STC3665-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3665-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2021-00060-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 24 de febrero de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Guiomar Bibiana Peralta Robledo, y Diana Carolina Su\u00e1rez Bedoya contra el Consejo Seccional de la Judicatura-Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Antioquia-Choc\u00f3 y las unidades de gesti\u00f3n financiera presupuestal y de gesti\u00f3n de talento humano, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Francisco Javier Morales D\u00edaz, Carmen Andrea Arboleda Ot\u00e1lvaro y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando en nombre propio las actoras reclaman la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al m\u00ednimo vital, debido proceso, dignidad humana, \u00ableg\u00edtima confianza\u00bb, buena fe, igualdad y salud, supuestamente vulneradas por las autoridades acusadas. <\/p>\n
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2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio: <\/p>\n
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1. Diana Carolina Su\u00e1rez Bedoya se desempe\u00f1a como secretaria en propiedad del del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, y fue designada, en encargo, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 156 de 1 de diciembre de 2020 para reemplazar al juez titular en su periodo vacacional comprendido entre el 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La prenombrada juez encargada nombr\u00f3 en provisionalidad a Guiomar Bibiana Peralta Robledo como secretaria a partir del 21 de diciembre de 2020, hasta el 11 de enero de 2021. <\/p>\n
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3. Las convocantes, aseguran que pese a que dichas novedades fueron reportadas oportunamente al \u00e1rea de talento humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Antioquia-Choc\u00f3, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no se les ha efectuado el pago correspondiente por la labor desempe\u00f1ada.<\/p>\n
4. Indican, que Guiomar Bibiana Peralta Robledo, indag\u00f3 al respecto, no obstante, asegura que el 3 de febrero anterior, un funcionario de asuntos laborales le inform\u00f3 que no se hab\u00eda realizado el pago, debido a que el \u00e1rea financiera no emiti\u00f3 el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal a su nombre suyo como secretaria encargada del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas. <\/p>\n
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5. Aducen, que, aunque Diana Carolina Su\u00e1rez Bedoya, se desempe\u00f1\u00f3 como juez en el lapso antes rese\u00f1ado, lo cierto es que no ha recibido la remuneraci\u00f3n correspondiente, en tanto que los emolumentos percibidos corresponden a su cargo como secretaria de despacho, precisando que ese \u00abhecho no corresponde a la realidad y es producto de una nota marginal en un CDP, que ni siquiera cuenta con fundamento legal y mucho menos constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Destacan, que la situaci\u00f3n enunciada vulnera sus prerrogativas puesto que, de un lado Guiomar Bibiana Peralta Robledo est\u00e1 desempleada y el pago de su salario, es el \u00fanico ingreso que tiene, el cual debi\u00f3 haber sido cancelado en la n\u00f3mina de enero de 2021, y del otro, Diana Carolina Su\u00e1rez Bedoya presenta diferentes afecciones de salud, adem\u00e1s, afirma que el salario que recibe por parte de la Rama Judicial no es suficiente para atender todas sus obligaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene a las autoridades convocadas (i) \u00abque reconozca y pague a Guiomar Bibiana Peralta Robledo el pago de los salarios, prestaciones sociales y bonificaci\u00f3n judicial, quien se desempe\u00f1\u00f3 como secretaria en provisionalidad en el Juzgado 4 Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Garant\u00edas durante el per\u00edodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021, as\u00ed como la indexaci\u00f3n de dichos valores y en consecuencia, se sirva Exonerar a Diana Carolina Suarez Bedoya de dicha responsabilidad, pues la profesional del derecho no labor\u00f3 para ella, sino para el Estado, por urgencia y necesidad del servicio\u00bb, (ii) \u00ab que reconozca y pague a Diana Carolina Suarez Bedoya la diferencia salarial dejada de percibir, durante el tiempo de su designaci\u00f3n en encargo como Juez 4 Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, en raz\u00f3n a que \u00fanicamente se le cancel\u00f3 salario como secretaria, ordenando igualmente el reconocimiento, liquidaci\u00f3n y pago de la diferencia de las prestaciones sociales y bonificaci\u00f3n judicial\u00bb, (iii) \u00abque efect\u00fae la indexaci\u00f3n de las sumas adeudadas, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 192 incisos 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta la f\u00f3rmula de matem\u00e1tica financiera acogida por el Consejo de Estado\u00bb, (iv) \u00abque realice los respectivos tramites administrativos, las correcciones y ajustes para que emitan las correspondientes resoluciones de pago y CDP, de acuerdo a los derechos adquiridos por Diana Carolina Suarez Bedoya y Guiomar Bibiana Peralta Robledo en concordancia con las resoluciones de nombramiento (resoluci\u00f3n 156 del primero de diciembre de 2020 y la Resoluci\u00f3n 11 del 21 de diciembre de 2020). Se expida adem\u00e1s, certificaci\u00f3n de tiempo de servicio en el Juzgado 4 Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Director Ejecutivo Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, relat\u00f3 que mediante oficio DESAJME20-6186, del 25 de noviembre de 2020, dirigido al doctor Francisco Javier Morales D\u00edaz, Juez Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, se inform\u00f3 sobre el certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de sus vacaciones, resaltando que \u00ab(\u2026) es importante aclarar que, si el reemplazo es con personal vinculado a esos despachos Judiciales, no genera reconocimiento para el pago de diferencia salarial\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que la anterior determinaci\u00f3n encuentra sustento en la Ley 344 de 1996, la cual consagra en su art\u00edculo 18 que \u00ablos servidores p\u00fablicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendr\u00e1n derecho al pago de la remuneraci\u00f3n se\u00f1alada para el empleo que se desempe\u00f1a temporalmente, mientras su titular la est\u00e9 devengando. Ninguna entidad territorial u organismo del Estado podr\u00e1 encargar provisionalmente a servidor p\u00fablico alguno para ocupar cargos de mayor jerarqu\u00eda sin la disponibilidad presupuestal correspondiente. El funcionario que contravenga lo dispuesto en este inciso incurrir\u00e1 en falta disciplinaria y ser\u00e1 responsable civilmente por los efectos del mismo\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que no ha transgredido las prerrogativas que reclaman las gestoras, por lo que solicit\u00f3 que se declarara la improcedencia del ruego. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia adujo que el asunto objeto de debate en la acci\u00f3n de tutela compete atenderlo a la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Medell\u00edn, por lo tanto, sostiene que esa corporaci\u00f3n no tiene ninguna responsabilidad frente al particular de conformidad con las funciones legales contenidas en el art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Andrea Arboleda Ot\u00e1lvaro indic\u00f3 que \u00abes cierto que labor[\u00f3] en el cargo de oficial mayor en el Juzgado 4 Penal de Control de Garant\u00edas de Medell\u00edn, desde el 10 de diciembre al 31 de 2020, y solo hasta el 10 de febrero de 2021, se [le] efect\u00fao el pago con relaci\u00f3n a los d\u00edas laborados en ese despacho. Con relaci\u00f3n a Guiomar Bibiana Peralta Robledo, [le] consta que trabaj\u00f3 en el mismo despacho desde el 22 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en el cargo de Secretaria debido a que la titular de ese cargo, la doctora Diana Carolina Suarez Bedoya fue nombrada como Juez encargada, y al margen de lo anterior es muy dif\u00edcil que una solo persona pueda asumir dos cargos al mismo tiempo, y adem\u00e1s que los Juzgados Municipales tienen una alta carga de trabajo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El titular del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas advirti\u00f3 que \u00abdebe ordenarse v\u00eda tutela, el reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas, en tanto se presumenveraceslas afirmaciones de la abogada Guiomar Bibiana Peralta frente a su condici\u00f3n econ\u00f3mica y su afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital, al no percibir remuneraci\u00f3n alguna, por la labor desempe\u00f1ada entre el 21 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no resulta efectivo para tramitar sus pretensiones, en raz\u00f3n a que debe cesar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la accionante y acudir a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, le implicar\u00edan esperar entre 1 y 3 a\u00f1os, para la resoluci\u00f3n de su caso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abfrente al pago solicitado por Diana Carolina Suarez Bedoya, se considera que si bien cuenta con el mecanismo ordinario del medio de control de nulidad y restablecimientopara lograr el pago de la diferencia salarial, por habers desempe\u00f1ado como Juez 4 Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, debe ampararse en sede de tutela, por la misma raz\u00f3n que lo que sucede con Guiomar Bibiana Peralta, pues aduce una serie de responsabilidades econ\u00f3micas a su cargo, como la de sus padres que son adultos mayores y que cuentan condiferentes patolog\u00edas, as\u00ed como el nivel de endeudamiento que posee, que f\u00e1cilmente puede ser demostrado por la accionada, a quien le corresponde la carga de la prueba, con solo verificar el comprobante de n\u00f3mina\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, pidi\u00f3 que se desvinculara del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional neg\u00f3 la salvaguarda arguyendo que incumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto que \u00ab(\u2026) no obra prueba que las accionantes hayan realizado actuaciones administrativas o judiciales encaminadas a hacer valer sus aparentes derechos fundamentales vulnerados frente a las entidades tuteladas \u2013 no han agotado todos los mecanismos judiciales de defensa que consagra el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, argumentando, en s\u00edntesis que el tribunal a quo (i) \u00abni siquiera se hizo menci\u00f3n de los medios de prueba que fueron aportados con la demanda, lo que de plano indica que ni siquiera se hizo un an\u00e1lisis de las mismas, para efectos de verificar si las mismas respaldaban o no, la tesis de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, (ii) \u00abni siquiera se hizo menci\u00f3n de los medios de prueba que fueron aportados con la demanda, lo que de plano indica que ni siquiera se hizo un an\u00e1lisis de las mismas (\u2026) el Juez de Tutela, debi\u00f3 decretar pruebas adicionales que permitieran esclarecer lo pertinente a la grave afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital, en tanto Guiomar contaba con el dinero de su salario para pagar arriendo, alimentaci\u00f3n y cuestiones propias de su manutenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agregan, que el problema jur\u00eddico se plante\u00f3 de manera equivocada, que no se realiz\u00f3 un estudio jur\u00eddico y probatorio en relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable, y destacan, que la tutela es viable para reclamar acreencias laborales cuando de ellas se deriva el \u00fanico sustento del trabajador, por lo que concluyen que \u00abla negaci\u00f3n del amparo constitucional no tiene motivaci\u00f3n, ni razonamiento jur\u00eddico v\u00e1lido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por las convocantes, por cuanto, supuestamente, han omitido el pago de los salarios y prestaciones sociales causados con ocasi\u00f3n del desempe\u00f1o de sus labores en los cargos de Juez y Oficial Mayor, respectivamente, en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas durante el peri\u00f3do comprendido entre el 21 de diciembre de 2020, y el 11 de enero de 2021. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este excepcional mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
Al revisar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del instrumento constitucional en la medida que incumple el requisito que viene de comentarse. <\/p>\n
En efecto, se configura la segunda modalidad, porque las gestoras no acreditaron que, efectivamente, hubiesen acudido ante las entidades accionadas para proponer el debate que es objeto de la presente tutela, es decir, acerca de la supuesta omisi\u00f3n en relaci\u00f3n con la asignaci\u00f3n de presupuesto, que permita consecuencialmente el pago de los salarios y prestaciones sociales derivadas del trabajo que desempe\u00f1aron en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medell\u00edn con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas durante el el 21 de diciembre de 2020, y el 11 de enero de 2021. <\/p>\n
En virtud de lo enunciado, habr\u00e1 de precisarse que, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le son propias a determinadas autoridades, por lo tanto, el incumplimiento al presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones expuestas en esta instancia, en tanto que incumple el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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