STC3671-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3671-2021 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 1 de marzo de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Rogelio Narv\u00e1ez Luna, Willinton y Eulogio Zamora contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en nombre propio, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio (radicaci\u00f3n 2015-00120). <\/p>\n
2. Del confuso escrito introductor, se desprende que los memorialistas cuestionan lo resuelto en el tr\u00e1mite previamente referenciado, toda vez que, en su criterio, la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura ha generado \u00abDESPLAZAMIENTO, AMENAZAS Y TERRORISMO EN NUESTRA COMUNIDAD (\u2026)\u00bb. As\u00ed mismo, se\u00f1alan que la autoridad enjuiciada no ha resuelto la petici\u00f3n por ellos formulada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se infiere que buscan que se conmine al despacho encartado a dar respuesta a su solicitud y que se invalide la sentencia dictada en esa causa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La autoridad convocada requiri\u00f3 \u00abdeclarar la carencia de objeto por hecho superado frente al derecho de petici\u00f3n y la improcedencia de la presente acci\u00f3n respecto de las actuaciones realizadas por este despacho judicial dentro del referido proceso de pertenencia, por no cumplir los requisitos de procedibilidad\u00bb, toda vez que \u00abla tutela no puede utilizarse para reabrir el debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces ordinarios\u00bb. Por \u00faltimo, agreg\u00f3 que \u00ablos accionantes no hicieron parte dentro del proceso de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
2. Los vinculados Osmarth Al\u00ed Mart\u00ednez Sinisterra y Jorge Riva Campaz manifestaron que \u00abdentro del proceso los aqu\u00ed accionantes, no se hicieron parte ni intervinieron en el mismo, por tanto, carecen de legitimidad para atacar dicho proceso y su sentencia, el cual se encuentra surtiendo pleno derecho, por encontrase ejecutoriado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del resguardo, porque \u00abse advierte que estando en curso la presente solicitud de amparo constitucional, la c\u00e9lula judicial encartada ha emitido una respuesta frente a una petici\u00f3n que, aunque no coincide con la fecha de presentaci\u00f3n, resuelve respecto de la pretensi\u00f3n principal de la misma, esto es, la nulidad de la sentencia expedida dentro del proceso de Prescripci\u00f3n Extraordinaria Adquisitiva de Dominio radicado bajo el Nro. 76-109-31-03-002-2015- 00120-00, indistintamente de que esta haya sido de agrado o no de los interesados. Por manera que se satisfizo lo pretendido por el promotor de la tutela con este mecanismo supralegal\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El extremo convocante recurri\u00f3 la precitada providencia, sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial denunciada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los promotores, por, supuestamente, no atender una solicitud que habr\u00edan formulado en el curso de un tr\u00e1mite de pertenencia (radicaci\u00f3n 2015-00120). <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo), en raz\u00f3n a que aquellos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, rad. 4822; y 20 mar. 2000, rad. 4867, reiterada, en otras, en STC2408-2019, 28 feb.) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis, y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, precisa esta Sala que habr\u00e1 de ratificarse la inviabilidad del resguardo, teniendo en cuenta que lo solicitado por los interesados, a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n, corresponde a una actuaci\u00f3n directamente ligada al proceso, como es pretender \u00abla nulidad\u00bb de todo lo actuado en esa causa \u2013pues, en su criterio, \u00aben tierras [b]ald\u00edas no se puede prescribir un predio\u00bb\u2013; de modo que, bajo esa perspectiva, este mecanismo deviene impr\u00f3spero. <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n se advierte que, en el curso del amparo, m\u00e1s precisamente el 22 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura procedi\u00f3 a dar respuesta al requerimiento de los accionantes y aport\u00f3 copia de la comunicaci\u00f3n enviada a aquellos, en la cual les indic\u00f3 que \u00abel derecho de petici\u00f3n ante autoridades judiciales se torna improcedente para lograr actuaciones estrictamente judiciales, ya que \u00e9stas se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, en este caso los se\u00f1alados en los c\u00f3digos de Procedimiento Civil y General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, refiri\u00f3 que, si lo pretendido por los memorialistas era la invalidaci\u00f3n de lo decidido, por las escuetas razones invocadas, \u00abme permito manifestarles que las nulidades procesales se deben solicitar en cualquier etapa procesal siempre y cuando se haga antes de que se dicte la sentencia, por lo que en este momento es improcedente hacer esa petici\u00f3n\u00bb. Finalmente, el juzgado querellado se\u00f1al\u00f3 que, \u00abuna vez visto el expediente, se observa que [Rogelio Narv\u00e1ez, quien elev\u00f3 la petici\u00f3n como \u201cvocero de la comunidad\u201d, la cual fue coadyuvada por los dem\u00e1s recurrentes], no hace parte dentro del proceso, por lo tanto, no estar\u00eda legitimado para realizar actuaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que, pese a la prenotada improcedencia de este tipo de peticiones cuando se trata de asuntos estrictamente jurisdiccionales, la c\u00e9lula encartada resolvi\u00f3 el pedimento de los inconformes \u2013con independencia de que el sentido haya sido o no favorable para sus intereses\u2013 raz\u00f3n por la cual se ratifica la inviabilidad del auxilio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se proh\u00edja la desestimaci\u00f3n del tribunal a quo, toda vez que, se itera, el derecho de petici\u00f3n no es la v\u00eda adecuada para solicitar o cuestionar aspectos vinculados al proceso, y, en todo caso, la autoridad absolvi\u00f3 las inquietudes de los recurrentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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