STC3769-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3769-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00940-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Irene de Los \u00c1ngeles Mart\u00ednez Mar\u00edn frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, espec\u00edficamente, respecto del magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la salvaguarda incoada por Norberto Ramos \u00c1lvarez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad y el Instituto de Seguros Sociales \u2013hoy Colpensiones-, con radicado n\u00b0. 114207. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por el colegiado convocado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En sustento de su queja manifiesta que, conforme al poder a ella otorgado, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela a nombre de Norberto Ramos \u00c1lvarez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y otros, de la cual la Corporaci\u00f3n accionada avoc\u00f3 conocimiento el 4 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Afirma la aqu\u00ed petente, el 2 de febrero de 2021, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, solicit\u00f3 dar tr\u00e1mite al aludido amparo y, por el mismo medio, el 4 de febrero siguiente, la Sala confutada le indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La tutela con n\u00famero interno 114207, Accionante: Sr. NORBERTO RAMOS \u00c1LVAREZ se AVOC\u00d3 con auto del 04 de diciembre de 2020, se comunic\u00f3, el nueve (9) de diciembre de 2020, se pas\u00f3 al despacho, el 14 de diciembre del mismo a\u00f1o y actualmente se encuentra all\u00e1 para ser fallada\u201d (\u2026) Tan pronto esta secretar\u00eda tenga conocimiento del mismo le ser\u00e1 comunicado a todas las partes intervinientes en el asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El 28 de enero y 18 de febrero de 2021, la promotora solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el estado actual del tr\u00e1mite, empero, asegura, no recibi\u00f3 contestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
En el mismo sentido, el 5 de marzo de 2021 la gestora envi\u00f3 \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d, del cual tampoco ha obtenido contestaci\u00f3n por parte de la convocada. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar al colegiado querellado \u201cinformar el estado actual de la referida acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, puso de presente que, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 17 de febrero de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal le notific\u00f3 la sentencia de 12 de enero de 2021 por la cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela aludida por la quejosa. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La querellante cuestiona la supuesta tardanza de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en decidir el amparo por ella incoado, en calidad de apoderada judicial de Norberto Ramos \u00c1lvarez, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad y el Instituto de Seguros Sociales \u2013hoy Colpensiones-. <\/p>\n
2. Al elevarse requerimientos a autoridades judiciales calificadas por los interesados como \u201cderechos de petici\u00f3n\u201d y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas cuando se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa. Las primeras se relacionan con el proceso y se rigen bajo las reglas de este, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan en la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Por tanto, la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no tiene cabida en la \u00f3rbita de los decursos judiciales, salvo en lo relativo a gestiones de linaje administrativo. <\/p>\n
Lo esgrimido se explica porque son las normas procedimentales las llamadas a regular las respuestas otorgadas a las exigencias de los sujetos procesales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por la tutelante es obtener respuesta a distintos correos electr\u00f3nicos enviados a la Corporaci\u00f3n accionada a trav\u00e9s de los cuales solicit\u00f3 le fuera informado \u201cel estado actual de la referida acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En ese escenario, no hay lugar a revisar siquiera la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, por tratarse de una cuesti\u00f3n judicial, pero tampoco a estudiar el quebranto al debido proceso porque la accionante carece de legitimaci\u00f3n para controvertir el tr\u00e1mite, pues, de un lado, no es parte o tercera interesada en la tutela reprochada, en donde funge como abogada del accionante, de manera que no puede agenciar, en este ruego, los derechos de quien all\u00ed representa, al no aportar poder para ese prop\u00f3sito ni aducir su calidad de agente oficiosa. <\/p>\n
En torno a la gesti\u00f3n cumplida en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n judicial o en lo concerniente a providencias dictadas dentro de \u00e9sta, la Corte ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) \u2018cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cSignifica lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Con todo, se advierte la imposibilidad de atribuir vulneraci\u00f3n o irregularidad a la hom\u00f3loga convocada, pues, mediante providencia STP1275 – 2021 de 12 de enero de 2021, el Colegiado accionado neg\u00f3 la tutela incoada por Norberto Ramos \u00c1lvarez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad y el Instituto de Seguros Sociales \u2013hoy Colpensiones-. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela promovida por Irene de Los \u00c1ngeles Mart\u00ednez Mar\u00edn, frente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, espec\u00edficamente, respecto del magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la salvaguarda incoada por Norberto Ramos \u00c1lvarez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado Cuarto Laboral de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad y el Instituto de Seguros Sociales \u2013hoy Colpensiones-, con radicado n\u00b0. 114207. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2 CSJ. Civil. Sentencia de 20 de marzo de 2000, exp. 4822; reiterada el 31 de marzo de 2000, exp. 4867 y el 13 de febrero de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-00187-00, entre otras. <\/p>\n
3 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
4 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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