STC3571-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3571-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00840-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Edificio Torre Inversiones Normand\u00eda \u2013 Propiedad Horizontal contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00b0 2003-00862. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la copropiedad solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al ratificar la denegaci\u00f3n de inventarios adicionales dentro del liquidatorio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que al conocer la existencia del proceso sucesorio de Carlos \u00c1lzate Guill\u00e9n y Mar\u00eda M\u00e9lida Ospina de \u00c1lzate, \u00abpresent\u00f3 el d\u00eda 9 de julio de 2019, ante el Juzgado 14 de Familia de Oralidad de Cali (\u2026), escrito contentivo de inventario y aval\u00fao adicional (\u2026), aclarado y complementado [el] 10 de julio siguiente, todo al tenor [de] de lo dispuesto por el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 1312 del C\u00f3digo Civil, memorial que hac\u00eda referencia a un pasivo o deuda, obligaci\u00f3n o cr\u00e9dito proveniente de las cuotas ordinaria y extraordinarias que por concepto de expensas de administraci\u00f3n adeudan los precitados causantes, generados por los apartamentos Nos. 1101, 1301 y 1302\u00bb. <\/p>\n
Que, mediante prove\u00eddo del 8 de noviembre de 2019, el juzgado declara improcedente la solicitud, aduciendo que \u00abla oportunidad para hacer valer su cr\u00e9dito precluy\u00f3 al culminar la diligencia de inventarios y aval\u00faos llevada a cabo el 5 de julio de 2018, posici\u00f3n que sustenta en el ordinal 2 del art\u00edculo 491 del C.G.P.\u00bb; que contra esa decisi\u00f3n interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, incorporando como argumentos de su disenso, precedentes de esta Corporaci\u00f3n (sentencias STC18048-2017 y STC20898-2017), los cuales no fueron acogidos ni por el juez de primer grado en prove\u00eddo del 24 de agosto de 2020, ni por el ad quem quien la ratific\u00f3 el 5 de febrero de 2021. <\/p>\n
Que con la resoluci\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, se \u00abcercena la etapa procesal que el legislador estableci\u00f3 para el ingreso de pasivos dejados de inventariar [art\u00edculo 502]\u00bb, lo que \u00abderiva en una denegaci\u00f3n de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, violaci\u00f3n al debido proceso [y] desatenci\u00f3n de una norma de orden p\u00fablico\u00bb, adem\u00e1s de que se \u00abcondiciona la aplicaci\u00f3n de una clara norma a lo que dice [la jurisprudencia invocada por el tribunal] que ni siquiera (\u2026) se subsume integral al caso bajo estudio\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULAD0 <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n refutada, dijo que seg\u00fan la \u00abinterpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb de las disposiciones que refieren a la presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, al acreedor no le es posible adicionarlos, por ello, pidi\u00f3 desestimar la acci\u00f3n \u00abhabida cuenta que la providencia objeto de la misma obedeci\u00f3 a la hermen\u00e9utica de la normativa que regula dichos procesos liquidatorios, sin que pueda predicarse con ello transgresi\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Edith Ca\u00f1ar Montenegro, quien dijo ser apoderada judicial de Jos\u00e9 Alfredo Serna Ospina, sin acreditar la calidad aducida, se pronunci\u00f3 para oponerse al auxilio por considerar que no se produjo vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali, mediante decisi\u00f3n proferida el 5 de febrero de 2021, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al denegar por extempor\u00e1nea la presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos adicionales dentro del juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2003-00862, habida cuenta su calidad de acreedor hereditario. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que el resguardo no procede contra los pronunciamientos en menci\u00f3n, y que s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable para atacar tales decisiones, cuando con ellas se produzca vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas anteriores, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas, la Corte conceder\u00e1 el auxilio implorado, comoquiera que la corporaci\u00f3n querellada infringi\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del reclamante, al incurrir en defecto procedimental absoluto para cuya correcci\u00f3n se justifica la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, el tribunal accionado, fungiendo en sala unitaria de decisi\u00f3n -como juzgador ad quem dentro de la sucesi\u00f3n de Carlos \u00c1lzate Guill\u00e9n y Mar\u00eda M\u00e9lida Ospina de \u00c1lzate-, so pretexto de ce\u00f1irse al principio de legalidad, infringi\u00f3 el procedimiento al avalar que el juzgado negara la posibilidad de tramitar la presentaci\u00f3n de inventarios adicionales en un liquidatorio en curso, y con ello desconoci\u00f3 su funci\u00f3n como garante de los derechos superiores de quien en dicho juicio invoc\u00f3 su calidad de acreedor hereditario. <\/p>\n
Esto, porque si bien es cierto el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 491 del C\u00f3digo General del Proceso indica que \u00ablos acreedores podr\u00e1n hacer valer sus cr\u00e9ditos (\u2026) hasta que termine la diligencia de inventario, durante la cual se resolver\u00e1 sobre su inclusi\u00f3n en \u00e9l\u00bb, mientras el inciso 4\u00b0 del canon 501-1 se\u00f1ala que la incorporaci\u00f3n de tales cr\u00e9ditos proceder\u00e1 respecto de \u00ablos acreedores que concurran a la audiencia\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, la posibilidad con que dichos interesados cuentan para intentar la inclusi\u00f3n de sus acreencias en el liquidatorio, no culmina con la aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos iniciales, sino con el cierre definitivo de esa etapa procesal. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 502 del ordenamiento procesal en cita, prev\u00e9 que \u00abcuando se hubieren dejado de inventariar bienes o deudas, podr\u00e1 presentarse inventario y aval\u00fao adicionales\u00bb, sin que se establezca que tal facultad excluye a los titulares de acreencias, pues solo contempla que esa relaci\u00f3n es susceptible de \u00abobjeciones\u00bb que se tramitar\u00e1n en concordancia con lo contemplado en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 501 ibidem. <\/p>\n
Del mismo modo, se observa que la regla contenida en el inciso 2\u00b0 de dicha disposici\u00f3n, no refiere a la aplicaci\u00f3n de los inventarios adicionales durante el curso del proceso, sino cuando el liquidatorio \u00abse encuentra terminado\u00bb, esto es, al quedar ejecutoriado el trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n, por tanto, ese es el l\u00edmite temporal para que los acreedores procuren incluir sus cr\u00e9ditos, pues en adelante el tr\u00e1mite se rige conforme al art\u00edculo 518, esto es, al de la partici\u00f3n adicional que tiene lugar \u00abcuando aparezcan nuevos bienes del causante o de la sociedad conyugal o patrimonial, o cuando el partidor dej\u00f3 de adjudicar bienes inventariados\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, para provocar los inventarios y aval\u00faos adicionales durante el tr\u00e1mite del proceso, y cuyo prop\u00f3sito es consolidar tanto el activo como el pasivo que conformar\u00eda la masa partible, est\u00e1n legitimados todos los interesados en el juicio que desde luego incluye a los acreedores hereditarios (art\u00edculos 502 -inciso 1\u00b0- y 501-3 del estatuto adjetivo); en cambio, cuando tales inventarios refieren a un proceso terminado, es decir, con partici\u00f3n en firme, su \u00fanico objetivo es incorporar \u00abnuevos bienes\u00bb, y su tr\u00e1mite s\u00f3lo procede a petici\u00f3n de \u00ablos herederos, el c\u00f3nyuge, el compa\u00f1ero permanente, o el partidor cuando hubiere omitido bienes\u00bb (art\u00edculo 318 ibidem). <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n descrita se muestra acorde con el criterio expresado por esta Corporaci\u00f3n al analizar un caso en el que se planteaba presentar inventarios adicionales para incluir pasivos cuando el liquidatorio ya ha terminado, en el que se descart\u00f3 tal posibilidad al acoger como razonable la postura del all\u00ed accionado, seg\u00fan la cual, \u00absi bien es viable la interposici\u00f3n de inventarios y aval\u00faos adicionales respecto a bienes y deudas, ello solo es posible en el curso del proceso, por cuanto una vez aprobada la partici\u00f3n, dicha solicitud debe realizarse en los t\u00e9rminos de la partici\u00f3n adicional, la cual de suyo proh\u00edbe la presentaci\u00f3n de deudas como partidas adicionales\u00bb, por lo que era entendible, \u00abque despu\u00e9s de terminada la sucesi\u00f3n si aparecen bienes que no se tuvieron en cuenta pueda ser solicitada la diligencia de inventarios y aval\u00faos adicionales la que no va a alterar para nada la partici\u00f3n que antes se efectu\u00f3\u00bb. Al respecto, la Sala precis\u00f3 que reabrir el proceso para incluir deudas afectar\u00eda el principio \u00abde la cosa juzgada\u00bb, pues al tenor del citado canon 518, \u00ab\u00fanicamente es viable la partici\u00f3n adicional en un proceso liquidatorio, cuando se hayan dejado de inventariar bienes o de distribuir alguno inventariado\u00bb (CSJ STC18048-2017, 1\u00b0 nov. 2017, rad. 00283-01). <\/p>\n
3.2. Entonces, como en el caso bajo examen constitucional, el proceso de sucesi\u00f3n no ha terminado, pues a\u00fan no hay sentencia ejecutoriada que apruebe la partici\u00f3n, cualquiera de los interesados est\u00e1 autorizado para deprecar inventarios adicionales y con ello incluir bienes y\/o deudas, y como pese a ello tal pretensi\u00f3n se deneg\u00f3 a quien invoc\u00f3 su condici\u00f3n de acreedor, ese proceder configura el defecto procedimental absoluto, el cual se suscita \u00abcuando el juez act\u00faa completamente por fuera del procedimiento establecido\u00bb (CC T-590\/05), \u00abya sea porque: i) se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite completamente ajeno al pertinente -desv\u00eda el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso\u00bb (CC T-327\/11, T-352\/12 y T-398\/17). <\/p>\n
En tales condiciones, al convocante se le vulneraron sus prerrogativas superiores al debido proceso y de acceso a una efectiva administraci\u00f3n de justicia, en tanto que con la postura asumida por la sala accionada, no otorga el alcance normativo que la situaci\u00f3n requer\u00eda para agotar el tr\u00e1mite correspondiente, y lejos est\u00e1 de corresponder a la garant\u00eda de tutela judicial efectiva, pues se le cercen\u00f3 la posibilidad para que su petici\u00f3n fuera resuelta bajo la adecuada interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial. N\u00f3tese que el derecho fundamental que consagra el art\u00edculo 229 de la Carta Pol\u00edtica, puede exigirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de amparo, ya que dicha garant\u00eda \u00abtiene tres pilares que lo conforman, a saber, i) la posibilidad de acudir y plantear el problema ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisi\u00f3n se cumpla de manera efectiva\u00bb (CC T-295\/07). <\/p>\n
El yerro espec\u00edfico de procedibilidad observado tambi\u00e9n se produjo por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la prevalencia del derecho sustancial con sujeci\u00f3n a los supuestos esbozados, pues dicho precepto establece con claridad que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el amparo de los derechos fundamentales invocados, por lo cual se impone invalidar la providencia dictada por el tribunal el 5 de febrero de 2021 dentro de la sucesi\u00f3n de los esposos \u00c1lzate-Ospina, y como consecuencia, ordenarle que se pronuncie de nuevo sobre la solicitud de inventarios adicionales, corrigiendo el desafuero observado en esta instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por el Edificio Torre Inversiones Normand\u00eda P.H. <\/p>\n
En consecuencia, SE DEJA sin valor ni efecto el prove\u00eddo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali -en sala unitaria de decisi\u00f3n del 5 de febrero de 2021-, dentro del juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 2003-00862, y en sustituci\u00f3n de la actuaci\u00f3n invalidada, SE ORDENA a la autoridad judicial accionada, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, vuelva a pronunciarse con observancia de las consideraciones contenidas en esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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