STC3535-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3535-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01717-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela incoada por Invelpel S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario, promovido por Carlos Manuel Revolledo Valderrama a la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Carlos Manuel Revolledo Valderrama promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de Invelpel S.A., antes Autobol S.A., solicitando se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre \u00e9l y la mencionada sociedad; decurso que correspondi\u00f3, por reparto, al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cartagena, quien, mediante providencia del 14 de diciembre de 2012, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas. <\/p>\n
El 31 de octubre de 2013, el Tribunal de Descongesti\u00f3n Laboral con sede en Santa Marta, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
En sentencia SL2868 de 27 de julio de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, decidi\u00f3 \u201ccasar\u201d el fallo de segundo grado, resolviendo lo siguiente: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: Se declara la existencia de una relaci\u00f3n laboral entre las partes en conflicto, verificada entre el 30 de diciembre de 1977 y el 11 de octubre de 2008\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: Se condena a la demandada, a pagar al demandante las sumas de $53.044.582, $884.412, $8.554.725 y $7.212.951, correspondientes a cesant\u00edas, sus intereses, la prima de servicios y la compensaci\u00f3n en dinero de las vacaciones, respectivamente, advirtiendo que los intereses a las cesant\u00edas y las vacaciones deben ser indexados al momento de su pago. Tambi\u00e9n se ordena el reconocimiento de $107.658.541, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, que deber\u00e1 actualizarse a la fecha de su reconocimiento\u201d. <\/p>\n
\u201cCUARTO: Se ordena a la accionada a trasladar, a favor de la entidad de seguridad social que el demandante elija, el c\u00e1lculo actuarial por todo el tiempo laborado, el cual deber\u00e1 ser recibido a satisfacci\u00f3n por la respectiva administradora (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En criterio de la promotora, la corporaci\u00f3n querellada incurri\u00f3 en error sustantivo al aplicar indebidamente los art\u00edculos 22, 23 y 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, pues Carlos Manuel Revolledo Valderrama, al estar vinculado con un \u201ccontrato de prestaci\u00f3n de servicios\u201d y sin ning\u00fan tipo de subordinaci\u00f3n, no era pertinente declarar la existencia de la relaci\u00f3n laboral alegada por el extremo actor. <\/p>\n
Afirma que los testimonios practicados en el caso bajo estudio \u201cno constitu\u00edan una prueba contundente y suficiente para desatar la litis\u201d, por cuanto no eran \u201ccoincidentes\u201d respecto del \u201ctiempo y forma como se contrataron los servicios\u201d prestados por el accionante. <\/p>\n
Aduce estar ante un perjuicio irremediable, pues de cancelar los valores determinados por la convocada en el fallo criticado, ser\u00eda aceptar \u201c(\u2026) que el desarrollo de sus trabajos de latoner\u00eda y pintara (\u2026), siempre se prest[aron] a p\u00e9rdida (\u2026)\u201d de capital. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, \u201cdejar en firme\u201d las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del comentado subex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Solicit\u00f3 declarar improcedente el ruego, pues la decisi\u00f3n criticada no presenta ninguna irregularidad \u201cque amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u201d. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo tras anotar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Argumentos como los presentados por la actora son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes; no as\u00ed ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la petente insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sociedad Invelpel S.A., pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efecto la sentencia SL2868 de 27 de julio de 2020, emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
2. En el marco de las atribuciones asignadas a las salas de descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aun cuando \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el caso a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
3. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n criticada, para determinar, en primer lugar, la prosperidad del cargo invocado por Carlos Manuel Revolledo Valderrama, infiri\u00f3 razonadamente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en atenci\u00f3n a la v\u00eda seleccionada, que lo fue la directa, se mantienen inc\u00f3lumes los siguientes supuestos de hecho: i) el accionante no dispon\u00eda de autonom\u00eda en el desempe\u00f1o de las funciones contratadas por la demandada, al obedecer las \u00f3rdenes de AUTOBOL S. A.; ii) cumpl\u00eda horario de trabajo; iii) segu\u00eda los reglamentos internos de la sociedad empleadora; iv) asist\u00eda a capacitaciones; v) le facilitaban los implementos y herramientas de trabajo, as\u00ed como un espacio f\u00edsico para su desempe\u00f1o; vi) percib\u00eda una remuneraci\u00f3n equivalente al 65 % o 70 % de los trabajos de pintura realizados; vii) se le entregaba dotaci\u00f3n de vestido de labor con los logos de la compa\u00f1\u00eda y, viii) la funci\u00f3n ejecutada por el demandante no era posible realizarla con un contrato distinto al laboral, por estar relacionado con el objeto social de la llamada a juicio; presupuestos que llevaron al ad quem a sostener, sobre la presencia, en este asunto, de los tres elementos exigidos en el art\u00edculo 23 del CST.\u201d <\/p>\n
\u201cEn esencia, el reproche realizado se encamina a se\u00f1alar que el ad quem desatendi\u00f3 su obligaci\u00f3n de desentra\u00f1ar los elementos relevantes del contrato de trabajo, entre estos, sus extremos temporales, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis del material probatorio obrante en el proceso, con independencia de determinar una fecha precisa o que no correspondiera con la alegada en la demanda; situaci\u00f3n que conlleva a establecer, que aun cuando la acusaci\u00f3n se presenta por la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, en realidad corresponde al de aplicaci\u00f3n indebida, modalidad de violaci\u00f3n que al exteriorizarse por la senda de puro derecho, supone la aplicaci\u00f3n de la norma a un caso que no regula, o que utilizada al que corresponde y otorg\u00e1ndole el entendimiento que le pertenece, se le hacen producir efectos distintos a los contemplados por el propio art\u00edculo (al respecto, su puede consultar, entre otras, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL7363-2017) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De ah\u00ed, que la intelecci\u00f3n otorgada al art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, se atuvo, no solo a lo que de su texto emana, sino tambi\u00e9n a lo que jurisprudencialmente se ha dicho al respecto; sin embargo, cuando le hizo producir efectos y pese a encontrar que, entre las partes, en realidad se verific\u00f3 una relaci\u00f3n laboral, ech\u00f3 de menos la prueba respecto a los extremos laborales relacionados en la demanda, siendo estos, del 1\u00b0 de febrero de 1975 hasta el 24 de octubre de 2008\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, el ad quem, pese a suministrarle un adecuado entendimiento a esa preceptiva, no le hizo producir los efectos por ella requerida, ya que, conforme lo tiene asentado esta Corporaci\u00f3n, los jueces est\u00e1n en la obligaci\u00f3n, con sustento en los medios de convicci\u00f3n allegados al proceso, de descubrir los extremos de la relaci\u00f3n laboral, cuando se tenga certeza de la prestaci\u00f3n de un servicio en determinado per\u00edodo, para de esta forma entrar a calcular los derechos pretendidos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y es que, si en la sentencia cuestionada se analizaron la liquidaci\u00f3n de comisiones, que databan del 1\u00b0 de junio de 1990 al 31 de diciembre de 1992 y del 1\u00b0 de enero de 1997 30 de noviembre del mismo a\u00f1o (f.\u00b0 558 a 663 del cuaderno principal), as\u00ed como certificados de retenci\u00f3n en la fuente para los a\u00f1os de 1999 a 2008 (f.\u00b0 96 ib\u00eddem), con sustento en los mismos, le era dado establecer el lapso durante el cual, el demandante prest\u00f3 sus servicios a la demandada, para de esta forma entrar a efectivizar las pretensiones insertas en la demanda, ya que, si el trabajador no logra demostrar, con exactitud, la totalidad del tiempo laborado, no implica la p\u00e9rdida de los derechos reclamados, en tanto estos corresponder\u00e1n al que resulte acreditado (al efecto, puede consultarse, entre otras, la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL905-2013), con lo cual, aplic\u00f3 de manera indebida las disposiciones denunciadas en la acusaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, actuando como tribunal de instancia, valor\u00f3 las pruebas practicadas dentro del litigio, de las cuales concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este asunto, conforme a las pruebas analizadas, se concluye que la funci\u00f3n del demandante no era independiente ni aut\u00f3noma, ya que la labor a \u00e9l encomendada, no era espor\u00e1dica, sino necesaria para el funcionamiento de la compa\u00f1\u00eda, tanto as\u00ed, que fue identificado como jefe de secci\u00f3n pintura, ten\u00eda un horario de trabajo, recib\u00eda \u00f3rdenes, asist\u00eda a capacitaciones y representaba a la compa\u00f1\u00eda en cursos de taller de l\u00e1mina y pintura\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, aun cuando la prueba testimonial da cuenta que ten\u00eda un personal a su cargo, lo que en principio podr\u00eda llevar al convencimiento que el actor en verdad fue un contratista, lo cierto es que, por lo prolongado de su funci\u00f3n, as\u00ed como a la subordinaci\u00f3n a la que se vio sometido, lleva al convencimiento, que no actu\u00f3 como tal, sino como un trabajador de la empresa; es m\u00e1s, su labor era necesaria, tanto as\u00ed, que una vez se desvincul\u00f3 de la misma, su cargo fue contratado con empleados de n\u00f3mina\u201d. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n debe decirse, que aun cuando el se\u00f1or Alfredo V\u00e1squez Crismat, El\u00edas Franco Elles y Germ\u00e1n Mart\u00ednez Herrera, expusieron que el demandante no ten\u00eda un horario, es una situaci\u00f3n que no se compadece con el documento de folios 34, donde se le inform\u00f3, que su presencia en la recepci\u00f3n de veh\u00edculos a las 7:30 am, era de vital importancia\u201d. <\/p>\n
\u201cSiendo eso as\u00ed, se procede a declarar la existencia de un contrato de trabajo, no desde el 1\u00b0 de febrero de 1975, como se solicit\u00f3 en la demanda, porque ning\u00fan medio de convicci\u00f3n da cuenta de esa fecha, sino desde el 30 de diciembre de 1977, en atenci\u00f3n a que el se\u00f1or Marcos Tello Cabezas, persona que trabaj\u00f3 con el actor en la compa\u00f1\u00eda accionada, adujo que lo fue desde ese a\u00f1o, sin que informara, con exactitud, el mes y el d\u00eda de inicio de labores; de ah\u00ed, que es viable, tomar el \u00faltimo h\u00e1bil de esa anualidad, que es el 30 del mismo mes. El extremo final ser\u00e1 el 11 de octubre de 2008, como que hasta esa fecha aparece el \u00faltimo comprobante de egreso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed, como se observ\u00f3 al momento de analizar las pruebas aportadas al proceso, el demandante estuvo vinculado con la accionada, desde el 30 de diciembre de 1977 hasta el 11 de octubre de 2008 y, en la labor ejecutada, no fue aut\u00f3nomo ni independiente, por el contrario, estaba sometido a los requerimientos y \u00f3rdenes que le daba su empleador, evidenci\u00e1ndose una subordinaci\u00f3n, dado que deb\u00eda atender capacitaciones, representar a la empresa en reuniones y se le impuso horario, siendo catalogado como jefe de secci\u00f3n de pintura; situaciones que ense\u00f1an, sobre la ausencia de una raz\u00f3n realmente poderosa para haber encubierto una relaci\u00f3n laboral, bajo el manto de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, cuando en realidad, la labor ejecutada, fue dependiente, siendo censurable el haber prolongado en el tiempo su conducta, m\u00e1xime, si el cargo desempe\u00f1ado era vital para el funcionamiento de la llamada a juicio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por la promotora es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la sentencia mediante la cual se zanj\u00f3 el memorado recurso de casaci\u00f3n, la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de las normas aplicables al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el colegiado convocado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que la actividad desempa\u00f1ada por Carlos Manuel Revolledo Valderrama dentro de la empresa Autobol S.A. no pod\u00eda considerarse como aut\u00f3noma o independiente, pues exist\u00eda una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n, cumplimiento del horario de trabajo y obedecimiento de \u00f3rdenes por parte de aqu\u00e9l, evidenci\u00e1ndose, con ello, la existencia de un v\u00ednculo laboral entre las partes, el cual estuvo vigente desde el 30 de diciembre de 1977 y hasta el 11 de octubre de 2008, seg\u00fan las pruebas practicadas en el juicio. <\/p>\n
Sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)2. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
6. Ahora, no se configura un perjuicio irremediable que autorice acceder de manera transitoria al auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, impostergabilidad, gravedad y urgencia, propios del mismo, pues, el pago ordenado en la sentencia criticada, es consecuencia de la configuraci\u00f3n de aquellas prestaciones legales que se derivan del derecho laboral reconocido dentro del comentado decurso. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d5 (negrillas originales). <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
3 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
4 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3535-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3535-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01717-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54083","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54083","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54083"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54083\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54083"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54083"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54083"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}