STC3763-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3763-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00848-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Epifan\u00eda Calder\u00f3n Pati\u00f1o y Diana Elizabeth Sa\u00e9nz Calder\u00f3n al Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez -Santander- y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Javier Gonz\u00e1lez Serrano, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b02015-00058-01, incoado por Segundo Alberto Camacho Vanegas contra las gestoras y otras. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Las reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Las impulsoras Epifan\u00eda Calder\u00f3n Pati\u00f1o y Diana Elizabeth Sa\u00e9nz Calder\u00f3n, la primera en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Gundisalvo Sa\u00e9nz Castillo y, la segunda, hija de aqu\u00e9l, fueron demandadas compulsivamente por Segundo Alberto Camacho Vanegas ante el estrado del circuito confutado, para exigirles el pago de un cr\u00e9dito adquirido por el referido causante, respaldado con hipoteca del 82% de un inmueble. <\/p>\n
Mediante auto de 29 de junio de 2016, se libr\u00f3 orden ejecutiva frente a las tutelantes y se dispuso su notificaci\u00f3n, bajo los ritos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Enteradas de la aludida providencia, las promotoras guardaron silencio y, por tal motivo, en prove\u00eddo de 28 de noviembre postrero, se dispuso seguir adelante con el coercitivo. <\/p>\n
En diligencia de 23 de octubre de 2019, fue rematada la cuota parte del predio hipotecado y, dicho acto se aprob\u00f3 en determinaci\u00f3n de 28 de noviembre ulterior. <\/p>\n
Las precursoras pidieron la nulidad de todo lo rituado alegando (i) indebida notificaci\u00f3n personal de mandamiento de pago; (ii) la aplicaci\u00f3n irregular del derogado art\u00edculo 1434 del C\u00f3digo Civil1; y (iii) no haberse convocado al decurso criticado a los herederos indeterminados de Gundisalvo Sa\u00e9nz Castillo. <\/p>\n
En pronunciamiento de 11 de agosto de 2020, se deneg\u00f3 la invalidez rogada y, por tal motivo, las suplicantes impetraron apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado, quien el 5 de noviembre siguiente, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
Con similares argumentos a los invocados en la nulidad antes referida, las actoras predican la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas y, agregan que el inmueble materia de controversia no se identific\u00f3 adecuadamente por sus linderos, en tanto solo se remat\u00f3 el 82% y, el restante 18%, no fue objeto de la contienda. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, dejar sin efecto todo lo actuado al interior del proceso refutado. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El despacho del circuito encausado defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
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2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
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3. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda, al desatenderse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2. En efecto, se advierte que, entre la presentaci\u00f3n de la demanda de amparo, esto es, 13 de marzo de 2021, y la diligencia de remate del predio en cuesti\u00f3n y su auto aprobatorio, gestiones acaecidas el 28 de octubre y 28 de noviembre de 2019, respectivamente, ha transcurrido, desde la \u00faltima actuaci\u00f3n se\u00f1alada, m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, tiempo que supera el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si las petentes se demoraron en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. En cuanto al segundo presupuesto mencionado, la Sala observa que, acerca de la falta de identificaci\u00f3n de los linderos del inmueble controvertido, en concreto, del 82% rematado y, el 18% restante, tal situaci\u00f3n no fue planteada en la almoneda llevada a cabo el 28 de octubre de 2019, aun cuando las promotoras ten\u00edan la posibilidad de alegar dicha situaci\u00f3n en el rese\u00f1ado acto, seg\u00fan se lo permit\u00edan los incisos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 455 de la Ley 1564 de 20123. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)5\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Tocante a los cargos formulados por las censoras, seg\u00fan los cuales, la tramitaci\u00f3n acusada est\u00e1 afectada de nulidad por (i) indebida notificaci\u00f3n personal de mandamiento de pago; (ii) la aplicaci\u00f3n irregular del derogado art\u00edculo 1434 del C\u00f3digo Civil6; y (iii) no haberse convocado al decurso criticado a los herederos indeterminados de Gundisalvo Sa\u00e9nz Castillo, la salvaguarda tampoco prospera. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto el tribunal enjuiciado, en el auto de 5 de noviembre de 2020, resolvi\u00f3 de manera razonada los rese\u00f1ados reparos enarbolados por las inicialistas, destacando que (i) el enteramiento del mandamiento de pago se consum\u00f3 adecuadamente; (ii) el canon 1434 \u00eddem, en su momento s\u00ed estaba llamado a regular la contienda; y (iii) las actoras carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para alegar la nulidad por las personas indeterminadas. <\/p>\n
Al punto, as\u00ed discurri\u00f3 el colegiado querellado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A] pesar (\u2026) de que los oficios remisorios [de la notificaci\u00f3n personal] no hacen referencia [a] una providencia espec\u00edfica (\u2026) s\u00ed se alude a [las tutelantes] (\u2026). Adem\u00e1s, all\u00ed se menciona el juzgado donde se est\u00e1 tramitando [el litigio], la clase de proceso, qui\u00e9n demand\u00f3 y [la calidad de convocadas de las reclamantes]. Por consiguiente, mal podr\u00eda inferirse que se afect\u00f3 su derecho de defensa\u201d. <\/p>\n
\u201c[Adicionalmente,] la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago [tambi\u00e9n] se efectu\u00f3 [por] aviso y, ese tr\u00e1mite no est\u00e1 siendo cuestionado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[Atinente a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1434 del C\u00f3digo Civil,] como lo denot\u00f3 detallada y correctamente el juzgador de la primera instancia, el C.G. del P., entr\u00f3 en vigencia el 1\u00b0 de enero de 2016, de conformidad con lo normado en el Acuerdo PSAA15-10392 de 1\u00b0 de octubre de 2015, atendidos, igualmente, los acuerdos PSAA13-10073 de 27 de noviembre de 2013 y, PSAA14-10155 de 28 de mayo de 2014. Por consiguiente, si ello fue as\u00ed, [no puede predicarse] que la actuaci\u00f3n cumplida [cuando aun estaba vigente el art\u00edculo 1434 ibidem] (\u2026) deban considerase nulas\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [Frente a la vinculaci\u00f3n de los herederos indeterminados de Gundisalvo Sa\u00e9nz Castillo,] ciertamente [ello] no era un imperativo para todos los procesos ejecutivos que se surt\u00edan con base a las reglas del C\u00f3digo del Procedimiento Civil [pues en el caso, se vincul\u00f3 a los herederos reconocidos en la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9l] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAm\u00e9n de lo anterior, la irregularidad que se predica, si se aceptara, podr\u00eda afectar el derecho de defensa, pero no de [las petentes] como sucesoras determinadas [del causante, porque] a ell[a]s se les notific\u00f3 el t\u00edtulo ejecutivo y [el] mandamiento de pago en la debida forma, raz\u00f3n por la cual, mal podr\u00eda colegirse que (\u2026) detentan inter\u00e9s (\u2026) por la no vinculaci\u00f3n de los [herederos] indeterminados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, como ya se indic\u00f3, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto los yerros alegados sobre (i) la notificaci\u00f3n personal del apremio de pago, (ii) la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1434 del C\u00f3digo Civil; y (iii) la ausencia de integraci\u00f3n al contradictorio de los sucesores indeterminados de Sa\u00e9nz Castillo, no se configuraron. <\/p>\n
Lo anterior porque, cuando las quejosas fueron enteradas de las diligencias, el rese\u00f1ado precepto estaba vigente al momento de emplearse y, las actoras fueron convocadas como herederas reconocidas en la sucesi\u00f3n de Gundisalvo Sa\u00e9nz Castillo y, por ello, no era menester convocar a los sucesores indeterminados de \u00e9ste, pues se presume que al inicio de su causa mortuoria fueron llamados tales personas; adem\u00e1s, la legitimidad para invocar la invalidez est\u00e1 en cabeza del directamente afectado, excluy\u00e9ndose, de contera, a las reclamantes como afectadas de la presunta irregularidad. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, la Corte observa que la determinaci\u00f3n del colegiado refutado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues aqu\u00e9lla se adopt\u00f3 teniendo en cuenta las particularidades de la contienda y la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues el tribunal demandado defini\u00f3 la controversia atendiendo a las pruebas allegadas; por tanto, no pod\u00eda resolverla de la manera rogada por las aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adicionalmente, al interior de las actuaciones cuestionadas, una vez las impulsoras fueron notificadas del mandamiento de pago, no formularon reparo alguno y, en la oportunidad para replicarlo guardaron silencio, al punto que, en virtud de esa conducta, se dispuso seguir adelante con el compulsivo; adem\u00e1s, siguieron actuando sin proponer las irregularidades materia de disenso8, saneando as\u00ed los defectos enarbolados ante esta jurisdicci\u00f3n y, desatendiendo el presupuesto de subsidiariedad antes mencionado. <\/p>\n
Sobre lo enunciado, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) A prop\u00f3sito del \u00absaneamiento\u00bb por la referida causa, que es uno de los principios orientadores de la figura abordada, esta Corporaci\u00f3n en STC18651-2017 reiter\u00f3 que \u00absi el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervenci\u00f3n sino que actu\u00f3 sin proponerla, con tal conducta la sane\u00f3 y por ello no puede alegarla posteriormente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que es inviable otorgar la protecci\u00f3n tuitiva porque no se observa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo (STC8733-2017) (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Igualmente, sobre la tem\u00e1tica materia de controversia, la Sala adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u2018agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u2019); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u2019; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u2018no podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u2019; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u2018la nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como insaneables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u2018proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
Asimismo, se memora, el inciso 1\u00b0, canon 138 \u00eddem, establece: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando se declare la falta de jurisdicci\u00f3n, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio implorado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Epifan\u00eda Calder\u00f3n Pati\u00f1o y Diana Elizabeth Sa\u00e9nz Calder\u00f3n al Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez -Santander- y la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, integrada, de manera unitaria, por el magistrado Javier Gonz\u00e1lez Serrano, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario con radicado n\u00b02015-00058-01, incoado por Segundo Alberto Camacho Vanegas contra las gestoras y otras. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1434. Los t\u00edtulos ejecutivos contra el difunto lo ser\u00e1n igualmente contra los herederos; pero los acreedores no podr\u00e1n entablar o llevar adelante la ejecuci\u00f3n, sino pasados ocho d\u00edas despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n judicial de sus t\u00edtulos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 455. Saneamiento de nulidades y aprobaci\u00f3n del remate. Las irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n (\u2026). Las solicitudes de nulidad que se formulen despu\u00e9s de esta, no ser\u00e1n o\u00eddas (\u2026)\u201d (Se destaca). <\/p>\n
4 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
5 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
6 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 1434. Los t\u00edtulos ejecutivos contra el difunto lo ser\u00e1n igualmente contra los herederos; pero los acreedores no podr\u00e1n entablar o llevar adelante la ejecuci\u00f3n, sino pasados ocho d\u00edas despu\u00e9s de la notificaci\u00f3n judicial de sus t\u00edtulos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
8 \u201c(\u2026) Ley 1564 de 2012 (\u2026) Art\u00edculo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026) 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla (\u2026) 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada (\u2026). 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa (\u2026). 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa (\u2026). Par\u00e1grafo. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia, son insaneables (\u2026)\u201d. (Se destaca). <\/p>\n
9 CSJ. STC926-2020, de 5 de febrero de 2010, exp. 11001-02-03-000-2020-00242-00. <\/p>\n
10 CSJ. STC2623-2020, de 11 de marzo de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-00688-00. <\/p>\n
11 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
12 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC3763-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3763-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00848-00 Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por Epifan\u00eda Calder\u00f3n Pati\u00f1o y Diana Elizabeth Sa\u00e9nz Calder\u00f3n al Juzgado Primero Civil del Circuito de V\u00e9lez -Santander- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}