STC3775-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3775-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la tutela instaurada por Luis Mauricio Laverde Sierra, Diana Patricia Ram\u00edrez Barrero y Camila Andrea Laverde Ram\u00edrez frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Nancy Esther Angulo Quiroz, Ricardo Acosta Buitrago y Marco Antonio \u00c1lvarez G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del juicio \u201creivindicatorio\u201d adelantado por Stella Laverde Sierra a los aqu\u00ed actores. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y defensa, entre otras, presuntamente quebrantadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Ante el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Stella Laverde Sierra inici\u00f3 contra los aqu\u00ed promotores el litigio materia de este amparo, con el fin de obtener la \u201creivindicaci\u00f3n\u201d del inmueble ubicado en la carrera 74 A #55 – 69 CA, barrio Normand\u00eda de esta ciudad, distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b050C-315381. <\/p>\n
Mediante sentencia de 23 de septiembre de 2020, el despacho instructor deneg\u00f3 las pretensiones invocadas, tras advertir la falta de acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n del bien en cabeza de los demandados. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n fue apelada por el extremo actor, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada al tribunal fustigado, quien, en fallo de 25 de febrero de 2021, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, ordenando la restituci\u00f3n requerida. <\/p>\n
Manifiestan los gestores, que el colegiado querellado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por una err\u00f3nea \u201cvaloraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n probatoria\u201d, pues \u201c(\u2026) la confesi\u00f3n asignada (\u2026) a la declaraci\u00f3n de parte del demandado Mauricio Laverde no tiene el efecto ni el alcance jur\u00eddico para acreditar hechos de posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Aseguran que en el caso bajo estudio se desconoci\u00f3 el principio de \u201ccosa juzgada\u201d, pues dentro del proceso de pertenencia radicado bajo el n\u00famero 11001310300120180031101, en el cual se denegaron las pretensiones all\u00ed invocadas, el tribunal fustigado ya hab\u00eda determinado que Mauricio Laverde no era poseedor del predio materia de litigio. <\/p>\n
3. Solicitan, en concreto, \u201c(\u2026) se deje sin efecto la sentencia (\u2026)\u201d de segunda instancia emitida en el comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, quebrant\u00f3 los derechos de los tutelantes con el fallo de 25 de febrero de 2021, mediante el cual concedi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n del predio distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b050C-315381, luego de determinar que los aqu\u00ed gestores ostentaban la posesi\u00f3n de ese bien y se configuraban los dem\u00e1s requisitos para lo prosperidad de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2. Se observa que la autoridad refutada, para infirmar lo prove\u00eddo por el a quo en el litigio subex\u00e1mine, destac\u00f3 que, cuando el demandado confiesa ser el poseedor del inmueble en litigio, esa revelaci\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la \u201cposesi\u00f3n del demandado\u201d y \u201cla identidad del bien\u201d, situaci\u00f3n presentada en el caso bajo estudio, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) [e]l extremo demandado se opuso a las pretensiones de la demanda y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 posesi\u00f3n material del inmueble, por detentar la tenencia del mismo y l\u00f3gicamente la posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, aduciendo que ha ejercido la posesi\u00f3n del inmueble desde el a\u00f1o 1977 y, en consecuencia, nunca ha reconocido a la demandante como propietaria de \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se acredit\u00f3 que el se\u00f1or Luis Mauricio Laverde Sierra present\u00f3 demanda de pertenencia con el fin de adquirir, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del inmueble objeto del presente asunto, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de esta ciudad, bajo el radicado No. 2018-311, el cual culmin\u00f3 con la sentencia del 28 de julio del a\u00f1o en curso, desestimatoria de las pretensiones, al no haberse demostrado de forma inequ\u00edvoca desde cu\u00e1ndo el all\u00ed demandante pudo desconocer el dominio de sus progenitores, quienes eran los propietarios inscritos para el momento en que ingres\u00f3 al predio. En ese prove\u00eddo se recalc\u00f3 esa carencia de demostraci\u00f3n de la oportunidad en que el prescribiente intervirti\u00f3 su condici\u00f3n de tenedor a la de poseedor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al realizar una valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas al litigio, el convocado adujo: <\/p>\n
\u201cObra a folios 208 y 309 la declaraci\u00f3n del se\u00f1or \u00d3scar Laverde Sierra, en la que puso de presente que \u2018mi hermana STELLA LAVERDE SIERRA, le compr\u00f3 a mi padre LUIS HERNANDO LAVERDE ALBARRAC\u00cdN q.e.p.d. el inmueble ubicado en la carrera 74\u00aa No. 55-69 Barrio Normand\u00eda de Bogot\u00e1 D.C., y que una vez fallecida mi progenitora MAR\u00cdA RESFA SIERRA DE LAVERDE q.e.p.d. nuestro padre quien ven\u00eda sufriendo quebrantos de salud se traslad\u00f3 a vivir con mi hermana STELLA LAVERDE SIERRA, a su vivienda ubicada en Cedritos. Y que en vista de la mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica que padec\u00eda mi hermano (\u2026), mi hermana (\u2026) le permiti\u00f3 a mi hermano (\u2026) y a su familia (\u2026) ubicarse en el inmueble de su propiedad\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201cEn su interrogatorio de parte el se\u00f1or Luis Mauricio Laverde Sierra, al cuestion\u00e1rsele qui\u00e9n compr\u00f3 el inmueble, contest\u00f3: mi pap\u00e1 lo adquiri\u00f3, y m\u00e1s adelante manifest\u00f3 que \u2018nosotros sab\u00edamos que las escrituras se hab\u00edan pasado a nombre de mi hermana, pero en la casa mi pap\u00e1 segu\u00eda ejerciendo su funci\u00f3n de due\u00f1o, y nunca hemos pagado un mes de arriendo por vivir en este inmueble\u2019\u201d. <\/p>\n
\u201cSobre la forma en la que ingres\u00f3 al bien dijo: \u201cmi pap\u00e1 se fue en el a\u00f1o 2006, mi mam\u00e1 muri\u00f3 el 31 de marzo del 2006, al mes y medio, mi pap\u00e1 tom\u00f3 la determinaci\u00f3n de irse de la casa, abandon\u00f3 la casa y me hizo entrega material de la casa\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se deriva la condici\u00f3n de poseedor del demandado Luis Mauricio Laverde Sierra, quien no solo admiti\u00f3 serlo, sino que, con fundamento en su posesi\u00f3n, instaur\u00f3 demanda de prescripci\u00f3n adquisitiva de la cosa reclamada en reivindicaci\u00f3n, circunstancia que se corrobora con las declaraciones recaudadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, con relaci\u00f3n a la identificaci\u00f3n del predio a reivindicar, el colegiado cuestionado manifest\u00f3 que \u00e9ste se encontraba plenamente individualizado, pues se trata del inmueble con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-315381 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, el mismo que se encuentra en posesi\u00f3n de los demandados. <\/p>\n
Explic\u00f3 que Stella Laverde Sierra adquiri\u00f3 la titularidad del bien por compra realizada a su padre Luis Hernando Laverde Albarrac\u00edn, seg\u00fan Escritura P\u00fablica No. 3470 de 30 de agosto de 1982, por tanto, la propiedad de la demandante es anterior a la posesi\u00f3n de los demandados, la cual se present\u00f3 \u00fanicamente desde el a\u00f1o 2006. Al respecto, razon\u00f3: <\/p>\n
\u201cObs\u00e9rvese que en la contestaci\u00f3n de la demanda se afirm\u00f3 que el se\u00f1or Laverde Sierra ostenta la posesi\u00f3n del inmueble desde el a\u00f1o 1977; sin embargo, lo cierto es que en el interrogatorio de parte rendido, al cuestion\u00e1rsele sobre qui\u00e9n era el due\u00f1o de la cosa hasta el a\u00f1o 2006 dijo \u201cmi pap\u00e1\u201d, tras lo cual adujo que en el a\u00f1o 2006 est\u00e1bamos reunidos aqu\u00ed en la casa y \u00e9l nos dijo a mi esposa a mis dos hijos y a m\u00ed que la voluntad de \u00e9l era que yo siguiera en la casa como due\u00f1o, que esta era nuestra casa\u201d. <\/p>\n
3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge anomal\u00eda; el juzgador convocado efectu\u00f3 un estudio adecuado de los lineamientos normativos, los elementos probatorios y los precedentes jurisprudenciales que lo condujeron a la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En efecto, acertada result\u00f3 la tesis del ad quem en el subex\u00e1mine auscultado, pues ha sido constante la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n sobre los efectos probatorios de la \u201cconfesi\u00f3n\u201d de quien, demandado en reivindicaci\u00f3n, se reputa \u201cposeedor\u201d, situaci\u00f3n que para el caso, no solo se present\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda al proponerse como excepci\u00f3n de fondo la denominada \u201cposesi\u00f3n material del inmueble\u201d; sino tambi\u00e9n en el interrogatorio rendido por Luis Mauricio Laverde Sierra, persona que afirm\u00f3 haber entrado en posesi\u00f3n del bien por \u201centrega material\u201d realizada por su progenitor. <\/p>\n
Sobre el particular, en pret\u00e9rita oportunidad, \u00e9sta Sala reflexion\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) las consecuencias probatorias que se desprend\u00edan de la confesi\u00f3n hecha por el demandado al contestar la demanda, alusiva a ser poseedor de aqu\u00e9l, con lo cual, como todav\u00eda lo sostiene la Sala, \u201cel demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido\u201d (CSJ SC, 14 mar. 1997; reiterada entre otras en SC, 14 dic. 2000; SC, 12 de dic. 2001; SC, 1\u00ba abr. 2003, rad. 7514; SC, 1\u00ba nov. 2013, rad. 1999-00355-01; SC2551-2015; SC2805-2016), criterio que si bien ha sido morigerado, tal y como lo apunt\u00f3 el juez del circuito acusado, lo ha sido en casos donde \u00abla \u00abconfesi\u00f3n\u00bb viene aparejada de otras circunstancias que la condicionan, como cuando se acepta ser poseedor pero como consecuencia de un t\u00edtulo de dominio que entra a discutir con el de la contraparte o existe disparidad total o relevante entre las \u00e1reas que reclama cada quien, en el evento de que se constate una coincidencia entre lo que ambas buscan esa aceptaci\u00f3n de quienes tienen en su poder el bien con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os pero sin ser propietarios (CSJ, SC2805-2016) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa arbitraria al punto de permitir la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Por otro lado, se constata que los promotores, dentro del litigio criticado, no alegaron, ya sea por v\u00eda de excepci\u00f3n3, el punto expuesto en este ruego, referente al tema de \u201ccosa juzgada\u201d desperdiciando, de esa forma, la oportunidad de obtener un pronunciamiento al respecto por parte de los jueces de instancia, lo cual les cierra la posibilidad de que por esta residual v\u00eda se estudie la censura impetrada, por cuanto, no es dable acudir a esta senda para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada por esta senda. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Luis Mauricio Laverde Sierra, Diana Patricia Ram\u00edrez Barrero y Camila Andrea Laverde Ram\u00edrez frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Nancy Esther Angulo Quiroz, Ricardo Acosta Buitrago y Marco Antonio \u00c1lvarez G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del juicio \u201creivindicatorio\u201d adelantado por Stella Laverde Sierra a los aqu\u00ed actores. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia STC de 9 jun. 2017, exp. 2017-00009-01, citada en fallo STC de 28 de septiembre de 2017, rad. 2017-381. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan la sentencia de segunda instancia los quejosos presentaron las siguientes excepciones de m\u00e9rito: i) Posesi\u00f3n material del inmueble, por detentar la tenencia y posesi\u00f3n del mismo desde el a\u00f1o 1977; ii) Contradicci\u00f3n; y iii) Defecto en proponer la demanda. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC3775-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC3775-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la tutela instaurada por Luis Mauricio Laverde Sierra, Diana Patricia Ram\u00edrez Barrero y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54123"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54123\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}