STC3838-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3838-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00034-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 16 de marzo de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariana1, en representaci\u00f3n de su menor hijo Juli\u00e1n2, contra el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo constitucional, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, trabajo, protecci\u00f3n reforzada del menor e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada en el juicio de divorcio que ella inco\u00f3 contra Esteban3, en tanto que, a pesar de acceder a la terminaci\u00f3n del contrato marital por encontrar configurada la causal primera prevista en el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, no reconoci\u00f3 alimentos a favor de la demandante como c\u00f3nyuge inocente. <\/p>\n
Destac\u00f3 la promotora que no cuenta con propiedades, rentas o estudios que le permitan generar ingresos, pues desde hace m\u00e1s de 11 a\u00f1os forj\u00f3 una expectativa leg\u00edtima fundada en la familia que se dedic\u00f3 a construir, adem\u00e1s que es hecho notorio que como consecuencia de la pandemia Covid\u201319 existe muy baja oferta laboral por lo que no puede afirmarse que tendr\u00e1 ingresos suficientes para ella y su hijo, sobre quien conserva la custodia. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el fallo criticado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en defecto probatorio, pues al aseverar que omiti\u00f3 la demandante aportar prueba de p\u00e9rdida de su capacidad laboral que amerite la fijaci\u00f3n de alimentos en su favor, traslad\u00f3 irracionalmente la carga de la prueba, pues es al c\u00f3nyuge culpable a quien le corresponde probar que el demandante no necesita alimentos para su congrua subsistencia, una vez roto el v\u00ednculo matrimonial. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, revocar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva el 11 de febrero de 2021, frente a la cual formul\u00f3 apelaci\u00f3n parcial, para que en su lugar dicte una nueva sentencia que acoja sus s\u00faplicas \u00edntegramente, de forma definitiva o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable mientras se decide la alzada formulada contra la sentencia cuestionada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 19 Judicial de Familia de Neiva recomend\u00f3 acceder a las pretensiones constitucionales de la quejosa, pues deben prevalecer los derechos fundamentales de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, los que en el presente caso se encuentran en riesgo en raz\u00f3n a que el juzgado accionado omiti\u00f3 reconocer el derecho del menor Juli\u00e1n4, al pago superior al de la cuota de alimentos fijada, al omitir afectar las primas y dem\u00e1s emolumentos que recibe el padre del menor diversos a su salario mensual. <\/p>\n
2. El Defensor Regional de Familia del Huila vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Centro Zonal la Gaitana-, solicit\u00f3 adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda velando por el cabal cumplimiento del art\u00edculo 44 constitucional, el cual consagra como derecho fundamental de los menores no solo los alimentos, tambi\u00e9n el suministro de todo lo necesario para su pleno desarrollo f\u00edsico, psicol\u00f3gico, intelectual, moral, social y cultural. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto de Familia de Neiva manifest\u00f3 que neg\u00f3 la solicitud de alimentos en favor de Estefan\u00eda Soto Andrade porque se encuentra en una edad productiva y no presenta enfermedades, no cuenta con impedimento alguno que proveerse su sustento. <\/p>\n
4. Esteban5, solicit\u00f3 negar por improcedente el resguardo invocado, defendi\u00f3 la legalidad de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Neiva y destac\u00f3 que la tutela procede excepcionalmente contra sentencias judiciales y por causales espec\u00edficas, las cuales no se configuran. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que actualmente est\u00e1 en curso el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la quejosa contra la sentencia de divorcio, por lo que es al juez natural del caso a quien corresponde pronunciarse sobre lo aqu\u00ed pretendido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del resguardo porque no cumple el presupuesto de subsidiariedad, en raz\u00f3n a que a\u00fan est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n la apelaci\u00f3n formulada por la quejosa contra la sentencia proferida el 11 de febrero de 2021 por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, pretende la accionante por esta senda sean acogidas las censuras que formul\u00f3 ante el Tribunal Superior de Neiva, por v\u00eda de apelaci\u00f3n, en el juicio de divorcio que adelanta contra su c\u00f3nyuge, Esteban6 (2019 \u2013 00585), relativas a la fijaci\u00f3n de alimentos a su favor y la ampliaci\u00f3n de la cuota fijada para su menor hijo, bien sea de forma definitiva o transitoria para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Tales reclamos resultan inviables en sede constitucional, como quiera que con ese prop\u00f3sito la quejosa formul\u00f3 el aludido recurso de apelaci\u00f3n que est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir otro medio judicial para alegar la inconformidad planteada en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la actora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, en relaci\u00f3n a la alegada consolidaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, fundado en la tardanza que suscita el referido mecanismo ordinario de defensa judicial, que a juicio de la petente habilitar\u00eda la intervenci\u00f3n del juez constitucional, lo cierto es que no se cumplen los presupuestos para tal fin. <\/p>\n
La Corte Constitucional ha sido pac\u00edfica en su jurisprudencia sobre la evaluaci\u00f3n que el juez del caso debe hacer cuando se alegue la existencia de un perjuicio irreversible al solicitar la concesi\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar transitoriamente, decantando que: <\/p>\n
\u2026 el presupuesto de subsidiariedad que rige la acci\u00f3n de tutela, debe analizarse en cada caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta Corporaci\u00f3n ha determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad: <\/p>\n
<\/p>\n
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es id\u00f3neo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, <\/p>\n
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial id\u00f3neo, \u00e9ste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo transitorio. <\/p>\n
\u2026 En cuanto a la primera hip\u00f3tesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa judicial al alcance del afectado, se tiene que \u00e9sta no puede determinarse en abstracto, sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protecci\u00f3n del derecho debe evaluarse en el contexto concreto. El an\u00e1lisis particular resulta necesario, pues en \u00e9ste podr\u00eda advertirse que la acci\u00f3n ordinaria no permite resolver la cuesti\u00f3n en una dimensi\u00f3n constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protecci\u00f3n o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la segunda hip\u00f3tesis, cabe anotar que su prop\u00f3sito no es otro que el de conjurar o evitar una afectaci\u00f3n inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la protecci\u00f3n que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo dispone el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, el cual indica: \u201c[e]n el caso del inciso anterior, el juez se\u00f1alar\u00e1 expresamente en la sentencia que su orden permanecer\u00e1 vigente s\u00f3lo durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por el afectado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dicha excepci\u00f3n al requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectaci\u00f3n inminente del derecho -elemento temporal respecto del da\u00f1o-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectaci\u00f3n del derecho-; y (iv) el car\u00e1cter impostergable de las medidas para la efectiva protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en riesgo. (C.C T \u2013 375 de 2018). <\/p>\n
En el caso sub examine no se acredit\u00f3 perjuicio irremediable que justifique la intervenci\u00f3n constitucional, en raz\u00f3n a que la accionante no demostr\u00f3 riesgo o da\u00f1o inminente que afecte su congrua subsistencia por no recibir alimentos de su exc\u00f3nyuge mientras se surte el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que primera instancia que accedi\u00f3 al divorcio deprecado, m\u00e1xime si durante ese proceso judicial tampoco los pidi\u00f3, de conformidad con el procedimiento regulado en el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual pod\u00eda solicitar desde la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e al menor de edad, hijo com\u00fan de los litigantes, en raz\u00f3n a que el inciso 3\u00b0 del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que \u00ab\u2026la apelaci\u00f3n no impedir\u00e1 el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservar\u00e1 competencia\u00bb; lo cual evidencia la satisfacci\u00f3n del derecho a alimentos del aludido infante en tanto es decidido el recurso de apelaci\u00f3n pluricitado. <\/p>\n
4. Por lo anterior, la Sala confirmara la decisi\u00f3n apelada en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comunicar por el medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
4\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
6\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
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