STC3582-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3582-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00751-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nidia Amparo Zabala Holgu\u00edn, Omaira Andrea, Diego de Jes\u00fas, Diana Margarita y Patricia Elena Zabala Zabala contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2017-00385. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone el apoderado de los accionantes que, sus prohijados promovieron proceso de responsabilidad civil extracontractual contra Luz Aleida Mej\u00eda Lopera, Aurora Galeano Garc\u00eda y Jos\u00e9 Leonardo Correa Rold\u00e1n. <\/p>\n
Relata que, dicho pleito, tuvo su origen en las obras de construcci\u00f3n (proyecto urban\u00edstico \u00abEdificio Torre Santa Clara\u00bb) que realizaron los demandados en la propiedad contigua al inmueble de la familia Zabala en el municipio de Yarumal, que generaron diversos perjuicios tales como, \u00abempozamiento de aguas contiguas y deterioro de la casa [\u2026] al punto de venirse al suelo partes de la misma [\u2026] lo que los oblig\u00f3 a desalojarla para no poner en riesgo sus vidas, am\u00e9n del influjo que todo ello produjo deteriorando el estado de salud del se\u00f1or Orlando Zabala, agravado por la humedades ocasionadas entre otras por los trabajos [\u2026] a quien le fue diagnosticado de padecer la enfermedad pulmonar obstructiva cr\u00f3nica [\u2026] de lo que en parte posteriormente le provino la muerte\u00bb. <\/p>\n
Asevera que, como los demandados \u00abejercen influencia\u00bb entre las autoridades de Yarumal, decidieron radicar la demanda en el municipio de Envigado, lugar donde actualmente tiene domicilio una de las accionadas. <\/p>\n
Refiere que, el asunto lo conoci\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, autoridad que ning\u00fan pronunciamiento efectu\u00f3 respecto al juramento estimatorio contenido en el libelo introductor, el que tampoco fue objetado por ninguno de los codemandados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre el particular, alega que, \u00abtanto las partes como el juez [\u2026] guardaron silencio en relaci\u00f3n con el ejercicio de una carga-facultad para los primeros y facultad-deber para el segundo, dejando precluir la oportunidad para ejercer el derecho de objeci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, el 3 de septiembre de 2019 el despacho profiri\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n contra la que interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica que, inmediatamente despu\u00e9s del levantamiento de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales generado por la emergencia sanitaria nacional, el tribunal, mediante auto de 2 de junio de 2020 fij\u00f3 las reglas para la tramitaci\u00f3n de la alzada (consistentes, b\u00e1sicamente, en que debido a la pandemia por COVID-19 dictar\u00eda el fallo por escrito), y con ellas, cre\u00f3 \u00ab(\u2026) un procedimiento sui generis al margen de las previsiones del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, providencia que, por tratarse de \u00abun auto de sustanciaci\u00f3n (sic) [\u2026] no procede ning\u00fan recurso ordinario, adem\u00e1s de que en la misma no se indic\u00f3 si proced\u00eda o no alg\u00fan recurso y en qu\u00e9 forma deb\u00eda surtirse (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destaca que el 9 de julio de 2020, la colegiatura accionada dict\u00f3 fallo de segunda instancia, confirmando el del a quo; luego, el 1\u00ba de septiembre resolvi\u00f3 negativamente la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n que formularon los actores respecto de aqu\u00e9l. <\/p>\n
De todo lo anterior, cuestiona, por un lado, las consideraciones expuestas en primer y segundo grado para denegar las aspiraciones, pues, afirma, \u00absoslayaron toda la reglamentaci\u00f3n del tr\u00e1mite del juramento estimatorio, pues terminaron por obviarlo [\u2026] sustituyendo a la parte fuerte de no solo la relaci\u00f3n procesal sino tambi\u00e9n del juez de primera instancia y ante su incuria, Juzgado y Tribunal, sustituyeron a la parte demandada [\u2026] y asumir de oficio la contradicci\u00f3n por fuera de los cauces legales del medio del juramento estimatorio como medio de prueba incorporado debidamente al proceso y no objetado por quienes ten\u00edan inter\u00e9s en demostrar o el fracaso de las pretensiones\u00bb. Agrega que, la decisi\u00f3n de primera instancia tuvo una motivaci\u00f3n \u00ablac\u00f3nica e ilegal\u00bb mientras que la de segunda fue \u00abilegal\u00bb, por cuanto, \u00abya hab\u00eda dicho que la responsabilidad por actividades peligrosas no estaba demostrada, argumento contrario al de primer nivel, que sostuvo que s\u00ed hubo da\u00f1o, pero que el mismo fue resarcido en m\u00e1s de lo causado\u00bb. <\/p>\n
En suma, centr\u00f3 los cuestionamientos tanto en el tr\u00e1mite dado por el tribunal a la segunda instancia como en los argumentos de la decisi\u00f3n que la finiquit\u00f3. <\/p>\n
3. En consecuencia, piden \u00abdejar sin efectos la sentencia (sic) proferida por la Sala Primera Unitaria de decisi\u00f3n Magistrado Ricardo Le\u00f3n Carvajal Mart\u00ednez (y todas las dem\u00e1s que de all\u00ed se deriven, incluida la sentencia que puso fin a la instancia (\u2026) ordenarle que [\u2026] deje sin efectos el auto indicado y las providencias que del mismo se derivaron\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Tercero Civil del Circuito de Envigado, sin pronunciarse respecto de la queja constitucional, manifest\u00f3 que la determinaci\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en el juicio en cuesti\u00f3n, fue debidamente motivada y \u00ab(\u2026) obedeci[\u00f3] a lo probado dentro del tr\u00e1mite procesal, por lo que me atengo a lo all\u00ed decidido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por los querellantes dentro del juicio de responsabilidad civil extracontractual radicado n\u00ba 2017-00385, al (i) no imprimirle al recurso de apelaci\u00f3n el tr\u00e1mite se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013 auto de 2 de junio de 2020 \u2013 ;y, (ii) confirmar la sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones indemnizatorias \u2013 fallo de 9 de julio de 2020; (y auto del 1\u00ba de septiembre de 2020, que neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n). <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
Posteriormente, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que el resguardo debe ser promovido dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de lo expuesto, se concluye que los reproches a las decisiones de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn en la segunda instancia del proceso en cuesti\u00f3n, denunciadas como transgresoras de las garant\u00edas constitucionales de los quejosos, no atienden el postulado que viene de comentarse, por lo que pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
En efecto, los accionantes, por intermedio de su abogado, dirigen sus reclamos contra el auto del 2 de junio de 2020 que fij\u00f3 las reglas espec\u00edficas para el procedimiento y tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra el veredicto de primer grado; y tambi\u00e9n, respecto de la sentencia de 9 de julio de ese mismo a\u00f1o que resolvi\u00f3 la \u00abalzada\u00bb (posterior a esta \u00faltima, mediante prove\u00eddo del 1\u00ba de septiembre de 2020, el tribunal deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n, actuaci\u00f3n que no es objeto de discusi\u00f3n en la presente demanda). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que, aun si se tomara como punto de referencia la decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, es decir, el pronunciamiento frente a la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n del fallo, hasta el momento en que se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n \u2013 9 de marzo de 2021 \u2013 se supera el plazo se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para acudir al auxilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes para efectos de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, pero en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del promotor que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los actores tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3582-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC3582-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00751-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nidia Amparo Zabala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54100\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}