STC3698-2021<\/p>\n
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Magistrado ponente <\/p>\n
STC3698-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de marzo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Daniel G\u00f3mez Rivera contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida \u00abdigna\u00bb, a la igualdad, a la \u00abpaz\u00bb, a la petici\u00f3n, al debido proceso, a \u00abtener una familia y no ser separado de ella y crecer en el seno de una familia monoparental\u00bb, y, a la \u00abprevalencia de los derechos de los ni\u00f1os sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, al haber confirmado en sede de homologaci\u00f3n, la resoluci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Manizales en el marco del proceso administrativo de restablecimientos de derechos de su hermano, el menor XXXX. <\/p>\n
Solicita entonces, i) \u00abasign[ar] [a su favor y en contra de su madre] una cuota para costear los gastos de la matr\u00edcula en la UNIVERSIDAD\u00bb; ii) \u00abasign[ar] la custodia de [su] hermano a [su] padre\u00bb; iii) \u00abse tomen medidas en la COMISAR\u00cdA para impedir que [su] abuela y madre hagan todo tipo de maniobras para impedir que [su] hermano comparta tiempo con [\u00e9l] y [su] padre (\u2026) y que permitan al menos 2 llamadas telef\u00f3nicas diarias de 15 minutos de duraci\u00f3n todos los d\u00edas\u00bb; iv) \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia No. 187 del Juzgado Sexto de Familia (\u2026) y se retire la custodia provisional de [su] hermanito a los abuelos maternos. Y en su lugar se la den a [su] progenitor\u00bb; v) \u00abcompul[sar] copia a la Procuradur\u00eda para que se investigue a la COMISAR\u00cdA TERCERA DE MANIZALES y al Juzgado Sexto de Familia de Manizales\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su reparo aduce en s\u00edntesis y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que \u00e9l y su hermano menor, en la actualidad tienen 19 y 5 a\u00f1os de edad, respectivamente, y que \u00e9l reside junto con su progenitor y su hermano con la progenitora; sin embargo, en su caso puntual, y a pesar de que aqu\u00e9lla cuenta con recurso econ\u00f3micos suficientes, se niega a apoyarlo con los costos de la matr\u00edcula universitaria, gastos que asumi\u00f3 su padre, a pesar de que el 21 de enero de 2020, aqu\u00e9lla ofreci\u00f3 una cuota de alimentos a su favor por $250.000 mensuales, m\u00e1s sin embargo, \u00abal momento de conciliar, ella se desconect\u00f3 sin dar razones\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala de otra parte, que aunque en el proceso de restablecimiento de derechos de su consangu\u00edneo, no solo no se acreditaron los hechos de violencia intrafamiliar alegados por su madre, pues ciertamente ella abandon\u00f3 el hogar desde \u00abmarzo de 2020\u00bb, sino que no se le indag\u00f3 al menor sobre su deseo de permanecer con alguno de los padres, el Juzgado Sexto de Familia de Manizales, en sede de homologaci\u00f3n, confirm\u00f3 la Resoluci\u00f3n del 18 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual, la Comisar\u00eda Tercera de la misma localidad, de una parte, concedi\u00f3 la custodia y cuidado provisional de aquel a sus \u00ababuelos maternos\u00bb quienes por su avanzada edad, son mayores de 70 a\u00f1os, presentan \u00abParkinson severo\u00bb e \u00abhipertensi\u00f3n y obesidad mordida\u00bb; y por la otra, estableci\u00f3 un r\u00e9gimen de visitas que dice, es \u00abirreal\u00bb, lo que les ha generado a ambos hermanos, cuadros mentales con manejo \u00abpsiqui\u00e1trico\u00bb. <\/p>\n
Indica que en la anterior determinaci\u00f3n se omiti\u00f3, que su madre \u00abtiene una enfermedad mental de origen gen\u00e9tico\u00bb y que por recomendaci\u00f3n del m\u00e9dico tratante, se sugiri\u00f3 que no deber\u00eda tener \u00abla custodia\u00bb del v\u00e1stago, pues se han ocasionado hechos de violencia por su parte; a mas que, no fueron notificados de la fecha de la visita domiciliaria social, raz\u00f3n por la cual, cuando se presentaron los funcionarios de la Comisaria, nadie los atendi\u00f3. <\/p>\n
Manifiesta que en el periodo de vacaciones, esto es, el 27 de noviembre de 2020 estando en la ciudad de Pasto, advirtieron junto a su padre que el ni\u00f1o estaba \u00abmuy mal, con much\u00edsimo miedo a todo\u00bb, y despu\u00e9s de la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica se \u00abdescubri\u00f3 que el abuelo materno le p[e]gaba con correa, que [la] madre le pegaba con una rama\u00bb, circunstancia que ocasion\u00f3 que acudiera a las Comisarias de la citada urbe, y, que la familia materna se presentar abruptamente, para llevarse al infante a con destino a la primera de las citadas ciudades, por lo que advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
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1. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas precis\u00f3, que en cuento refiere a la queja por la falta de la cuota alimentaria, el actor cuenta con mecanismo en la jurisdicci\u00f3n ordinaria para su consecuci\u00f3n; y en punto de la decisi\u00f3n criticada \u00ablo que se busc\u00f3 en este caso en concreto FUERON EL PROTEGER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NI\u00d1O XXXX, en tener una familia y en este caso AL ESTAR AL CUIDADO DE SU FAMILIA EXTENSA EN CABEZA DE LOS ABUELOS MATERNOS SE\u00d1ORES MARIA OBEIDA ARENAS Y ERASMO RIVERA\u00bb. <\/p>\n
b.) La Juez Sexta de Familia de la referida ciudad, precis\u00f3 que en el asunto puesto en su conocimiento, encontr\u00f3 que la autoridad administrativa \u00abrespet\u00f3 el debido proceso, la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en pruebas legalmente decretadas, practicadas y sometidas a contradicci\u00f3n, principalmente las valoraciones psicosociales efectuadas al menor y a los progenitores, realizadas por el equipo interdisciplinario de la Comisar\u00eda, pericias que quedaron en firme sin ninguna observaci\u00f3n por cuenta de las partes, decisi\u00f3n en la que adem\u00e1s se privilegi\u00f3 el inter\u00e9s superior del menor, siendo informados respecto a que el proceso id\u00f3neo que les correspond\u00eda adelantar, era el de custodia y cuidado personal del menor\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 adem\u00e1s, que \u00abde la lectura de la misma tutela, la vulneraci\u00f3n no proviene de las decisiones institucionales, sino precisamente de la falta de observancia por parte de los progenitores y al parecer de sus respectivas familias, de los ordenamientos contenidos en la resoluci\u00f3n PARD, as\u00ed como en la falta de compromiso en el cumplimiento de sus deberes y de las recomendaciones realizadas por varios profesionales con la finalidad de lograr el bienestar emocional de su hijo menor de 5 a\u00f1os y de otorgarle garant\u00edas de sus derechos, pues viene siendo afectado por la complicada separaci\u00f3n de sus progenitores, como se deduce de los mismos hechos de la tutela, advirtiendo que de tiempo atr\u00e1s vienen acudiendo a las v\u00edas de hecho, so pretexto de buscar lo mejor para el menor XX a quien han convertido en el centro de este penoso conflicto\u00bb. <\/p>\n
c.) El Procurador 15 Judicial II de Familia, no solo aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa del quejoso, sino que indic\u00f3 que no se ha lesionado prorrogativa alguna en la actuaci\u00f3n administrativa referida, pues \u00ab[o]bs\u00e9rvese que las partes involucradas en el expediente de violencia intrafamiliar de que tratamos estuvieron asistidas por profesionales del derecho, el tr\u00e1mite e incluso la decisi\u00f3n final de la Comisar\u00eda Tercera de Familia dio respuesta a todas y cada una de las diversas argumentaciones enfrentadas, llegando a la conclusi\u00f3n de que el sitio donde se encontraba en su momento el menor \u2013 el de la familia extensa \u2013 era el m\u00e1s adecuado para considerar que en el mismo tiene las suficientes garant\u00edas de un ambiente sano, al punto que a los padres se les fij\u00f3 cuota alimentaria e incluso se les regularon visitas, obligaciones que definitivamente, frente a los mutuos incumplimientos denunciados respecto al ni\u00f1o \u2013se insiste- existen los mecanismos legales para exigir su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
d.) El se\u00f1or Julio Alfredo G\u00f3mez Insuasty envi\u00f3 copia del oficio que remiti\u00f3 el d\u00eda 23 de febrero de 2021 al Juzgado accionado y a la Comisar\u00eda Tercera de Manizales; por \u00faltimo, pidi\u00f3 ser tenido como coadyuvante en el presente asunto. <\/p>\n
e.) El Comisario Tercero de Familia de la referida localidad, frente a la cuota alimentaria pretendida inform\u00f3 que en ese Despacho se llev\u00f3 a cabo diligencia de conciliaci\u00f3n extraprocesal sobre regulaci\u00f3n de obligaci\u00f3n alimentaria en favor de Juan Daniel G\u00f3mez Rivera y en audiencia virtual se aprobaron acuerdos parciales; sin embargo, una vez terminada, se procedi\u00f3 a enviar copia del acta a las partes interesadas para su respectiva firma, las cuales no fueron devueltas. <\/p>\n
f.) Finalmente el apoderado judicial de los se\u00f1ores Mar\u00eda Oveida Arenas, Erasmo Rivera, Liliana Mar\u00eda Rivera Arenas quien act\u00faa en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo XXXX, manifestaron que el actor ha descontextualizado todas las circunstancias acaecidas en el hogar, al punto que esta es una tercera acci\u00f3n de tutela, contra la progenitora, quien \u00abjam\u00e1s\u00bb a atentado contra sus hijos, y ha sido el padre de \u00e9stos junto con el actor, quienes desatendiendo las ordenes de la Comisar\u00eda de Familia, sustrajeron sin su consentimiento al menor y lo llevaron a la ciudad de pasto. <\/p>\n
Indicaron en punto de los alimentos perseguidos por el inconforme, que si bien no se aprob\u00f3 el acta de conciliaci\u00f3n, lo cierto es que, el progenitor como profesional de la medicina cuenta con todos los recursos econ\u00f3micos para solventar sus gastos, m\u00e1xime cuando, por el ni\u00f1o menor, solo tiene la obligaci\u00f3n alimentaria por $150.000. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que, por una parte, la tem\u00e1tica particular relacionada con la cuota de alimentos, la matr\u00edcula universitaria y el acceso a llamadas telef\u00f3nicas con el menor de edad, ya fueron objeto de 2 pronunciamientos anteriores; y, por la otra, que el accionante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00abno tiene la representaci\u00f3n del menor, y, por tanto, quien deber\u00eda hacerlo ser\u00eda alguno de sus progenitores. Tampoco se indica que act\u00faa como agente oficioso de su se\u00f1or padre, ni tampoco se acredit\u00f3 alguna imposibilidad de que \u00e9ste ejerciera su propia defensa o la del menor y m\u00e1s cuando el se\u00f1or Julio Alfredo G\u00f3mez se pronunci\u00f3 dentro del tr\u00e1mite tutelar por lo cual se refuerza la idea de que es \u00e9l o la progenitora y no otra persona quienes deben interponer la acci\u00f3n de amparo\u00bb, a m\u00e1s que \u00abno es ni parte procesal, ni tampoco es un tercero interviniente en el proceso censurado por v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n
Con todo, advirti\u00f3 que \u00abes claro que el Juzgado accionado s\u00ed analiz\u00f3 los medios de convicci\u00f3n arrimados al proceso, puesto que valor\u00f3 los informes rendidos por diferentes profesionales que dan cuenta de la situaci\u00f3n en la que se halla el menor de edad; as\u00ed como tambi\u00e9n sopes\u00f3 las actuaciones rendidas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos del ni\u00f1o Julio. Por consiguiente, en el evento sub examine resulta menester aseverar que no se observa la existencia de la conculcaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados en el libelo genitor, porque las apreciaciones que hizo la Juez de conocimiento no se observan caprichosas ni antojadizas, mostr\u00e1ndose amparadas en motivos razonables, conllevando a que el reclamo constitucional quede reducido a una manifestaci\u00f3n de disenso en frente del criterio de la autoridad judicial natural\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando, que de conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 1098 de 2006, se encuentra legitimado en busca de \u00abla protecci\u00f3n de [su] hermano\u00bb, pues no solo, por el \u00abnegacionismo\u00bb de la familia materna, no ha concurrido a \u00ablas citas de psiquiatr\u00eda pedi\u00e1trica, que han sido ordenadas\u00bb, sino que, contrario a lo expuesto por el a quo, la consulta sobre su deseo de permanencia con los progenitores, la hizo la Comisaria de Familia y no el \u00abequipo interdisciplinario\u00bb, a m\u00e1s que no es de recibo mantener la custodia provisional en cabeza de los abuelos maternos, m\u00e1s a\u00fan cuando su madre tiene una patolog\u00eda \u00abpsiqui\u00e1trica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el pleito. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formula, se advierte que el se\u00f1or Juan Daniel pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que se ordene al Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, dejar si valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 16 de diciembre de 2020 por el Juzgado Sexto de Familia de Manizales a trav\u00e9s de la cual, resolvi\u00f3 \u00abHomologar\u00bb la Resoluci\u00f3n No. 097 del 18 de noviembre anterior, mediante la cual la Comisar\u00eda Tercera de Familia de la misma ciudad declar\u00f3 \u00abque el menor XXXX no tiene derechos vulnerados y dispuso mantener la medida de ubicaci\u00f3n con la familia extensa, es decir en el hogar de los abuelos maternos\u00bb, en el marco del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos del citado menor, pues en su criterio, se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el informe de las autoridades convocadas, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb (CSJ STC8313-2020). <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que, \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C.C. ST-878 de 2007). <\/p>\n
No obstante, en el presente caso observa la Sala, que el accionante, Juan Daniel G\u00f3mez Rivera, est\u00e1 solicitando a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, y en nombre propio, tal como lo ratific\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n, la invalidez de una serie de actuaciones adelantadas al interior de un proceso especial donde no integra alguno de los extremos de la litis y tampoco ha intervenido como tercero con inter\u00e9s reconocido, raz\u00f3n por la cual, sin duda, carece de inter\u00e9s para pedir el reclamo constitucional, pues se tiene por averiguado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC831-2020). <\/p>\n
3.2. As\u00ed mismo, sin perjuicio de lo expuesto, y teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n aludida recae sobre un menor de edad, t\u00e9ngase en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2.1. El Juzgado convocado, para confirmar lo decidido por la autoridad administrativa cognoscente, y acoger en \u00faltimas la determinaci\u00f3n en cuanto a la custodia provisional del menor, en cabeza de los abuelos maternos, luego de memorar, no solo, todas y cada una de las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite destacando su pertinencia en lo que interesaba, y la normatividad que rige la puntual materia en cuanto la prevalencia de los derecho de los infantes, precis\u00f3 que el asunto puesto a su conocimiento \u00abse encuentra ajustado a derecho\u00bb por cuanto que la autoridad que conoci\u00f3 del asunto es la competente, y la decisi\u00f3n criticada \u00abse constituy\u00f3 a partir de pruebas claras, suficientes y contundentes que buscaban precaver la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y propender por su inter\u00e9s superior, dentro de un contexto de violencia intrafamiliar que se hab\u00eda venido presentando desde tiempo atr\u00e1s a causa de las conductas conflictivas y reiterativas entre sus padres LILIANA MAR\u00cdA RIVERA ARENAS Y JULIO ALFREDO G\u00d3MEZ INSUASTY, pues como result\u00f3 probado, la pugna entre aquellos hab\u00eda ocasionado la formulaci\u00f3n de diferentes denuncias ante distintas autoridades administrativas y judiciales y tuvo su detonante en el mes de marzo del presente a\u00f1o, en el que la pareja se separ\u00f3 de cuerpos y la se\u00f1ora Liliana se traslad\u00f3 con su peque\u00f1o hijo hacia la ciudad de Manizales al hogar en el que habitan sus padres MARIA OBEIDA ARENAS Y JOSE ERASMO RIVERA, dejando inicialmente al menor bajo su cuidado y protecci\u00f3n. <\/p>\n
Momento para el cual el ni\u00f1o XX lleg\u00f3 a ocupar el hogar de sus abuelos maternos mostrando afectaciones emocionales derivadas de las mismas situaciones de tensi\u00f3n vividas entre sus padres y reflejadas inicialmente en la encopresis y conductas de agresividad, que con el tiempo y seg\u00fan los informes de las valoraciones realizadas por el equipo psicosocial de la Comisar\u00eda, han ido siendo superadas por el menor\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, se\u00f1al\u00f3 que lo protecci\u00f3n se hac\u00eda necesaria, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abel se\u00f1or JULIO ALFREDO se traslad\u00f3 hacia Manizales en compa\u00f1\u00eda de su otro hijo mayor de edad (\u2026), instal\u00e1ndose en la ciudad con el \u00e1nimo de ejercer de forma permanente su rol de padre y atender los requerimientos del PARD, al igual que la se\u00f1ora LILIANA MAR\u00cdA a quien despu\u00e9s de haberse reintegrado laboralmente en la ciudad de Neiva, le fue diagnosticado un tipo de c\u00e1ncer que la condujo a regresar a esta ciudad para su tratamiento, estando en mayor medida al tanto de las necesidades de XX, pues vive en la parte baja de la casa de sus padres. <\/p>\n
Tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos que como se advirti\u00f3, ha conducido a ambos padres a permanecer en la ciudad, hasta tanto no se supere y solucione legalmente la situaci\u00f3n de ruptura entre ellos, pretendiendo con la ayuda de terapias psicol\u00f3gicas a trav\u00e9s de la E.P.S. a la cual se encuentran afiliados, generarles mejores canales de comunicaci\u00f3n y las herramientas necesarias para un manejo efectivo de todas las pautas asertivas de crianza, sin que medie el inter\u00e9s de obtener la custodia sobre el menor por encima de su bienestar\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en referencia a los argumentos expuestos en la determinaci\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n, cuestionada por el progenitor del ni\u00f1o, indic\u00f3 que \u00abtuvo como enfoque dar prevalencia al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o (\u2026) y garantizar la protecci\u00f3n integral de sus derechos, sin que en momento alguno se pueda calificar aquella como desacertada, al disponer la continuaci\u00f3n del ni\u00f1o en ubicaci\u00f3n con su familia extensa, para el caso concreto con sus abuelos maternos, pues precisamente tal disposici\u00f3n surgi\u00f3 en acatamiento a las sugerencias realizadas por las profesionales a trav\u00e9s de las diferentes valoraciones y dict\u00e1menes rendidos durante el proceso, al ser sus abuelos (\u2026), quienes representan por ahora los sujetos garantes de brindarle una estabilidad psicol\u00f3gica y emocional que le permita seguir alcanzando su desarrollo integral, hasta tanto se defina mediante el proceso judicial correspondiente, su custodia y cuidado personal con todas las reglamentaciones necesarias para exigir su cumplimiento (\u2026)\u00bb, <\/p>\n
Ahora en relaci\u00f3n a la queja respecto a la edad de los abuelos paternos, indic\u00f3 que a m\u00e1s que dicha critica va en contra del bloque de constitucionalidad, \u00aben ning\u00fan momento han representado una limitante para atender de forma integral las necesidades de su nieto, garantiz\u00e1ndole hasta ahora todos sus derechos como bien qued\u00f3 plasmado en el respectivo fallo y sin que aquello fuera rese\u00f1ado por el equipo interdisciplinario de la Comisar\u00eda de Familia como un impedimento para su efectiva crianza provisional\u00bb; acogiendo adem\u00e1s el concepto del Ministerio P\u00fablico, en punto que si la progenitora sufre de una posible enfermedad mental, \u00ab(\u2026)\u201csimplemente corroborar\u00eda la necesidad de intervenci\u00f3n de la familia extensa materna en virtud del principio de corresponsabilidad (\u2026)\u201d\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abhan sido los abuelos maternos los primeros llamados a brindar cuidado y protecci\u00f3n como familia extensa m\u00e1s pr\u00f3xima al menor y que puede ser por ahora garante de sus derechos, tal como lo establece tambi\u00e9n el art\u00edculo 154 del C.C.\u00bb, acompa\u00f1amiento que \u00abno obstante, los abuelos han podido tambi\u00e9n realizar con la ayuda constante de los progenitores (\u2026), al estar conviviendo la se\u00f1ora [madre] (\u2026) en la parte baja de su casa y el se\u00f1or [padre] a unas cuantas cuadras de la vivienda, consiguiendo as\u00ed proveer al menor de toda la atenci\u00f3n y cuidado que requiere desde el punto de vista afectivo, acad\u00e9mico y recreacional\u00bb. <\/p>\n
Concluyendo entonces, que \u00abcontrario a como lo pretende hacer ver el progenitor con su oposici\u00f3n a la medida definida en el presente caso, aquella era la indicada considerando como raz\u00f3n adicional para realizar dicha afirmaci\u00f3n, que al momento del fallo emitido por la autoridad administrativa, aunque los progenitores han tratado de llegar a acuerdos para regular un r\u00e9gimen de visitas acorde a los intereses del menor, los mismos son incumplidos constantemente al parecer con el \u00e1nimo de entorpecerse entre s\u00ed sus actuaciones y descuidando lo realmente importante para el caso que es el inter\u00e9s superior del menor el cual debe prevalecer por encima de sus proyecciones individuales como padres y rencores o insatisfacciones que hayan quedado de su pasado como pareja\u00bb <\/p>\n
3.2.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Juzgado criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto en un proceso en el que, se itera, no fue reconocido como parte ni tercero con inter\u00e9s, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis probatorio y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuada. <\/p>\n
3.2.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Juzgado endilgado se soport\u00f3, precisamente, en los hechos, los medios de prueba legalmente recaudados, las normas y la jurisprudencia que eran aplicables al asunto debatido, que permitieron determinar la necesidad imperiosa de mantener las medidas de protecci\u00f3n respecto del infante, no por causa de uno de los progenitores, sino por ambos, que en raz\u00f3n de su ruptura como pareja se han concentrado en peleas y denuncias ante distintas autoridades, descuidando entonces el bienestar de su hijo, lo que precisamente conllev\u00f3 a que se apelara a la familia extensa, en cabeza de sus abuelos maternos1, hasta que aqu\u00e9llos logren solucionar de manera definitiva sus desavenencias, y puedan lograr a trav\u00e9s del proceso judicial respectivo la custodia del ni\u00f1o con alguno de los padres. <\/p>\n
3.2.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC3841-2020). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
3.2.5. En un caso de contornos parecidos esta Sala precis\u00f3 que \u00ab[n]o existe duda, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el juzgador accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la promotora del amparo ni de su menor hija, quien est\u00e1 al cuidado de su padre y sus abuelos paternos, personas que hacen parte de su familia y no est\u00e1 acreditado que se encuentren incapacitados de alguna manera para hacerse cargo de ella\u00bb (CSJ STC6109-2015). <\/p>\n
4. Finalmente resta advertir al actor, que el ante el incumplimiento de los deber que tienen los padres para con sus hijos, y en este caso, los abuelos materos quienes ostentan la custodia provisional del ni\u00f1o, no se debe acudir indiscriminadamente a la acci\u00f3n constitucional, pues para la vigilancia, seguimiento y protecci\u00f3n de los derechos de infante, es la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Manizales quien conoce del proceso administrativo y puedo tomar las medidas pertinente para la satisfacci\u00f3n de las prorrogativas de aqu\u00e9l. <\/p>\n
5. Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Ver art\u00edculo 23 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC3698-2021 Magistrado ponente STC3698-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de marzo de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}