STC3546-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3546-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 22 de febrero de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la salvaguarda promovida por Gennit Patricia Barraza Bonilla contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad; con ocasi\u00f3n del proceso de divorcio iniciado por la aqu\u00ed gestora frente a Adolfo V\u00e1squez L\u00f3pez, con radicado n\u00b0 2006-0524. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u201cpetici\u00f3n\u201d, seguridad social y m\u00ednimo vital, presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De lo narrado por la gestora y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada se coligen los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
La promotora promovi\u00f3 juicio de divorcio frente a Adolfo V\u00e1squez L\u00f3pez, el cual termin\u00f3 con sentencia de 12 de diciembre de 2006, donde se accedi\u00f3 a sus pretensiones. Posteriormente, se tramit\u00f3 el juicio ejecutivo para hacer exigible el pago de las obligaciones derivadas del aludido fallo. <\/p>\n
La censora afirma que, el 15 de diciembre de 2020, solicit\u00f3 al estrado accionado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se [l]e informe por qu[\u00e9] no se ha oficiado al pagador de la caja de sueldos de retiro para que haga los respectivos descuentos por alimentos\u201d. <\/p>\n
\u201cSe reactive la mesada de alimentos y se [l]e consigne en la cuenta No 4-421-00-12289-0 del Banco Agrario de Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tambi\u00e9n pidi\u00f3 copia digital del expediente, del cual, afirma, el secretario del despacho hab\u00eda requerido su desarchive desde el 23 de octubre de 2019. <\/p>\n
Sin precisar fechas espec\u00edficas, reprocha que \u201c(\u2026) no se [l]e ha seguido pagando la mesada de alimento, y no [l]e han notificado proceso de exoneraci\u00f3n o cualquier otra actuaci\u00f3n que justifique el no pago de [tal asignaci\u00f3n] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Se\u00f1alando que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, no ha obtenido respuesta alguna del juzgado confutado, pide, en concreto, ordenar <\/p>\n
\u201c(\u2026) a la entidad accionada reactivar la mesada alimenticia (\u2026), [y] se [l]e cancelen todas las mesadas alimentarias atrasadas o de manera retroactiva desde que se [l]e dej[aron] de pagar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial demandada relat\u00f3 que el comentado juicio de divorcio termin\u00f3 con sentencia de 12 de diciembre de 2006, en la cual se accedieron a las pretensiones de la demandante. <\/p>\n
Explic\u00f3 que posteriormente, se tramit\u00f3 el juicio ejecutivo, cuya \u00faltima actuaci\u00f3n registrada data del 14 de agosto de 2014, en donde se corri\u00f3 traslado de las excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el despacho est\u00e1 imposibilitado en dar respuesta a las peticiones de la promotora, por cuanto, aun cuando solicit\u00f3 el desarchive del expediente, el Archivo General respondi\u00f3 que \u00e9ste no fue hallado. Por lo antelado, program\u00f3 la reconstrucci\u00f3n del tr\u00e1mite para el 12 de marzo de 2021. <\/p>\n
2. La Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional expuso que, revisado su sistema de gesti\u00f3n documental, no figura oficio del juzgado accionado ordenando el embargo y\/o retenci\u00f3n de valores por concepto de alimentos sobre la asignaci\u00f3n mensual de retiro de Adolfo V\u00e1squez L\u00f3pez y en favor de la tutelante. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto, tras indicar <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A] partir del material demostrativo arrimado, se constata la actuaci\u00f3n desplegada por parte del Juzgado Primero de Familia de Santa Marta con el objeto de reconstruir el expediente exhortado, y as\u00ed poder brindar una respuesta a las petitorias incoadas por la accionante, y pese a que con ello no \u00e9stas no [sic] se resuelven, no puede dejarse de lado que, ante la p\u00e9rdida del cartulario, con la programaci\u00f3n de la audiencia de reconstrucci\u00f3n y una vez \u00e9ste se rehaga, el encausado podr\u00e1 satisfacer las inconformidades de la actora, pues salta a la vista que la tardanza en absolverlas se ha debido a la imposibilidad de hallarlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 la promotora, insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, los cuales, en su criterio, \u201cno se restablecen con la fecha de la audiencia de reconstrucci\u00f3n del proceso de divorcio\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las llamadas a regular las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por la tutelante es obtener respuesta a su memorial presentado el 15 de diciembre de 2020, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 le fuera informado por qu\u00e9 no se ha oficiado al pagador de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional, ordenando el embargo y\/o retenci\u00f3n de la mesada alimentaria a ella reconocida sobre la asignaci\u00f3n mensual de retiro de Adolfo V\u00e1squez L\u00f3pez, con ocasi\u00f3n del decurso referenciado. <\/p>\n
En ese escenario, no hay lugar a revisar la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n sino al debido proceso, por tratarse de una cuesti\u00f3n eminentemente judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pronto se descarta la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, la omisi\u00f3n del juzgado accionado en dar respuesta a la solicitud de la actora obedece a una situaci\u00f3n ajena a su alcance, cual es el extrav\u00edo del cartulario en el Archivo General. <\/p>\n
Frente a esa circunstancia, y seg\u00fan las pruebas aportadas al ruego, se observa que, el juzgado querellado realiz\u00f3 el 12 de marzo pasado, audiencia de reconstrucci\u00f3n del expediente, en la cual se decretaron pruebas de oficio y se requiri\u00f3 a las partes para que aportaran los medios documentales relacionados con los procesos en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, el despacho convocado inst\u00f3 a la aqu\u00ed actora <\/p>\n
\u201c(\u2026) para que aporte al Juzgado los extractos de la cuenta de ahorros en la cual se le consigna los dineros de la cuota alimentaria (\u2026), desde el a\u00f1o 2016 hasta la fecha, a efectos de establecer la cuant\u00eda de las cuotas que han sido consignadas por parte del pagador de la Polic\u00eda Nacional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Finalmente, se fij\u00f3 como fecha para resolver la reconstrucci\u00f3n del proceso, el 13 de abril pr\u00f3ximo. <\/p>\n
Del anterior recuento se extrae el fracaso del auxilio, dado que la actuaci\u00f3n requerida por la gestora a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, pues, ante la infructuosa localizaci\u00f3n del expediente, el juzgado ha adelantado las gestiones necesarias para la reconstrucci\u00f3n del mismo, tr\u00e1mite indispensable para resolver las pretensiones de la actora, atinentes a \u201creactivar la mesada alimentaria\u201d y a cancelar las cuotas causadas y adeudadas a su favor; raz\u00f3n por la cual este mecanismo de protecci\u00f3n deviene prematuro. <\/p>\n
Al juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de decisiones sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
3 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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