STC3771-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00948-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rahs Ingenier\u00eda S.A.S. frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente respecto al magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, con ocasi\u00f3n del juicio del juicio ejecutivo adelantado por la aqu\u00ed petente contra Equipo Universal S.A., con radicado n\u00b0 2016-0351. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora exige la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente quebrantadas por el colegiado accionado. <\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial se extraen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
En el compulsivo referenciado, durante la audiencia efectuada el 16 de julio de 2019, el Juzgado Catorce Civil de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia declarando probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito formulada por la ejecutada, denominada \u201chaberse llenado el pagar\u00e9 sin seguir las indicaciones contenidas en la carta de instrucciones\u201d. En consecuencia, revoc\u00f3 el mandamiento de pago y neg\u00f3 las pretensiones de la inicialista. <\/p>\n
Frente a dicha providencia, la aqu\u00ed actora interpuso apelaci\u00f3n, manifestando los motivos de inconformidad respecto a dicho fallo. Asimismo, la parte demandada inco\u00f3 remedio vertical frente al numeral tercero de la parte resolutiva de la mencionada providencia, en el cual se se\u00f1ala que en el coercitivo \u201cno se decretaron medidas cautelares\u201d. <\/p>\n
En escrito del 19 de julio de 2019, la promotora present\u00f3 una \u201cdetallada sustentaci\u00f3n de las razones en que fundamenta el recurso\u201d. <\/p>\n
El 13 de marzo de 2020, el colegiado accionado admiti\u00f3 la alzada en efecto suspensivo, determinaci\u00f3n notificada hasta el 1\u00b0 de junio de 2020, debido a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales acaecida por la emergencia sanitaria causada por la Covid-19. <\/p>\n
\u201cDe conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 2020, se dispone traslado de cinco (5) d\u00edas a los apelantes (parte demandante y parte demandada) para que sustenten los precisos reparos en los que se fundamentaron sus recursos de apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Afirma que ambos extremos procesales \u201cdescorrie[ron] el traslado de apelaci\u00f3n interpuesto, inmediatamente [se] entera[ron] por la p\u00e1gina judicial, el d\u00eda 30 de junio de 2020 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En auto de 22 de julio posterior, el tribunal convocado declar\u00f3 desiertos los recursos de apelaci\u00f3n incoados por las partes, \u201ccomo quiera la demandante no present\u00f3 escrito de sustentaci\u00f3n en tiempo, y la demandada tampoco alleg\u00f3 escrito alguno para esos efectos\u201d. <\/p>\n
El 3 agosto ulterior, la aqu\u00ed petente pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado, solicitud negada mediante prove\u00eddo de 7 de diciembre de la misma anualidad. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo, la aqu\u00ed actora interpuso s\u00faplica, remedio declarado impr\u00f3spero en auto de 28 de enero de 2021. <\/p>\n
Para la accionante, el proceder del colegiado confutado es arbitrario, por cuanto s\u00ed sustent\u00f3 la alzada respecto a la sentencia anotada, el 19 de julio de 2019 ante el juez de primera instancia, \u201c(\u2026) actos procesales estos acaecidos en momentos en que reg\u00eda el procedimiento se\u00f1alado en la Ley 1564 de 2012, en especial, el mandato de car\u00e1cter procesal previsto en su Art\u00edculo 327 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, pide, en concreto, dejar sin efectos la actuaci\u00f3n de la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Rahs Ingenier\u00eda S.A.S cuestiona el prove\u00eddo de 22 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual el colegiado accionado declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por ella incoado el 16 de julio de 2019, frente a la sentencia emitida en dicha data, al no hallarlo sustentado conforme a lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020; determinaci\u00f3n que estima arbitraria, por cuanto el remedio vertical fue presentado antes de la expedici\u00f3n y vigencia de la citada norma. <\/p>\n
2. Aun cuando en otros casos se ha protegido el derecho al debido proceso de quienes han sido sorprendidos con la variaci\u00f3n del procedimiento, al aplicarse el Decreto 806 de 4 de junio de 2020, cuando la alzada se ha incoado en vigencia del Ley 1564 de 20121, como sucedi\u00f3 en el caso controvertido, no habr\u00e1 lugar a conceder la protecci\u00f3n por ese hecho, por cuanto la misma actitud de la querellante permite comprender el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Por tanto, si bien la gesti\u00f3n del acusado, en torno al tr\u00e1mite impartido al decurso, no se acompasa con la normatividad aplicable y la jurisprudencia constitucional emitida recientemente sobre la situaci\u00f3n descrita, se reitera, en esta sede resulta inviable conceder la protecci\u00f3n dado su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, por cuanto, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado remedio, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Ahora, revisado el prove\u00eddo de 28 de enero de 2021 por el cual el colegiado convocado declar\u00f3 impr\u00f3spero el recurso de s\u00faplica interpuesto por la actora contra el prove\u00eddo de 7 de diciembre del a\u00f1o 2020 que repudi\u00f3, de plano, la nulidad tambi\u00e9n incoada por aqu\u00e9lla, no se observa arbitrariedad que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto, al resolver el mencionado remedio, se advirti\u00f3 a la precursora que, al formular la s\u00faplica, no atac\u00f3 los argumentos por los cuales se tuvo por saneada la aludida nulidad procesal. <\/p>\n
Concretamente, el razonamiento del tribunal de que, en estricto sentido, la omisi\u00f3n en el env\u00edo al correo electr\u00f3nico de los interesados, de la copia del auto que orden\u00f3 surtir el respectivo traslado \u201c(\u2026) no se enmarca en ninguna de las hip\u00f3tesis que, taxativamente, contempla el ordenamiento jur\u00eddico como causales de anulaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en la providencia que neg\u00f3 la solicitud de invalidez se precis\u00f3 a la peticionaria que, de haber tenido ocurrencia la supuesta anomal\u00eda alegada, habr\u00eda quedado saneada de conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 136 C.G.P., pues actu\u00f3 sin proponer la irregularidad aducida. <\/p>\n
Ello, toda vez que la interesada: \u201c(\u2026) de forma extempor\u00e1nea, radic\u00f3 un memorial de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra el fallo de primera instancia, sin prevalerse, en esa espec\u00edfica oportunidad, de la causal de nulidad procesal que, en su criterio, se habr\u00eda verificado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Con todo, el colegiado puso de presente que el prove\u00eddo por el cual se dispuso correr traslado a los recurrentes para sustentar sus reparos concretos frente al fallo apelado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e registr\u00f3 en el sistema de consulta de procesos siglo XXI el d\u00eda en que se emiti\u00f3 (10 de junio de 2020) y se notific\u00f3 en estado virtual E-24 de 11 de junio de 2020 con inserci\u00f3n de la providencia, y el auto de deserci\u00f3n se registr\u00f3 en sistema en la data en que se profiri\u00f3 (22 de julio) y se notific\u00f3 mediante estado virtual E-49 del d\u00eda siguiente con inserci\u00f3n de la providencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De esta manera, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela por Rahs Ingenier\u00eda S.A.S., frente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente respecto al magistrado Germ\u00e1n Valenzuela Valbuena, con ocasi\u00f3n del juicio del juicio ejecutivo adelantado por la aqu\u00ed petente en contra de Equipo Universal S.A., con radicado n\u00b0 2016-0351. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 STC6683-2020 y STC6687-2020 aprobadas en Sala de 3 de septiembre de 2020, STC7233-2020 aprobada en Sala de 9 de septiembre de 2020, entre otras. <\/p>\n
2 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
3 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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