STC3765-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3765-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00863-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por \u00d3scar Fernando Quintero Mesa a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de otro amparo con radicado 115524, adelantado por el gestor contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, los Juzgados S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, Segundo Civil Municipal, Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y, Primero Penal Municipal, todos de esa ciudad. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la informaci\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor aduce que el 2 de marzo de 2021, a trav\u00e9s del aplicativo de la Rama Judicial, formul\u00f3 otro ruego tuitivo ante la corporaci\u00f3n accionada y, transcurridos diez (10) d\u00edas desde esa calenda, el mismo aun no ha sido definido. <\/p>\n
Para el promotor, se lesionaron sus garant\u00edas por la tardanza injustificada en resolver la demanda de amparo, al punto que, la colegiatura encausada, en su criterio, incurri\u00f3 en \u201cprevaricato\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, (i) la protecci\u00f3n a su derecho fundamental de \u201cpetici\u00f3n\u201d; (ii) \u201c(\u2026) env[iar] el expediente completo con copia a [\u00e9l] de car\u00e1cter inmediato al juez de conocimiento o superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d; y (iii) zanjar la salvaguarda incoada de manera favorable a sus pretensiones. <\/p>\n
4. Mediante auto de 7 de abril pasado, la Sala requiri\u00f3 a la secretar\u00eda de la corporaci\u00f3n enjuiciada para que informara el estado actual de la notificaci\u00f3n del fallo emitido el 19 de marzo de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
Por tal motivo, la contienda se desat\u00f3 de manera tempestiva, estando pendientes los tr\u00e1mites de notificaci\u00f3n del veredicto en cuesti\u00f3n, cuya copia anex\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La secretar\u00eda de la precitada colegiatura destac\u00f3 que en oficio 8911 de 23 de marzo del a\u00f1o cursante, enter\u00f3 al actor del contenido del pronunciamiento emitido el 19 de marzo anterior, allegando el pantallazo de la notificaci\u00f3n realizada al correo electr\u00f3nico de aqu\u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali y el Juzgado Primero Penal Municipal de esa ciudad, se\u00f1alaron, por separado, que no han conculcado derecho alguno al gestor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y, la Universidad del Valle adujeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. En el caso, se constata que entre el reparto de la demanda de amparo acaecida el 4 de marzo de 2021 y, la sentencia el 19 de marzo siguiente, no trascurrieron m\u00e1s de los diez (10) d\u00edas establecidos en el inciso 4\u00b0, art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica2 y, por ende, no existi\u00f3 una tardanza en la definici\u00f3n de la contienda. <\/p>\n
Ahora bien, de acuerdo con lo reglado en el canon 30 del Decreto 2591 de 19913, la publicidad del rese\u00f1ado veredicto debi\u00f3 darse a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente, esto es, el 23 de marzo ulterior y, al interior del plenario, se alleg\u00f3 prueba, seg\u00fan la cual, en la enunciada data, se consum\u00f3 la publicidad del fallo materia de controversia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la reclamaci\u00f3n se apoy\u00f3 en la falta emisi\u00f3n y enteramiento del pronunciamiento de 19 de marzo de 2021, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el tutelante encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, de manera que administrar justicia constitucional en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, se resalta, de estar en desacuerdo el censor con la sentencia ya comunicada, puede incoar la impugnaci\u00f3n correspondiente, contando, ante la Corte Constitucional, con la revisi\u00f3n de dicha providencia e, incluso, con la insistencia. <\/p>\n
Se destaca, dicha colegiatura, seg\u00fan el Bolet\u00edn N\u00b0144 de 6 de julio del 2020, inici\u00f3 la recepci\u00f3n de las diligencias, por v\u00eda electr\u00f3nica, desde el 31 de julio de esa anualidad y, en esa medida, el accionante tiene a su alcance los se\u00f1alados instrumentos defensivos. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u2018(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
5. Tocante a las pretensiones enfiladas a (i) la protecci\u00f3n a su derecho fundamental de \u201cpetici\u00f3n\u201d; (ii) \u201c(\u2026) env[iar] el expediente completo con copia a [\u00e9l] de car\u00e1cter inmediato al juez de conocimiento o superior jer\u00e1rquico (\u2026)\u201d; y (iii) zanjar la salvaguarda incoada de manera favorable, las mismas no progresan. <\/p>\n
Lo antelado, porque (i) la prerrogativa a la informaci\u00f3n no tiene cabida para lograr el impulsor de los procesos; (ii) el actor puede, sin intermediaci\u00f3n alguna, pedir que se le entregue copia de las diligencias atacadas; (iii) la remisi\u00f3n invocada, am\u00e9n de ser confusa, nada tiene que ver con la mora denunciada; y (iv) el sentido de la decisi\u00f3n est\u00e1 reservado al juez natural. <\/p>\n
6. El \u201cprevaricato\u201d endilgado por el actor, a la corporaci\u00f3n censurada, debe plantearse ante las autoridades competentes directamente; adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela no puede ser utilizada para eludir los deberes y responsabilidades ciudadanas que le competen al accionante como ser racional humano y como sujeto de derecho integrante de una colectividad con un sentido hist\u00f3rico, porque es su obligaci\u00f3n jur\u00eddica y moral denunciar los il\u00edcitos o irregularidades de que tenga conocimiento; de lo contrario emerge una conducta irresponsable consigo mismo y con la sociedad de que forma parte. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada \u00d3scar Fernando Quintero Mesa frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de otro amparo con radicado 115524, adelantado por el gestor contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, los Juzgados S\u00e9ptimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, Segundo Civil Municipal, Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y, Primero Penal Municipal, todos de esa ciudad. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
2 \u201c(\u2026) En ning\u00fan caso podr\u00e1n transcurrir m\u00e1s de diez d\u00edas entre la solicitud de tutela y su resoluci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 30. Notificaci\u00f3n del fallo. El fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
4 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
5 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00. <\/p>\n
6 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3765-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3765-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00863-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril dos mil veintiuno (2021) Se decide la salvaguarda impetrada por \u00d3scar Fernando Quintero Mesa a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}