STC3530-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3530-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01246-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 3 de septiembre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Fernando Ferro Vela frente a la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral n\u00ba 2015-00132, impulsado por el aqu\u00ed accionante contra la \u00faltima entidad. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El tutelante exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, seguridad social \u201cen conexidad con el m\u00ednimo vital, vida digna y derechos adquiridos\u201d, presuntamente transgredidas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta que al 1\u00ba de abril de 1994, contaba con 5.547 d\u00edas de cotizaci\u00f3n al sistema de pensiones, equivalentes a 15 a\u00f1os, 4 meses y 27 d\u00edas, relacionados de la siguiente manera: <\/p>\n
<\/p>\n
EMPRESA <\/p>\n
INGRESO <\/p>\n
EGRESO <\/p>\n
DIAS PARCIALES <\/p>\n
DIAS SIMULTANEOS <\/p>\n
TOTAL D\u00cdAS <\/p>\n
EMPRESA DE ENERG\u00cdA EL\u00c9CTRICA <\/p>\n
5\/12\/1977 <\/p>\n
1\/03\/1978 <\/p>\n
87 <\/p>\n
0 <\/p>\n
87 <\/p>\n
CITIBANK COLOMBIA <\/p>\n
5\/06\/1978 <\/p>\n
1\/08\/1980 <\/p>\n
777 <\/p>\n
0 <\/p>\n
777 <\/p>\n
UNIVERSIDAD NOC LA GRAN COLOMBIA <\/p>\n
7\/04\/1980 <\/p>\n
29\/01\/1981 <\/p>\n
293 <\/p>\n
115 <\/p>\n
178 <\/p>\n
INVERSIONES OCAVI LTDA <\/p>\n
12\/08\/1980 <\/p>\n
31\/08\/1980 <\/p>\n
19 <\/p>\n
0 <\/p>\n
INVERSIONES OCAVI LTDA (MORA) <\/p>\n
1\/09\/1980 <\/p>\n
30\/04\/1983 <\/p>\n
960 <\/p>\n
149 <\/p>\n
811 <\/p>\n
AUTOMOTORA COMERCIAL S.A. <\/p>\n
24\/02\/1982 <\/p>\n
31\/05\/1982 <\/p>\n
97 <\/p>\n
97 <\/p>\n
0 <\/p>\n
AUTOMOTORA COMERCIAL S.A. (MORA) <\/p>\n
1\/06\/1982 <\/p>\n
30\/04\/1983 <\/p>\n
330 <\/p>\n
330 <\/p>\n
0 <\/p>\n
BANCO COLPATRIA <\/p>\n
16\/06\/1983 <\/p>\n
17\/05\/1993 <\/p>\n
3.572 <\/p>\n
<\/p>\n
3.572 <\/p>\n
COL MAY NTRA SRA DEL ROSARIO <\/p>\n
15\/09\/1989 <\/p>\n
1\/04\/1990 <\/p>\n
197 <\/p>\n
197 <\/p>\n
0 <\/p>\n
BANCOR S.A. CA <\/p>\n
29\/11\/1993 <\/p>\n
31\/03\/1994 <\/p>\n
122 <\/p>\n
<\/p>\n
122 <\/p>\n
TOTAL D\u00cdAS <\/p>\n
6.454 <\/p>\n
5.547 <\/p>\n
Indica que los tiempos referidos fueron tomados de la historia laboral tradicional aportada a la demanda y de la emitida por Colpensiones el 6 de agosto de 2020, en donde, se tuvieron en cuenta los d\u00edas simult\u00e1neos trabajados para la Universidad Nocturna la Gran Colombia, Inversiones Ocavi Ltda., Automotora Comercial S.A. y el Colegio Mayor Nuestra Se\u00f1ora del Rosario. <\/p>\n
Afirma que Inversiones Ocavi Ltda., no realiz\u00f3 las cotizaciones correspondientes al tiempo comprendido entre el 1\u00ba de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1983, deuda que se encuentra reportada en la historia laboral tradicional expedida por el Instituto de Seguro Social1. <\/p>\n
Sostiene que aquellos per\u00edodos que se \u201cencuentran reportados como mora\u201d, por parte de Inversiones Ocavi Ltda., \u201cno son completamente simult\u00e1neos\u201d con los laborados en la Universidad Nocturna la Gran Colombia ni con \u201clos reportados como mora por Automotora Comercial S.A.\u201d. <\/p>\n
Relata que, el 4 de agosto de 1994 se traslad\u00f3 del Instituto de Seguros Sociales a Protecci\u00f3n S.A. y, posteriormente, el 16 de noviembre de 2012 regres\u00f3 al R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
El 6 de marzo de 2014, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 en concordancia con el art\u00edculo 36 de la Ley de 1993, el impulsor solicit\u00f3 ante Colpensiones el reconocimiento de su \u201cmesada pensional\u201d, no obstante, la misma fue negada mediante Resoluci\u00f3n GNR 315569 del 10 de septiembre de 2014. <\/p>\n
Frente a lo anterior, inici\u00f3 juicio ordinario laboral, tramitado en primera instancia en el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, en sentencia de 4 de diciembre de 2015, dispuso negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
El aludido pronunciamiento fue confirmado, en su integridad, por la Sala especializada del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 25 de febrero de 2016, al resolver la alzada impetrada por la activa. <\/p>\n
El promotor inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, empero, la colegiatura aqu\u00ed accionada, el 21 de abril de 2020, en providencia SL1502-2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem, tras descartar el error de hecho endilgado al mismo, pues, precis\u00f3, \u201ccon todo y el tiempo en mora, el total de las semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994 por el recurrente fue de 748.58 semanas que, a lo sumo se podr\u00edan aproximar a las 749, n\u00famero inferior al requerido\u201d, (750). <\/p>\n
Aduce el quejoso que la Sala en Descongesti\u00f3n N\u00ba 4 no incluy\u00f3 en el \u201cconteo\u201d las cotizaciones realizadas entre el 1\u00b0 de septiembre de 1980 y el 23 de febrero de 1982 y desde el 1\u00b0 de junio de 1982 al 15 de junio de 1983, cuando labor\u00f3 para Inversiones Ocavi Ltda., con lo cual, asevera, alcanzaba el m\u00ednimo requerido para obtener su reconocimiento pensional, aun cuando fueron tenidos en cuenta como per\u00edodos en mora, por parte del empleador. <\/p>\n
Para el censor, el argumento esgrimido por la querellada, no se ajusta a la realidad, al indicar que \u201cel tiempo que se encuentra como deuda entre el 01 de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1983, laborado para la empresa Inversiones Ocavi Ltda., se encuentra de manera simult\u00e1nea con el tiempo laborado para la Universidad Nocturna la Gran Colombia\u201d. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, seg\u00fan afirma el actor, el tiempo trabajado \u201ca la par en las mencionadas entidades, solo corresponde a 149 d\u00edas equivalentes a 21 semanas\u201d. <\/p>\n
Acota, no es cierto que el interregno de omisi\u00f3n de los aportes comprendido entre el 1\u00b0 de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1983 sea completamente simult\u00e1neo al cotizado con la Universidad Nocturna la Gran Colombia, instituci\u00f3n para la cual trabaj\u00f3 desde el 7 de abril de 1980 y el 29 de enero de 1981, cuesti\u00f3n que, en su criterio, representa una \u201csimultaneidad parcial de cotizaciones, pero no absoluta como lo argument\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n laboral\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, considera, las querelladas incurrieron en un defecto \u201cmaterial o sustantivo\u201d, por desconocimiento del precedente judicial, entre \u00e9stos, la sentencia SL5170-2019, en la cual la hom\u00f3loga laboral, en un caso de similar linaje, se\u00f1al\u00f3 que las Administradoras de Pensiones tienen la obligaci\u00f3n ineludible de adelantar las acciones de cobro para obtener el pago de los per\u00edodos en mora y, de no hacerlo, la consecuencia es la validaci\u00f3n de los mismos, para el conteo de las semanas para la pensi\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiere que ha esperado 5 a\u00f1os para \u201cobtener justicia en su caso\u201d y lograr el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez, tiempo en el cual se ha visto obligado a recurrir al apoyo de familiares, para solventar sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efecto el pronunciamiento recriminado y, en su lugar, ordenar a la colegiatura fustigada, emitir un nuevo fallo en donde se pronuncie \u201crespecto [d]el tiempo laborado entre el 30 de enero de 1981 y el 30 de abril de 1983 con la empresa Inversiones Ocavi Ltda.\u201d y, en consecuencia, acoger las pretensiones deprecadas en el proceso ordinario, acatando el precedente de la sala ordinaria laboral; asimismo, implora conminar a Colpensiones para que corrija su historia laboral, contabilizando las semanas que se encuentran en mora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. La autoridad judicial encartada sostuvo que, del tiempo discutido por el gestor respecto a Inversiones Ocavi Ltda., aqu\u00e9l \u00fanicamente prob\u00f3 que labor\u00f3 con ellos del 12\/08\/1980 al 31\/08\/1980, \u201cel lapso restante no encuentra sustento probatorio, para que la Sala lo hubiera tenido en cuenta, tal y como lo pretende desde la demanda inicial\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adujo no haber incurrido en defecto f\u00e1ctico o sustantivo alguno, ni quebrantado las garant\u00edas invocadas, circunstancias que tornaban improcedente el auxilio deprecado. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, luego de realizar un recuento de las actuaciones adelantadas en el decurso cuestionado, demand\u00f3 negar el amparo, ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el quejoso. <\/p>\n
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo indic\u00f3 que, contrario a lo aducido por el impulsor, la sala querellada s\u00ed tuvo en cuenta, para contabilizar el tiempo de servicios, los per\u00edodos en mora por Inversiones Ocavi Ltda; \u201csin embargo lo que no hizo fue acumularlos o contabilizarlos doblemente, por expresa prohibici\u00f3n legal y jurisprudencial\u201d. <\/p>\n
4. La Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones solicit\u00f3 no conceder el resguardo, por cuanto no evidenci\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n alguna sobre los derechos fundamentales del precursor. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, aduciendo su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
6. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 la salvaguarda tras encontrar razonable la providencia censurada. Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Estudiada la providencia objeto de reproche, se advierte que la misma contiene motivos razonables, porque, para arribar a esa conclusi\u00f3n, fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Argumentos como los presentados por Ferro Vela, son incompatibles con este mecanismo constitucional. Si se admitiera que el juez de tutela puede verificar la juridicidad de los tr\u00e1mites por los presuntos desaciertos en la valoraci\u00f3n probatoria o interpretaci\u00f3n de las disposiciones jur\u00eddicas, as\u00ed como el apartamiento de los precedentes judiciales, no s\u00f3lo se desconocer\u00edan los principios de independencia y sujeci\u00f3n exclusiva a la ley, que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, previstos en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, sino adem\u00e1s los del juez natural y las formas propias del juicio contenidos en el precepto 29 Superior (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, estim\u00f3 incumplido el presupuesto de subsidiariedad en lo relacionado con la pretensi\u00f3n del quejoso frente a Colpensiones, al no hallar evidencia de solicitud elevada a dicha entidad, con el prop\u00f3sito de lograr la correcci\u00f3n de la historia laboral. <\/p>\n
1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
En adici\u00f3n, adujo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales dando continuidad a la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales conculcados por las accionadas. As\u00ed lo precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[L]a Corte Constitucional en un caso en similares condiciones a la m\u00eda en Sentencia T-064-18 respecto a la mora en el pago de aportes y cotizaciones pensionales manifiesta que le corresponde a la entidad realizar iniciar las acciones pertinentes, tendientes al correspondiente cobro coactivo de la deuda que ten\u00eda en su momento el empleador y de no hacerlo en el tiempo correspondiente acreditarlos en mi historia laboral, por lo que le corresponde ahora tener en cuenta estos para el reconocimiento de mi Pensi\u00f3n de Vejez y era deber de la Sala Penal aplicar el precedente jurisprudencial antes se\u00f1alado para la protecci\u00f3n de mis derechos fundamentales, toda vez que este es de obligatorio acatamiento por las autoridades judiciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El impulsor cuestiona el fallo SL1502-2020, emitido por la Sala querellada, mediante el cual resolvi\u00f3 no casar la sentencia de 25 de febrero de 2016, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirmatoria de lo decidido por el a quo, quien neg\u00f3 la prestaci\u00f3n peri\u00f3dica exigida por el tutelante. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso, no se observa desafuero en la providencia criticada, por cuanto se colige una fundamentaci\u00f3n razonada, acorde con lo acreditado en el decurso y con las alegaciones del recurrente, pues, contrario a lo afirmado por \u00e9ste, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral s\u00ed valor\u00f3 los elementos probatorios cuyo examen reclama por esta v\u00eda, empero, luego de tal ejercicio, arrib\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta y adversa a sus intereses. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura accionada plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el a quem hab\u00eda incurrido en error, al concluir que el demandante no ten\u00eda 750 semanas cotizadas al 1\u00ba de abril de 1994, monto exigido para acogerse al r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
Para ello, la hom\u00f3loga en descongesti\u00f3n auscult\u00f3 el reporte de semanas obrante en el expediente, de donde, obtuvo los siguientes datos entre el 5 de diciembre de 1977 -momento de la afiliaci\u00f3n- y el 31 de marzo de 1994: <\/p>\n
<\/p>\n
EMPRESA <\/p>\n
DESDE <\/p>\n
HASTA <\/p>\n
SEMANAS HL FL. 129 <\/p>\n
EMP ENERG\u00cdA ELEC DE BGTA <\/p>\n
<\/p>\n
5\/12\/1977 <\/p>\n
<\/p>\n
1\/03\/1978 <\/p>\n
<\/p>\n
12,43 <\/p>\n
CITIBANK COLOMBIA <\/p>\n
<\/p>\n
5\/06\/1978 <\/p>\n
<\/p>\n
1\/08\/1980 <\/p>\n
<\/p>\n
112,71 <\/p>\n
UNIVERSIDAD NOC LA GRAN CO <\/p>\n
<\/p>\n
7\/04\/1980 <\/p>\n
<\/p>\n
29\/01\/1981 <\/p>\n
<\/p>\n
42,57 <\/p>\n
INVERSIONES OCAVI LTDA <\/p>\n
<\/p>\n
12\/08\/1980 <\/p>\n
31\/08\/1980 <\/p>\n
<\/p>\n
2,86 <\/p>\n
AUTOMOTORA COMERCIAL S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
24\/02\/1982 <\/p>\n
<\/p>\n
31\/05\/1982 <\/p>\n
<\/p>\n
13,86 <\/p>\n
BANCO COLPATRIA <\/p>\n
<\/p>\n
16\/06\/1983 <\/p>\n
<\/p>\n
17\/05\/1993 <\/p>\n
<\/p>\n
517,71 <\/p>\n
COL MAY NTRA SRA DEL ROSAR <\/p>\n
<\/p>\n
15\/09\/1989 <\/p>\n
<\/p>\n
1\/04\/1990 <\/p>\n
28,43 <\/p>\n
BANCOR S.A. CA <\/p>\n
<\/p>\n
29\/11\/1993 <\/p>\n
<\/p>\n
31\/08\/1994 <\/p>\n
<\/p>\n
122 <\/p>\n
TOTAL <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
770,00 <\/p>\n
Al respecto, aclar\u00f3 que, aunque en el cuadro, las cotizaciones reflejadas van hasta el 31 de agosto de 1994 y por esa raz\u00f3n suman 770 semanas, el lapso comprendido entre el 1\u00ba de abril anterior y esa fecha, no se pod\u00edan tener en cuenta para efectos de completar las 750 semanas requeridas para que el interesado no perdiera la posibilidad de aplicarle el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por ser posteriores al 1\u00ba de abril de 1994. Adem\u00e1s, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De todas formas, el recurrente solo se queja de que no se le tuvo en cuenta el tiempo que cotiz\u00f3 entre 01\/09\/1980 y 30\/04\/1983 para Inversiones Ocavi Ltda., la sala observa que, a la par que laboraba para esa sociedad, temporalmente lo hac\u00eda para la Universidad Nocturna la Gran Colombia, tiempos que no pueden ser tenidos en cuenta dos veces (\u2026)\u201d. (Se destaca). <\/p>\n
Sobre las semanas cotizadas simult\u00e1neamente, la colegiatura accionada adujo que dicho tema debi\u00f3 ser enfilado por la v\u00eda directa, pues \u201c(\u2026) no se discute que ellas existieron, y por ende se trataba m\u00e1s de un problema de aplicaci\u00f3n o de interpretaci\u00f3n que de un asunto f\u00e1ctico, la corte siempre ha considerado que para efectos del tiempo de servicios o del n\u00famero de semanas cotizadas no es posible acumularlas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para sustentar su argumento, memor\u00f3 lo se\u00f1alado algunas sentencias emitidas por la hom\u00f3loga ordinaria, entre ellas, la CSJ SL7885-2015, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este contexto, importante es recordar que de conformidad con los art 18 de la L.100\/93, 20 del D.692\/94 y posteriormente con el art.30 del D 1406\/99, no es posible sumar semanas de cotizaci\u00f3n que se hubiesen hecho de manera simult\u00e1nea en la doble calidad de afiliado dependiente e independiente, toda vez que dichas disposiciones consagran, la sumatoria de salarios para efectos de incrementar el monto de la pensi\u00f3n, no para acumular semanas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por tanto, luego de realizar la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica, conforme a lo relacionado en el aludido cuadro, la Sala fustigada encontr\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en el error de hecho endilgado, pues, \u201ccon todo y el tiempo en mora, el total de semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994 por el recurrente fue de 748,58 semanas que, a lo sumo se podr\u00eda aproximar a las 749 n\u00famero inferior al requerido\u201d. (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
4. N\u00f3tese, contrario a lo reprochado por el libelista, los per\u00edodos reportados en mora entre el 1 de septiembre de 1980 y el 30 de abril de 1983, s\u00ed fueron tenidos en cuenta en el fallo de casaci\u00f3n para contabilizar el tiempo de servicios, sin embargo, no se acumularon, por tratarse de cotizaciones simult\u00e1neas; circunstancia que descarta el defecto \u201cmaterial o sustantivo\u201d, endilgado a la autoridad judicial fustigada. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la providencia examinada no luce arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues, la autoridad demandada defini\u00f3 la controversia teniendo en cuenta las pruebas allegadas al decurso criticado y la normatividad aplicable en la materia y, por tal motivo, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por la accionante. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Ha de recordarse, adem\u00e1s, que la apreciaci\u00f3n de las probanzas, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
6. Por otra parte, se pone de presente al aqu\u00ed inicialista, la posibilidad que tiene de solicitar, directamente, a Colpensiones, la correcci\u00f3n de su historia laboral si lo estima pertinente, por cuanto, a falta de tal pedimento, resulta inviable ordenar, por esta v\u00eda excepcional, tal enmienda, como lo reclama en sus pretensiones. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
8. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante mensaje de datos o correo electr\u00f3nico, lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Expediente digital. \u201cArchivo 4\u201d <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3530-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3530-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01246-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 3 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54082","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54082"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54082\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}