STC3538-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3538-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 26 de enero de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Iv\u00e1n Piedrahita Agudelo frente a la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cordinario laboral\u201d impulsado por el aqu\u00ed actor contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el tutelante exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la igualdad, debido proceso y seguridad social, presuntamente transgredidas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden como hechos soporte de la presente salvaguarda los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
El 19 de enero de 2015, Iv\u00e1n Piedrahita Agudelo solicit\u00f3 a la UGPP el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, establecida en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita por el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS -Sintraseguridadsocial- y el Instituto de Seguros Sociales \u2013ISS-; no obstante, la misma fue negada mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba RDP 025004 de 22 de junio siguiente. <\/p>\n
Ante esta circunstancia, el tutelante instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral tramitada en primera instancia en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, quien, en sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2017, neg\u00f3 las pretensiones invocadas, tras argumentar que el mencionado acuerdo convencional, hab\u00eda perdido vigencia el 31 de julio de 2010, ello, en virtud del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
La aludida determinaci\u00f3n fue confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, el 9 de mayo de 2018. <\/p>\n
El promotor inco\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala de Descongesti\u00f3n N.\u00ba 1 especializada de esta Corte, en sentencia SL2524-2020 del 14 de julio de 2020, dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem, por cuanto los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n exigida no fueron acreditados antes del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Manifiesta el gestor que, naci\u00f3 el 3 de marzo de 1956 y labor\u00f3 como t\u00e9cnico de servicios administrativos a favor del ISS desde el 1\u00ba de septiembre de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
Arguye que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, era procedente el reconocimiento de la prestaci\u00f3n social por \u00e9l demandada, \u201cen la medida que cumpli\u00f3 el tiempo de servicio (20 a\u00f1os), incluso con suficiente anticipaci\u00f3n [a] la reforma constitucional del dos mil cinco (2005)\u201d, y si bien no ten\u00eda la edad para pensi\u00f3n antes de esa fecha, lo cierto es, ese requisito es solo una condici\u00f3n para su exigibilidad. <\/p>\n
Sostuvo que, en reciente oportunidad la referida colegiatura en providencia SL3343-2020 de 26 de agosto de 2020, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A] la luz de la lectura de la cl\u00e1usula convencional (art. 98), el derecho pensional all\u00ed consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste f\u00edsico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos a\u00f1os de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestaci\u00f3n es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condici\u00f3n futura, connatural al ser humano (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En su sentir, no es posible restringir la vigencia de la aludida convenci\u00f3n colectiva hasta el 31 de julio de 2010, pues, seg\u00fan lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 98 de ese pacto, tal acuerdo surti\u00f3 efectos hasta el 2017. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos la providencia de 14 de julio de 2020, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, y se le ordene emitir un nuevo pronunciamiento en el caso bajo estudio1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
1. El \u00f3rgano de cierre acusado sostuvo que, acorde con la posici\u00f3n jurisprudencial vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia, la regla pensional prevista en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva del ISS, subsisti\u00f3 \u00fanicamente hasta el 31 de julio de 2010; por tanto, si el gestor cumpli\u00f3 el requisito de edad (55 a\u00f1os), el 5 de marzo de 2011, era claro que no alcanz\u00f3 a adquirir el derecho reclamado. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, el nuevo criterio de la sala ordinaria, aducido por el quejoso, fue adoptado el 16 de septiembre de 2020, mediante providencia SL3635-2020, es decir, con posterioridad a la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el censor pretende incorporar un nuevo argumento no planteado a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, pues en ese escenario no controvirti\u00f3 el tema referente a la edad como requisito de exigibilidad y no de causaci\u00f3n, sino por el contrario, centr\u00f3 su inconformidad con el fallo de segundo grado exclusivamente a la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
2. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP-, solicit\u00f3 denegar el auxilio impetrado, al considerar que el pronunciamiento emitido por la sala confutada se ajust\u00f3 al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial aplicable al asunto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 la inexistencia de un perjuicio irremediable o afectaci\u00f3n a la seguridad social, por cuanto, una vez verificado el sistema ADRES2, evidenci\u00f3 que el tutelante se encuentra afiliado a la E.P.S. Servicio Occidental de Salud S.A., desde el 3 de diciembre de 2008. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2 La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que, la decisi\u00f3n atacada, respondi\u00f3 a las consideraciones del caso concreto y a la jurisprudencia que, en materia pensional, especialmente, frente al art\u00edculo 98 de la mencionada convenci\u00f3n colectiva, se ten\u00eda hasta ese momento. <\/p>\n
Por otra parte, al referirse al argumento del actor relativo al pronunciamiento CSJ SL3343 de 26 de agosto de 2020, en donde de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, var\u00edo su criterio respecto a la interpretaci\u00f3n del aludido canon 98, sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se ha de se\u00f1alar que, m\u00e1s all\u00e1 de la fundamentaci\u00f3n que presenta el demandante en el escrito de tutela, lo cierto es que la decisi\u00f3n dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 26 de agosto de la pasada anualidad, invocada en la solicitud de amparo como sustento para propiciar una intervenci\u00f3n del juez de amparo, s\u00f3lo se refiere a una nueva raz\u00f3n jur\u00eddica, un novedoso soporte argumentativo a partir del cual PIEDRAHITA AGUDELO estima que debe variarse el sentido de lo resuelto en el litigio ordinario que le neg\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al amparo del art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y la entidad en menci\u00f3n, lo cual resulta improcedente, por cuanto, para el momento en que se resolvi\u00f3 el caso del actor, la determinaci\u00f3n adoptada guardaba coherencia con el criterio que para entonces aplicaba la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n laboral\u201d. <\/p>\n
\u201cEntonces, mal podr\u00eda criticarse la materializaci\u00f3n de una v\u00eda de hecho en el caso concreto, bajo la perspectiva del desconocimiento del precedente, si el caso que se pide aplicar es posterior al que decidi\u00f3 de fondo el asunto que el actor someti\u00f3 a consideraci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. (\u2026)\u201d. (negrilla propia del texto). <\/p>\n
1.3 La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor insistiendo en los motivos de disenso esbozados en el escrito genitor3. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuar\u00e1n en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. El gestor pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efectos la sentencia de 14 de julio de 2020, mediante la cual la Sala accionada de esta Corte, no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia proferida en el litigio subex\u00e1mine, donde se ratific\u00f3 la absoluci\u00f3n de la demandada de todas las pretensiones formuladas por el tutelante, entre ellas, el reconocimiento de la pensi\u00f3n extralegal establecida en la convenci\u00f3n colectiva de trabajo de 2001-2004, suscrita por Sintraseguridadsocial y el I.S.S. <\/p>\n
3. Revisada la decisi\u00f3n criticada, se observa que la colegiatura accionada, luego de narrar los antecedentes del caso, precis\u00f3 como supuestos f\u00e1cticos debidamente acreditados en el sublite, los siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) que el se\u00f1or Iv\u00e1n Piedrahita Agudelo naci\u00f3 el 3 de marzo de 1956, por lo que cumpli\u00f3 la edad de 55 a\u00f1os el mismo d\u00eda y mes de 2011; (ii) que prest\u00f3 servicios al Instituto de Seguros Sociales del 1 de septiembre de 1977 al 31 de diciembre de 2014; (iii) que durante tal interregno tuvo la calidad de trabajador oficial; (iv) que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 2001 \u2013 2004 fij\u00f3 como t\u00e9rmino de vigencia del 1 de noviembre de 2001 al 31 de octubre de 2004 y, (iv) que dicho acuerdo colectivo para el momento en que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, ven\u00eda prorrog\u00e1ndose autom\u00e1ticamente por periodos sucesivos de seis meses. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, acorde con los reparos elevados por la censura, explic\u00f3 el alcance e interpretaci\u00f3n, que esa corporaci\u00f3n le ha dado al par\u00e1grafo transitorio 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual consagra: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010 (\u2026)\u00bb. (subrayas originales de esta sala). <\/p>\n
Al respecto expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte ya ha tenido oportunidad de analizar tal precepto y conforme al criterio actual a la fecha en que se profiere esta decisi\u00f3n, ha considerado que es posible armonizar las expresiones \u00abse mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb y \u00aben todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb\u201d. <\/p>\n
\u201cPara ello, ha explicado que la primera se refiere a la observancia del t\u00e9rmino inicial de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n colectiva expresamente pactado por las partes en el marco de la negociaci\u00f3n, lo que significa que, si ese t\u00e9rmino estaba en curso al momento de entrar en vigor el Acto Legislativo, ese convenio colectivo regir\u00eda hasta cuando tal lapso finalice. Para el efecto, se ha aclarado que dicha posibilidad se refiere a aquellos acuerdos colectivos o reglas pensionales que sean negociadas por primera vez antes de la vigencia de la reforma constitucional y cuya fecha de finalizaci\u00f3n sea posterior a \u00e9sta\u201d. <\/p>\n
\u201cPor su parte, la segunda expresi\u00f3n hace alusi\u00f3n a las pr\u00f3rrogas legales autom\u00e1ticas que en virtud del art\u00edculo 478 del CST se ven\u00edan dando de las convenciones o pactos que, desde antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, ven\u00edan operando, caso en el cual, las reglas pensionales subsisten \u00fanicamente el 31 de julio de 2010. As\u00ed, es claro que, contrario a lo sostenido por la censura, la reforma constitucional s\u00ed regul\u00f3 la vigencia temporal m\u00e1xima de los acuerdos colectivos que estaban vigentes para cuando aquella entr\u00f3 en vigor, por la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica prevista por la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Fundamentos que, adem\u00e1s, encontr\u00f3 acorde con lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014, referente a las recomendaciones emitidas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical, con relaci\u00f3n al deber del gobierno nacional de \u201cadoptar las medidas necesarias a fin de que los convenios que contienen cl\u00e1usulas sobre pensiones cuya vigencia va m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, mantengan sus efectos hasta su vencimiento\u201d. <\/p>\n
Asimismo, explic\u00f3 que \u201csi una convenci\u00f3n colectiva venci\u00f3 con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005 y fue renovada autom\u00e1ticamente cada seis meses, la \u00faltima pr\u00f3rroga expir\u00f3 el 31 de julio de 2010\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, al referirse al cuestionamiento elevado por el quejoso frente a la cl\u00e1usula 98 de la memorada convenci\u00f3n colectiva de trabajo, en donde aludi\u00f3 a diferentes formas de liquidar la prestaci\u00f3n all\u00ed pactada, incluso hasta el 2017, determin\u00f3 que el mismo no ten\u00eda asidero, pues, los participantes en el acuerdo, establecieron como vigencia del mismo \u201chasta el 31 de octubre de 2004\u201d, por tanto, teniendo en cuenta que, para cuando comenz\u00f3 a tener efectos la reforma constitucional se estaba surtiendo la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica de la convenci\u00f3n, los presupuestos pensionales all\u00ed contemplados perdieron vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Para mayor ilustraci\u00f3n, se memora lo estipulado en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004, suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS: <\/p>\n
\u201c(\u2026) ART\u00cdCULO 98. PENSI\u00d3N DE JUBILACI\u00d3N El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) a\u00f1os de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) a\u00f1os si es hombre y cincuenta (50) a\u00f1os si es mujer, tendr\u00e1 derecho a pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n en cuant\u00eda equivalente al 100 % del promedio de lo percibido en el per\u00edodo que se indica a continuaci\u00f3n para cada grupo de trabajadores oficiales: <\/p>\n
\u201c(i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los dos \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201c(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los tres \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201c(iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100 % del promedio mensual de lo percibido en los cuatro \u00faltimos a\u00f1os de servicio\u201d. <\/p>\n
\u201cPara estos efectos se tendr\u00e1n en cuenta los siguientes factores de remuneraci\u00f3n: <\/p>\n
a. Asignaci\u00f3n b\u00e1sica mensual <\/p>\n
b. Prima de servicios y vacaciones <\/p>\n
c. Auxilio de alimentaci\u00f3n y transporte <\/p>\n
d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras <\/p>\n
e. Valor del trabajo en d\u00edas dominicales y feriados. <\/p>\n
\u201cNo obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulaci\u00f3n de las pensiones de jubilaci\u00f3n y de vejez, por ning\u00fan motivo podr\u00e1 recibirse en conjunto, por uno y otro concepto, m\u00e1s del ciento por ciento (100 %) del promedio a que se refiere el presente art\u00edculo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ser\u00e1 equivalente a la diferencia entre el referido porcentaje y el valor de la pensi\u00f3n de vejez (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Despu\u00e9s de analizar los preceptos debatidos, la sala accionada, acorde con la posici\u00f3n jurisprudencial vigente a la fecha de emisi\u00f3n de su decisi\u00f3n, indic\u00f3 que la regla pensional contenida en el canon 98 \u201csubsisti\u00f3 \u00fanicamente hasta el 31 de julio de 2010\u201d, por tanto, el recurrente, no alcanz\u00f3 a adquirir el derecho reclamado, por cuanto, cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os, exigidos en el referido mandato, hasta el 5 de marzo de 2011. <\/p>\n
Por \u00faltimo, descart\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los principios de \u201cfavorabilidad e in dubio pro operario\u201d, al establecer que no exist\u00eda duda en la interpretaci\u00f3n de la norma constitucional aplicable al asunto planteado. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener5, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del estrado arriba indicado, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n denunciada explic\u00f3 y motiv\u00f3 con base en la jurisprudencia y el criterio reiterado de la Sala ordinaria, vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia reprochada, las razones para determinar que, los beneficios de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, no le eran aplicables al promotor, pues, para el 31 de julio de 2010, fecha en la cual perdi\u00f3 vigor tal pacto, aqu\u00e9l no hab\u00eda cumplido la edad requerida para acceder a la prestaci\u00f3n all\u00ed contenida. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Ahora, en lo ata\u00f1edero a la sentencia CSJ SL3343 de 26 de agosto de 2020, proferida con posterioridad al fallo atacado y, referenciada por el censor como fundamento de su reclamo, se relieva, si bien, en la misma, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, vari\u00f3 su posici\u00f3n respecto a la interpretaci\u00f3n dada al art\u00edculo 98 de la precitada convenci\u00f3n colectiva, estableciendo que \u201cel requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u201d, la colegiatura tambi\u00e9n fue clara al precisar, que ese ser\u00eda el criterio v\u00e1lido a partir de esa providencia. As\u00ed lo expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En lo que concierne a la interpretaci\u00f3n concreta de dicha cl\u00e1usula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, en tanto si bien el art\u00edculo alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condici\u00f3n, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalizaci\u00f3n de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirt\u00faa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en \u00faltimas, es lo que exige la norma referida\u201d. <\/p>\n
\u201cAl respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cl\u00e1usula convencional (art. 98), el derecho pensional all\u00ed consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste f\u00edsico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos a\u00f1os de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestaci\u00f3n es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral. La edad simplemente corresponde a una condici\u00f3n futura, connatural al ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cEspec\u00edficamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestaci\u00f3n de los servicios personales en favor de un empleador, de tal suerte que, adem\u00e1s de compensar el deterioro laboral, tambi\u00e9n funcionan como premio a la fidelidad con aquel\u201d. <\/p>\n
\u201cAhora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, seg\u00fan lo precept\u00faa el art\u00edculo 476 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser expl\u00edcitos y claros, tambi\u00e9n lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las caracter\u00edsticas especiales y la finalidad de esta prestaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma dis\u00edmil el contenido del citado art\u00edculo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisi\u00f3n, la interpretaci\u00f3n v\u00e1lida de dicha cl\u00e1usula es la que aqu\u00ed se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n (\u2026)\u201d. (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
Con todo, no es hacedero predicar un desconocimiento del precedente, por parte de la corporaci\u00f3n fustigada, pues, tal como ya se indic\u00f3, la misma, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la postura jurisprudencial que se encontraba vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia aqu\u00ed reprochada. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19698, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d9, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Folio 1; archivo \u201cTutela Iv\u00e1n Piedrahita\u201d <\/p>\n
2 Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. <\/p>\n
3 Expediente digital. Archivo: \u201cSustentaci\u00f3n impugnaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4 Folio 24; Cuaderno \u201cSubcarpeta 1. Primera 111750\u201d. <\/p>\n
5CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
6 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3538-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3538-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00061-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54084","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54084"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54084\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}