STC3835-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2021-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 9 de marzo de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariana1, en representaci\u00f3n de sus menores hijos Pedro2 y Juan3, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Defensor\u00eda del Pueblo Seccional Cesar, la Personer\u00eda Municipal de Valledupar y el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar- Regional Cesar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital, asistencia humanitaria, protecci\u00f3n reforzada del menor, alimentaci\u00f3n e igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas en su calidad de v\u00edctima de desplazamiento forzado, pues no han atendido sus requerimientos de manera oportuna y diligente. <\/p>\n
Fundament\u00f3 sus pretensiones en que pese a que es v\u00edctima de desplazamiento forzado, madre gestante en situaci\u00f3n de pobreza y que sus dos hijos menores se encuentran en estado de desnutrici\u00f3n y habitando en una invasi\u00f3n, no ha recibido ayuda de las autoridades encargadas de protegerlos; que la Personer\u00eda Municipal de Valledupar, la Defensor\u00eda del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y especialmente la Unidad para la Atenci\u00f3n a las V\u00edctimas, no acceden a sus ruegos de ayuda humanitaria, dejando a sus hijos desprotegidos y en condiciones de miseria. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la UARIV insiste en que el \u00fanico que tiene derecho a recibir tal asistencia es su expareja, Esteban4 como titular del n\u00facleo familiar seg\u00fan el Registro \u00danico de V\u00edctimas, con quien \u2013a\u00f1adi\u00f3 la peticionaria- no convive hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os; y que ya entreg\u00f3 a el declarante un giro por la suma de $400.000, quien es responsable de su administraci\u00f3n como titular de ese n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que expuso esta situaci\u00f3n en queja constitucional anterior y en sentencia de tutela se le orden\u00f3 al \u00faltimo ente citado realizar la divisi\u00f3n del n\u00facleo familiar para que entregara ayudas humanitarias separadas de conformidad con la sentencia T- 598 de 2014, pero tal orden no fue cumplida y aunque formul\u00f3 incidente de desacato el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, violando sus derechos fundamentales, consider\u00f3 que s\u00ed estaba satisfecho el mandato tutelar. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas hacerle entrega de atenci\u00f3n humanitaria por desplazamiento forzado, as\u00ed como que divida el n\u00facleo familiar anotado en el Registro \u00danico de V\u00edctimas, pues quien se constituy\u00f3 como l\u00edder y declarante es su expareja Esteban5, con quien hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os no convive; se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar sancionar en desacato a la UARIV, porque no ha accedido a sus solicitudes, pese a que existe un fallo de tutela proferido en su favor (rad. 2021 \u2013 00014); y ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregarle constancia de la visita que le realiz\u00f3 para acreditar que tiene la custodia de sus hijos menores de edad. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite tutelar e incidental con radicado 2021\u201300014, destac\u00f3 que el ruego constitucional fue concedido por ese despacho el 9 de febrero de 2021, fecha en la cual correspondi\u00f3 a ese despacho el asunto 2021\u201300030, rechazado de plano pues guardaba identidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica, y que en relaci\u00f3n con el incidente de desacato encontr\u00f3 cumplida la orden y las acusaciones formuladas contra esa decisi\u00f3n carecen de t\u00e9cnica, pues no demuestran violaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n pues constat\u00f3 en su sistema que el 27 de enero recibi\u00f3 solicitud por parte de la accionante, la cual remiti\u00f3 prioritariamente a la UARIV por ser la competente para su resoluci\u00f3n; y que ante tal situaci\u00f3n coadyuva la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo considerando que, en cuanto a la sanci\u00f3n pedida, el Juzgado accionado se encuentra adelantado las gestiones pertinentes, y lo restante ya fue decidido con la sentencia dictada en la acci\u00f3n de tutela 2021\u201300014, que se encuentra impugnada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante opugn\u00f3 la providencia de primera instancia dictada en este juicio tutelar, sin argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Entonces, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
2. En espec\u00edfico, sobre la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales que ponen fin al tr\u00e1mite incidental de desacato ha precisado la Corte Constitucional en sentencia SU-034 de 2018: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026 trat\u00e1ndose de solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de un incidente de desacato, el an\u00e1lisis parte del reconocimiento de que el legislador no previ\u00f3 otros medios de impugnaci\u00f3n destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en relaci\u00f3n con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacci\u00f3n de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas. En ese sentido, esta Corte ha recalcado que el auto que pone fin al incidente de desacato no es susceptible de apelaci\u00f3n \u2013recurso que en nuestro ordenamiento es numerus clausus\u2013. <\/p>\n
\u2026En otras palabras, este Tribunal ha puesto de relieve que las acciones de tutela que se presentan en estos eventos no pueden cuestionar los juicios y valoraciones en los que se bas\u00f3 la sentencia de tutela que sirvi\u00f3 como par\u00e1metro para decidir el incidente de desacato o la solicitud de cumplimiento, en la medida en que ello ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Por ello, al momento de evaluar si se estructur\u00f3 una violaci\u00f3n iusfundamental con ocasi\u00f3n de un incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisi\u00f3n que puso fin al tr\u00e1mite incidental estuvo precedida de todas las garant\u00edas procesales y si su contenido se ajust\u00f3, o no, a lo ordenado en la sentencia de tutela inicial, para pasar a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta frontera a la actuaci\u00f3n del juez de tutela, que se impone en beneficio del debido proceso de los intervinientes, guarda una estrecha relaci\u00f3n con el deber en cabeza del promotor de la acci\u00f3n de tutela de circunscribir su censura constitucional a los reproches que previamente haya planteado en el marco del tr\u00e1mite incidental. As\u00ed, adicionalmente, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela en este \u00e1mbito est\u00e1 condicionada desde un punto de vista sustantivo a las siguientes pautas: \u201c(i) los argumentos del accionante en el tr\u00e1mite del incidente de desacato y en la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u201d <\/p>\n
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporaci\u00f3n sostiene que para enervar mediante acci\u00f3n de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se re\u00fanan los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite \u2013incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas y de cara a las pretensi\u00f3n tutelar, se encuentran configurados los elementos aludidos, espec\u00edficamente, la Sala advierte un defecto f\u00e1ctico del juzgado accionado en el tr\u00e1mite incidental de desacato, pues err\u00f3 al valorar la respuesta dada por la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas allegada el 1 de marzo \u00faltimo, toda vez que la orden de tutela dada esta entidad no se limit\u00f3 a que emitiera una respuesta al derecho de petici\u00f3n radicado por la actora, sino a realizar un nuevo procedimiento administrativo para establecer la entrega de ayuda humanitaria a la gestora y sus hijos, con quienes conforma actualmente un n\u00facleo familiar separado e independiente al registrado de anta\u00f1o, como en efecto dispuso el fallador fustigado: <\/p>\n
ORDENAR a La UNIDAD PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL DE LAS V\u00cdCTIMAS, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ochos (48) horas h\u00e1biles contados a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9sta providencia, proceda a resolver a la se\u00f1ora MARIANA6 el derecho de petici\u00f3n por el cual solicit\u00f3 la separaci\u00f3n del n\u00facleo familiar, teniendo en cuenta las consideraciones jurisprudenciales de la sentencia T-598 del 2014, y concretamente verificar si la accionante es reconocible en la situaci\u00f3n descrita como: Cuando se est\u00e1 en presencia de mujeres cabeza de familia o de parejas nuevas con hijos (Sentencias T-025 de 2004, T-783 de 2011 y T-462 de 2012). En esta hip\u00f3tesis se deber\u00e1 inscribir un nuevo registro \u201caut\u00f3nomo y diferente al originario\u201d con miras a proporcionar la ayuda necesaria \u201cque les permita existir independientemente como familias. Adem\u00e1s, deber\u00e1 establecer la entrega de la ayuda humanitaria en forma separada o independiente del n\u00facleo familiar inscrito en la actualidad y la inclusi\u00f3n a programas dirigidos a la superaci\u00f3n de la pobreza, con una informaci\u00f3n comprensible y no simplemente basada en formatos que son de dif\u00edcil entendimiento para las personas menos favorecidas con el acceso a la informaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, no era de recibo tener por cumplido ese fallo con la respuesta de la UARIV, sustentada en la ayuda humanitaria que destinaron a ese n\u00facleo familiar en noviembre de 2020, pues esto no s\u00f3lo fue anterior a la orden de tutela de 9 de febrero de 2021 (rad. 2021-00014), sino a la manifestaci\u00f3n realizada por la accionante sobre su situaci\u00f3n actual, lo que amerita no s\u00f3lo la divisi\u00f3n del n\u00facleo familiar sino tambi\u00e9n la atenci\u00f3n prioritaria y especial a v\u00edctimas en condiciones de especial marginalidad y carencias b\u00e1sicas, como el presente caso ocurre, para que se fijen ayudas prontas e id\u00f3neas al nuevo grupo conformado por Mariana7 y sus menores hijos, de verificarse tal condici\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corte no desconoce que en virtud del Decreto 1084 de 2015, la fijaci\u00f3n de ayudas humanitarias es procedente a trav\u00e9s de un acto administrativo que se sustente en la evaluaci\u00f3n de carencias del respectivo n\u00facleo familiar, pero esto no es raz\u00f3n valedera para que las accionadas omitieran que tal tr\u00e1mite, de conformidad con la sentencia T \u2013 598 de 2014, debe hacerse en cuanto el interesado as\u00ed lo ponga en conocimiento, incluso cuando ya existe un registro previo, pues \u00e9ste est\u00e1 sujeto a modificaciones como en efecto lo decant\u00f3 la Corte Constitucional en la citada providencia: <\/p>\n
3.4.4. De acuerdo con lo expuesto, a partir de la jurisprudencia constitucional y de la normatividad vigente, es posible extraer cinco circunstancias que generan la divisi\u00f3n de un grupo familiar que fue desplazado por la violencia, de las cuales s\u00f3lo una no amerita la divisi\u00f3n de la ayuda humanitaria y tres justifican la entrega de ayuda independiente a la del grupo original. Tales situaciones se pueden resumir de la siguiente manera: <\/p>\n
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(i) Cuando las personas deciden separarse de su n\u00facleo familiar original sin justificaci\u00f3n o para recibir mayor ayuda humanitaria (inciso 1\u00ba del art\u00edculo 119 del Decreto 4800 de 2011 y Sentencia T-025 de 2004). En este escenario no es posible incluir un nuevo registro y se mantendr\u00e1 el monto de la ayuda inicialmente otorgada, la cual ser\u00e1 entregada al jefe de hogar que consta en la correspondiente declaraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) Cuando se trata del abandono por parte del jefe de hogar y se requiere la protecci\u00f3n de menores de edad (par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 del Decreto 4800 de 2011 y Sentencia T-721 de 2008). En esta hip\u00f3tesis se proceder\u00e1 a la creaci\u00f3n de un nuevo registro y se dividir\u00e1 proporcionalmente la ayuda seg\u00fan la conformaci\u00f3n de cada grupo familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) Cuando el n\u00facleo se separa por violencia intrafamiliar (par\u00e1grafo del art\u00edculo 119 del Decreto 4800 de 2011). En este escenario se siguen las mismas reglas previamente expuestas, esto es, se debe crear un nuevo registro y dividir proporcionalmente la ayuda. <\/p>\n
<\/p>\n
(iv) Cuando se trata de menores de edad y de adultos mayores que se reencuentran con su familia (Sentencia T-025 de 2004). En esta circunstancia, siempre que sea necesario, se debe modificar la informaci\u00f3n del registro, para garantizar que el n\u00facleo familiar reciba la ayuda adecuada y proporcional a su nueva realidad. <\/p>\n
<\/p>\n
(v) Cuando se est\u00e1 en presencia de mujeres cabeza de familia o de parejas nuevas con hijos (Sentencias T-025 de 2004, T-783 de 2011 y T-462 de 2012). En esta hip\u00f3tesis se deber\u00e1 inscribir un nuevo registro \u201caut\u00f3nomo y diferente al originario\u201d, con miras a proporcionar la ayuda necesaria \u201cque les permita existir independientemente como familias\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3.4.5. Las circunstancias expuestas evidencian que, en varias ocasiones, resulta necesaria la modificaci\u00f3n del registro o la inscripci\u00f3n de uno nuevo, como herramienta id\u00f3nea para proteger los derechos fundamentales de la poblaci\u00f3n desplazada y salvaguardar la instituci\u00f3n familiar, con miras a preservar el m\u00ednimo vital y la subsistencia de sus miembros, en especial de adultos mayores y menores de edad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por esta senda est\u00e1 llamada a prosperar la queja contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, pues no se encuentra cumplida la sentencia del 9 de febrero hoga\u00f1o, proferida por ese despacho. <\/p>\n
4. Finalmente, sobre la pretensi\u00f3n de la accionante dirigida a que el ICBF entregue copia del acta de visita practicada en cumplimiento de la sentencia de tutela de 9 de febrero de 2021 (rad. 2021\u201300014), para acreditar que ella tiene la custodia de sus hijos, lo cierto es que no existe prueba en el expediente de que en efecto lo haya solicitado a esa entidad, por lo que deviene en improcedente tal pedimento. <\/p>\n
Por tanto, al existir otros mecanismos de defensa judicial para alegar ante el juzgador ordinario las inconformidades planteadas en sede constitucional, as\u00ed habr\u00e1 de declararse, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al medio regular de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como mecanismo sustituto de las herramientas o procedimientos comunes creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad iusfundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 2013-01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
5. Por lo anterior, la Sala revocar\u00e1 parcialmente la decisi\u00f3n apelada en el presente tr\u00e1mite constitucional, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada, y, en su lugar, concede parcialmente el amparo promovido por las razones consignadas en este prove\u00eddo; por lo cual se dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar revocar el auto proferido el 18 de marzo de 2021, para que, en su lugar, tramite y decida el incidente de desacato promovido por Mariana8, en representaci\u00f3n de sus menores hijos Pedro9 y Juan10, de conformidad con las consideraciones esbozadas en este prove\u00eddo, tendiente a que la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas proceda a realizar el tr\u00e1mite pertinente que culmine, si es el caso, con la inscripci\u00f3n de un nuevo n\u00facleo familiar, su registro aut\u00f3nomo y diferente al originario, con miras a proporcionar la ayuda necesaria que les permita a la accionante y sus menores hijos consolidar un n\u00facleo familiar independientemente. <\/p>\n
Segundo: En lo omitido en el numeral inmediatamente anterior, se NIEGA la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Tercero: Comunicar por el medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
6\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
7\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
8\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
9\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
10\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
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STC3835-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC3835-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2021-00047-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54126\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}