STC3554-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3554-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00823-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al interior del pleito anteriormente referenciado. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Jorge Iv\u00e1n Manrique Marta impetr\u00f3 compulsivo hipotecario en contra de la se\u00f1ora Luzmila Bedoya Montes, a efectos de cobrar el pagar\u00e9 SN garantizado \u00abcon la cesi\u00f3n del contrato de hipoteca que recae sobre el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 370-18736\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 06 de septiembre del 2015, el despacho libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el embargo del citado inmueble. <\/p>\n
2.3. Paralelamente, el accionante hab\u00eda interpuesto ejecutivo simple contra la se\u00f1ora Luzmila Bedoya Montes, que obraba en el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias bajo el radicado 2015-00620 y sobre el cual se pidi\u00f3 el embargo del mismo fundo. <\/p>\n
Por ello, el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Montenegro present\u00f3 solicitud de nulidad pues, a su juicio, el se\u00f1or N\u00e9stor Armando Caicedo debi\u00f3 acudir oportunamente al proceso ejecutivo referenciado (rad. 2015-00620) a efectos de hacer prevalecer su derecho. Sin embargo, y puesto que dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino, \u00abpretende el se\u00f1or NESTOR ARMANDO CAICEDO TORO mediante la figura de cesi\u00f3n de la hipoteca al se\u00f1or JORGE IVAN MANRIQUE MARIA burlarse de lo ordenado en Art. 462 y 463 del CGP\u00bb2. <\/p>\n
2.4. El despacho, en auto del 25 de abril del 2017, dictamin\u00f3 negar la nulidad ante su falta de legitimaci\u00f3n en el referido pleito. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, las partes presentaron ante el juzgador acuerdo privado a efectos de terminar el proceso por daci\u00f3n en pago del predio identificado con M.I. 370-18736. Por tanto, en auto del 24 de mayo del 2017, el despacho dictamin\u00f3 \u00ablevantar la medida cautelar sobre el bien inmueble objeto de la hipoteca con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-18736\u00bb3. Contra tales determinaciones, el actor nuevamente radic\u00f3 solicitud de nulidad4, la que fue negada5. <\/p>\n
2.6. El Promotor interpuso acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales \u00aben el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Jorge Iv\u00e1n Manrique contra Luz Mila Bedoya Montes, pues considera que dicha demanda no deb\u00eda ser admitida ni tramitada\u00bb6. <\/p>\n
2.7. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe profiri\u00f3 sentencia el 14 de septiembre del 2017, mediante la cual resolvi\u00f3 conceder el amparo. De esa manera, orden\u00f3 \u00abdeje sin efecto las actuaciones surtidas a partir del auto del 24 de mayo de 2017 por el que resolvi\u00f3 sobre la terminaci\u00f3n del proceso por daci\u00f3n en pago, inclusive para que en su lugar y en el t\u00e9rmino de los (10) d\u00edas siguientes a aquella decisi\u00f3n, adec\u00fae las actuaciones y resuelva sobre lo pedido de acuerdo a lo aqu\u00ed expresado o explicando las razones por los cuales no aplica las normas citadas esto es el art. 461 y 468 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Tal discernimiento obedeci\u00f3 a que el juzgador accedi\u00f3 a terminar el proceso por daci\u00f3n en pago \u00absin la m\u00e1s m\u00ednima menci\u00f3n a las normas que regulan la terminaci\u00f3n del proceso por pago de la obligaci\u00f3n \u2013 art\u00edculo 461 CGP que exige revisar si hay embargo de remanentes y el art\u00edculo 468 ib\u00eddem que por ministerio de la Ley dispone que se produce el embargo de remanentes que quedan en el proceso donde prevaleci\u00f3 el embargo en favor de la ejecuci\u00f3n donde se levant\u00f3 la medida cautelar, que es lo sucedido en este asunto en que el embargo decretado con base en t\u00edtulo hipotecario, levant\u00f3 la practicada en el proceso ejecutivo singular adelantado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2.8. En cumplimiento de la orden, el 14 de septiembre siguiente, la c\u00e9lula judicial dej\u00f3 sin efectos las actuaciones provistas a partir del 24 de mayo y, por ende, no accedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n del proceso solicitada por las partes7. <\/p>\n
2.9. En vista de ello, el 26 de septiembre del 2017 decret\u00f3 la solicitud de embargo de remanentes \u00absolicitado por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Santiago de Cali comunicado mediante oficio No. 07-1634 recibido el 13 de junio de 2017 bajo radicado 04-2015-620\u00bb8. <\/p>\n
2.10. No obstante, el actor consider\u00f3 que su pedimento no fue atendido por el juzgado accionado. Por eso, adelant\u00f3 dos incidentes de desacato, que fueron negados el 25 de agosto del 2020 y el 13 de octubre siguiente. <\/p>\n
Increpa tal decisi\u00f3n pues, a su juicio, los desacatos propuestos \u00abse prueban al mirar el certificado de tradici\u00f3n del inmueble identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria #370-18736. En este Certificado de fecha 18 de septiembre de 2020 (\u2026) se observa que las actuaciones surtidas y ordenadas por el JUEZ NOVENO DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALO (\u2026) a partir del 24 de mayo de 2017, que afectan al inmueble identificado SIGUEN VIGENTES, afectando el estado legal del inmueble\u00bb. <\/p>\n
2.11. En auto del 02 de septiembre del 2020, el juzgador explic\u00f3 la raz\u00f3n por la cual no ha dado cumplimiento a lo establecido en los art\u00edculos 461 y 468 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para el efecto, inform\u00f3 que \u00aben sentir del suscrito juzgador de instancia, el inmueble no se puede considerar como un remanente, ya que no queda en cabeza del demandado, sino que pasa a ser propiedad del acreedor y bien sabemos que s\u00f3lo se puede tener como remanente aquello que se desembargue y que contin\u00fae a nombre del demandado, lo cual no sucede con la daci\u00f3n en pago\u00bb. En tal sentido, dictamin\u00f3 que al momento de aceptarse la daci\u00f3n en pago y terminar el proceso, \u00abno se tuvo en como embargado por remanentes el inmueble objeto de este pleito, aunque s\u00ed se reconoce que, por olvido involuntario, pero sin mala fe, nada de ello se dijo en el auto de terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, asever\u00f3 que en la actualidad el proceso presenta inconvenientes con ocasi\u00f3n de la orden tutelar impartida, \u00abdado que el bien hipotecado ya no est\u00e1 en cabeza de la parte demandada y por lo tanto no puede el juzgador tener como embargado por remanentes ese bien, pues el proceso no est\u00e1 terminado, iter\u00e1ndose que se dej\u00f3 sin efecto la orden de terminarlo\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se \u00abordene a la accionada (\u2026) a que el JUEZ NOVENO DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI (\u2026) d\u00e9 ESTRICTO CUMPLIMIENTO a lo ORDENADO en el acta No. 89 del 14 de septiembre de 2017\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali inform\u00f3 sobre el tr\u00e1mite dado a los dos incidentes de desacato propuestos. Respecto al decidido el 25 de agosto del 2020, dictamin\u00f3 que se present\u00f3 un cumplimiento defectuoso de la orden de tutela, \u00abno se encontr\u00f3 negligencia comprobada, culpa o dolo respecto a tal incumplimiento, todo seg\u00fan la motivaci\u00f3n que consta en el prove\u00eddo y que se ci\u00f1e a los derroteros jurisprudenciales vertidos por la Corte Constitucional sobre el tema\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, en el auto del 13 de octubre, dictamin\u00f3 que es razonable la explicaci\u00f3n otorgada por el juez en cuanto a no poder embargar el inmueble, pues \u00abla tutela se present\u00f3 en septiembre de 2017, pero seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n del inmueble en materia del litigio, desde junio 14 de 2017 hay estaba registrado el levantamiento del embargo y en Julio 10 hoga\u00f1o ya se hab\u00eda registrado la cancelaci\u00f3n de la hipoteca y la daci\u00f3n en pago\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali remiti\u00f3 el expediente ejecutivo. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cali adujo \u00abel 21 de abril de 2016, se procedi\u00f3 a remitir el mencionado proceso ejecutivo a los juzgados de ejecuci\u00f3n correspondi\u00e9ndole su conocimiento al Juez S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esta ciudad, para que continuara con el tr\u00e1mite procesal respectivo, lo cual me hizo imposible exponer y desvirtuar los argumentos que en su momento expuso el accionante\u00bb. Por tanto, \u00able corresponde al Juez S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esta ciudad ejercer el derecho a la defensa, indicando el tr\u00e1mite impartido al proceso e igualmente para ponerlo a su disposici\u00f3n si as\u00ed se requiere\u00bb. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Insistentemente la jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, ante la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades, o de los particulares, en aquellos eventos previstos en la ley, que se abrir\u00e1 paso cuando el afectado no cuente con otros medios para gestionar el resguardo de esas garant\u00edas. <\/p>\n
Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
2. Sin embargo, de conformidad con lo previsto por la jurisprudencia constitucional, se ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u00absustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto y f\u00e1ctico\u00bb o \u00abcuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (T-652 de 30 de agosto de 2010). <\/p>\n
3. En el sub examine se observa que la promotora accion\u00f3 en busca de la revocatoria de los autos proferido por el accionado el 25 de agosto y el 13 de octubre del 2020, los cuales dictaminaron no sancionar por desacato al juez noveno civil del circuito de Cali. <\/p>\n
4. Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la postura rebatida no alberg\u00f3 extralimitaci\u00f3n por parte del juez del desacato. <\/p>\n
Sobre el particular, al resolver el segundo incidente de desacato, el Tribunal convocado expres\u00f3 los motivos por los cuales se impon\u00eda no sancionar al juzgado cuestionado. <\/p>\n
Comenz\u00f3 por memorar que la orden de tutela consisti\u00f3 en que \u00abdentro de las cuarenta y ocho ( 48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n deje sin efecto las actuaciones surtidas a partir del auto del 24 de mayo de 2017 por el que resolvi\u00f3 sobre la terminaci\u00f3n del proceso por daci\u00f3n en pago, inclusive, para que en su lugar y en el t\u00e9rmino de los( 10) d\u00edas siguientes a aquella decisi\u00f3n, adecue las actuaciones y resuelva sobre lo pedido de acuerdo a lo aqu\u00ed expresado o explicando las razones por los cuales no aplica las normas citadas esto es el art. 461 y 468 del CGP.\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto \u00abpara cuando se present\u00f3 la tutela el 1 de septiembre de 2017, seg\u00fan consta en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 370-18736, para el 14 de junio de 2017 estaba registrado el levantamiento de la medida cautelar de embargo por acci\u00f3n real que pesaba sobre el inmueble y para el 10 de julio siguiente estaba registrada el levantamiento de la hipoteca y la daci\u00f3n en pago al acreedor Manrique Marta, esto es, todo con antelaci\u00f3n a la presentaci\u00f3n de la tutela ya estaba levantado el embargo sobre el inmueble, levantada la hipoteca que pesaba sobre \u00e9l y el bien no era de propiedad de la ejecutada\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, al parecer del Tribunal, no es jur\u00eddicamente posible que el juez imponga medidas cautelares \u00abrespecto de un inmueble que ya no hace parte del patrimonio de la ejecutada porque lo es de un tercero como lo es el acreedor Manrique Marta\u00bb. Aunado a ello, evidenci\u00f3 que el obligado realiz\u00f3 acciones positivas para el cumplimiento de la orden, por lo que \u00abno existe prueba de un obrar culposo o doloso respecto al cumplimiento\u00bb, as\u00ed como tampoco se \u00abencuentran formas alternas para el cumplimiento, por lo que el incidentante debe acudir a otros medios para lograr sus objetivos\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, en el caso en concreto el Tribunal hall\u00f3 configurada la figura del da\u00f1o consumado, entendida como aquella que se presenta en la situaci\u00f3n en que, \u00aba partir de la vulneraci\u00f3n ius-fundamental que ven\u00eda ejecut\u00e1ndose, se ha consumado el da\u00f1o o afectaci\u00f3n que con la acci\u00f3n de tutela se pretend\u00eda evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneraci\u00f3n o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela d\u00e9 una orden al respecto\u00bb9. <\/p>\n
Luego entonces, no resulta arbitraria la determinaci\u00f3n dictada por la autoridad judicial accionada, como tampoco se evidencian satisfechos los presupuestos necesarios para dejar sin efectos la decisi\u00f3n que se cuestiona. <\/p>\n
5. Aunado a lo anterior, auscultadas las diligencias cuestionadas, advierte la Sala que no cabe controvertir mediante la actual senda ius fundamental una determinaci\u00f3n que, a su vez, fue proferida en otra acci\u00f3n de an\u00e1logo tenor. <\/p>\n
Lo dicho puesto que la jurisprudencia claramente ha instruido que las herramientas constitucionales dise\u00f1adas para rebatir las providencias dictadas en sede de amparo por los jueces que \u00abconocen y deciden sobre las acciones de tutela\u00bb, son: i) la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia; ii) la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb; iii) la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb y; iv) la consulta del incidente de desacato. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha desestimado ruegos como \u00e9ste, por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo\u00bb. <\/p>\n
\u00abPor consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 21 de febrero de 2003, exp. 00382, citada entre otras en E-11001-02-03-000-2020-00048-00 Abr. 30 de 2020). <\/p>\n
6. Con todo, se advierte que la salvaguarda implorada tampoco puede salir avante, toda vez que se desconoce el presupuesto general de la inmediatez respecto del primer incidente de desacato. <\/p>\n
A tal conclusi\u00f3n se arriba a causa del lapso transcurrido desde que fue proferida la \u00faltima de las providencias cuestionadas, esto es, 25 de agosto de 2020 y, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el 15 de marzo de 2021. Es decir, se super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis (6) meses que se ha fijado como razonable para acudir a esta senda. <\/p>\n
Frente al tema la Sala ha expuesto que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
\u00abCon fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada\u00bb. <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada en CSJ STC1295-2020, Feb 12 de 2020, rad. 2019-00845-01). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 2 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 42 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 64 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 67 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folio 91 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Folio 94 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Folio 102 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Folio 104 del PDF \u00abexpediente\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional. T-130 de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3554-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3554-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00823-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES 1. El gestor procura la salvaguarda de su derecho […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54092"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54092\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}