STC3547-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3547-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00034-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 2 de marzo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de la misma urbe, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, la Cooperativa San Fernando, as\u00ed como L\u00edneas Pereiranas S.A. y Cristian Camilo Ocampo Ocampo, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por este \u00faltimo frente a la referida sociedad, radicada bajo el n\u00famero 2018-00141-00 y en la cual fungi\u00f3 como coadyuvante el aqu\u00ed actor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Cristian Camilo Ocampo Ocampo, coadyuvado por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, inco\u00f3 acci\u00f3n popular frente a L\u00edneas Pereiranas S.A., tramitada ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), bajo el radicado N\u00b0 2018-00141. <\/p>\n
Reprocha el tutelante que, el fallador enjuiciado acept\u00f3 \u201cuna excusa sumaria\u201d presentada por las querelladas y aplaz\u00f3 la audiencia de cumplimiento, dilatando as\u00ed, el litigio cuestionado. <\/p>\n
En sentir del quejoso, con dicho proceder se vulneraron los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998 y 8\u00ba y 42 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar al titular del estrado fustigado: i) cumplir los t\u00e9rminos perentorios establecidos en los referidos preceptos normativos; ii) decretar de oficio la p\u00e9rdida de competencia se\u00f1alada en el canon 121 del ordenamiento instrumental civil; y iii) no aceptar la mentada \u201cexcusa\u201d y realizar la audiencia de pacto de cumplimiento en el asunto criticado. <\/p>\n
Asimismo, implora requerir al Procurador delegado para que \u201cpresente tutela a fin que se cumpla el art 84 de la Ley 472 de 19981 (sic)\u201d, en acatamiento de la Ley 734 de 2002. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial fustigada, luego de rese\u00f1ar las actuaciones adelantadas en el proceso cuestionado, inform\u00f3 que, por auto de 8 de febrero de 2021, fij\u00f3 como fecha para llevar a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento el 18 de febrero siguiente; no obstante, por petici\u00f3n individual de las querelladas y dando aplicaci\u00f3n al inciso 3\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998, reprogram\u00f3 la diligencia por \u00fanica vez, para el 26 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2. La Cooperativa San Fernando, se opuso a las pretensiones del auxilio, al considerar ajustado a la norma, el proceder del estrado encausado; adem\u00e1s, reliev\u00f3 la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados por el precursor. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento, por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda reclamada, tras considerar razonable la determinaci\u00f3n cuestionada. Al respecto, expuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esa decisi\u00f3n, seg\u00fan ve la Sala, acata la normativa que permite el aplazamiento que se cuestiona, y est\u00e1 avalada por la autonom\u00eda del funcionario que conoce del juicio, como director del proceso\u201d <\/p>\n
\u201cAs\u00ed que, al margen de que se comparta la resoluci\u00f3n acusada, lo cierto es que se encuentra dentro de un margen de interpretaci\u00f3n razonable, por lo cual no puede ser descalificada, pues si as\u00ed se hiciera, se usurpar\u00eda la funci\u00f3n misma del juicio ordinario, pues \u201cLa sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al aceptar la solicitud de aplazamiento de la audiencia de pacto de cumplimiento, impetrada por las accionadas en el decurso criticado, de conformidad con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 19982. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas obrantes en el plenario, se evidencia que, en auto de 8 de febrero de 2021, el estrado acusado, dispuso como fecha para adelantar la audiencia de pacto de cumplimiento, el 18 de febrero siguiente a las 8:00 a.m.; sin embargo, la Cooperativa San Fernando y la sociedad L\u00edneas Pereiranas S.A., mediante memoriales radicados el 9 y 10 del mismo mes, pidieron al despacho cognoscente, el aplazamiento de la diligencia, allegando prueba de los compromisos que deb\u00edan atender ante otras autoridades judiciales. <\/p>\n
En consecuencia, en auto de 11 de febrero de 2021, el juzgado querellado dispuso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El inciso 3 del art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998 indica que si alguna de las partes presenta prueba sumaria de una causa para no comparecer, el Juez deber\u00e1 se\u00f1alar nueva fecha para audiencia, por tanto, encontrando que es justificada la excusa presentada por los apoderados de ambas accionadas se proceder\u00e1 aplazar la audiencia dentro del t\u00e9rmino indicado por el art\u00edculo mencionado, esto es para el VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, A PARTIR DE LAS OCHO Y TREINTA DE LA MA\u00d1ANA (26.02.2021) (8:30 AM) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Al respecto, se descarta la posibilidad de predicar una anomal\u00eda en la decisi\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener3, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del estrado arriba indicado, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de este particular amparo, reservado para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
N\u00f3tese, contrario a lo aludido por el quejoso, el fallador convocado procedi\u00f3 de conformidad con la norma aplicable al caso concreto, -inciso 3\u00ba del art\u00edculo 27 de la Ley 472 de 1998-, explicando y motivando las razones para decretar el aplazamiento de la audiencia de pacto de cumplimiento, fijando la nueva fecha, incluso, dentro de los ocho d\u00edas siguientes a la inicialmente estipulada, circunstancia que descarta inconcusamente la dilaci\u00f3n reprochada por el libelista. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Ahora bien, frente a la pretensi\u00f3n elevada por el accionante, para que el funcionario convocado decrete la falta de competencia se\u00f1alada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del proceso, el ruego tampoco sale avante, por cuanto ninguna solicitud ha elevado el accionante al juzgado convocado para obtener la aplicaci\u00f3n de la citada norma. <\/p>\n
Esta Corte al ocuparse de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a inconformidad relacionada con las consecuencias del canon 121 del estatuto adjetivo civil no ha sido ventilada ante el enjuiciador natural de la causa para que defina si es viable o no proceder conforme all\u00ed se dispone y lo insta el promotor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En efecto, de las piezas arrimadas no se vislumbra que Arias Id\u00e1rraga hubiere postulado la \u201cp\u00e9rdida autom\u00e1tica de competencia\u201d y su derivada invalidez en el decurso criticado, de donde emerge con claridad que el funcionario cognoscente no ha tenido la posibilidad de analizar ni, por ende, pronunciarse positiva o negativamente sobre tales t\u00f3picos. En otros t\u00e9rminos, la salvaguarda as\u00ed incoada resulta abiertamente carente de residualidad (\u2026)5\u201d(subraya para destacar). <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
5. Finalmente, en lo ata\u00f1edero al amparo demandado en relaci\u00f3n con el Procurador Delegado para que \u201cpresente tutela a fin que se cumpla el art 84 de la Ley 472 de 19987 (sic)\u201d, en acatamiento de la Ley 734 de 2002, se pone de presente al promotor que nada le impide peticionar tal gesti\u00f3n ante esa entidad, por cuanto no se observa que aqu\u00e9l hubiese dirigido a ese organismo, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19699, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
7. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201cARTICULO 84. PLAZOS PERENTORIOS E IMPRORROGABLES. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u201d. <\/p>\n
2 \u201cARTICULO 27. PACTO DE CUMPLIMIENTO\u201d <\/p>\n
\u201cSi antes de la hora se\u00f1alada para la audiencia, alguna de las partes presenta prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer, el juez se\u00f1alar\u00e1 nueva fecha para la audiencia, no antes del quinto d\u00eda siguiente ni despu\u00e9s del d\u00e9cimo d\u00eda, por auto que no tendr\u00e1 recursos, sin que pueda haber otro aplazamiento\u201d. <\/p>\n
3CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 STC12780 de 20 de septiembre de 2019. Rad. 66001-22-13-000-2019-00523-01 <\/p>\n
6 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
7 \u201cARTICULO 84. PLAZOS PERENTORIOS E IMPRORROGABLES. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u201d. <\/p>\n
8 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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