STC3995-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3995-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-00994-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de catorce de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Santiago Garc\u00eda S\u00e1nchez y Romelia S\u00e1nchez Durango1 contra el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados a las partes e intervinientes en el juicio de radicado 05001-60-00206-2018-28161. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al interior del proceso anteriormente referenciado. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 17 de octubre del 2018, fue detenido e imputado el se\u00f1or Santiago Garc\u00eda S\u00e1nchez por el presunto delito de hurto calificado y agravado en concurso con Fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El 05 de diciembre siguiente, la Fiscal\u00eda 26 Seccional de Medell\u00edn present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n en los mismos t\u00e9rminos y, adem\u00e1s, le adicion\u00f3 el delito de uso de menores de edad en la comisi\u00f3n de delitos. <\/p>\n
2.2. El 16 de enero del 2019, al momento de instalarse la audiencia preparatoria ante el Juzgado Quince Penal del Circuito de Medell\u00edn, la Fiscal\u00eda manifest\u00f3 que se lleg\u00f3 a un preacuerdo con el accionante. En efecto, se comunic\u00f3 que el acusado hab\u00eda aceptado los cargos imputados y, a cambio, se eliminaron los agravantes del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de fuego. <\/p>\n
2.3. Aceptada la negociaci\u00f3n, el 22 de enero del mismo a\u00f1o se profiri\u00f3 sentencia condenatoria e impuso sanci\u00f3n de quince a\u00f1os de prisi\u00f3n. Sin embargo, al estar inconforme con la dosificaci\u00f3n de la pena, la defensa interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 21 de junio del 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 confirmar el prove\u00eddo cuestionado. Sin embargo, modific\u00f3 la pena a doce a\u00f1os y seis meses. <\/p>\n
2.5. El actor impetr\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Sin embargo, la demanda fue inadmitida por auto del 18 de noviembre del 2020 por la Hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. A juicio del actor, las sentencias de primer y segundo grado \u00abdosifican mal la pena, lo que genera un defecto sustancial en la misma susceptible de ser enmendado v\u00eda acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Para el promotor, la primera sentencia \u00abincurre en el error advertido por la Corte en la sentencia de la referencia (Exp. 18856 del 24\/04\/2003) y es ratificado por el tribunal cuando no modifica el error cometido, cuando para determinar el delito con pena m\u00e1s grave, el delito de Hurto Calificado y Agravado (\u2026) le aplica la circunstancia modificadora de la punibilidad contemplada en el art\u00edculo 269 del C.P., siendo \u00e9ste un fen\u00f3meno postdelictual que no opera al momento de la dosificaci\u00f3n punitiva, sino para efecto de su reducci\u00f3n una vez establecida la pena a imponer\u00bb. <\/p>\n
Tras evidenciar lo que para \u00e9l constitu\u00eda la forma correcta de dosificar la pena, arguy\u00f3 que \u00abla conducta punible con la pena m\u00e1s grave, atendiendo el preacuerdo celebrado, es el delito de Hurto Calificado y Agravado, a la que, aplicada la rebaja de pena por pago de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, conforme los planteamientos ya esbozados, nos da una pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisi\u00f3n\u00bb. Y, adem\u00e1s, \u00aba esta pena determinada se le hacen los aumentos por las otras conductas punibles, que ser\u00eda de tres (3) a\u00f1os por el delito de Fabricaci\u00f3n, Tr\u00e1fico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios o Municiones y que sea un (1) a\u00f1o por el delito de Uso de Menores de Edad para la Comisi\u00f3n de Delitos, para un total de pena de ocho a\u00f1os (8) de prisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se declare \u00abla revocatoria de la providencia del 22 de enero de 2019 emitida por el juzgado 15 penal del circuito con funci\u00f3n de conocimiento de Medell\u00edn sentencia No. 001 y el fallo que la confirma y modifica disminuyendo la pena del 21 de junio de 2019 y en su lugar se haga la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n como se dej\u00f3 sentado atr\u00e1s (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. En principio, la acci\u00f3n de tutela fue repartida a la Hom\u00f3loga Penal de esta Corte. Sin embargo, en prove\u00eddo ATP324-2021, la Sala resolvi\u00f3 remitir \u00abpor competencia el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn precis\u00f3 que \u00abel planteamiento que hoy sustenta la acci\u00f3n de tutela, fue el disenso que conllev\u00f3 en su momento a interponer y sustentar el recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal, con el resultado ya mencionado en ac\u00e1pite anterior\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, sentenci\u00f3 que ning\u00fan \u00abquebranto a los derechos fundamentales del actor se ha realizado por este despacho, pues en aplicaci\u00f3n a la celeridad del proceso y el respeto de las garant\u00edas procesales, se aval\u00f3 la terminaci\u00f3n abreviada del proceso, aceptando el hoy actor de manea libre, consciente y voluntaria los beneficios y consecuencias que acarrea la figura del preacuerdo, aceptaci\u00f3n que conllev\u00f3 a que este despacho interpusiera la pena impuesta\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n aludi\u00f3 a las razones de hecho y de derecho consignadas en el auto C.SA-56165 que la llevaron a inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, al resolver la alzada, \u00abel Suscrito no encontr\u00f3 acertados los argumentos de la defensa y en su lugar se determin\u00f3 que en el caso concreto la sanci\u00f3n privativa de la libertad que deb\u00eda ser impuesta al ciudadano Santiago Garc\u00eda S\u00e1nchez era de doce (12) a\u00f1os y seis (6) meses de prisi\u00f3n, ello siguiendo los lineamientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para la tasaci\u00f3n de la pena en eventos de concurso de conductas punibles y en consonancia con la jurisprudencia especializada vigente\u00bb. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El actor accion\u00f3 en b\u00fasqueda de la revocatoria de las sentencias del 22 de enero del 2019, que conden\u00f3 al accionante a los delitos imputados y dosific\u00f3 la pena y la proferida el 21 de junio del mismo a\u00f1o, que modific\u00f3 la primera en cuanto a la estimaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
2. De entrada, de advierte que el estudio se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo del ad quem, pues pese a que ambas providencias son cuestionadas, fue la \u00faltima la que dirimi\u00f3 la controversia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se advierte que el estudio de fondo se circunscribir\u00e1 a los derechos fundamentales del se\u00f1or Santiago Garc\u00eda S\u00e1nchez, toda vez que es el titular de los derechos fundamentales reclamados. En tal sentido, la s\u00faplica elevada por Romelia S\u00e1nchez Durango, quien dijo actuar como agente oficioso, no puede estudiarse de fondo en atenci\u00f3n a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para tal efecto. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que de conformidad con el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, es claro que este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales puede ejercerse de manera directa por el afectado, o por intermedio de apoderado. Para que un sujeto diferente al titular de garant\u00edas esenciales que se estiman conculcadas se encuentre legitimado para interponer esta acci\u00f3n es indispensable que est\u00e9 debidamente habilitado por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para ello, siempre y cuando acredite debidamente la calidad de abogado o bien, que act\u00fae como agente oficioso, debiendo demostrar, siquiera sumariamente, la \u00ablimitante f\u00edsica o ps\u00edquica\u00bb que le impide actuar al titular directamente o a trav\u00e9s de su representante. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u00bb (CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en CSJ STC2732-2020, Mar. 12 de 2020, rad. 2019-03791-03). <\/p>\n
Sin embargo, se observa que en el caso en particular no existe raz\u00f3n para que la se\u00f1ora S\u00e1nchez Durango presente la acci\u00f3n como agente oficioso, cuando es el mismo titular de los derechos quien concomitantemente present\u00f3 la tutela. <\/p>\n
3. Ahora bien, analizado el recuento f\u00e1ctico, en lo que toca a la queja enfilada contra el Tribunal convocado, prontamente advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede prosperar. <\/p>\n
En toda vez que no se cumple con el requisito de subsidiariedad en cuanto a los aludidos prove\u00eddos, debido a que el promotor no hizo uso id\u00f3neo del \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. Indubitablemente, el cargo expuesto en la demanda de casaci\u00f3n, en el que se esbozaron precisamente las mismas alegaciones que por esta v\u00eda constitucional se ventilan, no cumpli\u00f3 con los requisitos t\u00e9cnicos para ser estudiado por el \u00f3rgano de cierre. <\/p>\n
Con todo, esa superioridad estim\u00f3 que no se advert\u00eda \u00abde la demanda y de la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, no se percibe la necesidad de hacer uso del mecanismo oficioso de enmienda para garantizar los fines del recurso extraordinario previstos en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, menos en lo que a la tasaci\u00f3n de la pena efectuada por el juez de instancia en este caso se refiere, al no advertirse configurados los reparos denunciados por el casacionista\u00bb. <\/p>\n
Tal desatenci\u00f3n impide la revisi\u00f3n de la providencia refutada, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que no se acudi\u00f3 a la insistencia establecida en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, cuyas reglas, en ausencia de disposici\u00f3n legal, han sido definidas desde el a\u00f1o 2005, en CSJ AP, 12 dic. 2005, rad. 24322, aclaradas en AP-3481-2014. <\/p>\n
La Sala en un asunto similar precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[s]i bien no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo respecto a la problem\u00e1tica en litis, ello aconteci\u00f3, concretamente, porque el ahora querellante, a trav\u00e9s de su apoderado, formul\u00f3 deficientemente la demanda de casaci\u00f3n, la cual, por su car\u00e1cter excepcional, exige unas especial\u00edsimas pautas en su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
Es pertinente indicar, ese recurso extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del ataque; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar los cargos para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea superable en esta sede, porque no se instituy\u00f3 para suplir la ineptitud del remedio. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de prerrogativas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (STC3924-2018, citada en CSJ STC3461-2020 May. 27 de 2020, rad. 2020-00910-00). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Quien dice actuar como agente oficioso. <\/p>\n
<\/p>\n
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