STC3666-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3666-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2021-00045-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 26 de febrero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Fundaci\u00f3n Instituci\u00f3n Prestadora \u2013 IPS Unipamplona en liquidaci\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Arnoldo Sep\u00falveda Medina, Daniel Arnoldo, Jinny Jackson, Zaidy Omaira y Jhenny Derly Sep\u00falveda Ram\u00edrez, y la Asociaci\u00f3n Sindical Sintraservisalud del N. de S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso sin dilaciones injustificadas\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no entregar los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial deprecados en el ejecutivo n\u00b0 2017-00164. <\/p>\n
Que, no obstante encontrarse \u00abnegociando y haciendo acercamientos con los proveedores para llegar a un fin en com\u00fan, para beneficiar a las dos partes\u00bb, el accionado \u00abest\u00e1 retardando la entrega de los dep\u00f3sitos reclamados sin ninguna justificaci\u00f3n, dilatando y atentando en contra del proceso liquidatorio de la entidad (\u2026), del patrimonio de la misma [y] yendo en contra de la circular N\u00b0 PCSJ20 expedida por el honorable Consejo Superior de la Judicatura\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se le ordene al despacho judicial convocado \u00abla entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que se reclaman\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Secretario del Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, inform\u00f3 que \u00ablos dineros consignados en el proceso ejecutivo 2017-00164-00 se orden\u00f3 ponerlos a disposici\u00f3n dentro del proceso ejecutivo impropio radicado bajo el n\u00famero 54-001-31-53-001-2017-00196-00 seguido en este mismo juzgado por ARNOLDO SEP\u00daLVEDA MEDINA Y OTROS contra IPS UNIPAMPLONA Y COMPARTA EPS, dentro del cual se solicit\u00f3 el remanente o los bienes que se llegaren a desembargar, raz\u00f3n por la cual no es posible entregarlos a la parte demandada aqu\u00ed accionante. Para mayor ilustraci\u00f3n y conforme se solicita, adjunto remito en su totalidad el proceso ejecutivo que origina esta tutela, el cual consta de 402 folios\u00bb. <\/p>\n
2. Arnoldo Sep\u00falveda Medina, Daniel Arnoldo, Jinny Jakson, Zaidy Omaira y Jhenny Derly Sep\u00falveda Ram\u00edrez, demandantes en proceso ejecutivo n\u00b0 2017-00196, adelantado contra la ac\u00e1 querellante y \u00abCOMPARTA EPS-S\u00bb tras fallo estimatorio de uno por \u00abresponsabilidad m\u00e9dica\u00bb, solicitaron \u00abdeclarar improcedente la acci\u00f3n constitucional\u00bb, ya que de cara a la orden de pago que libr\u00f3 el accionado por los conceptos de perjuicios morales y costas el 26 de febrero de 2020, \u00abCOMPARTA EPS-S el d\u00eda 14 de mayo de 2020, abon\u00f3 (\u2026), equivalente al 50% de capital y costas procesales (\u2026), sin que a la fecha la IPS UNIPAMPLONA en liquidaci\u00f3n haya tenido voluntad de cancelar la obligaci\u00f3n, haciendo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 lo pretendido al establecer, luego de detallar la actuaci\u00f3n surtida en el proceso objeto de cr\u00edtica, que \u00abno resulta ser cierto que el funcionario cuestionado hubiere guardado silencio en relaci\u00f3n con la solicitud que la accionante dice incontestada [ya que] su primera petici\u00f3n data del 5 de octubre de 2020, [frente a la cual] se emiti\u00f3 un prove\u00eddo del 30 de octubre [indic\u00e1ndose] que no pod\u00eda hacerse devoluci\u00f3n de dep\u00f3sitos pues el Banco Agrario no mostraba que estuvieran constituidos. Al parecer IPS UNIPAMPLONA no percat\u00f3 esa decisi\u00f3n, pues el 12 de noviembre pas\u00f3 un nuevo escrito haciendo ver que su pedido inicial estaba a\u00fan irresoluto\u00bb, respecto del cual tambi\u00e9n \u00abhubo pronunciamiento el 25 de noviembre, exponi\u00e9ndose que se hac\u00eda indispensable requerir a Bancolombia para que explicara el origen de unos fondos remitidos\u00bb. Adem\u00e1s, dijo que no era viable el reintegro de tales dineros, porque estos \u00abfueron afectados por un embargo de remanente decretado en favor de un proceso adelantado en el mismo Juzgado Primero Civil del Circuito\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n advirti\u00f3 que, si bien \u00ablas cautelas fueron levantadas desde el 29 de enero de 2020, la ejecutada gestion\u00f3 su devoluci\u00f3n \u00abhasta dentro de 8 meses despu\u00e9s\u00bb, siendo que \u00abera suya la carga (\u2026) pedirle al juez la devoluci\u00f3n de los dineros liberados\u00bb, y agreg\u00f3 que la accionante, tampoco recurri\u00f3 \u00abla decisi\u00f3n del 30 de octubre, en la que neg\u00f3 la devoluci\u00f3n tras no hallar los dep\u00f3sitos en el portal del Banco Agrario\u00bb, y tal \u00abincuria\u00bb no es posible enmendarse a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la demandante para aseverar que el tribunal a-quo \u00abno tuvo en cuenta [que] con fecha 29 de enero de 2020, el despacho resolvi\u00f3 decretar el levantamiento de las medidas cautelares [siendo] obligaci\u00f3n expedir los respectivos oficios [pero] el juzgado nunca [los] expidi\u00f3\u00bb; que como los dineros fueron consignados \u00aben el mes de octubre de 2020\u00bb el accionado \u00abno puede disponer\u00bb de ellos, \u00abes decir que por ninguna raz\u00f3n debe tomar nota de remanente (\u2026), toda vez que las medidas est\u00e1n levantadas y por demora en el tr\u00e1mite secretarial (expedir los oficios), la entidad financiera transfiri\u00f3 recursos sin duda alguna son de [su] propiedad\u00bb, pero para cuando pidi\u00f3 su devoluci\u00f3n de los dineros, en el proceso \u00abno exist\u00edan notas de remanentes dentro del mismo por el despacho de origen\u00bb, por ello, \u00abson de la IPS UNIPAMPLONA, absolutamente de nadie m\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la promotora del resguardo, porque dentro del proceso ejecutivo n\u00b0 2017-00164, no dispuso la entrega y pago de los dep\u00f3sitos judiciales consignados como consecuencia de las medidas cautelares decretadas en su contra, las cuales se encuentran levantadas por acuerdo transaccional celebrado entre las partes. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia ha decantado con suficiencia que los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela son: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el supuesto de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar. <\/p>\n
De igual modo, esta Corte ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que \u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC2188-2021, 5 mar. 2021, rad. 00006-01). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, del an\u00e1lisis pertinente que se realiza tanto a los argumentos de la queja constitucional como a la informaci\u00f3n proporcionada por la autoridad querellada y a la que se extracta de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
3.1. En efecto, motiva la presente reclamaci\u00f3n el hecho de que el querellado no hubiera hecho entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que se hallaban a su disposici\u00f3n, sin embargo, frente a la reclamaci\u00f3n en comento -realizada por la hoy tutelante el 5 de octubre de 2020-, el juzgado por auto del 30 del mismo mes y a\u00f1o, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y \u00abneg\u00f3 la devoluci\u00f3n de los dep\u00f3sitos\u00bb, aduciendo que al constatar el portal del Banco Agrario \u00abno se observ\u00f3 dinero alguno\u00bb que correspondiera a la peticionaria. <\/p>\n
Posteriormente, con prove\u00eddo del 25 de noviembre de 2020, el juzgado indic\u00f3 que antes de resolver sobre la entrega, deb\u00eda corroborar si dicha consignaci\u00f3n correspond\u00eda o no al proceso a su cargo, y para ello orden\u00f3 \u00aboficiar a la entidad bancaria a fin de que informe sobre la orden de embargo que origin\u00f3 el dep\u00f3sito judicial puesto a nuestra disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la foliatura revisada evidencia que, con auto del 18 de febrero de 2021, la autoridad judicial convocada dispuso \u00abtomar atenta nota de la solicitud de remanente procedente del proceso ejecutivo impropio radicado bajo el N\u00b0 54001315300120170019600, adelantado en este mismo juzgado\u00bb, y como consecuencia orden\u00f3 que \u00ablos dineros consignados y las medidas cautelares levantadas\u00bb dentro del ejecutivo 2017-00164, se pusieran \u00aba disposici\u00f3n del mencionado proceso [2017-00196], haciendo la conversi\u00f3n pertinente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, en asuntos como el que acaba de revisarse, retoma vigencia el precedente seg\u00fan el cual \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC10171-2020, 19 nov. 2020, rad. 00512-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio implorado, toda vez que la controversia planteada por la actora, no amerita la intervenci\u00f3n del fallador constitucional, en tanto no se avizora que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n la autoridad convocada hubiera afectado sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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