STC3766-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC3766-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00881-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela formulada por Asesor\u00edas y Consultor\u00edas GR C\u00eda. S.A.S., contra la Corte Constitucional, tr\u00e1mite extensivo a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con ocasi\u00f3n de una solicitud efectuada por la actora a la corporaci\u00f3n querellada. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
La gestora exige la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, presuntamente quebrantado por el colegiado fustigado. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
El 22 de enero de 2021, la tutelante solicit\u00f3 a la Corte Constitucional, informaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite dado al conflicto de competencia suscitado sobre el proceso ejecutivo impetrado por ella contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, realizando las siguientes preguntas: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1.- \u00bfQu\u00e9 n\u00famero de radicado tiene este tr\u00e1mite de conflicto negativo de competencia en la Corte Constitucional? 2.- \u00bfEn qu\u00e9 fecha exacta seg\u00fan el orden y antig\u00fcedad saldr\u00e1 del despacho del magistrado al que le fue asignado por reparto? 3.- \u00bfCu\u00e1l es orden en el que va el citado proceso, teniendo en cuenta que lleva un a\u00f1o y no existe pronunciamiento alguno? 4.- \u00bfA qu\u00e9 magistrado y con cual n\u00famero se vigila el citado asunto? (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aduce la gestora que la corporaci\u00f3n fustigada, autom\u00e1ticamente, \u201cacus\u00f3 recibo de [su] petici\u00f3n\u201d; sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego no ha emitido ninguna contestaci\u00f3n a tal requerimiento. <\/p>\n
Asevera que la postura de la convocada, \u201cva en contrav\u00eda\u201d de su propia jurisprudencia, donde ha amparado la prerrogativa invocada ante situaciones como las aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, se ordene al colegiado criticado atender su cuestionamiento. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
1. La Corte Constitucional manifest\u00f3 que, dentro de los expedientes remitidos a esa Corporaci\u00f3n el 3 y 4 de febrero del presente a\u00f1o, por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, para asumir la competencia asignada en el art\u00edculo 14 del Acto Legislativo 02 de 20151, el asunto referido por la actora \u201cno se encuentra dentro del grupo de procesos relacionados en los listados de env\u00edo\u201d, por tanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) si con posterioridad dicho expediente aparece efectivamente enviado a [esa] Corte (\u2026) [se] procede[r\u00e1] a su radicaci\u00f3n (\u2026) e inicia[r\u00e1] una serie de actuaciones a cargo de diferentes dependencias de [ese] Tribunal, en los que debe en un primer momento proceder a la digitalizaci\u00f3n del expediente, si el mismo se encuentra en formato f\u00edsico, o a la verificaci\u00f3n que el expediente recibido en formato digital se encuentra realmente completo. Ello, debe hacerse en consideraci\u00f3n a los lineamientos dispuestos en el ACUERDO PCSJA20-11567 05\/06\/2020 \u201cPor medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los t\u00e9rminos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad p\u00fablica y fuerza mayor\u201d del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone que aquellos procesos que fueron recibidos en formato f\u00edsico deber\u00e1n ser digitalizados previo a su tramitaci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cTras surtir estos dos pasos, y ateniendo al hecho que el volumen de procesos recibidos por la Corte es muy alto, la Sala Plena est\u00e1 por definir la manera en que se gestionar\u00e1 de la manera m\u00e1s eficiente posible todos estos procesos, decisi\u00f3n que est\u00e1 por tomarse pr\u00f3ximamente\u201d. <\/p>\n
2. La entidad vinculada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y tocantes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas exigiendo una actuaci\u00f3n administrativa, tal como el desarchive de un expediente. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con la ley del proceso y se rigen bajo esas reglas, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n del tr\u00e1mite jur\u00eddico de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional2. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as solicitudes para ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9ste en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo [hoy C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], ya que como ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relacionados con la litis tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso. Es por eso que no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por la tutelante es obtener respuesta, por parte de la Corte Constitucional, a su requerimiento, presentado el 21 de enero de 2021, a trav\u00e9s del cual le solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite dado por esa corporaci\u00f3n al \u201cconflicto negativo de competencia\u201d suscitado dentro del juicio ejecutivo impetrado por ella contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que el pedimento, en modo alguno, apareja una cuesti\u00f3n administrativa, pues lo realmente censurado es una presunta tardanza en la resoluci\u00f3n del mencionado caso, el cual ata\u00f1e tambi\u00e9n la actuaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, pues, fue ante esa entidad, donde inicialmente se remiti\u00f3 el comentado asunto. <\/p>\n
En consecuencia, no puede invocarse la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, por cuanto el mismo, se insiste, no tiene cabida en las actuaciones judiciales, las cuales deben desarrollarse acorde con el debido proceso. <\/p>\n
3. Proyectadas las anteriores premisas en el decurso objeto de estudio, la Sala advierte que existe una tardanza injustificada en el impulso de la actuaci\u00f3n adelantada por la tutelante. <\/p>\n
En efecto, como lo mencion\u00f3 la Corte Constitucional en su intervenci\u00f3n en este ruego, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, no ha remitido a esa corporaci\u00f3n el conflicto negativo de competencia suscitado dentro del proceso ejecutivo impetrado por la aqu\u00ed gestora contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles, para que dicho colegiado sea quien resuelva el caso conforme lo estatuido en el art\u00edculo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, asunto que, seg\u00fan la actora, se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n desde hace m\u00e1s de un (1) a\u00f1o. <\/p>\n
En consecuencia, se tutelar\u00e1 el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, dada la tardanza rese\u00f1ada. <\/p>\n
3.1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n4 y de la Corte Constitucional5, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana6 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos7, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable8 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Esta Sala reprocha toda actuaci\u00f3n de los funcionarios y jueces tendientes a generar incertidumbre y zozobra a quienes acuden al sistema judicial, pues cuando el usuario debe esperar un plazo excesivo para la resoluci\u00f3n de su pleito o el diligenciamiento de sus peticiones, se estructura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por tanto, es la acci\u00f3n de tutela el medio eficaz para amparar las prerrogativas quebrantadas por la demora en la tramitaci\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desconocimiento del plazo razonable viola la garant\u00eda de acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). De esta forma, la carencia de una soluci\u00f3n de fondo que resuelva el asunto jur\u00eddico planteado (…), desconoce la seguridad jur\u00eddica y su derecho a que se resuelva la situaci\u00f3n. La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el componente del derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situaci\u00f3n para que haya pleno acceso a la jurisdicci\u00f3n. (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso10. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
3.2. En el presente caso, como se dijo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, no ha cumplido con su deber de remitir las diligencias del caso ante la Corte Constitucional para que se resuelva el conflicto negativo de competencia aducido por la quejosa, generando con esa desatenci\u00f3n el quebranto de las garant\u00edas de aqu\u00e9lla, quien, hasta hoy, no ha logrado obtener una decisi\u00f3n definitiva respecto de cu\u00e1l es el funcionario competente para conocer el juicio ejecutivo por ella incoado. <\/p>\n
Es de recordar, el art\u00edculo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, dispuso que la competencia para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre distintas jurisdicciones le correspond\u00eda a la Corte Constitucional; sin embargo, esa atribuci\u00f3n no emerg\u00eda ipso facto, sino una vez la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hubiese cesado sus funciones de manera definitiva, y se integrara y posesionara la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, lo cual ocurri\u00f3 el 13 de enero de 202111, por tanto, desde esa fecha, le asist\u00eda el deber a la mencionada Comisi\u00f3n de remitir a la hom\u00f3loga Constitucional asuntos como el aqu\u00ed expuesto; sin embargo, para el caso de la promotora nada se ha hecho al respecto, conculc\u00e1ndose su garant\u00eda del debido proceso. <\/p>\n
4. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
El proceder del despacho accionado contraviene los c\u00e1nones 8.1 y 25 del tratado atr\u00e1s se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. En virtud de las consideraciones expuestas se conceder\u00e1 el amparo deprecado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Asesor\u00edas y Consultor\u00edas GR C\u00eda. S.A.S., contra la Corte Constitucional, tr\u00e1mite extensivo a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con ocasi\u00f3n de una solicitud efectuada por la actora a la corporaci\u00f3n querellada. <\/p>\n
En consecuencia, se le ordena a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, remita las diligencias del caso a la Corte Constitucional para desatar el conflicto negativo de competencia suscitado dentro del proceso ejecutivo impetrado por la tutelante contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Env\u00edesele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese lo resuelto a los interesados mediante telegrama u mensaje de datos y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Art\u00edculo 14. \u201cAgr\u00e9guese un numeral 12 y modif\u00edquese el 11 del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica los cuales quedar\u00e1n as\u00ed: 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
3 CSJ STC 2 de agosto de 2002, rad. 00199-01, reiterada el 6 de febrero de 2008, rad. 00389-01. <\/p>\n
4 Vide: STC16690 de 2018, exp. 2018-00485-01; STC16346-2018, exp. 2018-03593-00; STC15912-2018, exp. 2018-001934-01. Y varias m\u00e1s. <\/p>\n
5 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
6 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
7 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
8 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
10 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n