STC3549-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3549-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00028-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el 22 de febrero de 2021, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la tutela promovida por H\u00e9ctor Antonio Hurtado Hinojoza frente a los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de Buenaventura; con ocasi\u00f3n del amparo incoado por Henry Orobio Truque contra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del mismo municipio, con radicado n\u00famero 2018-00077. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor suplica la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la libertad y debido proceso, presuntamente quebrantadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta, en s\u00edntesis, que, mediante sentencia de tutela de 23 de abril de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal de Buenaventura orden\u00f3 al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del mismo municipio: <\/p>\n
\u201c(\u2026) efectuar el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones, con base en el c\u00e1lculo actuarial, del 17 de diciembre de 1996 al 31 de mayo de 1998 a favor de Henry Orobio Truque, con el prop\u00f3sito de validar en la historia laboral el ciclo de cotizaci\u00f3n enunciado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asevera que esa decisi\u00f3n es arbitraria, pues, para la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 el fallo constitucional no fung\u00eda como comandante ni representante legal de dicha entidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el entonces Director de Talento Humano de la entidad indujo en error al juez municipal convocado, al emitir una certificaci\u00f3n laboral del tutelante, carente de veracidad. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, seg\u00fan aduce, aunque, para el lapso comprendido entre el 17 de diciembre de 1996 y el 31 de mayo de 1998, Henry Orobio Truque (\u2026) ten\u00eda calidad de bombero voluntario, su v\u00ednculo laboral y, por ende, sus derechos como trabajador s\u00f3lo se vienen a dar cuando se vincula como bombero rentado, es decir a partir del 1 de junio de 1998 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo antelado, en su criterio, <\/p>\n
\u201c(\u2026) a Henry Orobio Truque no le asiste derecho para que, en su nombre, se efect\u00fae una erogaci\u00f3n econ\u00f3mica por parte del MERITORIO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUENAVENTURA, dado que durante el periodo anotado prestaba un servicio voluntario, regulado por la Ley 1503 de 2012, la cual en ninguno de sus apartes reconoce derecho laboral alguno, ni siquiera en forma retroactiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Sin formular una petici\u00f3n en concreto, invoca el amparo de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El juzgado del circuito confutado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, afirmando que las aseveraciones del precursor carecieron de soporte probatorio al interior del tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
2. La jueza municipal convocada se\u00f1al\u00f3 que, previo al proferimiento de la sentencia de tutela y en la impugnaci\u00f3n formulada contra la misma, no se controvirti\u00f3 el per\u00edodo ni la modalidad de vinculaci\u00f3n de Henry Orobio Truque al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, dejando fenecer el momento procesal oportuno para alegar las presuntas inconsistencias en la certificaci\u00f3n emitida por el entonces Director de Talento Humano. <\/p>\n
3. Luz Mary Camacho, Directora de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, reiter\u00f3 lo expuesto por el actor en la demanda de tutela, destacando que, durante el lapso comprendido entre el 17 de diciembre de 1996 y el 31 de mayo de 1998, Henry Orobio Truque, fung\u00eda como bombero voluntario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda tras se\u00f1alar que la decisi\u00f3n de imponer sanci\u00f3n al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en el incidente de desacato formulado por Henry Orobio Truque no comportaba un escenario irracional, arbitrario o caprichoso, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) las autoridades judiciales accionadas estimaron que no se acredit\u00f3, al interior del tr\u00e1mite incidental por desacato, el cumplimiento a la sentencia de tutela n\u00b0. 036 del 23 de abril de 2018, en lo que respecta al pago de las cotizaciones al SGSS en pensiones del 17 de diciembre de 1997 al 31 de mayo de 1998 a favor de Henry Orobio Truque. Adicionalmente, tal y como se expuso en las decisiones acusadas, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n tuitiva, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura en momento alguno, acus\u00f3 la certificaci\u00f3n laboral -expedida al entonces accionante- de falsa o advirti\u00f3 irregularidad alguna en aquella, siendo la entidad legitimada para tal se\u00f1alamiento, por cuanto el documento cuestionado proviene de ella; renunciando, incluso, a controvertir tal documento en la impugnaci\u00f3n formulada contra [el] referido fallo de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La impetr\u00f3 el accionante ratificando los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor cuestiona que el estrado del circuito accionado haya confirmado la sanci\u00f3n de arresto y multa a \u00e9l impuesta como comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura, por el desacato a la sentencia de tutela emitida el 23 de abril de 2018, por la cual se ampararon los derechos de Henry Orobio Truque. <\/p>\n
Al respecto, alega que, para la fecha de emisi\u00f3n del fallo constitucional, no fung\u00eda como representante legal de la entidad y, adem\u00e1s, en su criterio, la protecci\u00f3n se fundament\u00f3 en pruebas carentes de veracidad. <\/p>\n
2. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Llevadas las anteriores premisas al caso bajo estudio, de entrada, se advierte la inviabilidad de la concesi\u00f3n del amparo, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n censurada el juzgado del circuito inici\u00f3 precisando que, revisada la actuaci\u00f3n desplegada por el funcionario judicial de primera instancia, la misma se encontraba ajustada a derecho, y garantiz\u00f3 el debido proceso de las partes intervinientes, dando la oportunidad a la entidad incidentada para presentar sus argumentaciones y acreditar el cumplimiento de la aludida orden tutelar. <\/p>\n
Posteriormente, puntualiz\u00f3, el sancionado -aqu\u00ed tutelante-, efectivamente, es el representante legal de la instituci\u00f3n tutelada y, por tanto, el principal responsable del cumplimiento de la orden judicial impartida en la sentencia de 23 de abril de 2018. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, conforme a las pruebas recaudadas, el ahora promotor no demostr\u00f3 haber adelantado las gestiones para dar cumplimiento al referido fallo constitucional, a pesar de haber sido requerido, para tal efecto, por Colpensiones; situaci\u00f3n que no desvirtu\u00f3. <\/p>\n
Por el contrario, lo constatado por el ad quem fue que la respuesta del aqu\u00ed suplicante frente a las reiteradas exhortaciones del despacho municipal, durante el tr\u00e1mite incidental <\/p>\n
\u201c(\u2026) siempre fue evasiva, anteponiendo argumentos de \u00edndole subjetivo y algunos jur\u00eddicos que bien pudieron ser expuestos en la etapa instructiva de la acci\u00f3n de tutela, pero que en esta instancia no pueden ser tenidos en cuenta como elementos eximentes para evitar o morigerar las sanciones de que fue objeto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por lo antelado, el estrado del circuito accionado puso de presente al aqu\u00ed quejoso: <\/p>\n
\u201c(\u2026) que la orden de tutela se encuentra en firme y debe ser cumplida pues se trata de un fraude a resoluci\u00f3n judicial que viene a ser sancionada con multa y arresto, pues no existe orden judicial alguna que suspenda la ejecuci\u00f3n de la sentencia de tutela objeto del tr\u00e1mite, y en la que asegura fue decidida con argucias del accionante, situaci\u00f3n que debe ser colocada a disposici\u00f3n de la autoridad competente y no del Juez de tutela, cuya funci\u00f3n en este momento es hacer cumplir lo ordenado en la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no se advierte v\u00eda de hecho. El juzgado accionado confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al incidentado, tras constatar su incumplimiento al referido fallo constitucional y hallar inoportunas e improcedentes las alegaciones que expuso para justificar su comportamiento omisivo. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por lo discurrido, se ratificar\u00e1 la providencia examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, por las razones expresadas en esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
3 \u00cddem. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC3549-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC3549-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2021-00028-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54090\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}