STC3540-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3540-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00218-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 18 de febrero de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda promovida por \u00c1ngela Ivonne Vias\u00fas Cuesta en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por Banco Comercial Av Villas frente a Tejidos Luavi Elsa de Viasus & C\u00eda Ltda., con radicado n\u00b0 2001-0504-01. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su queja, manifiesta que es \u201ctercera poseedora\u201d del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 50C-1473123, ejerciendo actos de \u201cse\u00f1or[a] y due\u00f1[a]\u201d desde hace aproximadamente 10 a\u00f1os. <\/p>\n
Indica que ante el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 promovi\u00f3 proceso de pertenencia respecto del referido bien, asunto en el cual se orden\u00f3 el registro de la demanda desde el 6 de abril de 2019; sin embargo, desatendiendo tal anotaci\u00f3n, el 25 de octubre de 2019, el despacho aqu\u00ed accionado adjudic\u00f3 a Mauricio G\u00f3mez G\u00f3mez en p\u00fablica subasta el predio inmiscuido. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el estrado confutado dispuso la entrega del bien referido, aun cuando la petici\u00f3n realizada por el adjudicatario en tal sentido fue presentada luego de transcurrido m\u00e1s de 30 d\u00edas de materializada la almoneda, por lo cual, en su entender, dicha decisi\u00f3n debi\u00f3 notificarse por aviso. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que promovi\u00f3 tutela anterior, con el mismo prop\u00f3sito de la actual, la cual fue negada por no haber deprecado lo peticionado previamente al juez querellado; y, una vez obr\u00f3 de conformidad, en auto de 27 de octubre pasado, el juzgado confutado se abstuvo de reconocerle personer\u00eda a su apoderado aduciendo que aqu\u00e9lla \u201c(\u2026) no funge como parte ni como tercero reconocido al interior del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunque la gestora insisti\u00f3 en su pedimento, el estrado convocado en prove\u00eddo de 19 de enero de 2021, le manifest\u00f3 \u201cestarse a lo dispuesto en auto anterior\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar \u201c(\u2026) al despacho accionado incluir en su decisi\u00f3n de adjudicaci\u00f3n del inmueble la prevenci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 452 del C.G.P. (\u2026) [y] (\u2026) notificar en debida forma el auto que ordena la entrega del [mismo] como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 308 ib (\u2026)\u201d [sic]. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial demandada relat\u00f3 la actuaci\u00f3n surtida y se opuso a la prosperidad del amparo aduciendo que la promotora no hizo uso de los mecanismos que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para cuestionar las determinaciones ahora atacadas. <\/p>\n
2. La Jueza Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto la queja no reprocha ninguna actuaci\u00f3n de su despacho. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) al margen de que se compartan o no las decisiones del juzgado de ejecuci\u00f3n, lo cierto es que ni la interesada, ni su abogado, las discutieron a trav\u00e9s de los medios ordinarios, espec\u00edficamente los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (art. 321, n\u00fam. 2\u00ba); luego, la interesada no puede pretender que se supere su omisi\u00f3n con la intervenci\u00f3n del juez constitucional porque as\u00ed desplazar\u00eda al de la causa, quien es el competente para pronunciarse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la promotora, se\u00f1alando que \u201c(\u2026) se abstuvo de desgastar la administraci\u00f3n de justicia haciendo uso de una impugnaci\u00f3n que seguramente resultar\u00eda infructuosa dadas las claras orientaciones que el operador judicial ya le hab\u00eda marcado a las peticiones formuladas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que su pretensi\u00f3n no es ser reconocida como tercera para poder intervenir en el compulsivo criticado, sino \u201c(\u2026) consagrar [el] imperativo legal de que trata el art\u00edculo 452 del C.G. del P. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, es preciso advertir que la acci\u00f3n de tutela constituye un mecanismo defensivo de los derechos fundamentales de las personas, cuyo prop\u00f3sito es la protecci\u00f3n inmediata; empero, no todas se encuentran facultadas para invocarla. <\/p>\n
Al respecto, basta auscultar el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual si bien estipula: \u201c[l]a acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona\u201d, el mismo texto condiciona su legitimaci\u00f3n a quien sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no a los terceros; ahora, \u201cse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
2. Conforme a lo antelado, es claro el fracaso del ruego elevado por \u00c1ngela Ivonne Vias\u00fas Cuesta, porque, en el sub ex\u00e1mine, aqu\u00e9lla no ostenta ninguna de las calidades enunciadas. <\/p>\n
En efecto, las pruebas aportadas a estas diligencias revelan que la prenombrada no fue parte o tercera reconocida dentro del litigio materia de censura, por lo cual, se insiste, no puede aducir el quebranto de sus garant\u00edas fundamentales por la subasta materializada en el comentado litigio ni por la aprobaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
En torno a lo expuesto, la Corte ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, se advierte, la petente s\u00ed se encuentra legitimada para censurar el auto de 27 de octubre pasado, a trav\u00e9s del cual, el juzgado confutado se abstuvo de reconocerle personer\u00eda a su apoderado para actuar dentro del comentado compulsivo; sin embargo, el amparo fracasar\u00eda con relaci\u00f3n a esa espec\u00edfica determinaci\u00f3n por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues la interesada no formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n2, mecanismos procedentes a voces de lo establecido en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora, si lo pretendido por la accionante es defender la posesi\u00f3n que dice ostentar sobre el predio subastado, puede presentar la respectiva oposici\u00f3n durante la diligencia de entrega ordenada por el juez querellado, esgrimiendo las razones aqu\u00ed alegadas, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 321. (\u2026) Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 2. El que niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o de terceros (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4 \u201cPodr\u00e1 oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesi\u00f3n y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre. El opositor y el interesado en la entrega podr\u00e1n solicitar testimonios de personas que concurran a la diligencia, relacionados con la posesi\u00f3n. El juez agregar\u00e1 al expediente los documentos que se aduzcan, siempre que se relacionen con la posesi\u00f3n, y practicar\u00e1 el interrogatorio del opositor, si estuviere presente, y las dem\u00e1s pruebas que estime necesarias\u201d. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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