STC3544-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3544-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 23 de febrero de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la salvaguarda promovida por People Contac S.A.S. en reestructuraci\u00f3n a Jhon Jairo Morales \u00c1lzate, quien integr\u00f3 el Tribunal de Arbitramento, administrado por la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de esa especialidad, promovido por la gestora contra Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A.S., Mar\u00eda Matilde Guti\u00e9rrez de Villegas, Mar\u00eda del Rosario Guti\u00e9rrez de Mej\u00eda, Pablo, Sim\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Felipe Jaramillo Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Con fundamento en un contrato de arrendamiento, la tutelante1 entabl\u00f3 acci\u00f3n arbitral frente a Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A.S., Mar\u00eda Matilde Guti\u00e9rrez de Villegas, Mar\u00eda del Rosario Guti\u00e9rrez de Mej\u00eda, Pablo, Sim\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Felipe Jaramillo Guti\u00e9rrez ante el Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Manizales. <\/p>\n
El 22 de enero de 2020, la precitada entidad escogi\u00f3 como \u00e1rbitro \u00fanico a Jhon Jairo Morales \u00c1lzate y, el 7 de febrero postrero, se instal\u00f3 el tribunal, en donde se design\u00f3 a Alba Lucia Jaramillo Hurtado como secretaria. <\/p>\n
Admitido el libelo, su reforma, as\u00ed como la reconvenci\u00f3n incoada por el extremo pasivo y, tras sucesivos aplazamientos por la pandemia generada por la \u201cCOVID19\u201d, el 18 de septiembre ulterior, se agot\u00f3 la etapa conciliaci\u00f3n sin acuerdo alguno. <\/p>\n
En la enunciada calenda, mediante auto proferido en audiencia se fij\u00f3 como gastos y honorarios del tribunal de arbitramento $90.401.250. <\/p>\n
En el mismo prove\u00eddo, se indic\u00f3 que la convocada deb\u00eda cancelar $45.200.625 equivalente al 50% del monto aludido y, la aqu\u00ed tutelante, la otra mitad, pero en cuant\u00eda de $43.544.393, por cuanto ella, de manera previa, hab\u00eda consignado $1.656.232. <\/p>\n
Igualmente, las partes fueron prevenidas de su deber de cancelar tales sumas dentro de los (10) d\u00edas siguientes, en una cuenta bancar\u00eda, cuyos datos ser\u00edan suministrados por la secretar\u00eda y, si alguna de \u00e9stas no lo hiciere, la otra podr\u00eda asumir su costo dentro de los cinco (5) d\u00edas, siguientes a partir del vencimiento del primer t\u00e9rmino referido, conforme lo autoriza el art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 20122. <\/p>\n
El 23 de septiembre de 2020, la secretar\u00eda del tribunal confutado, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, manifest\u00f3 a las partes que, por autorizaci\u00f3n del \u00e1rbitro, abri\u00f3 una cuenta para efectuar los dep\u00f3sitos correspondientes e, inform\u00f3 el n\u00famero de la misma. <\/p>\n
La precursora consign\u00f3 $43.544.933 el 29 siguiente, y en esa data, alleg\u00f3 el comprobante de la transacci\u00f3n. <\/p>\n
El 7 de octubre de 2020, la secretar\u00eda, v\u00eda \u201ce-mail\u201d, puso en conocimiento que los enjuiciados no hab\u00edan consignado su parte y, por tanto, la suplicante, el 14 de ese mismo mes y a\u00f1o, pag\u00f3 la cuota de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
Los all\u00ed encausados pidieron a la secretar\u00eda certificar cu\u00e1ndo la aqu\u00ed accionante, realiz\u00f3 el pago que le correspond\u00eda y, con posterioridad, alegaron que el pago se hab\u00eda consumado de manera extempor\u00e1nea, pues, en su sentir, el plazo de inicial de diez (10) d\u00edas, empez\u00f3 a correr al d\u00eda siguiente del auto que fijo los honorarios, esto es, a partir del 21 de septiembre de 2020 y, dicho t\u00e9rmino feneci\u00f3 el 2 de octubre postrero. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, afirmaron que los cinco (5) d\u00edas restantes, comenzaron el 5 de octubre de 2020 y, finalizaban el 9 siguiente, por ello, el dep\u00f3sito efectuado por la actora deven\u00eda intempestivo. <\/p>\n
En pronunciamiento de 4 de noviembre ulterior, el tribunal acogi\u00f3 el anterior planteamiento y, en consecuencia, declar\u00f3 extinguidos los efectos del pacto arbitral entre los extremos de la litis. <\/p>\n
La censora formul\u00f3 \u201cadici\u00f3n y complementaci\u00f3n\u201d, aduciendo la falta de motivaci\u00f3n del se\u00f1alado prove\u00eddo, pedimento desestimado en determinaci\u00f3n del d\u00eda 13 del mismo mes. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, la reclamante impetr\u00f3 reposici\u00f3n y, esa defensa, fue denegada el 10 de diciembre de 2020, en donde, adem\u00e1s, se dispuso la devoluci\u00f3n de los dineros consignados \u201cprevias deducciones de ley\u201d. <\/p>\n
Para la gestora se lesionaron sus garant\u00edas, pues el expediente se conform\u00f3 de manera virtual y, la \u00fanica forma de saber del desarrollo de las actuaciones era por conducto de la secretar\u00eda y, una vez le fue puesto en conocimiento tanto el n\u00famero de cuenta para efectuar la consignaci\u00f3n, como la falta de pago de su contraparte, actu\u00f3 dentro de los t\u00e9rminos procesales. <\/p>\n
Adicionalmente, cuestiona que la cuenta para realizar los dep\u00f3sitos se abri\u00f3 a nombre de la secretaria, m\u00e1s no en cabeza del presidente del tribunal de arbitramento, tal como lo dispone el inciso 1, art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 20123. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, (i) dejar sin efecto el procedimiento refutado; (ii) ordenar a la C\u00e1mara de Comercio de Manizales conformar, nuevamente, el tribunal de arbitramento; (iii) disponer la apertura de una cuenta bancar\u00eda en la forma prevista en el precepto rese\u00f1ado en donde se trasladen los recursos ya depositados a la secretar\u00eda, sin que haya lugar a deducci\u00f3n por impuesto alguno; y (iv) dar tr\u00e1mite al ritual materia de controversia. <\/p>\n
4. La demanda se present\u00f3 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Manizales, quien, el 21 de enero de 2021, remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad. <\/p>\n
Dicha corporaci\u00f3n, a su vez, el 25 de enero de 2021 declar\u00f3 su falta de competencia en raz\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica de la sociedad reclamante y, por ello, envi\u00f3 el expediente al Consejo de Estado, Subsecci\u00f3n B, Sala de lo Contencioso Administrativo, autoridad que el 2 de febrero ulterior, lo devolvi\u00f3 al aludido tribunal, pues el pacto arbitral no versaba sobre contratos estatales. <\/p>\n
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1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
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1. Jhon Jairo Morales \u00c1lzate defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y refiri\u00f3 que, en virtud de la pandemia y, al residir en Bogot\u00e1, estaba en confinamiento obligatorio y, por ello, debi\u00f3 autorizar a la secretaria para abrir la cuenta bancaria materia de disenso. <\/p>\n
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2. La sociedad Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A.S., Mar\u00eda Matilde Guti\u00e9rrez de Villegas, Mar\u00eda del Rosario Guti\u00e9rrez de Mej\u00eda, Pablo, Sim\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Felipe Jaramillo Guti\u00e9rrez, destacaron que no se conculc\u00f3 prerrogativa alguna al interior del decurso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La C\u00e1mara de Comercio de Manizales manifest\u00f3 que su labor se ci\u00f1\u00f3 a la administraci\u00f3n del tribunal de arbitramento. <\/p>\n
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4. El Procurador Veintinueve Judicial II para Asuntos Administrativos, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
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5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio, por cuanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) se desconoce a ciencia cierta cu\u00e1l fue la operaci\u00f3n racional que hizo el \u00e1rbitro para definir que el dep\u00f3sito fue intempestivo, debe empezarse por se\u00f1alar que, para \u00e9l llevar a cabo el conteo es ineludible considerar la fecha de apertura de la cuenta bancaria y aquella en que se suministr\u00f3 a las partes la informaci\u00f3n pertinente, ya que con antelaci\u00f3n era imposible que hicieran alg\u00fan dep\u00f3sito. Entonces, si ello ocurri\u00f3 el 23 de septiembre de 2020, s\u00f3lo a partir de esa data pod\u00eda empezar a correr el plazo, en la medida que la apertura de la cuenta bancaria y su comunicaci\u00f3n no corresponde a actos que estuvieran a cargo de los intervinientes, sino que depend\u00edan exclusivamente del Tribunal\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Concluido ese primer lapso en el que People Contact S.A.S. cumpli\u00f3 su carga, pero la sociedad Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A. no, [por tanto, la primera] contaba con un t\u00e9rmino subsiguiente de 5 d\u00edas para suplir la desatenci\u00f3n de esta, a fin de evitar que el Tribunal declarara concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral; de suerte que ten\u00eda hasta el 15 de octubre de 2020 para materializar dicha gesti\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior, que el dep\u00f3sito realizado por la demandante el 14 de octubre de 2020, deb\u00eda tenerse por tempestivo y en ese orden, no se cumpl\u00eda la premisa necesaria para aplicar la sanci\u00f3n procesal prevista en el inciso cuarto del art\u00edculo 27 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) No se ocupar\u00e1 la Sala en impartir directrices relacionadas con la cuenta especial para los efectos del proceso de arbitraje, en tanto que, al margen de la posible irregularidad que pueda representar que en el caso radicado 06\/2019, la cuenta haya sido constituida por la secretaria del Tribunal con autorizaci\u00f3n del \u00e1rbitro, la situaci\u00f3n per se no envuelve una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, el a quo constitucional <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dej[\u00f3]sin efecto los autos 019 del 04 de noviembre de 2020, 020 del 13 de noviembre de 2020 y 021 del 10 de diciembre de 2020, y las actuaciones que de ellos se derivaron [y,] orden[\u00f3] al tribunal de arbitramento en cuesti\u00f3n, en cabeza del \u00e1rbitro Jhon Jairo Morales \u00c1lzate, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles, siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita un nuevo pronunciamiento en el que resuelva la solicitud del apoderado de la sociedad Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A. [relativa a dar por terminado el tr\u00e1mite arbitral] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 Sucesores de Liborio Guti\u00e9rrez & C\u00eda. S.A.S., Mar\u00eda Matilde Guti\u00e9rrez de Villegas, Mar\u00eda del Rosario Guti\u00e9rrez de Mej\u00eda, Pablo, Sim\u00f3n, Lina Mar\u00eda y Felipe Jaramillo Guti\u00e9rrez, alegando que no se hab\u00eda incurrido en la vulneraci\u00f3n denunciada y reproch\u00f3 que los cargos formulados por la tutelante, pese a enfilarse a demostrar la supuesta falta de motivaci\u00f3n del tribunal de arbitramento, al final lo desplaz\u00f3 de su funci\u00f3n, porque le impuso el sentido de la decisi\u00f3n que deb\u00eda emitir en la contienda. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. El art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica4, inviste a los particulares, de manera transitoria, de la facultad de administrar justicia, obrando como \u00e1rbitros, habilitados por las partes en virtud de una convenci\u00f3n, para emitir fallos en derecho o en equidad, ora mediante cl\u00e1usula compromisoria o por compromiso. <\/p>\n
La justicia arbitral constituye un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, fundado, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia, en <\/p>\n
\u201c(\u2026) la autonom\u00eda privada, libertad contractual o de contrataci\u00f3n, [el mismo, adem\u00e1s,] origina un proceso judicial sujeto a las directrices preordenadas por el legislador y comporta el ejercicio concreto, transitorio o temporal de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia. La naturaleza judicial del proceso arbitral est\u00e1 igualmente consagrada en los art\u00edculos 8\u00ba y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, en los art\u00edculos 3 y 111 de la Ley 446 de 1998 (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Esta Sala, en sede de casaci\u00f3n, sobre el anotado mecanismo, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l fundamento pr\u00edstino del arbitramento como mecanismo solutorio singular, excepcional, temporal y alternativo de heterocomposici\u00f3n de conflictos (\u2026) es la libertad contractual o de contrataci\u00f3n, \u201cautonom\u00eda de la voluntad\u201d o, m\u00e1s exactamente, la autonom\u00eda privada dispositiva reconocida expresamente a prop\u00f3sito ex art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo n\u00famero 003 de 2002, consagratorio del \u201cderecho al arbitraje\u201d (Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 21 de febrero de 1996, [S-011-06], exp. 5340) en virtud del cual \u201clos particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de administrar justicia en la condici\u00f3n de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de \u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la ley\u201d. <\/p>\n
\u201cEn l\u00ednea de principio, la fuente generatriz del arbitramento es un acto dispositivo, rectius, \u201cpacto arbitral\u201d o negocio jur\u00eddico \u201ccompromisorio\u201d (cas. civ. sentencia de junio 17 de 1997, exp. 4781), fruto de la autonom\u00eda privada, por cuya inteligencia, las partes de un conflicto, litigio, disputa o res dubia, determinado, actual y presente (compromiso, compromissum de cum promittere, [tanto como prometer]; simil promittere stare setentiae arbitri [prometer al mismo tiempo, atenerse al parecer de un \u00e1rbitro], art\u00edculo 117 de la ley 446 de 1998) o de una, varias o todas las controversias contingentes, hipot\u00e9ticas, potenciales e inminentes derivadas de la formaci\u00f3n, celebraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y terminaci\u00f3n de un contrato mediante acuerdo contenido en cl\u00e1usula expresa (accidentalia negotia) o en documento anexo (cl\u00e1usula compromisoria, pactum de compromittendo, art\u00edculo 116 de la ley 446 de 1998), con sujeci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico disponen someter su conocimiento y decisi\u00f3n a un tribunal arbitral (arbiter ex compromisso) investido en virtud de la disposici\u00f3n de las partes por mandato constitucional expreso de la funci\u00f3n p\u00fablica jurisdiccional de administrar justicia, id\u00e9nticos poderes disciplinarios, de coerci\u00f3n, ordenaci\u00f3n, investigaci\u00f3n, deberes y responsabilidades de los jueces permanentes, esto es, dotado por excepci\u00f3n, en forma temporal y transitoria de iurisdictio, auctoritas, potestas e imperium, originando un proceso judicial de \u00fanica instancia por carencia de superior funcional, sujeto a las directrices preordenadas por las partes y el legislador, al respeto de los derechos fundamentales y garant\u00edas procesales, (\u2026), comprensivo de un procedimiento integrado de diversas etapas procesales en las cuales se profieren providencias judiciales de tr\u00e1mite o interlocutorias, concluy\u00e9ndose mediante un laudo o sentencia arbitral definitiva decisoria de la litis planteada (Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de revisi\u00f3n 13 de agosto de 1998, [S-069-1998], exp. 6903), con plenos efectos vinculantes de cosa juzgada respecto de los asuntos transigibles arbitrables ratione materiae (arbitralidad objetiva) o ratione personae (arbitralidad subjetiva) incluidos en el pacto arbitral sobre los cuales prima facie asumi\u00f3 competencia (kompetenz-kompetenz, art\u00edculos 124 de la Ley 446 de 1998 y 147 del Decreto 1818 de 1998) sin perjuicio de su concreci\u00f3n ulterior en el laudo y susceptible del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n en materia civil, comercial y contencioso administrativa o de homologaci\u00f3n en materia laboral, y del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste tambi\u00e9n procedente frente a la providencia decisoria de aqu\u00e9l (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
Los involucrados en un litigio arbitral cuentan con el recurso de reposici\u00f3n contra los autos dictados en el mismo asunto y ante los \u00e1rbitros designados y los remedios extraordinarios de anulaci\u00f3n y revisi\u00f3n frente al respectivo laudo o sentencia de arbitramento, de acuerdo con lo reglado, para los procedimientos civiles, en los c\u00e1nones 107 de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- y 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Conforme a la primera preceptiva citada, art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0, el arbitramento \u201c(\u2026) es un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos mediante el cual las partes defieren a \u00e1rbitros la soluci\u00f3n de una controversia relativa a asuntos de libre disposici\u00f3n o aquellos que la ley autorice (\u2026)\u201d, seguido bajo los principios de \u201c(\u2026) imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicci\u00f3n (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
Se trata, adem\u00e1s, de una justicia temporal, pues si las partes no acuerdan su duraci\u00f3n, la misma normatividad reglamenta su expiraci\u00f3n \u2013art. 10, Ley 1563 de 2012-, por virtud de su car\u00e1cter extraordinario y excepcional. Sobre ese aspecto, la Corte indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2018M\u00e1s exactamente, la especial connotaci\u00f3n dispositiva, ef\u00edmera, transitoria y temporal de la jurisdicci\u00f3n arbitral, representa un escollo insalvable para que agotado el pacto arbitral o concluidas las funciones del Tribunal de Arbitramento, en particular, por vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del tr\u00e1mite arbitral, los \u00e1rbitros vuelvan a pronunciarse o se les ordene hacerlo. <\/p>\n
\u201c\u2018En perspectiva exacta, ni el juez constitucional ni ninguno otro, puede disponer, siquiera por ficci\u00f3n, que los \u00e1rbitros se pronuncien de nuevo, \u201ca pesar de estar vencido el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del tr\u00e1mite dirigido por aqu\u00e9llos\u201d, por absoluta carencia de la funci\u00f3n jurisdiccional extinguida definitivamente al vencimiento del plazo o por las restantes causas legales (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Esta Corte, al revisar la solicitud de reconocimiento de un laudo arbitral proferido por la Corte de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio e Industria de Madrid, Espa\u00f1a -art. 111, Ley 1563 de 2012-, destac\u00f3 la funci\u00f3n del citado mecanismo alternativo como una respuesta \u00e1gil a la globalizaci\u00f3n, teniendo en cuenta los principios de cooperaci\u00f3n internacional y reciprocidad y el contexto de contrataci\u00f3n mercantil, donde pueden involucrarse actores de distintas nacionalidades. <\/p>\n
As\u00ed, resulta indispensable la posibilidad de lograr la convalidaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las sentencias arbitrales en diferentes territorios, en aras de \u201c(\u2026) dotar de seguridad jur\u00eddica a las relaciones comerciales y promover el crecimiento de las econom\u00edas locales (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Como al arbitramento apareja una delegaci\u00f3n constitucional, legal y contractual de administrar justicia en los particulares, ello implica que quienes est\u00e1n dotados de esa potestad, deben sujetar sus actuaciones al respeto a los principios, valores y derechos previstos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte Constitucional en la sentencia C-538 de 2016, se refiri\u00f3 en los t\u00e9rminos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l art\u00edculo 116 C.P. reconoce, bajo condiciones de excepcionalidad y temporalidad, a la justicia arbitral. En ese sentido, es posible considerar que el actual modelo constitucional en cuanto al arbitraje adopta la postura mixta, puesto que (i) somete la justicia arbitral a la regulaci\u00f3n legal del Estado, por ejemplo excluyendo determinadas materias de dicho mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos, o fijando el procedimiento aplicable al tribunal de arbitramento; y simult\u00e1neamente (ii) acepta que la activaci\u00f3n de dicho mecanismo exige la preexistencia de un pacto arbitral a trav\u00e9s del cual las partes habiliten la actividad jurisdiccional de los \u00e1rbitros (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Esto implica que el ejercicio de la justicia arbitral debe cumplir con los postulados propios del derecho al debido proceso, puesto que ello no solo es imprescindible en t\u00e9rminos de vigencia de los derechos fundamentales, sino tambi\u00e9n impl\u00edcito a la naturaleza jurisdiccional del arbitraje. Sobre este particular, la sentencia en comento destaca c\u00f3mo \u201c\u2026es claro que en el arbitraje debe respetarse el derecho al debido proceso, puesto que para este Tribunal, las partes al atribuir la soluci\u00f3n de un conflicto al arbitraje deben actuar \u201c\u2026dentro de los presupuestos y pautas del debido proceso con unos l\u00edmites en el tiempo, fijados -seg\u00fan lo dicho- por las propias partes y por la ley a falta de lo que \u00e9stas dispongan.\u201d9 Bajo esta misma l\u00ednea, estableci\u00f3 la Corte que a la ley le corresponde determinar: i) los asuntos y la forma en que los particulares pueden administrar justicia en la condici\u00f3n de \u00e1rbitros; ii) los l\u00edmites y t\u00e9rminos en que los \u00e1rbitros est\u00e1n habilitados para administrar justicia, y iii) sus funciones y facultades, que son las mismas que tienen los jueces10.\u201d (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que la aceptaci\u00f3n de la validez de la justicia arbitral debe, en todo caso, reconocer la vigencia de la jurisdicci\u00f3n p\u00fablica y permanente del Estado. As\u00ed, \u201cel arbitraje no solamente guarda relaci\u00f3n con el debido proceso, sino que adem\u00e1s en su establecimiento debe garantizarse el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, raz\u00f3n por la cual, est\u00e1n proscritos constitucionalmente acuerdos privados que proh\u00edban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o impongan sanciones, cargas desproporcionadas o irrealizables que constituyen una barrera para su acceso.\u201d11 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las caracter\u00edsticas esenciales del arbitraje, seg\u00fan el precedente expuesto, son la voluntariedad, la temporalidad, la excepcionalidad y su naturaleza procesal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La voluntariedad se basa en reconocer que la activaci\u00f3n de la justicia arbitral en cada caso concreto es una variable dependiente del acuerdo previo, libre y voluntario de las partes de someter a los \u00e1rbitros la soluci\u00f3n del caso. Como se indica en la sentencia C-947 de 2014 \u201cal ser un instrumento jur\u00eddico que desplaza a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, \u00ab\u2026 tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los \u00e1rbitros para actuar\u00bb12. En ese orden de ideas, \u201c\u2026 es deber de las partes, con el prop\u00f3sito de dotar de eficacia a sus determinaciones, establecer con precisi\u00f3n los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las consecuencias jur\u00eddicas y econ\u00f3micas subsiguientes a su decisi\u00f3n; s\u00f3lo as\u00ed se puede hablar de un verdadero acuerdo.\u201d13 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La temporalidad significa en que la actividad jurisdiccional encomendada a los \u00e1rbitros es de car\u00e1cter transitorio y est\u00e1 circunscrita a la decisi\u00f3n del caso sometido por la partes a estos. Por ende, en modo alguno desplaza de forma permanente la funci\u00f3n estatal de adjudicaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La excepcionalidad radica en el car\u00e1cter limitado de los asuntos que pueden ser sometidos a la justicia arbitral. En efecto, solo aquellos bienes jur\u00eddicos que puedan ser sujetos de transacci\u00f3n pueden someterse a este mecanismo, resultando inejecutables los pactos arbitrales que dispongan la inclusi\u00f3n de asuntos diferentes, como son aquellos relacionados con la garant\u00eda de los derechos fundamentales. En estos casos, la competencia privativa de adjudicaci\u00f3n corresponde a los jueces (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Finalmente, el car\u00e1cter procesal del arbitraje tiene que ver con la sujeci\u00f3n del mecanismo a las reglas previas en la Constituci\u00f3n y la ley, en particular las garant\u00edas que integran la cl\u00e1usula del debido proceso. Por ende, en el arbitraje tendr\u00e1 que garantizarse los derechos de contradicci\u00f3n y defensa, la publicaci\u00f3n de las actuaciones, la existencia de un procedimiento previo y conocido por las partes, la adecuada valoraci\u00f3n de la prueba, la igualdad de oportunidades para las partes, etc. (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis de la Sala). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La controversia se centra en determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, al declararse extinguidos los efectos del pacto arbitral entre las partes, por el presunto pago extempor\u00e1neo de los honorarios del tribunal de arbitramento. <\/p>\n
3. Desde un punto de vista f\u00e1ctico e hist\u00f3rico, para dilucidar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada, el itinerario de la reclamaci\u00f3n tiene como aspectos relevantes, los que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
<\/p>\n
* Con ocasi\u00f3n de la pandemia generada por la \u201cCOVID19\u201d las actuaciones se adelantaron de manera virtual. <\/p>\n
<\/p>\n
* El auto dictado en audiencia el 18 de septiembre de 2020, estableci\u00f3: (i) los gastos del tribunal arbitramento; (ii) la cuota que le correspond\u00eda pagar a cada una de las partes; y (iii) la funci\u00f3n de la secretar\u00eda de informar a los contendientes del n\u00famero de cuenta para las consignaciones respectivas. <\/p>\n
<\/p>\n
* El 23 de septiembre postrero, la secretar\u00eda, v\u00eda \u201ce-mail\u201d, puso en conocimiento los datos bancarios en donde se pod\u00edan realizar los dep\u00f3sitos. <\/p>\n
<\/p>\n
* La tutelante cancel\u00f3 el 29 de septiembre ulterior, el monto que le correspond\u00eda sufragar. <\/p>\n
<\/p>\n
* A trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 7 de octubre siguiente, la secretar\u00eda enter\u00f3 a los intervinientes que el extremo pasivo no hab\u00eda pagado su parte de los honorarios. <\/p>\n
<\/p>\n
* El 14 de octubre de 2020, la suplicante asumi\u00f3 el cost\u00f3 de la porci\u00f3n que deb\u00eda cancelar su contraparte y, as\u00ed lo certific\u00f3 la secretar\u00eda el 19 de octubre postrero. <\/p>\n
<\/p>\n
* Los all\u00ed convocados solicitaron declarar extinguidos los efectos del pacto arbitral porque, en su sentir, la actora no hab\u00eda consumado el \u00faltimo pago enunciado en la oportunidad prevista en el inciso 2\u00b0, art\u00edculo 27 de la Ley 1563 de 201214. <\/p>\n
* La precitada petici\u00f3n fue acogida en prove\u00eddo de 4 de noviembre de 2020. <\/p>\n
<\/p>\n
* La gestora, aduciendo falta de motivaci\u00f3n, pidi\u00f3 la adici\u00f3n y complementaci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
* El 13 de noviembre ulterior se desestim\u00f3 dicho ruego y, por ello, la censora impetr\u00f3 reposici\u00f3n, defensa que fue desestimada el 10 de diciembre postrero. <\/p>\n
Para esta Sala se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada por cuanto el t\u00e9rmino de diez (10) para pagar los honorarios no pod\u00edan empezar a computarse a partir el auto emitido en audiencia el 18 de septiembre de 2020, pues el n\u00famero de la cuenta para hacer las consignaciones no fue informado en esa data; contrario sensu, de ello se enter\u00f3 a las partes el 23 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, al d\u00eda siguiente de esta \u00faltima data, empez\u00f3 correr el rese\u00f1ado plazo, el cual feneci\u00f3 el 7 de octubre pasado, y dentro del mismo, la precursora pag\u00f3 lo de su cargo. <\/p>\n
Ahora bien, como su contraparte no cumpli\u00f3 con el deber de cancelar su cuota, para evitar que se extinguieran los efectos del pacto arbitral, la petente ten\u00eda la posibilidad de asumir el monto de aqu\u00e9lla en los cinco (5) d\u00edas siguientes al vencimiento del primer plazo. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, en el caso, dado el manejo virtual del expediente, la promotora no ten\u00eda forma de saber si los all\u00e1 demandados hab\u00edan cumplido su deber, por ende, el mencionado per\u00edodo de cinco (5) d\u00edas, solo pod\u00eda comenzar una vez la secretar\u00eda inform\u00f3 de ello el 7 de octubre de 2020. <\/p>\n
En esa medida, el referido per\u00edodo finalizaba el 15 de octubre postrero y, la impulsora realiz\u00f3 el pago un d\u00eda antes de esa fecha, es decir, de manera oportuna. <\/p>\n
Con todo, as\u00ed la quejosa no hubiese sido enterada de tal circunstancia, de igual modo su carga procesal estar\u00eda satisfecha porque el primer t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas venci\u00f3 el 7 de octubre y, los restantes cinco (5) d\u00edas, igualmente venc\u00edan el 15 siguiente. <\/p>\n
La Corte observa que esas circunstancias no fueron objeto de an\u00e1lisis por el \u00e1rbitro Dr. Jhon Jairo Morales \u00c1lzate, en los autos de 4 y 13 de noviembre, y 10 de diciembre de 2020, este \u00faltimo relativo a la reposici\u00f3n incoada por la promotora. <\/p>\n
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, incluidos los particulares habilitados para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial, atender al debido proceso como un medio para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de un obst\u00e1culo para su realizaci\u00f3n, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [d]e lo contrario, se estar\u00eda incurriendo en una v\u00eda de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jur\u00eddica (\u2026), por extremo rigor en la aplicaci\u00f3n de las normas procesales convirti\u00e9ndose as\u00ed en una inaplicaci\u00f3n de la justicia material (\u2026)\u201d15. <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado Constitucional. <\/p>\n
El deber de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas las razones que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso. <\/p>\n
4. Tocante a la queja de la censora dirigida a lograr que se trasfieran los dineros que consign\u00f3 en la cuenta bancaria abierta por la secretaria a una a nombre del presidente tribunal de arbitramiento, la misma no prospera, pues ello puede invocarlo al interior del procedimiento refutado. <\/p>\n
5. En cuanto al cargo formulado por los impugnantes, seg\u00fan el cual, el a quo constitucional desbord\u00f3 su competencia al desplazar la funci\u00f3n del \u00e1rbitro al indicarle c\u00f3mo deb\u00eda zanjar la controversia, tal reproche no progresa, pues para develar la situaci\u00f3n debatida y la vulneraci\u00f3n enarbolada, deb\u00eda evaluarse el contexto del caso. <\/p>\n
As\u00ed, cuando explic\u00f3 los motivos que daban lugar a conceder el auxilio, no incurri\u00f3 en defecto alguno, porque, ciertamente, ten\u00eda el deber de se\u00f1alar los yerros fundantes del amparo y, lo esperado de un particular investido de la potestad de administrar justicia. <\/p>\n
6. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196917, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d18, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio19. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con el certificado de existe y representaci\u00f3n de la gestora, \u00e9sta es una empresa de econom\u00eda mixta del orden municipal, de segundo grado, \u201cvinculada al municipio de Manizales\u201d. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 27. oportunidad para la consignaci\u00f3n. En firme la regulaci\u00f3n de honorarios y gastos, cada parte consignar\u00e1, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, lo que a ella corresponda. El dep\u00f3sito se har\u00e1 a nombre del presidente del tribunal, quien abrir\u00e1 para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deber\u00e1 contener la indicaci\u00f3n del tribunal arbitral y en ella solo podr\u00e1n administrarse los recursos de este (\u2026). Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podr\u00e1 hacerlo por esta dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podr\u00e1 demandar su pago por la v\u00eda ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto le bastar\u00e1 presentar la correspondiente certificaci\u00f3n expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecuci\u00f3n no se podr\u00e1 alegar excepci\u00f3n diferente a la de pago. La certificaci\u00f3n solamente podr\u00e1 ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente (\u2026). De no mediar ejecuci\u00f3n, las expensas pendientes de reembolso se tendr\u00e1n en cuenta en el laudo para lo que hubiere lugar. A cargo de la parte incumplida, se causar\u00e1n intereses de mora a la tasa m\u00e1s alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas (\u2026). Vencidos los t\u00e9rminos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarar\u00e1 concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso (\u2026). Par\u00e1grafo. Cuando una parte se encuentre integrada por varios sujetos, no se podr\u00e1 fraccionar el pago de los honorarios y gastos del tribunal y habr\u00e1 solidaridad entre sus integrantes respecto de la totalidad del pago que a dicha parte corresponda (\u2026)\u201d. (se destaca). <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 27. oportunidad para la consignaci\u00f3n. En firme la regulaci\u00f3n de honorarios y gastos, cada parte consignar\u00e1, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, lo que a ella corresponda. El dep\u00f3sito se har\u00e1 a nombre del presidente del tribunal, quien abrir\u00e1 para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deber\u00e1 contener la indicaci\u00f3n del tribunal arbitral y en ella solo podr\u00e1n administrarse los recursos de este (\u2026)\u201d. (\u00e9nfasis adrede (\u2026). <\/p>\n
4 \u201c(\u2026) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funci\u00f3n de administrar justicia en la condici\u00f3n de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de \u00e1rbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los t\u00e9rminos que determine la Ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5 CSJ. STC de 26 de junio de 2008, exp. T. 2008-00942-00, reiterada en sentencia de 18 de abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01 <\/p>\n
6 CSJ. SC de 1\u00b0 de julio de 2009, exp. 11001-3103-039-2000-00310-01. <\/p>\n
7 CSJ. Sentencia de 19 de mayo de 2011, exp. T. 2011-00412-01, reiterada en sentencia de 18 de abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01 <\/p>\n
8 CSJ. SC877 de 23 de marzo de 2018, exp. 11001-02-03-000-2017-00080-00 <\/p>\n
9 Sentencia C\u2013426 de 1994 M.P. Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez Galindo. <\/p>\n
10 Sentencia C\u2013431 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara. <\/p>\n
11 Corte Constitucional, sentencia C-947 de 2014, fundamento jur\u00eddico 58. <\/p>\n
12 Corte Constitucional Sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango Mej\u00eda <\/p>\n
13 Sentencia C\u2013330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz. <\/p>\n
14 \u201c(\u2026) Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella podr\u00e1 hacerlo por esta dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podr\u00e1 demandar su pago por la v\u00eda ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto le bastar\u00e1 presentar la correspondiente certificaci\u00f3n expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecuci\u00f3n no se podr\u00e1 alegar excepci\u00f3n diferente a la de pago. La certificaci\u00f3n solamente podr\u00e1 ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente (\u2026). Vencidos los t\u00e9rminos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarar\u00e1 concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso (\u2026). (se destaca). <\/p>\n
15 Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001. <\/p>\n
16 CSJ. STC de19 jun. 2013, rad. 2013-00182-01. <\/p>\n
17 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
18 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
19 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
20 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
21 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
22 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC3544-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3544-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00025-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54086","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54086\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}