STC3777-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3777-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01025-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto Monta\u00f1a Moreno frente a los Juzgados Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad y Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento, ambos de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, tr\u00e1mite extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del amparo propuesto por el aqu\u00ed accionante contra los dos primeros despachos judiciales mencionados. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y \u201cdignidad humana\u201d, entre otras, presuntamente quebrantados por los accionados. <\/p>\n
2. Del confuso ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
C\u00e9sar Augusto Monta\u00f1a Moreno solicit\u00f3 ante el Juzgado Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, el reconocimiento del beneficio administrativo de libertad condicional, pedimento denegado en auto de 31 de agosto de 2020, decisi\u00f3n ratificada en apelaci\u00f3n por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, en prove\u00eddo de 28 de octubre siguiente. <\/p>\n
Frente a las anteriores determinaciones el quejoso interpuso acci\u00f3n de tutela, la cual fue zanjada por el tribunal querellado en sentencia de 30 de noviembre de 2020, neg\u00e1ndose la protecci\u00f3n all\u00ed invocada, por cuanto en las decisiones reprochadas no se constitu\u00eda ninguna v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Ese fallo fue confirmado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante providencia de 2 de febrero de 2021, con argumentos similares a los expuestos por el a quo. <\/p>\n
Afirma el censor haber insistido, nuevamente, ante el despacho de ejecuci\u00f3n de penas fustigado, en la concesi\u00f3n del comentado beneficio administrativo; sin embargo, su requerimiento fue desestimado en prove\u00eddo de 23 de febrero pasado, donde se le inform\u00f3 que deb\u00eda atenerse a lo resuelto en auto de 31 de agosto de 2020. <\/p>\n
Asegura que sus garant\u00edas fundamentales fueron conculcadas, por cuanto: i) nunca fue notificado del tr\u00e1mite dado a la impugnaci\u00f3n impetrada contra la sentencia de primera instancia emitida en la memorada acci\u00f3n de tutela, \u201caspecto procesal que le permite actuar y acudir ante la autoridad judicial pertinente\u201d para obtener la protecci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales; y ii) las autoridades convocadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, pues sus decisiones est\u00e1n basadas exclusivamente en una \u201csubjetiva apreciaci\u00f3n y solidaridad de g\u00e9nero\u201d. <\/p>\n
Asevera que la presente salvaguarda la interpone como \u201c(\u2026) \u00faltimo recurso y mecanismo transitorio, conforme a los precisos t\u00e9rminos del art. 8 del Decreto 2591 de 1991, para evitar as\u00ed m\u00e1s perjuicios irremediables y graves en [su] contra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efectos jur\u00eddicos tanto las determinaciones proferidas por los juzgados criticados dentro del comentado caso, como el fallo de tutela proferido por el tribunal querellado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculado <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n constitucional de tutela certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Corporaci\u00f3n ha advertido la improcedencia de los resguardos formulados contra actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ello el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta \u00faltima, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
\u201c4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
\u201c4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
\u201c4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
\u201c4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Expuesto lo anterior, se colige el fracaso del amparo porque, aun cuando el actor dirige su ataque contra las decisiones de los Juzgados Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, y Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento, ambos de Bogot\u00e1, mediante las cuales se deneg\u00f3 el memorado beneficio de libertad condicional, lo cierto es, el solicitante busca la revocatoria del fallo que neg\u00f3 la salvaguarda presentada por \u00e9l contra los referidos despachos judiciales y donde se censuraba tales determinaciones, decisi\u00f3n confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia STP745-2021. <\/p>\n
Esta Corte, en un asunto similar sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional, ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se agrega que, tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que, de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Fortalece la improsperidad del actual reclamo, el hecho de contar a\u00fan el petente con la revisi\u00f3n del fallo de tutela fustigado y el mecanismo de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir los argumentos aducidos por los juzgadores querellados con los cuales se deneg\u00f3 ese auxilio, pues el expediente deber\u00e1 ser enviado a la Corte Constitucional, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Se destaca, dicha colegiatura, seg\u00fan el Bolet\u00edn N\u00b0144 de 6 de julio del 2020, inici\u00f3 la recepci\u00f3n de las diligencias, por v\u00eda electr\u00f3nica, desde el 31 de julio de esa anualidad y, en esa medida, el accionante tiene a su alcance los se\u00f1alados instrumentos defensivos. <\/p>\n
5. Ahora, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se colige que, el 8 de febrero de 2021, la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal remiti\u00f3 al aqu\u00ed accionante el telegrama de notificaci\u00f3n del fallo de segunda instancia proferido en la otrora acci\u00f3n de tutela, por tanto, la reclamaci\u00f3n del promotor concerniente a una supuesta falta de enteramiento del tr\u00e1mite dado a la impugnaci\u00f3n presentada en ese asunto, fue superada con tal actuaci\u00f3n, as\u00ed, administrar justicia constitucional en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del \u201checho superado\u201d, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
6. Con todo, se exhortar\u00e1 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que remita al quejoso copia de la sentencia STP745-2021, con el fin de asegurarle al tutelante el conocimiento pleno del contenido de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
7. Ahora, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del ese perjuicio, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d4 (negrillas originales). <\/p>\n
El hecho de que el actor se encuentre privado de la libertad no puede ser tomado como una violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues tal evento es el resultado del adelantamiento de un proceso en su contra, en el cual los juzgadores del conocimiento lo hallaron culpable de la conducta endilgada, y dadas las facultades punitivas en cabeza del Estado, fue condenado a pena de prisi\u00f3n por ello. <\/p>\n
8. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
8.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
8.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
9. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 el resguardo reclamado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por C\u00e9sar Augusto Monta\u00f1a Moreno frente a los Juzgados Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, y Veintiuno Penal del Circuito con funciones de conocimiento, ambos de Bogot\u00e1, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, tr\u00e1mite extensivo a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del amparo propuesto por el aqu\u00ed accionante contra los dos primeros despachos judiciales mencionados. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR a la Sala de Casaci\u00f3n Penal en los t\u00e9rminos consignados en el N\u00ba 6 del ac\u00e1pite considerativo de esta providencia, de la cual se le enviar\u00e1 copia. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o mensaje de datos, a todos los interesados. Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00; reiterada el 2 de octubre de 2014, exp. 11001-02-03-000-2014-02184-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00; <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC3777-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente STC3777-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01025-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por C\u00e9sar Augusto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54124","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54124","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54124"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54124\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54124"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54124"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54124"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}