STC3773-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3773-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00967-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Reinel Eduardo Fajardo Casas frente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, espec\u00edficamente, frente a los magistrados \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, Jes\u00fas Armando Zamora Su\u00e1rez y \u00d3scar Marino Hoyos Gonz\u00e1lez, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresoluci\u00f3n de contrato\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Mireya Ogando Lesmes. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora el amparo de los derechos al debido proceso e igualdad, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Manifiesta el quejoso que, ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, inco\u00f3 en contra de Mireya Ogando Lesmes, el juicio materia de este resguardo, no obstante, pese a haberse denominado ese asunto como \u201cresoluci\u00f3n de contrato de compraventa, las pretensiones estuvieron siempre orientadas a lograr el cumplimiento total de las obligaciones\u201d contra\u00eddas en el negocio demandado. <\/p>\n
Aduce que el 17 de marzo de 2016, el referido despacho emiti\u00f3 sentencia favorable a sus intereses, pues conden\u00f3 a la all\u00ed accionada a pagarle \u201c(\u2026) el valor de $7.539.000, correspondientes al 10% de la cl\u00e1usula penal (\u2026)\u201d, al no cumplir con la entrega de la posesi\u00f3n del garaje, el cual se encuentra incluido en el coeficiente de propiedad horizontal del inmueble objeto de venta. <\/p>\n
Asevera que la anterior determinaci\u00f3n fue apelada por el extremo pasivo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al tribunal querellado, quien, en fallo de 7 de octubre de 2020, revoc\u00f3 la providencia impugnada, para, en su lugar, \u201cdesestimar las pretensiones invocadas\u201d. <\/p>\n
Afirma el tutelante que la corporaci\u00f3n confutada vulner\u00f3 sus prerrogativas fundamentales, pues: <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) otorg[\u00f3] toda la validez [a] la declaraci\u00f3n del testigo DAVID SIERRA DAZA, cuando se puede evidenciar claramente que no ten\u00eda ning\u00fan v\u00ednculo u obligaci\u00f3n contractual para hacerle entrega informal o formal [del parqueadero]; ii) prescin[di\u00f3] de las pruebas arrimadas al proceso, neg\u00e1ndose a realizar un an\u00e1lisis en su conjunto sobre la validez de las mismas, y dejando de establecer entre ellas, la debida correspondencia y armon\u00eda (\u2026) en que ellas fueron tenidas en cuenta por el juez de primera instancia, y iii) omiti[\u00f3] que si bien el recurso de apelaci\u00f3n es una herramienta de la que gozan los sujetos procesales, es as\u00ed mismo cierto, que en sede de segunda instancia no solamente se debe de fallar analizando solamente los argumentos esgrimidos y\/o sustentados por la parte a quien fue desfavorable el fallo, sino tambi\u00e9n tener en cuenta y pronunciarse de fondo acerca del derecho de r\u00e9plica que tiene quien no fue apelante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, \u201crevocar\u201d la sentencia de segunda instancia emitida en el litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones e indicando que, dentro del comentado decurso, el actor present\u00f3 de forma extempor\u00e1nea la r\u00e9plica sobre el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las decisiones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El promotor censura el fallo de 7 de octubre de 2020, emitido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por cuanto, en su sentir, se denegaron las pretensiones expuestas en el caso subex\u00e1mine, con base en una indebida valoraci\u00f3n probatoria y sin tener en cuenta los argumentos expuestos contra la apelaci\u00f3n presentada en ese asunto. <\/p>\n
3. Se advierte que el colegiado convocado, al zanjar la alzada impetrada en el litigio sublite, evidenci\u00f3 que las razones expuestas por el a quo para dar por demostrado el incumplimiento parcial, por parte de Mireya Ogando Lesmes, del contrato de compraventa objeto de demanda, no ten\u00edan asidero probatorio, pues, en realidad la demandada hab\u00eda respondido por cada una de las obligaciones adquiridas por ella en el negocio en litis. <\/p>\n
Para llegar a la anterior conclusi\u00f3n, el tribunal destac\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o existe discusi\u00f3n en que la demandada Mireya Ogando Lesmes realiz\u00f3 venta real y efectiva a favor del demandante Reinel Eduardo Fajardo Casas del inmueble ubicado en la carrera 11\u00aa n\u00famero 14-39 local 203, edificio Carrillo Molina de la ciudad de Valledupar, y que dentro del coeficiente de propiedad horizontal de 6.138%, se encuentra incluido un garaje; puesto que as\u00ed qued\u00f3 establecido en el contrato de promesa de compraventa suscrito y protocolizado en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Valledupar, el 10 de febrero de 2014 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l testigo David Sierra Daza, al cual se le otorga valor probatorio por haber conocido por percepci\u00f3n directa los hechos de los cuales declara, toda vez que fungi\u00f3 como intermediario de la relaci\u00f3n contractual entre las partes, al ser preguntado sobre si sab\u00eda si el demandante ha disfrutado del parqueadero fue enf\u00e1tico al indicar que: Como fui yo el que le entregue, ese d\u00eda no levantamos acta ni nada, pero yo llegu\u00e9 parque\u00e9 en el sitio que se estima como uso de esa oficina, le dije este es el parqueadero, esta es la oficina. Y \u00e9l se present\u00f3 inicialmente frente a mi porque como le dije ya hab\u00edamos tenido di\u00e1logos sobre la negociaci\u00f3n, como a los d\u00edas, no recuerdo a los 4 d\u00edas, 5 d\u00edas tal vez, o 10 d\u00edas despu\u00e9s de entregado, me dijo que le ayudara a reclamar o hacerle entender al portero o al administrador que le estaban impidiendo el parqueo en el \u00e1rea que se supone le corresponde\u201d. <\/p>\n
\u201cY al ser interrogado acerca de la entrega del apartamento y el correspondiente parqueadero al sr. Reinel Fajardo respondi\u00f3: La entrega al sr. Reinel Fajardo fue como dije, llegamos, \u00e9l en su carro y yo en el m\u00edo, \u00e9l parque\u00f3 en el frente del edificio, y yo s\u00ed parque\u00e9 adentro, en el sitio supuestamente asignado o en el sitio que yo siempre estaba parqueando mientras pose\u00eda, subimos a la oficina la vio, la recibi\u00f3, y le entregue las llaves, porque esa oficina no ten\u00eda muchas cosas que mostrar y entregar porque \u00e9l dijo que la iba a reformar en sus calidad de ingeniero e iba adecuarla a sus necesidades, entonces fue una entrega muy sencilla, digamos que muy formal y le entregue las llaves y listo simplemente eso fue lo que se hizo ese d\u00eda\u201d. <\/p>\n
Al referirse a las pruebas aportadas por el extremo actor, la corporaci\u00f3n fustigada, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora, si bien la parte demandante trajo al proceso los testimonios de Elver Arce Bola\u00f1o y Jorge Robles, sus dichos no resultan suficientes para acreditar el incumplimiento en la entrega de la oficina y el parqueadero por parte de la demandada, por haberse limitado a hacer \u00e9nfasis en que al demandante Reinel Fajardo Casas no se le estaba permitiendo la entrada al parqueadero y los perjuicios que eso le hab\u00eda causado al no poderlo utilizar\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este punto debe aclararse que la demandada en ning\u00fan momento le ha negado, impedido o ha perturbado el uso del parqueadero al demandante, por el contrario no puede desconocerse que ha requerido en varias oportunidades al administrador del Edificio Carrillo Molina para que se le permita la utilizaci\u00f3n de la zona de parqueo al demandante, tal como se demuestran las peticiones visibles a folios 20 y 29; sin embargo y pese a ello por causas no imputables a ella, como lo es la negativa del administrador del edificio y sus vigilantes, ha sido imposible su disfrute\u201d. <\/p>\n
\u201cEn consecuencia, como no existe duda que el parqueadero pertenece a la oficina 203, puesto que as\u00ed lo establece la escritura p\u00fablica, y est\u00e1 demostrado que la anterior propietaria siempre tuvo la posesi\u00f3n de dicho garaje e hizo entrega del mismo, el demandante tendr\u00e1 que hacer valer su derecho y adelantar las gestiones ante el administrador del edificio, quien ha sido el que ha impedido su ingreso y ha perturbado la posesi\u00f3n de su parqueadero, m\u00e1xime si dicho administrador al responder la peticiones impetradas por Mireya Ogando Lesmes en uno de sus apartes manifest\u00f3: \u201c(\u2026) el local 203, no tiene parqueadero registrado con la prueba documental id\u00f3nea (escritura p\u00fablica) de compra venta y de propiedad horizontal. Y consecuencialmente se requiere para argumentar lo contrario aportar las correspondientes escrituras donde se especifique lo atinente al parqueadero adscrito al susodicho inmueble (203); m\u00e1ximo cuando no se ha aportado a la administraci\u00f3n que represento las pruebas documentales que den la tradici\u00f3n para tal anexidad inmobiliaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por el promotor es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la sentencia cuestionada, de la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de las normas aplicables al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el tribunal fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que a Reinel Eduardo Fajardo Casas le fue entregado la totalidad del bien negociado, incluida la zona correspondiente al parqueadero, diferente es que aqu\u00e9l haya perdido la \u201cposesi\u00f3n\u201d de esa \u00e1rea luego de ostentar la propiedad del inmueble inmiscuido, por tanto, ning\u00fan incumplimiento contractual pod\u00eda atribu\u00edrsele a la parte demandada. <\/p>\n
Por otro lado, se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
6. Ahora, si el quejoso consideraba que el colegiado convocado, omiti\u00f3 resolver aspectos que deb\u00edan ser objeto de pronunciamiento, espec\u00edficamente, frente a la r\u00e9plica dada por \u00e9l al recurso de apelaci\u00f3n presentado en el caso bajo estudio, debi\u00f3 solicitar la adici\u00f3n de la providencia mediante la cual se zanj\u00f3 ese remedio, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso3 para que ese juzgador, resolviera lo pertinente; empero, no lo hizo, hecho que le cierra el paso a esta senda excepcional por su car\u00e1cter netamente residual. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Reinel Eduardo Fajardo Casas frente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, espec\u00edficamente, frente a los magistrados \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, Jes\u00fas Armando Zamora Su\u00e1rez, \u00d3scar Marino Hoyos Gonz\u00e1lez, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresoluci\u00f3n de contrato\u201d adelantado por el aqu\u00ed actor a Mireya Ogando Lesmes. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3 \u201cCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. El juez de segunda instancia deber\u00e1 complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisi\u00f3n haya apelado; pero si dej\u00f3 de resolver la demanda de reconvenci\u00f3n o la de un proceso acumulado, le devolver\u00e1 el expediente para que dicte sentencia complementaria. Los autos solo podr\u00e1n adicionarse de oficio dentro del t\u00e9rmino de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo t\u00e9rmino. Dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementaci\u00f3n podr\u00e1 recurrirse tambi\u00e9n la providencia principal\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
4 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
5 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
13 <\/p>\n
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STC3773-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3773-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00967-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Reinel Eduardo Fajardo Casas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54122"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54122\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}