STC3668-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3668-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00050-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 17 de febrero de 2021, que neg\u00f3 la tutela de C\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A. contra la Superintendencia de Sociedades; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial expediente n\u00ba 38720. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, la sociedad solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la entidad convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, en el a\u00f1o 2014 el se\u00f1or Jos\u00e9 Augusto Cadena Rojas se convirti\u00f3 en el mayor accionista del club de futbol C\u00facuta Deportivo y que, bajo su mando, el equipo super\u00f3 diversas dificultades deportivas y administrativas hasta que \u00abocurri\u00f3 el zarpazo de la Superintendencia de Sociedades, que inici\u00f3 un proceso de reestructuraci\u00f3n que desemboc\u00f3 en la liquidaci\u00f3n judicial (\u2026)\u00bb que, con fundamento en la ley 1116 de 2006 establece una serie de \u00absanciones y medidas dr\u00e1sticas\u00bb contra la sociedad intervenida, entre ellas, la liquidaci\u00f3n judicial \u00ab(\u2026) embargo y secuestro de bienes, haberes y derechos de propiedad [\u2026] finalmente, el remate de los activos de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la Superintendencia como juez del concurso, en proceso de \u00fanica instancia, resolvi\u00f3 declarar el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, su terminaci\u00f3n y, en consecuencia, la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial \u2013 acta 2020-01-594053 de 11 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esencialmente que, el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n contin\u00fae siendo de \u00fanica instancia, y que se le impida a la empresa intervenida impugnar ante un superior las determinaciones que el juez concursal adopta, pese a que este tipo de asuntos tienen un car\u00e1cter \u00absancionatorio\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, manifest\u00f3 que, \u00abestas decisiones concentradas en un solo funcionario sometidas solo al recurso de reposici\u00f3n, es contrario a lo dispuesto mediante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 8 de julio de 2020, donde se reiter\u00f3 que para garantizar la posibilidad efectiva de recurrir los fallos ante autoridad distinta de la que determin\u00f3 la responsabilidad, debe existir doble instancia y doble conformidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 sobre el tema en particular que, la \u00abConvenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos, \u201cPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, adoptado el 22 de noviembre de 1968 [\u2026] Colombia como Estado parte [\u2026] reconoci\u00f3 la competencia de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido [\u2026] [y que] la Corte Interamericana [\u2026] ha concebido el concepto y la actividad del control de convencionalidad entendido como la obligaci\u00f3n que tienen los jueces de cada uno de los Estados partes, de efectuar control de legalidad y de constitucionalidad en los asuntos de su competencia (\u2026)\u00bb, de forma que, en esa l\u00ednea, le corresponder\u00eda al poder judicial aplicar el contenido de la Convenci\u00f3n, y en consideraci\u00f3n a que la doble instancia \u00abse configura como un derecho humano\u00bb, implica que la Superintendencia de Sociedades como \u00f3rgano de vigilancia, al asumir las funciones jurisdiccionales, garantice \u00ab(\u2026) el principio de la doble conformidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se ordene a la \u00abSuperintendencia de Sociedades suspender los efectos del acta 2020-01-594053 que orden\u00f3 entre otras cosas declarar el incumplimiento del Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n de la sociedad C\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A. y decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de esa sociedad (\u2026) se ordene suspender los encuentros de la Liga Betplay Dimayor 2021 a fin de proteger los derechos de la sociedad accionante para salvaguardar los derechos en discusi\u00f3n (\u2026) se ordene a la Superintendencia de Sociedades, como protecci\u00f3n [\u2026] remitir el acta 2020-01-594053 al superior jer\u00e1rquico garantizando la doble conformidad establecida en el art\u00edculo 8\u00ba literal H de la CADH\u00bb. <\/p>\n
1. El liquidador del \u00abC\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A. en liquidaci\u00f3n\u00bb, se opuso a las pretensiones de la demandada indicando que, Jos\u00e9 Augusto Cadena Rojas, \u00abya no es el representante legal de esa sociedad, porque fue removido del cargo al fracasar la etapa previa de reorganizaci\u00f3n empresarial adelantada ante la Superintendencia de Sociedad, siendo ahora el liquidador \u00fanico representante legal de la entidad\u00bb, quien no autoriza la acci\u00f3n temeraria ac\u00e1 promovida. <\/p>\n
2. Por su parte, el Intendente Regional de Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades, en su calidad de juez del concurso, relacion\u00f3 todo lo acontecido en la causa en cuesti\u00f3n y, en particular, sobre la decisi\u00f3n proferida en audiencia del 11 de noviembre de 2020, consignada en acta N\u00b0 425-001193, que declar\u00f3 incumplido el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y dispuso la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial de los bienes del \u00abC\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A.\u00bb, sostuvo que se adecu\u00f3 a la normativa espec\u00edfica y que actu\u00f3 dentro del marco de sus competencias. <\/p>\n
Adicionalmente, aclar\u00f3 que no fue la Superintendencia la que oficiosamente intervino al C\u00facuta Deportivo, sino que, el tr\u00e1mite se inici\u00f3 producto de \u00ablas m\u00faltiples reiteradas denuncias de incumplimiento por parte de los distintos acreedores de la sociedad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto a la censura principal plasmada en la demanda, indic\u00f3 que \u00abes equivocada la afirmaci\u00f3n realizada al expresar que el proceso de insolvencia es sancionatorio [\u2026] por el contrario, la finalidad [\u2026] es la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb, por lo que, el hecho de que el proceso se tramite en \u00fanica instancia \u00abno configura violaci\u00f3n al debido proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al encontrar razonable la decisi\u00f3n proferida el 11 de noviembre de 2020 por la Superintendencia de Sociedades en la que declar\u00f3 el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n de la sociedad \u00abC\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A.\u00bb y decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
De otro lado, sobre la aplicaci\u00f3n de la doble instancia al referido juicio concursal, precis\u00f3 que es la ley la que fija el tr\u00e1mite y procedimiento, y que, el que sea de \u00fanica instancia, corresponde a \u00abla libertad de configuraci\u00f3n normativa del legislador en materia de doble instancia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el abogado de la sociedad querellante, insistiendo en los argumentos expuestos en la demanda. A\u00f1adi\u00f3 que el tr\u00e1mite de tutela se encuentra afectado de nulidad, por cuanto la acci\u00f3n fue inicialmente radicada ante un juez civil del circuito de Bogot\u00e1, que luego, la remiti\u00f3 al Tribunal Superior de Bucaramanga para su conocimiento en primera instancia, desconoci\u00e9ndose que la vulneraci\u00f3n se halla en \u00ablas decisiones administrativas [discutidas] [\u2026] y tomadas en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb; adem\u00e1s, aleg\u00f3 que, comoquiera que la entidad de control es una autoridad \u00abdel orden nacional\u00bb la competencia \u2013 seg\u00fan el decreto 1983 de 2017 \u2013 es de los jueces del circuito, y explic\u00f3 finalmente que \u00ab(\u2026) no se cuestiona actuaci\u00f3n alguna de la accionada en ejercicio de las funciones jurisdiccionales, por el contrario, lo pretendido es la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, derecho de defensa y seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad actora en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial \u2013 expediente n\u00ba 38720 \u2013 por declarar el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y ordenar la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial \u2013 auto de 11 de noviembre de 2020 \u2013 sin conceder la posibilidad de impugnar dicha determinaci\u00f3n ante un juez de superior jerarqu\u00eda en aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda de la doble instancia, desatendiendo, supuestamente, lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, 1969). <\/p>\n
2. Nulidad alegada por la accionante. <\/p>\n
El apoderado de la actora, en el escrito impugnatorio plante\u00f3 la invalidez del tr\u00e1mite tutelar por la supuesta falta de competencia del Tribunal Superior de Bucaramanga para conocerlo en primer grado; en tal sentido, adujo que eligi\u00f3 radicar la tutela en la ciudad de Bogot\u00e1 en consideraci\u00f3n del factor territorial, porque \u00abes el lugar en donde ocurre la vulneraci\u00f3n o amenazada de los derechos fundamentales [\u2026] y coincide con la sede de la entidad tutelada\u00bb; as\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que, por ser la Superintendencia una entidad del orden nacional, de acuerdo con las reglas de reparto establecidas en el decreto 1983 de 2017 \u00abart\u00edculo 1\u00ba numeral 2\u00bb le concierne avocar la demanda a los jueces del circuito. <\/p>\n
Sin embargo, los argumentos expuestos por el abogado que representa los intereses del C\u00facuta Deportivo S.A., no pueden ser de recibo para la Sala, por lo que pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
Conviene precisar en primer lugar que, seg\u00fan lo contemplado en el art\u00edculo 6\u00ba de la ley 1116 de 2006, los procedimientos de insolvencia empresarial, como los de reorganizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n judicial, son conocidos de manera concurrente por la Superintendencia de Sociedades o por los jueces civiles del circuito, competencia esta \u00faltima que se replica en el numeral 2\u00ba del canon 19 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De otra parte, el art\u00edculo 24 ejusdem define los asuntos en los que las entidades administrativas como las superintendencias ejercen funciones jurisdiccionales, y el par\u00e1grafo 3\u00ba de la misma disposici\u00f3n determina que, en los procedimientos all\u00ed enlistados, ocupan funcionalmente el mismo lugar de los jueces civiles del circuito, y por lo tanto \u00abtramitar\u00e1n los procesos a trav\u00e9s de las mismas v\u00edas procesales previstas en la ley para los jueces\u00bb. <\/p>\n
Partiendo de esa comprensi\u00f3n, si la tutela se dirige, como en este caso, contra la Superintendencia de Sociedades en calidad de juez concursal, atendiendo lo previsto en el numeral 10\u00ba art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1983 de 20171, inexorablemente le incumbe asumirla en primera instancia a los tribunales superiores de distrito, como efectivamente ocurri\u00f3. <\/p>\n
Por lo tanto, no existe raz\u00f3n para relevar del conocimiento de la presente demanda, en primera instancia, al tribunal a quo a fin de remitir las diligencias a los juzgados civiles del circuito de Bogot\u00e1 como lo pretende el abogado de la accionante, pues la asignaci\u00f3n de la acci\u00f3n a esa corporaci\u00f3n se entiende ajustada a las se\u00f1aladas reglas de reparto, de manera que no puede abrirse paso la nulidad deprecada, debi\u00e9ndose mantener inc\u00f3lume la actuaci\u00f3n procesal surtida. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto analizado, desde ya anticipa la Sala que confirmar\u00e1 la negativa del amparo porque pronto se advierte la ausencia del presupuesto atr\u00e1s referenciado, esto es, no encontrarse acreditada la amenaza o efectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que invoca la accionante como desconocidos por la autoridad de control acusada. <\/p>\n
Sea lo primero destacar que, seg\u00fan se extrae del contenido de la demanda, la sociedad actora, al margen de cuestionar las decisiones proferidas al interior del tr\u00e1mite concursal, dirigi\u00f3 su inconformidad de manera puntual al hecho de no contar con la posibilidad de impugnar, ante un juez de superior jerarqu\u00eda, las determinaciones que en dicho juicio profiere la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Tal discusi\u00f3n la soporta el mandatario de la tutelante en los acuerdos convencionales consagratorios de los derechos humanos que Colombia refrend\u00f3 en el marco del bloque de constitucionalidad, y que resaltan la preponderancia del derecho a la doble instancia entre las garant\u00edas judiciales. <\/p>\n
Empero, el debate que pretende provocar el actor, fue abordado por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela en anteriores ocasiones, estableci\u00e9ndose una posici\u00f3n consolidada: los tr\u00e1mites de los que trata la ley 1116 de 2006 son de \u00fanica instancia y las determinaciones que se profieran al amparo de dicha normativa, no son apelables. <\/p>\n
En lo atinente, en un fallo tutelar, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se revela trascendente insistir en la inviabilidad de apelar las decisiones adoptadas en asuntos como el criticado, pues el r\u00e9gimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006, tiene como finalidad \u201c(\u2026) la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo (\u2026)\u201d; y para el efecto, dise\u00f1\u00f3 una arquitectura compatible con los \u201cprocesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial (art. 1\u00ba) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esta manera, todos los tr\u00e1mites y herramientas, \u201cen su integridad\u201d, contenidas en ese compendio normativo, se encuentran encaminadas a lograr la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica y reactivaci\u00f3n de la empresa, garantizando su viabilidad cuando sea posible, y, en caso contrario, adelantar la liquidaci\u00f3n pertinente. Lo antelado, entendiendo el papel preponderante de las empresas dentro del sistema financiero y en la estructura econ\u00f3mica de la sociedad. <\/p>\n
Por tanto, para alcanzar los cometidos precedentes, el legislador entendi\u00f3 indispensable crear un procedimiento caracterizado por la eficiencia y la celeridad, en el cual, las autoridades cognoscentes adoptar\u00edan sus decisiones en el menor tiempo posible, preservando los intereses y derechos, tanto de la sociedad intervenida como de sus acreedores y, por esa senda, impedir el estancamiento del aparato econ\u00f3mico o la aniquilaci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas, con la promoci\u00f3n de procesos extenuantes. <\/p>\n
La persona jur\u00eddica mercantil sometida a esta actuaci\u00f3n judicial se infiere, atraviesa un per\u00edodo cr\u00edtico para su normal funcionamiento, por causa de insolvencia o de cualquier otro fen\u00f3meno, atentatorio inclusive de su existencia; por ende, requiere para su recuperaci\u00f3n de la estructuraci\u00f3n de institutos procesales que procuren resolver sus incumplimientos obligacionales eficazmente, los cuales no pueden convertirse en mecanismos de destrucci\u00f3n, sino en medios para apalancar su resurgimiento, el empleo y la generaci\u00f3n de riqueza para todos los que intervienen en el ciclo econ\u00f3mico. <\/p>\n
Una de las principales medidas para llevar a cabo este cometido, en procura de un salvamento pronto es el ya citado par\u00e1grafo 1\u00b0 del canon 6 ej\u00fasdem, seg\u00fan el cual, \u201c(\u2026) el proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de \u00fanica instancia (\u2026)\u201d, como instrumento para evitar un litigio interminable (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, las normas anteriores que regulaban la materia, tambi\u00e9n atend\u00edan el mismo cometido: lograr un tr\u00e1mite preferente, eliminando expresamente o limitando la posibilidad de apelar las determinaciones adoptadas, en actuaciones tan relevantes. <\/p>\n
La Ley 550 de 1999 estatuy\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 39: \u201c(\u2026) Las acciones revocatorias y de simulaci\u00f3n (\u2026) se tramitar\u00e1n ante la Superintendencia de Sociedades, en \u00fanica instancia y a trav\u00e9s del procedimiento verbal sumario (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la Ley 222 de 1995 consign\u00f3 que en el tr\u00e1mite concordatario adelantado por la Superintendencia de Sociedades, las siguientes providencias, entre otras, s\u00f3lo podr\u00e1n controvertirse a trav\u00e9s de reposici\u00f3n: i) lo resuelto en la audiencia preliminar (art. 129); la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos (art. 133); y iii) la declaratoria de cumplimiento del acuerdo (art. 141). Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n que fija fecha para la audiencia final \u201cno tendr\u00e1 recurso alguno\u201d (art. 130). En lo concerniente a la acci\u00f3n revocatoria dispuso que se surtir\u00e1 conforme al proceso abreviado (art. 146). <\/p>\n
El Decreto 410 de 1971 estableci\u00f3, las \u201c(\u2026) acciones de revocaci\u00f3n, de simulaci\u00f3n y de disoluci\u00f3n se tramitar\u00e1n y decidir\u00e1n como incidente dentro del proceso de quiebra (\u2026) se fallar\u00e1n en la sentencia de reconocimiento y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, para lo cual el juez estimar\u00e1 todas las pruebas que obren tanto en el proceso civil como en el penal (\u2026)\u201d (art. 1972), fallo que en esa oportunidad pod\u00eda apelarse en el efecto devolutivo (art. 1981) <\/p>\n
El argumento relativo con algunas de las leyes precedentes que permit\u00edan la doble instancia tocante con la cuesti\u00f3n debatida, no halla asiento f\u00e9rtil, pues no todas esas normas la autorizaban. Por el contrario, la \u00faltima vigente antes de entrar en vigor la actual, la Ley 550 de 1999, la prohib\u00eda expresamente; claro, sin olvidar que esos compendios se encuentran derogados al d\u00eda de hoy. <\/p>\n
Adem\u00e1s, todas esas leyes, al un\u00edsono, dejan entrever el \u00e1nimo muy razonable por construir recursos, concordatos o insolvencias \u00e1giles y expeditas, en las cuales las apelaciones son excepcionales o inexistentes para mantener la productividad, pero tambi\u00e9n para proteger las fuentes de empleo\u00bb (CSJ STC8123-2016). <\/p>\n
En otro asunto, donde un tribunal superior habilit\u00f3 la segunda instancia en un proceso de insolvencia regido por la ley 1116, surtido ante un juez civil del circuito, la Sala advirti\u00f3 necesario intervenir como fallador constitucional a fin de enmendar dicha tramitaci\u00f3n, para lo cual explicit\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La incorrecci\u00f3n en que cay\u00f3 la corporaci\u00f3n accionada aconteci\u00f3 por cuanto pas\u00f3 por alto que conforme al ordenamiento jur\u00eddico, seg\u00fan lo tiene dicho el derecho pretoriano, el auto denegatorio de la iniciaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n -en este evento de persona natural comerciante- es inapelable, conforme as\u00ed lo regula el art\u00edculo 18 de la Ley 1116 de 2006, \u00ab[p]or la cual se establece el r\u00e9gimen de insolvencia empresarial en la Rep\u00fablica de Colombia y se dictan otras disposiciones\u00bb, mismo que establece que \u00ab[e]l proceso de reorganizaci\u00f3n comienza el d\u00eda de expedici\u00f3n del auto de iniciaci\u00f3n del proceso por parte del juez del concurso. La providencia que decrete la iniciaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n no ser\u00e1 susceptible de ning\u00fan recurso. La que lo niegue s\u00f3lo ser\u00e1 susceptible del recurso de reposici\u00f3n, que podr\u00e1 ser interpuesto por el deudor o el acreedor o acreedores solicitantes. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 6\u00ba de la presente ley\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ende, al haberse pronunciado como ad quem, acerca del mentado prove\u00eddo, se arrog\u00f3 una atribuci\u00f3n sin tener fundamento para lo propio en la ley, lo que depara un proceder caprichoso de su parte. <\/p>\n
(\u2026) Acerca de la improcedencia del aludido medio impugnativo vertical en punto de la providencia de marras, esta Sala ha expresado: <\/p>\n
En CSJ STC6883-2016, 26 may. 2016, rad. 2016-00054-01, adujo que \u00ab[d]e manera liminar, debe precisarse que en el caso bajo estudio no proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo de rechazo del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, como equivocadamente lo indic\u00f3 el Tribunal constitucional de primera instancia, puesto que el inciso segundo del art\u00edculo 18 de la Ley 1116 de 2006, dispone que la providencia que niegue la iniciaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n \u00fanicamente ser\u00e1 susceptible de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A su vez, en CSJ STC7676-2016, 9 de jun. 2016, rad. 2016-00058-01, relev\u00f3: <\/p>\n
\u201cPreliminarmente, la Corte observa que el numeral 4\u00b0 del par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 1116 de 2006, se\u00f1ala de manera taxativa como apelables, <\/p>\n
Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los tr\u00e1mites previstos en esta ley, solo tendr\u00e1n recurso de reposici\u00f3n, a excepci\u00f3n de las siguientes contra las cuales procede el recurso de apelaci\u00f3n, en el efecto en que respecto de cada una de ellas se indica: 1. La de apertura del tr\u00e1mite, en el devolutivo. 2. La que apruebe la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, en el devolutivo. 3. La que rechace pruebas, en el devolutivo. 4. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la decrete en el efecto suspensivo. 5. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo. 6. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la niegue, en el devolutivo. 7. Las que impongan sanciones, en el devolutivo. 8. La que declare cumplido el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, en el efecto suspensivo y la que lo declare incumplido en el devolutivo. <\/p>\n
Y, al tenor del canon 18 de la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n
El proceso de reorganizaci\u00f3n comienza el d\u00eda de expedici\u00f3n del auto de iniciaci\u00f3n del proceso por parte del juez del concurso. La providencia que decrete la iniciaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n no ser\u00e1 susceptible de ning\u00fan recurso. La que lo niegue s\u00f3lo ser\u00e1 susceptible del recurso de reposici\u00f3n, que podr\u00e1 ser interpuesto por el deudor o el acreedor o acreedores solicitantes. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 6o de la presente ley. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en aplicaci\u00f3n estricta de la mencionada normativa, no era viable la formulaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n [\u2026] (negrilla original). <\/p>\n
Asimismo, en CSJ STC7781-2016, 13 jun. 2016, rad. 2016-00057-01, manifest\u00f3 que \u00ab[e]st\u00e1 acreditado que la interesada agot\u00f3, previo a interponer este auxilio, las v\u00edas ordinarias de defensa a su disposici\u00f3n, pues inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al auto nugatorio de su petitorio. Ahora, no debe reproch\u00e1rsele, como lo hizo el Tribunal constitucional a quo, su omisi\u00f3n de formular apelaci\u00f3n contra tal determinaci\u00f3n, por cuanto, el prove\u00eddo que niega la apertura del citado juicio, seg\u00fan el art\u00edculo 6 de la Ley 1116 de 2006, no se halla enlistado como apelable\u00bb (STC11096-2016). <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, y en consonancia con la postura reiterada en estos eventos por la Corte, debe indicarse que no cabe acudir a este auxilio a recriminar la inapelabilidad de las providencias dictadas por la Superintendencia de Sociedades en los juicios concursales, pues el car\u00e1cter de \u00fanica instancia que los reviste tiene estricto sustento legal. <\/p>\n
Adicionalmente, esa estructura procedimental fue dise\u00f1ada por el legislador actuando dentro de su \u00f3rbita de libertad de configuraci\u00f3n normativa, que en nada ri\u00f1e con las previsiones convencionales o pactos multilaterales adoptados por Colombia citados por el censor. <\/p>\n
Ahora bien, dicho sea de paso, el aludido literal h, numeral 2, art\u00edculo 8\u00ba del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos se refiere a las garant\u00edas de \u00edndole procesal aplicables a las causas penales o sancionatorias que, ciertamente, no concuerdan con el caso objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Prescindiendo de la \u00faltima acotaci\u00f3n, frente a las controversias que se suscitan sobre las reglas procedimentales, esta Corte ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar que en \u00abtemas alusivos al tr\u00e1mite al que deben someterse las discrepancias tra\u00eddas a la jurisdicci\u00f3n y, por tanto, anejas a las formas propias de cada litis o proceso, son aspectos que la ley se los reserva, son de su exclusivo resorte, lo que implica que solo ella gobierna en los t\u00e9rminos que considere la forma de rituarse esas disputas; y, salvo que la propia normatividad lo autorice, el funcionario judicial no puede variar las etapas se\u00f1aladas ni los mecanismos de censura a las decisiones que profiera\u00bb (CSJ STC10979-2014, 19 ago. 2014, rad. 2014-01102-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en lo atinente a la libertad de configuraci\u00f3n normativa de la que goza el legislador, la Corte Constitucional dijo que, \u00ab[e]n relaci\u00f3n con el principio de la doble instancia, como ya se se\u00f1alaba, \u00e9ste tiene un v\u00ednculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca la protecci\u00f3n de los derechos de quienes acuden al Estado en busca de justicia. Sin embargo, como lo ha puesto de presente reiteradamente la Corte, dicho principio no hace parte del contenido esencial del debido proceso ni del derecho de defensa en todos los campos, pues la propia Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 31, establece que el Legislador podr\u00e1 consagrar excepciones al principio general, seg\u00fan el cual toda sentencia es apelable o consultable\u00bb (ver, entre otros fallos, C-788 de 2002; C-1091 de 2003; C-561 de 2004; C-1233 de 2005; C-005 de 1996; C-095 de 2003; C-040 de 2002; y, C-900 de 2003). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede tenerse como una irregularidad procesal el hecho de que el juicio de reorganizaci\u00f3n empresarial adelantado por la Superintendencia de Sociedades respecto de la sociedad C\u00facuta Deportivo Futbol Club S.A., se tramite en \u00fanica instancia, pues aquello, como se puntualiz\u00f3, obedece al desarrollo y observancia del especial r\u00e9gimen legal aplicable a dichos asuntos. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, y al no advertirse la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados, se impone confirmar la negativa de la salvaguarda por las puntuales razones advertidas en esta sede de conocimiento. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme se encuentra ratificado en los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, los procesos de reorganizaci\u00f3n empresarial a la luz de la ley 1116 de 2006 seguidos ante la Superintendencia de Sociedades, son de \u00fanica instancia y, como la tramitaci\u00f3n cuestionada se ajust\u00f3 a esa normativa, ninguna vulneraci\u00f3n o desconocimiento de derechos fundamentales puede atribuirse a la accionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3668-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC3668-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00050-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54108","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54108"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54108\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}