzgados Segundo y D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el proceso abreviado de lanzamiento de aparcero tramitado bajo el radicado 2010-00371-01. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, sostuvo que el se\u00f1or Ismael Espinosa Rond\u00f3n inici\u00f3 un proceso abreviado de lanzamiento de aparcero contra los herederos determinados del se\u00f1or Ricardo Moreno Espinoza: Misael, Pascuala y Samuel Moreno Almeida y dem\u00e1s herederos indeterminados, proceso que inicialmente conoci\u00f3 el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga y, posteriormente, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, bajo el radicado 2010-00371-00. <\/p>\n
Admitida la demanda el 13 de diciembre de 2010, el 13 de septiembre de 2019 se decretaron las pruebas y se convoc\u00f3 a la audiencia contemplada en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual se practic\u00f3 el 9 de septiembre de 2020, oportunidad en la que se profiri\u00f3 sentencia en contra de los intereses de la accionante. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en dicha actuaci\u00f3n, se configur\u00f3 un defecto org\u00e1nico, dado que esa clase de procesos est\u00e1n regulados por la Ley 6 de 1975, de modo que los Juzgados accionados carec\u00edan de competencia para conocer el asunto y debieron rechazar la demanda; argument\u00f3, adem\u00e1s, que el proceso debi\u00f3 adelantarse por el tr\u00e1mite verbal y no por el abreviado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que tambi\u00e9n se present\u00f3 un defecto f\u00e1ctico, al hacer creer al Juzgado que exist\u00eda un contrato de aparcer\u00eda, \u00absin el pleno de los requisitos esenciales para la existencia del mismo\u00bb, basado en lo siguiente: (i) \u00abDe la propiedad del bien inmueble (\u2026) Se alleg\u00f3 como prueba para acreditar (\u2026) el certificado de matr\u00edcula inmobiliaria No. 314-31822 quien figura como propietario el demandante; se\u00f1or Ismael Espinosa Rond\u00f3n; y no existe prueba alguna del t\u00edtulo de propiedad del se\u00f1or Constantino Espinosa Hurtado, quien debe ostentar la calidad de propietario dentro del contrato de aparcer\u00eda, y mucho menos se acredito (sic) alguna relaci\u00f3n jur\u00eddica entre el se\u00f1or Constantino y el bien objeto del contrato de aparecer\u00eda\u00bb, aspecto sobre el que no se decretaron pruebas, por lo que se configur\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, (ii) no se prob\u00f3 la entrega del fundo rural para la explotaci\u00f3n y (iii) para \u00abla distribuci\u00f3n de utilidades\u00bb, el Juzgado valor\u00f3 de \u00abmanera arbitraria e irracional\u00bb la declaraci\u00f3n de Esther Blanco de Carre\u00f1o y \u00abdescono(ci\u00f3) los criterios que para el a\u00f1o de 1950 entre los se\u00f1ores Constantino y Ricardo se dieron con el predio en litigio, existiendo posiblemente contrato laboral de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, durante todo el proceso, se present\u00f3 \u00abuna falta de aptitud para litigar del apoderado que contesto (sic) la demanda de la se\u00f1ora Pascuala Moreno, lo que se considera como una falta de defensa t\u00e9cnica\u00bb, en consideraci\u00f3n a que: a) se extralimit\u00f3 en el ejercicio de las funciones otorgadas en el poder, \u00abno aceptando como ciertos algunos hechos, pero de otra manera da a inferir lo contrario (\u2026) acarreando hechos adversos y con consecuencias desfavorables\u00bb a la accionante, b) a pesar de haber interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia, no lo sustent\u00f3 dentro del t\u00e9rmino legal, impidiendo que adem\u00e1s ejerciera el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, c) desconoci\u00f3 la normatividad aplicable y ello imposibilit\u00f3 que alegara en su momento la nulidad del proceso, por falta de competencia, as\u00ed como \u00abinterponer varias excepciones previas (art. 97 Cod. Proc. Civil); tales como: Falta de jurisdicci\u00f3n, falta de competencia, hab\u00e9rsele dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente al que corresponde, y otras\u00bb, con las que habr\u00eda terminado el proceso, sin perjudicar a la se\u00f1ora Pascuala Moreno. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que es una persona de sesenta y nueve a\u00f1os de edad, campesina y con tercer grado de escolaridad, circunstancias que no le permitieron \u00abestar al tanto del desarrollo del proceso por parte de sus abogados; as\u00ed como entender la magnitud del proceso de lanzamiento de aparcero de una tierra que tanto su se\u00f1or padre en vida y sus dem\u00e1s hermanos han explotado sin conocer due\u00f1o alguno y de forma pac\u00edfica han cultivado el predio\u00bb, razones por las cuales acud\u00eda a la tutela, a fin de evitar un perjuicio irremediable, ya que no contaba con otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
3. Con ocasi\u00f3n de lo anterior, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2.020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante la cual se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de aparcer\u00eda por Ministerio de la Ley a partir del fallecimiento del aparcero y ordenar la restituci\u00f3n del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga sostuvo que el proceso 2010-00371 fue remitido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, desde el 19 de marzo de 2015, como medida para la implementaci\u00f3n de la oralidad, sin haber proferido sentencia. <\/p>\n
2. El se\u00f1or Ismael Espinosa Rond\u00f3n, a trav\u00e9s de quien adujo ser su apoderado, afirm\u00f3 que el art\u00edculo 31 de la Ley 6 de 1975 fue derogado por el art\u00edculo 140 del Decreto 2303 de 1989, el cual, en el art\u00edculo 16, adjudic\u00f3 la competencia a los Juzgados Civiles del Circuito, a falta de Juzgados Agrarios. Aleg\u00f3 que, en su momento, se plantearon las excepciones de falta de competencia y de tr\u00e1mite inadecuado, que fueron resueltas desfavorablemente el 11 de febrero de 2019. <\/p>\n
En cuanto a la actuaci\u00f3n del abogado de la accionante en el proceso objeto de controversia, manifest\u00f3 que \u00abobr\u00f3 con lealtad procesal y de acuerdo con la informaci\u00f3n que su cliente le suministr\u00f3\u00bb y agreg\u00f3 que no era cierto que la falta de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia imposibilitara la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues las caracter\u00edsticas del proceso eran las que lo hac\u00edan improcedente. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la tutelante \u00abha hecho permanente oposici\u00f3n a las pretensiones del propietario de obtener la entrega del inmueble, ha estado asesorada por varios abogados (\u2026). Incluso con ocasi\u00f3n de la sentencia de primera instancia, a trav\u00e9s de uno de sus hijos hab\u00eda entrado en conversaciones con el suscrito abogado con el fin de obtener una mejor indemnizaci\u00f3n por concepto de mejoras, conversaciones que no cristalizaron frente a la declaratoria de desierto del recurso\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 denegar las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, ante la falta del requisito de procedencia, por haber omitido interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia acusada y por no existir violaci\u00f3n de derecho alguno. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que, en el proceso abreviado de restituci\u00f3n de predio dado en tenencia con radicado No. 68001310301020100037101, se profiri\u00f3 sentencia el 9 de septiembre de 2020, en la que se orden\u00f3 a los demandados la restituci\u00f3n del inmueble denominado Los Pinos y el pago de mejoras a favor de los herederos determinados del se\u00f1or Ricardo Moreno Espinosa. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, frente a esa determinaci\u00f3n, el apoderado de la se\u00f1ora Pascuala Moreno interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo, raz\u00f3n por la cual se remiti\u00f3 copia del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil \u2013 Familia, que lo declar\u00f3 desierto el 18 de diciembre de 2020. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio pretendido. En relaci\u00f3n con la falta de defensa t\u00e9cnica de la se\u00f1ora Moreno Almeida en el proceso de marras, consider\u00f3 que ese cargo no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues la accionante pudo alegar en dicho proceso la nulidad, por \u00abindebida representaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, que contaba con el recurso de revisi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 del C. G. del P. <\/p>\n
En cuanto al defecto org\u00e1nico, por falta de competencia, argument\u00f3 que no cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez de la tutela, como quiera que el auto que resolvi\u00f3 la excepci\u00f3n previa de ese cargo fue proferido el 8 de febrero de 2019, sin que se demostrara la existencia de situaci\u00f3n alguna que justificara, v\u00e1lida y razonablemente, la mora e inactividad de la accionante para pedir el amparo de sus derechos fundamentales, a lo cual se sum\u00f3 que, contra ese prove\u00eddo, no se interpusieron recursos. <\/p>\n
Finalmente, sobre el defecto f\u00e1ctico alegado contra la sentencia de primera instancia, el a quo constitucional sostuvo que tampoco se observ\u00f3 el requisito de subsidiariedad, \u00abcomo quiera que contra la sentencia la accionante impetr\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, que por su incuria se declar\u00f3 desierto en prove\u00eddo del 18 de diciembre pasado, decisi\u00f3n frente a la que tampoco interpuso los recursos legales procedentes, sin que sea oponible ahora v\u00eda de tutela alegar una falta de defensa t\u00e9cnica, pues como ya se indic\u00f3 \u00e9sta tampoco es procedente declararla v\u00eda mecanismo excepcional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la parte actora, quien resalt\u00f3 que las especiales condiciones de la accionante no le permitieron conocer y entender si su apoderado defend\u00eda de manera eficiente sus intereses; adem\u00e1s, que el predio objeto de lanzamiento de aparcero era su lugar de vivienda, junto al de sus hermanos e hijos, raz\u00f3n por la cual se encontraba ante un posible perjuicio irremediable, si se consideraba que, por su edad, era sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Manifest\u00f3 su inconformidad sobre el requisito de inmediatez exigido por el juez constitucional, pues \u00abno se puede castigar a la se\u00f1ora Pascuala por la posible omisi\u00f3n o falta de diligencia de sus abogados, pues en ella recae el principio de buena fe (\u2026). Por consiguiente, recae en el abogado la responsabilidad de interponer los recursos, formular oposiciones o excepciones y proponer incidentes dentro del tr\u00e1mite del proceso\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en enero de 2021, el abogado le manifest\u00f3 a la accionante que estaba trabajando en la sustentaci\u00f3n del recurso contra la sentencia de primera instancia y agreg\u00f3 que s\u00f3lo se enter\u00f3 de su declaratoria de desierto mediante los estados, por lo que solicit\u00f3 que, para efectos del principio de inmediatez, se tuviera en cuenta la fecha del referido fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se amparen los derechos fundamentales que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga profiri\u00f3 en audiencia del 9 de septiembre de 2020, en la que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del contrato de aparcer\u00eda en el proceso 2010-00371, el cual, en su opini\u00f3n, se adelant\u00f3 con falta de competencia, falta de defensa t\u00e9cnica y con una valoraci\u00f3n probatoria inadecuada. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en raz\u00f3n a que la accionante no agot\u00f3 los instrumentos procesales dispuestos por el ordenamiento para elevar la inconformidad que hoy plantea. <\/p>\n
2.1. De las probanzas allegadas a este tr\u00e1mite se echa de menos la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia, proferida el 9 de septiembre de 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del t\u00e9rmino otorgado para el efecto, por auto del 27 de noviembre de 2020, circunstancia que desencaden\u00f3 la declaratoria de desierto del recurso de alzada, mediante prove\u00eddo del 18 de diciembre de esa anualidad. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la accionante desperdici\u00f3 el medio correctivo que tuvo a su alcance, para exponer las razones de su inconformidad frente a las actuaciones del juzgado de primera instancia ante el juez de segundo grado. Tal omisi\u00f3n, por tanto, imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Ciertamente, ha de destacarse que la gestora cont\u00f3 con la posibilidad de controvertir el fallo que pide dejar sin efectos, empero, por su propia incuria, dej\u00f3 fenecer la oportunidad para contradecir la determinaci\u00f3n que por esta senda constitucional cuestiona y que, en su criterio, la expone a \u00abun posible perjuicio irremediable por la p\u00e9rdida de la vivienda de un sujeto de especial protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Ahora bien, la eventual negligencia del abogado de la se\u00f1ora Pascuala Moreno en el proceso ordinario no puede abrir paso al amparo invocado, por cuanto ello ir\u00eda en contra de la seguridad jur\u00eddica, la ordenaci\u00f3n del proceso y los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n. Tal descuido, como lo ha sostenido la Corte en reiteradas oportunidades, no sirve como \u00abelemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; (…) pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales \u2018(…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de (…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
De otro lado, los reparos sobre las posibles irregularidades, omisiones o la falta de diligencia en la actuaci\u00f3n del apoderado judicial en el proceso primigenio no pueden ser objeto de debate a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, pues ese tipo de quejas deben proponerse ante las autoridades competentes y frente a ellas se debe surtir el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
4. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser confirmado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC1482-2020 y STC10548-2020 entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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