STC3569-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3569-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00832-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Sigifredo de Jes\u00fas Vel\u00e1squez S\u00e1nchez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el auxilio constitucional n\u00b0 2020-00418-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor pidi\u00f3 que se protegiera su derecho al debido proceso, el cual estima trasgredido por la omisi\u00f3n de la corporaci\u00f3n accionada de asumir el conocimiento de la demanda de tutela que, radicada inicialmente ante esa autoridad (y remitida posteriormente, por competencia, a los jueces civiles del circuito) le fue asignada finalmente por la Corte Constitucional desde el pasado mes de febrero. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Agencia Nacional de Infraestructura dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa al no tener ninguna relaci\u00f3n con los hechos objeto del resguardo. <\/p>\n
2. La Magistratura accionada inform\u00f3 que, mediante fallo del 10 de marzo del a\u00f1o en curso, se desestim\u00f3 la solicitud de amparo objeto de esta nueva tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa al no tener relaci\u00f3n con los hechos en que se finc\u00f3 la solicitud de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal encartado incurri\u00f3 en la omisi\u00f3n que le atribuye el accionante respecto al impulso de la demanda de tutela por \u00e9l formulada. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, se advierte que la solicitud de amparo resulta improcedente, pues, contrario a lo que sostuvo el accionante, la magistratura accionada s\u00ed asumi\u00f3 el conocimiento de su demanda de tutela una vez el expediente le fue devuelto por la Corte Constitucional y profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el pasado 10 de marzo, seg\u00fan lo reporta el sistema de consulta digital de la Rama Judicial. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 el quejoso resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y menos quebrantado sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito. En caso de no ser impugnado, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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