STC3573-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3573-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-00846-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Cecilia Merlano Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, igualdad y acceso a la justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio de expropiaci\u00f3n que se inici\u00f3 en su contra (radicaci\u00f3n 2014-00143). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que es propietaria del predio rural \u201cLa Laguna\u201d, ubicado en el corregimiento \u201cLa Gallera\u201d, de Sincelejo, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 340-87167 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa localidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en virtud del proyecto de concesi\u00f3n vial C\u00f3rdoba \u2013 Sucre, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) present\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n en su contra, por requerir un \u00e1rea del precitado fundo, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, quien, con sentencia de 19 de diciembre de 2014, \u00abdecret\u00f3 por causa de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social la expropiaci\u00f3n de una zona de terreno de (54.973,63 m2 ) del predio denominado \u201cLA LAGUNA\u201d\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, para efectos de calcular la indemnizaci\u00f3n, el estrado orden\u00f3 la pr\u00e1ctica del aval\u00fao, para lo cual design\u00f3 a dos auxiliares de la justicia, quienes, el 23 de julio de 2015, se\u00f1alaron que el valor respectivo era de \u00ab$2.187.499.324,oo\u00bb, pero, inconformes, tanto la ANI como ella requirieron la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n del dictamen, y mediante escritos de 23 de octubre siguientes, ambas partes lo objetaron por error grave, por lo que se design\u00f3 a otros peritos. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en la nueva experticia, se determin\u00f3 como valor a pagar \u00ab$2.770.504.667,oo\u00bb, pero, una vez m\u00e1s, se ejercieron los mismos medios de defensa rese\u00f1ados, por parte de los extremos de ese asunto, frente a lo cual el estrado declar\u00f3 infundadas las objeciones por error grave y fij\u00f3 \u00abel valor de la cosa expropiada y la indemnizaci\u00f3n en $2.528.591.452\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que esa resoluci\u00f3n se sustenta en que \u00aben las leyes 1682 de 2013 y 1742 de 2014 no se contempla la indemnizaci\u00f3n por compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n por obra p\u00fablica, que estas normas solo hacen referencia a los procedimientos a aplicar, no a los conceptos a indemnizar, partiendo de lo contenido en la resoluci\u00f3n expedida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, modificatoria del art\u00edculo 10 de la Resoluci\u00f3n 898 de 2014\u00bb, pero, en su criterio, \u00abninguno de los art\u00edculos citados por la Sala (\u2026) mencionan que la compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n por obra p\u00fablica no sea indemnizable\u00bb. En escrito de \u00abadici\u00f3n de tutela\u00bb, reiter\u00f3 los argumentos expuestos. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 \u00abque se revoque el auto de fecha 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, proferido por la SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO y en consecuencia se ordene el pago por concepto de compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n por obra p\u00fablica reconocida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DE SINCELEJO\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la corporaci\u00f3n enjuiciada alleg\u00f3 copia de la providencia revisada. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada reliev\u00f3 que \u00abla providencia estuvo acorde con las normas y criterios jurisprudenciales pertinentes, tal como se puede percibir en los fundamentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos all\u00ed plasmados\u00bb. <\/p>\n
3. La apoderada judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI adujo que debe desestimarse la protecci\u00f3n, teniendo en cuenta que \u00aben los procesos de expropiaci\u00f3n judicial no se habla de indemnizaci\u00f3n compensatoria, toda vez, que no es un presupuesto o una condici\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que genera una compensaci\u00f3n a cargo del Estado y a favor del expropiado, por el enriquecimiento patrimonial del primero. Si as\u00ed fuera, la indemnizaci\u00f3n se fijar\u00eda con base en el valor objetivo del bien y no, como orden la Constituci\u00f3n, \u201cconsultando los intereses de la comunidad y del afectado\u201d\u00bb <\/p>\n
As\u00ed mismo, precis\u00f3 que \u00abes claro que pretender darle validez a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI \u2013 IGAC, que hace alusi\u00f3n a la figura de la afectaci\u00f3n predial, como erradamente fue reconocido por el Despacho de Primera Instancia, resulta ser contrario a derecho, toda vez que el mismo INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI \u2013 IGAC dej\u00f3 constancia que dicha figura no pod\u00eda ser tenida en cuenta dentro de los aval\u00faos para procesos de expropiaci\u00f3n, ya que resultaba ser una figura jur\u00eddica anterior en el tiempo y con connotaciones diferentes a la de la adquisici\u00f3n predial mediante la Oferta Formal de Compra, y m\u00e1s a\u00fan como en el presente caso, en donde no se logr\u00f3 demostrar por parte de la parte demandada, hoy accionante, que se le hubiese generado alg\u00fan tipo de perjuicio por parte de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad demandada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de expropiaci\u00f3n que la ANI inici\u00f3 contra la gestora (radicaci\u00f3n 2014-00143), por, supuestamente, apartarse de la normativa aplicable en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n del dictamen pericial y excluir de la indemnizaci\u00f3n el rubro por \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo revoc\u00f3 parcialmente la resoluci\u00f3n del a quo en el proceso de expropiaci\u00f3n que la ANI inici\u00f3 contra la convocante, tras considerar \u2013en lo que respecta al reproche expuesto en esta sede\u2013 que \u00abla inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de que trata el art\u00edculo 17 de la Ley 9\u00aa de 1989 no deja fuera del comercio los bienes afectados (\u2026) y en ese sentido, la mentada afectaci\u00f3n es de car\u00e1cter general a causa de cualquier obra p\u00fablica dentro del \u00e1mbito de desarrollo urbano\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en cuanto al desconocimiento de la compensaci\u00f3n, que es la causa por la cual la gestora acude al amparo, la autoridad encartada provey\u00f3 sobre el particular, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente al sexto problema del reconocimiento de una compensaci\u00f3n (\u2026) es preciso recordar que el Tribunal consideraba que la misma era aplicable a esta clase de proceso, no obstante[,] en la sentencia proferida el 18 de enero de 2019, se cambi\u00f3 de posici\u00f3n y se recogi\u00f3 cualquier otra interpretaci\u00f3n que en el pasado se hubiere acogido sobre el tema. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 37 de la Ley 9 de 1989, precept\u00faa que: <\/p>\n
\u201cToda afectaci\u00f3n por causa de una obra p\u00fablica tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de tres (3) a\u00f1os renovables, hasta una m\u00e1xima de seis (6) a\u00f1os y deber\u00e1 notificarse personalmente al propietario e inscribirse en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectaci\u00f3n quedar\u00e1 sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad p\u00fablica que haya impuesto la afectaci\u00f3n o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. <\/p>\n
En el caso de las v\u00edas p\u00fablicas, las afectaciones podr\u00e1n tener duraci\u00f3n m\u00e1xima de nueve (9) a\u00f1os. <\/p>\n
La entidad que imponga la afectaci\u00f3n o en cuyo favor fue impuesta celebrar\u00e1 un contrato con el propietario afectado en el cual se pactar\u00e1 el valor y la forma de pago de la compensaci\u00f3n debida al mismo por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectaci\u00f3n. La estimaci\u00f3n de los perjuicios ser\u00e1 efectuada por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi o la entidad que cumpla sus funciones, en los t\u00e9rminos previstos en la presente Ley. Para los efectos de la presente Ley, enti\u00e9ndese por afectaci\u00f3n toda restricci\u00f3n de licencias de urbanizaci\u00f3n, de parcelaci\u00f3n, de construcci\u00f3n o de funcionamiento, por causa de una obra p\u00fablica o por protecci\u00f3n ambiental\u201d. <\/p>\n
En concordancia, el art\u00edculo 122 de la Ley 388 de 1997, indica que: <\/p>\n
\u201cPara efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre compensaci\u00f3n de las cargas del desarrollo urbano, ser\u00e1 requisito para la afectaci\u00f3n de inmuebles por causa de obra p\u00fablica, en los t\u00e9rminos previstos por el art\u00edculo 17 de la Ley 9\u00aa de 1989, que la entidad p\u00fablica que imponga la afectaci\u00f3n disponga de la apropiaci\u00f3n presupuestal correspondiente al pago de la compensaci\u00f3n debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectaci\u00f3n, cuya tasaci\u00f3n ser\u00e1 realizada por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes. En los casos de inmuebles declarados como de conservaci\u00f3n hist\u00f3ricas, arquitect\u00f3nicas o ambiental deber\u00e1 garantizarse igualmente la disponibilidad presupuestal para el pago de la compensaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 48 de la presente Ley\u201d. <\/p>\n
Ha de mencionarse que el art\u00edculo 19 del Decreto 2400 de 1989, en virtud del cual se reglamenta parcialmente la Ley 9\u00aa de 1989, dispone que la inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de que trata el art\u00edculo 17 de la se\u00f1alada Ley 9\u00aa de 1989, no deja fuera del comercio los bienes afectados y s\u00f3lo tiene efectos publicitarios. <\/p>\n
En este sentido, la mentada afectaci\u00f3n es de car\u00e1cter general a causa de cualquier obra p\u00fablica dentro del \u00e1mbito de desarrollo urbano, y la compensaci\u00f3n reconocida es a consecuencia de las cargas que ese desarrollo comporta para la comunidad, afectaci\u00f3n que hace referencia a aquellos bienes que, de acuerdo a los proyectos dise\u00f1ados para tales fines, se requieren para dichas misiones, que puede concretarse o no dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la norma. <\/p>\n
Es por eso que el art\u00edculo en menci\u00f3n precept\u00faa que la afectaci\u00f3n se traduce en las restricciones que limiten o impidan la obtenci\u00f3n de licencias de urbanizaci\u00f3n, de parcelaci\u00f3n, de construcci\u00f3n, de funcionamiento, por causa de una obra p\u00fablica, o por protecci\u00f3n ambiental y, se resalta, su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, no saca del comercio el bien del comercio. Contrario sensu, la inscripci\u00f3n de la oferta formal de compra con la cual se da inicio al proceso de adquisici\u00f3n del bien, partiendo de la etapa de negociaci\u00f3n directa, hito desde donde se empieza a correr los t\u00e9rminos 22 dispuestos en el art\u00edculo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el art\u00edculo 4 de la Ley 1742 de 2014, normas especiales aplicables a proyectos de infraestructura de transporte, si deja el bien fuera del comercio\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Seguidamente, el estrado argument\u00f3 que, \u00aben el presente proceso, regulado principalmente por las Leyes 1682 de 2013 y 1742 de 2014, dentro de los \u00edtems a indemnizar no se contempla la compensaci\u00f3n a la cual se ha hecho referencia, que como ya se dijo es de car\u00e1cter general\u00bb, raz\u00f3n por la cual: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien hacen alusi\u00f3n a las Leyes 9\u00aa de 1989, 388 de 1997 y 1564 de 2012, es en cuanto a los procedimientos a aplicar, no a los conceptos a indemnizar, tal conclusi\u00f3n se refuerza si en cuenta se tiene que la resoluci\u00f3n expedida por el IGAC, que modific\u00f3 el art\u00edculo 10 de la Resoluci\u00f3n 898 de 2014, expresamente contempla en el art\u00edculo 1\u00ba, que en el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n por parte de los peritos, s\u00f3lo se tendr\u00e1 en cuenta el da\u00f1o emergente y\/o lucro cesante generados por el proceso de adquisici\u00f3n predial, de conformidad con la informaci\u00f3n oportunamente entregada y lo verificado en la visita, limitaci\u00f3n que tambi\u00e9n se indica en el art\u00edculo 16 de la Resoluci\u00f3n No. 898 de prev\u00e9 \u201cDe conformidad con lo previsto por los art\u00edculos 23 y 37 de la Ley 1682 de 2013, la indemnizaci\u00f3n est\u00e1 compuesta por el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se acusen en el marco del proceso de adquisici\u00f3n\u201d, lo cual no se aplica a casos en que se ya se hubiere inscrito la oferta de compra en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, ello no implica que, pueda tenerse en cuenta para fijar la indemnizaci\u00f3n, la referida compensaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, no era procedente reconocer a favor de la ciudadana demandado la compensaci\u00f3n por afectaci\u00f3n de obra p\u00fablica. Prospera este reparo y por ello se revocar\u00e1 la providencia atacada en lo que se refiere a este punto\u00bb (Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterios de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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