STC3699-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3699-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2021-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de marzo de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Fernando Casta\u00f1eda P\u00e1ez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro y la Comisar\u00eda de Familia de dicha localidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio de alimentos a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n del juicio de revisi\u00f3n de alimentos que en su contra instaur\u00f3 Leydi Julieth Salcedo V\u00e1squez en nombre y representaci\u00f3n de sus menores hijos X, YYYY con Rad. 2021-00008-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro, Santander, \u00abdeclar[ar] la nulidad del auto del 10 de febrero de 2021 que inadmiti\u00f3 la demanda de aumento de cuota alimentaria, y en su lugar, se profiera nuevo auto inadmisorio que requiera a la parte demandante para que acredite la citaci\u00f3n de la parte demandada a la diligencia de conciliaci\u00f3n extraprocesal que se fijara por la Comisar\u00eda de Familia del Socorro para el 29 de diciembre de 2020, so pena de rechazo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja, expone en s\u00edntesis, que la se\u00f1ora Leydi Julieth instaur\u00f3 en su contra el juicio referido, con el prop\u00f3sito de obtener el aumento de la cuota alimentaria pactada a favor de sus menores hijos en la escritura p\u00fablica No. 1189 de fecha 28 de diciembre de 2018, mediante la cual se finiquit\u00f3 por mutuo consentimiento el v\u00ednculo matrimonial que sosten\u00eda con aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Asegura que mediante auto del 10 de febrero pasado, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro inadmiti\u00f3 la anterior demanda, con fundamento en que no se hab\u00eda suministrado la \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb de la apoderada de la parte demandante, y adem\u00e1s, se echaba de menos la constancia del \u00abenv\u00edo de la demanda y sus anexos\u00bb al demandado, as\u00ed que concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para que el extremo activo subsanara dichas falencias. <\/p>\n
Sostiene que la autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, habida cuenta que debi\u00f3 tambi\u00e9n inadmitir el escrito inaugural por la ausencia del presupuesto de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n, pues si bien en un principio fue citado a la celebraci\u00f3n de esa diligencia ante la Comisar\u00eda de Familia de la localidad se\u00f1alada, solicit\u00f3 su aplazamiento para una fecha posterior por cuestiones de \u00abtrabajo inaplazables\u00bb; sin embargo, dice, jam\u00e1s se enter\u00f3 sobre su reprogramaci\u00f3n, por lo que a\u00fan no se ha agotado en debida forma el mentado requisito de procedibilidad. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LA VINCULADA <\/p>\n
b.) Leydi Julieth Salcedo V\u00e1squez, en calidad de demandante dentro del litigio objeto de revisi\u00f3n constitucional, aleg\u00f3 que la vulneraci\u00f3n denunciada es inexistente, toda vez que el actor s\u00ed fue notificado del aplazamiento de la diligencia de conciliaci\u00f3n ante la Comisar\u00eda de Familia accionada, siendo cosa distinta que no haya asistido, quedando as\u00ed agotado ese presupuesto de procedibilidad que le permiti\u00f3 acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria a reclamar el incremento de la cuota alimentaria pactada a favor de sus descendientes. <\/p>\n
c.) En el expediente digital remitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil, no obran respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00abel tr\u00e1mite dado al proceso [cuestionado], se ha ajustado a los par\u00e1metros del estatuto procesal correspondiente, por lo que en dicho acontecer f\u00e1ctico la Sala no evidencia elementos de juicio para colegir que se presentaron vicios como los que enrostra el accionante quien considera que, tambi\u00e9n se deb\u00eda inadmitir la demanda porque no se hab\u00eda agotado en debida forma, el requisito de procedibilidad, pues basta con revisar los anexos de la demanda para encontrar que a folios 63 y 64 est\u00e1 la \u201cConstancia de no asistencia\u201d suscrita por la Comisaria de Familia de Socorro en donde consigna que, el aqu\u00ed accionante fue citado por segunda vez a la audiencia de conciliaci\u00f3n que se llevar\u00eda a cabo el 29 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m. sin que compareciera, por lo que se procedi\u00f3 a levantar la constancia de inasistencia quedando de esta manera agotado el requisito de procedibilidad. As\u00ed las cosas, es evidente que, la precitada constancia de no asistencia, es prueba m\u00e1s que suficiente para acreditar el requisito de procedibilidad que echa de menos el accionante, de conformidad con lo establecido en el art. 2o de la Ley 640 de 2001\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, estim\u00f3 que \u00absi la inconformidad es con la Comisar\u00eda de Familia de Socorro porque seg\u00fan su dicho, no fue citado nuevamente a la diligencia de conciliaci\u00f3n, se tiene que, como primera medida, en el plenario obra prueba de env\u00edo de la citaci\u00f3n, para el d\u00eda 29 de diciembre a las 9:00 a.m. al correo electr\u00f3nico carlosferlibre@hotmail.com que corresponde al actor; y como segunda medida es ante esa autoridad que, impetrando los medios legales de defensa, puede cuestionar lo que pretende se estudie por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo constitucional que s\u00f3lo procede, en trat\u00e1ndose de decisiones judiciales, por una violaci\u00f3n flagrante de los derechos fundamentales atribuible al obrar manifiestamente arbitrario o caprichoso del juzgador, siempre que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa judicial. De esta manera, el juez constitucional no puede invadir la \u00f3rbita de competencia del juez natural, quien tiene garantizado el ejercicio aut\u00f3nomo e independiente de su funci\u00f3n por el propio ordenamiento superior, salvo las extraordinarias circunstancias descritas. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Carlos Fernando se duele, concretamente, del auto del 10 de febrero de la presente anualidad, mediante el cual el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Socorro inadmiti\u00f3 la demanda de revisi\u00f3n de alimentos promovida en su contra por Leydi Julieth Salcedo V\u00e1squez en nombre y representaci\u00f3n de sus menores hijos ACS y JJCS. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisado el expediente digital del proceso censurado, se evidencia sin ninguna dificultad la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que, aunque el actor se duele de la supuesta falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliaci\u00f3n prejudicial previsto por el legislador en el art. 20 de la ley 640 de 2001, no ha acudido ante el juez del proceso a exponer sus quejas frente a la decisi\u00f3n cuestionada, sin que a la tutela puede consider\u00e1rsele como una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos, de conformidad con los postulados del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Ahora, sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que el tr\u00e1mite del juicio de revisi\u00f3n de alimentos criticado apenas se encuentra en la etapa previa de calificaci\u00f3n del libelo, por lo que para el momento de la interposici\u00f3n de la presente salvaguarda, no se le ha realizado a\u00fan al tutelante la notificaci\u00f3n de la contienda, raz\u00f3n por la cual, si ello ha de suceder, el se\u00f1or Carlos Fernando Casta\u00f1eda P\u00e1ez tendr\u00e1 la oportunidad de acudir ante el juez natural con todas las garant\u00edas y recursos judiciales procedentes para exponer las inconformidades por esta v\u00eda expuestas, toda vez que tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la \u00e9sta petici\u00f3n no es una instancia adicional\u00bb (CSJ STC792-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentran involucrados menores de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar sus nombres, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dichas identidades. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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