STC3555-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3555-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00923-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Alberto Contreras L\u00f3pez contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados a las partes e intervinientes en el juicio de radicado 68081600013520090093 (01). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada al interior del proceso anteriormente referenciado. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 20 de mayo del 2011, ante el Juzgado 1\u00b0 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00eda de Barrancabermeja se formularon cargos en contra de Luz Consuelo Gallo P\u00e9rez y Carlos Alberto Contreras L\u00f3pez, por la conducta punible de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 19 y 20 de junio del 2012, se realiz\u00f3 la acusaci\u00f3n, con la modificaci\u00f3n de retirar la acusaci\u00f3n en disfavor de Gallo P\u00e9rez. <\/p>\n
2.3. Agotado el correspondiente tr\u00e1mite, el 10 de junio del 2016, el juzgador dict\u00f3 sentencia en la que conden\u00f3 al promotor \u00aba la pena principal de PRISI\u00d3N de 60 meses y multa equivalente a $869.551 e interdicci\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos p\u00fablicos por el mismo lapso de la pena principal\u00bb1. <\/p>\n
2.4. Inconforme, la defensa propuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue resuelto el 15 de noviembre del 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
En tal oportunidad, el colegiado resolvi\u00f3 \u00abrevocar parcialmente el fallo\u00bb de primera instancia. En su lugar, absolvi\u00f3 al procesado Contreras L\u00f3pez \u00abpor el concurso homog\u00e9neo y sucesivo de tres peculados por apropiaci\u00f3n en virtud de las resoluciones 0106, 315 y 557 de 2008\u00bb y modific\u00f3 \u00abla sentencia condenatoria en virtud del peculado por apropiaci\u00f3n en raz\u00f3n de la resoluci\u00f3n 715 de 2008, en cuanto a que la pena a imponer ser\u00e1 la de 40 meses de prisi\u00f3n, multa de $153.450, al igual que el tiempo para la accesoria inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas ser\u00e1 por el mismo periodo de la pena principal\u00bb2. <\/p>\n
2.5. En contra de tal prove\u00eddo, se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Sin embargo, el 18 de noviembre del 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dictamin\u00f3 inadmitir la demanda de casaci\u00f3n. Frente al mismo radic\u00f3 el mecanismo de insistencia. Sin embargo, el 14 de enero del 2021, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se abstuvo de acceder a dicha petici\u00f3n. <\/p>\n
2.6. A juicio del actor, tal resoluci\u00f3n vulnera sus derechos fundamentales comoquiera en el prove\u00eddo cuestionado se incurri\u00f3 en una \u00abgrosera incongruencia entre los argumentos y la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abno s\u00f3lo se est\u00e1 imponiendo un requisito inexistente al demandante, sino que, a fin de cuentas, la forma en que asume el debate el auto inadmisorio es ineludiblemente un debate de fondo, impropio de esta etapa procesal y, mucho menos, causante de inadmisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al segundo cargo, \u00abel auto inadmisorio no hizo indicaci\u00f3n alguna sobre el tino o desatino en la elecci\u00f3n de la causal, lo que carece de relevancia, pues, es evidente que al alegar una violaci\u00f3n al principio de congruencia la jurisprudencia es pac\u00edfica en indicar que la causal que procede es la escogencia en esta demanda en particular\u00bb. Aunado a lo anterior, sobre las deficiencias t\u00e9cnicas se\u00f1aladas por el Despacho, sostuvo que \u00abdicha afirmaci\u00f3n no se sostiene argumentativamente en el auto, lo que ser\u00eda suficiente para inadmitir atinadamente la demanda, sino que la Sala procede a resolver de fondo el asunto\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, a su juicio, se incurri\u00f3 en defecto sustantivo por falta de motivaci\u00f3n pues \u00ablo argumentado en la sentencia no se corresponde con el fallo\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se \u00abrevoque la decisi\u00f3n del 18 de noviembre de 2020, que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la defensa de mi prohijado, por haber incurrido en defecto sustantivo por falta de motivaci\u00f3n y configurar una violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n y, en consecuencia, se ordene admitir la demanda para ser evaluada en sede de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga inform\u00f3 que \u00ab revisados los hechos relacionados en el escrito de tutela, se hace menci\u00f3n como Juzgado de conocimiento al Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja , observ\u00e1ndose que en los anexos en efecto se adjunta la sentencia proferida por dicho despacho, as\u00ed mismo, consultada la Pagina Web de la Rama Judicial se establece que el juzgado que conoci\u00f3 del proceso con radicado 68001 60 00135 2009 00093 contra CARLOS ALBERTO CONTRERAS LOPEZ fue el juzgado en menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. EL Fiscal Noveno Seccional de Bucaramanga apuntal\u00f3 que \u00abes oportuno indicar que \u00e9ste despacho no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante, bajo esas condiciones se solicita declarar improcedente la tutela interpuesta, porque no se vislumbra el quebrantamiento del derecho fundamental del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. El Despacho Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja relat\u00f3 el devenir procesal. <\/p>\n
4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga indic\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en la instancia. De otra parte, aclar\u00f3 que \u00abque para el momento del arribo y de egreso del asunto en menci\u00f3n a esta corporaci\u00f3n la suscrita funcionaria no era la titular del despacho 6, pues me posesion\u00e9 en ese cargo el 12 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
5. El accionado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, se cuestiona el proceso penal antes referenciado, y en particular el prove\u00eddo proferido el 18 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que present\u00f3 el accionante contra el prove\u00eddo que dict\u00f3, en sede de apelaci\u00f3n, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 15 de noviembre de 2017. <\/p>\n
2.- Del examen de las pruebas que reposan en el expediente, pronto advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, se considera que la determinaci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia rogada, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3. Sobre el particular, al resolver sobre la admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario, el Colegiado accionado expuso razonadamente los motivos por los cuales se impon\u00eda la inadmisi\u00f3n de este al no reunir las exigencias necesarias para ello. A tal conclusi\u00f3n arrib\u00f3 despu\u00e9s de realizar un an\u00e1lisis detallado del libelo, para lo cual expres\u00f3, en relaci\u00f3n con los cargos esbozados, lo siguiente: <\/p>\n
3.1.- Respecto al primer cargo, relativo a la presunta indebida contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, esta Corporaci\u00f3n dictamin\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n, en todo caso, carece de objetividad porque se apoya en criterios equivocados que lo conducen a desconocer el c\u00f3mputo de los t\u00e9rminos inherentes a ese fen\u00f3meno en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la interpretaci\u00f3n que plante\u00f3 el casacionista resulta equ\u00edvoca, comoquiera que \u00absolo las circunstancias que resulten concurrentes con la consumaci\u00f3n del punible inciden en la prescripci\u00f3n, no as\u00ed las posteriores a su perpetraci\u00f3n\u00bb, lo cual sustent\u00f3 en jurisprudencia de esta misma Sala. Conforme a lo manifestado, asever\u00f3 que <\/p>\n
\u00abante los insustanciales e improcedentes c\u00f3mputos efectuados por el casacionista, importa destacar que la conducta de peculado por apropiaci\u00f3n \u2013Art. 397, inc. 3, del C.P.-, conforme fue atribuida al acusado, reporta una pena que oscila entre 64 y 180 meses de prisi\u00f3n, extremo m\u00e1ximo que, seg\u00fan el art\u00edculo el art\u00edculo 83 del C.P., sin la modificaci\u00f3n de la Ley 1174 de 2011, ha de incrementarse en una tercera parte, atendiendo la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico del acusado al momento de la comisi\u00f3n del il\u00edcito, arrojando como resultado 240 meses o 20 a\u00f1os de m\u00e1ximo punitivo que ha de tenerse en cuenta para la determinaci\u00f3n del l\u00edmite prescriptivo, con sujeci\u00f3n a las directrices trazadas por el legislador\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, tras traer de presente lo prescrito en la Ley 906 de 2004, dictamin\u00f3 que \u00abse tiene que ese primer lapso se interrumpi\u00f3 el 20 de mayo de 2011, cuando se llev\u00f3 a cabo la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra de CONTRERAS L\u00d3PEZ; es decir, previo a cumplirse el primer quinquenio para los efectos indicados\u00bb. Por su parte, y teniendo en cuenta que \u00aben la segunda fase, luego de formulada la imputaci\u00f3n, el lapso prescriptivo no pod\u00eda ser inferior a tres (3) a\u00f1os ni superior de trece a\u00f1os y cuatro meses (sumado el lapso por la condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico), en esta actuaci\u00f3n se tiene que la sentencia de segundo nivel se profiri\u00f3 el 15 de noviembre de 2017, es decir, previo a colmarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n m\u00e1ximo permitido\u00bb. <\/p>\n
Acorde con tal an\u00e1lisis, concluy\u00f3 que \u00abel fen\u00f3meno prescriptivo no oper\u00f3 en los t\u00e9rminos que equivocadamente adujo el recurrente, raz\u00f3n por la que se inadmitir\u00e1 el primer cargo\u00bb. <\/p>\n
3.2.- En cuanto al segundo cargo, en el que se denunci\u00f3 la nulidad por violaci\u00f3n al principio congruencia, se determin\u00f3 que el casacionista \u00absin sujeci\u00f3n al principio de correcci\u00f3n material, pretende oponerse de manera infatigable y sin raz\u00f3n a la di\u00e1fana exposici\u00f3n que el Ad quem efectu\u00f3 para responder los argumentos que en id\u00e9ntico sentido fueron esgrimidos por la bancada defensiva como soporte del recurso vertical interpuesto en contra del fallo de primer nivel\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, afirm\u00f3 que el actor no construy\u00f3 el debido sustento a partir de los principios que regulan la declaratoria de nulidad. En tal sentido, anot\u00f3 que \u00abAl verificar el decurso de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, realizada el 20 de mayo de 2011, la Fiscal\u00eda emprende el recuento f\u00e1ctico, ense\u00f1ando que la g\u00e9nesis de la presente investigaci\u00f3n se remonta a la denuncia formulada, a trav\u00e9s de un peri\u00f3dico local del municipio de Barrancabermeja, en el que se dio a conocer el cobro irregular por concepto de vi\u00e1ticos, de algunos funcionarios de la administraci\u00f3n municipal, entre ellos, la secretaria jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed pues, tras traer de presente el dicho del fiscal en la vista p\u00fablica preliminar, apuntal\u00f3 que se dej\u00f3 al descubierto \u00abque el contexto del acontecer f\u00e1ctico endilgado desde los albores de la investigaci\u00f3n, tuvo como prop\u00f3sito corroborar la denuncia que puso al descubierto el \u00abmanejo irregular de recursos p\u00fablicos a trav\u00e9s de la figura de los vi\u00e1ticos\u00bb, momento a partir del cual, producto del desarrollo del plan metodol\u00f3gico investigativo, se logr\u00f3 identificar que tal proceder se concret\u00f3 en cuatro actos administrativos, que involucraron a la secretar\u00eda jur\u00eddica y al Alcalde del municipio de Barrancabermeja\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, procedi\u00f3 a precisar las situaciones discernidas por la fiscal\u00eda en relaci\u00f3n con la Resoluci\u00f3n 0715 de 2008 en contraposici\u00f3n con lo determinado en los prove\u00eddos de primera y segunda instancia. Todo ello para concluir que \u00abno resulta admisible el se\u00f1alamiento del censor, cuando sugiere que se lesion\u00f3 el derecho defensa a su prohijado, al sorprend\u00e9rsele con la atribuci\u00f3n de responsabilidad por hechos indeterminados o distintos de los imputados, cuando lo cierto es que desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, la fiscal\u00eda precis\u00f3 que su proceder il\u00edcito resid\u00eda por disponer el pago de vi\u00e1ticos injustificados, bien porque las comisiones otorgadas a la secretaria jur\u00eddica abarcaban d\u00edas no h\u00e1biles, ora porque algunas fechas no resguardaban el objeto de la misma\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, puntualiz\u00f3 que \u00abno al desconocerse el n\u00facleo f\u00e1ctico de la imputaci\u00f3n en el fallo condenatorio emitido por los juzgadores, el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar\u00bb. <\/p>\n
3.3.- Sobre el tercer reparo, en que aleg\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, la Sala Penal asegur\u00f3 que \u00abel recurrente incumpli\u00f3 el deber de sustentar adecuadamente el cargo, pues, no especific\u00f3 en concreto la hermen\u00e9utica dada por el fallador a cada una de las normas supuestamente infringidas, al tiempo que controvierte los motivos probatorios esgrimidos por las instancias, los cuales, entre otros aspectos, concluyeron que el procesado, como ejecutor del gasto, dispuso de los rubros para el pago de vi\u00e1ticos irregulares a un subalterno\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, evidenci\u00f3 que \u00abel demandante se limit\u00f3 a expresar el desacuerdo con la decisi\u00f3n y a repetir argumentos expuestos al impugnar la sentencia de primer grado, con lo cual desnaturaliz\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que, como se sabe, no constituye una instancia adicional para continuar el debate surtido ante los falladores de primero y segundo grados\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se exalta que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida con fundamento en una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario, la normatividad y jurisprudencia que gobierna el asunto en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica una disparidad de criterios acerca de los planteamientos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte al pronunciamiento de inadmisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, entre lo considerado por la Sala acusada en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo cual, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
La Sala en un asunto similar precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[s]i bien no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo respecto a la problem\u00e1tica en litis, ello aconteci\u00f3, concretamente, porque el ahora querellante, a trav\u00e9s de su apoderado, formul\u00f3 deficientemente la demanda de casaci\u00f3n, la cual, por su car\u00e1cter excepcional, exige unas especial\u00edsimas pautas en su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
Es pertinente indicar, ese recurso extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del ataque; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar los cargos para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea superable en esta sede, porque no se instituy\u00f3 para suplir la ineptitud del remedio. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (STC3924-2018, citada en CSJ STC3461-2020 May. 27 de 2020, rad. 2020-00910-00). <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 37 del PDF \u00abSENTENCIA DE PRIMERA CARLOS CONTRERAS\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 43 del PDF \u00abSENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA CARLOS CONTRERAS\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3555-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC3555-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00923-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (08) de abril de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Alberto Contreras L\u00f3pez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}