STC3589-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3589-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00036-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1 de marzo de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular (radicaci\u00f3n 2016-00502-00). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada en el curso de la precitada acci\u00f3n popular en la cual funge como accionante. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 se ordene \u00ab(\u2026) aplicar derecho SUSTANCIAL (\u2026) continuar el tr[\u00e1]mite de la acci\u00f3n popular (\u2026) se digitalice todo lo actuado en la acci\u00f3n popular (\u2026) Se decrete nulidad del AUTO que termin[\u00f3] la acci[\u00f3]n popular (\u2026) TERMINAR LA ACCION POR SENTENCIA (\u2026) Se ORDENE a la tutelada conceder la alzada frente al auto que termin[\u00f3] la acci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador Regional de Risaralda y el Personero Delegado en Medio Ambiente y Urbanismo de Pereira, en escritos separados, adujeron que, la situaci\u00f3n presentada por el demandante es ajena a esas entidades y solicitaron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira a trav\u00e9s de apoderado, indic\u00f3 que \u00abse atiene a lo probado\u00bb en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, remiti\u00f3 el expediente del asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, al considerar que, \u00abde acuerdo con el recuento procesal, se colige el incumplimiento del presupuesto temporal, porque el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, se profiri\u00f3 dos (2) a\u00f1os y cinco (5) meses atr\u00e1s (17-09-2018) (Cuaderno No.1, documento No.44, folio 30). Claramente, el actor ejercit\u00f3 el mecanismo constitucional por fuera del plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional como razonable\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo argument\u00f3 que, \u00aben lo atinente a la digitalizaci\u00f3n del expediente y expedici\u00f3n de copias aut\u00e9nticas, la Judicatura tambi\u00e9n advierte que la tutela es improcedente, por la evidente ausencia de la conducta reprochable (Acci\u00f3n u omisi\u00f3n), pues, el interesado no present\u00f3 memoriales al juzgado en dichos t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada sentencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si el juzgado convocado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al aplicar el desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular 2016-00502-00 en contradicci\u00f3n de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio, ha de precisarse que se respaldar\u00e1 el fallo proferido por el tribunal a quo, en la medida en que se evidencia que la inconformidad del querellante radica en la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la autoridad judicial decret\u00f3 desistimiento t\u00e1cito en la acci\u00f3n popular referenciada, sin embargo, se echan de menos los requisitos que a continuaci\u00f3n pasan a explicarse: <\/p>\n
3.1. La inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
Posteriormente, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a determinaciones judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026).\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n
3.2. Inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En el caso que se revisa, el quejoso tambi\u00e9n actu\u00f3 con incuria, dado que frente a la aludida decisi\u00f3n no formul\u00f3 ning\u00fan recurso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01 <\/p>\n
Con dicha omisi\u00f3n, el convocante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer, por medio del mecanismo de defensa ordinario id\u00f3neo, todas las inconformidades que ahora manifiesta respecto a la decisi\u00f3n del fallador convocado, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
As\u00ed, la no utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes reafirma la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto a la petici\u00f3n de que \u00abse digitalice todo lo actuado en la acci\u00f3n popular\u00bb, en el curso del amparo, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira aport\u00f3 el link donde se observa la actuaci\u00f3n escaneada, de modo que, al encontrarse superado el hecho aducido como vulnerador, <\/p>\n
\u00ab(…) ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026) El \u2018hecho superado o la carencia de objeto\u2019 (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC de 13 mar. 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre otras en STC9365 de 11 jul. 2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, por cuanto no satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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