STC4134-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4134-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01102-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas Joaqu\u00edn Ordo\u00f1ez Leal frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abdignidad personal\u00bb, a la \u00abbuena fe\u00bb y a la \u00ablegalidad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia dictada en segunda instancia en el marco del proceso reivindicatorio que Hugo Vladimir S\u00e1nchez Moreno e Hilda Aurora Moreno de S\u00e1nchez, promovieron en su contra <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, para \u00abinvalidar la sentencia de Segunda instancia y ordenar que se reconozca como legal el contrato mencionado en el punto 2\u00ba. de los hechos de este escrito\u00bb, en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aduce, que pese a que aport\u00f3 la promesa de compraventa celebrada entre los anteriores propietarios del predio (los conyugues Acu\u00f1a Moreno) con su exesposa, el que no se tach\u00f3 de falso, y que denunci\u00f3 por falso testimonio a los testigos convocados al litigio verbal referido en l\u00edneas anteriores, habida cuenta que con sus declaraciones pretend\u00edan \u00abhacer creer\u00bb que aqu\u00e9llos \u00abfueron enga\u00f1ados por el suscrito al hacer[s]e pasar por \u201cagente inmobiliario\u201d para acceder el inmueble con [su] familia, simplemente con el fin de hacer creer al juzgador la existencia de mala fe\u00bb, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga confirm\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma urbe, que acogi\u00f3 las pretensiones reivindicatorias reclamadas. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la anterior determinaci\u00f3n omiti\u00f3, no solo que desde que tuvo conocimiento de la enajenaci\u00f3n del predio a los ahora demandantes \u00abinici\u00f3 proceso penal por FALSEDAD Y FRAUDE PROCESAL contra los cuatro (4) suscribientes\u00bb, sino que, en el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario rad. 2006-006000-00, se \u00abACEPT\u00d3 LA OPOSICI\u00d3N\u00bb que \u00e9l formul\u00f3 respecto de la diligencia de secuestro, a m\u00e1s que impidi\u00f3 el remate de \u00e9ste por \u00abm\u00e1s de trece a\u00f1os\u00bb, circunstancias que, dice, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 12 de abril de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa que la censura del se\u00f1or Jes\u00fas Joaqu\u00edn est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo dictado en la audiencia el 10 de febrero del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, que resolvi\u00f3 \u00abCONFIRMAR\u00bb lo decidido el 25 de octubre de 2018 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, de acoger las pretensiones del proceso reivindicatorio, con demanda de reconvenci\u00f3n, que Hugo Vladimir S\u00e1nchez Moreno y otra promovieron en su contra, pues seg\u00fan su criterio, no se tuvo en cuenta las denuncias penales que cursan respecto de algunos testigos y un contrato que afirma es espurio, y adem\u00e1s se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Para la Sala, sin duda, las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso adecuado de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, pues si bien el demandado, aqu\u00ed interesado, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n frente a la sentencia de primer grado que le result\u00f3 desfavorable a sus intereses, lo cierto es que, en un acto constitutivo de incuria, no expuso en el citado mecanismo las inconformidades que ahora ventila en ese asunto en punto de las diligencias penales adelantadas ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; luego entonces, desperdici\u00f3 el medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales \u00abya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC1664-2020). <\/p>\n
3.2. As\u00ed mismo, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2.1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, para mantener en su integridad la sentencia nugatoria de primer grado, en relaci\u00f3n a los reparos puntuales a dicho mecanismo, esto es, la nulidad del contrato de compraventa del inmueble que habilit\u00f3 a los demandantes, la existencia de una promesa de compraventa del bien suscrita por los otrora due\u00f1os con la exesposa de quejoso, los actos posesorios, y, la posible prescripci\u00f3n adquisitiva, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl dominio que se cuestiona en cabeza de los actores por la nulidad absoluta del contrato de compraventa, estima el Tribunal, debe obedecer al concepto de acumulaci\u00f3n de pretensiones, esto es, que atienda a su misma a naturaleza, que la liguen de manera l\u00f3gica, dado que el dominio no se refuta dentro del proceso reivindicatorio a trav\u00e9s del cuestionamiento del acto jur\u00eddico que lo origin\u00f3, abordado un cuestionamiento diferente, esto es, que debe debatirse acorde a su objeto y no trasladar a otro tipo de pretensiones ajenas al debate de la materia que se ha propuesto (\u2026). <\/p>\n
Al igual que el recurrente acude a la presunci\u00f3n de legalidad y autenticidad de la promesa de compraventa, con mayor raz\u00f3n se predica de la escritura p\u00fablica de compraventa de los demandantes la cual se aport\u00f3 al proceso (\u2026) cuyos contenidos no fueron desconocidos (\u2026) de acuerdo al art\u00edculo 272 del C\u00f3digo General del Proceso, nulidad que por otra parte no se predica sino de los supuestos que predica el art\u00edculo 1741 del C.C. para informaci\u00f3n del recurrente (\u2026), valga la redundancia, entre tanto, la tradici\u00f3n que transmite el dominio que para los bienes muebles se da con la entrega material, para los inmuebles exige su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, cuesti\u00f3n de mera oponibilidad frente a terceros (\u2026) por lo que no prospera este argumento por dem\u00e1s ajeno al debate reivindicatorio. <\/p>\n
Ahora bien entratandose (sic) de la promesa de compraventa, bien se advierte que el demandado no fue parte del texto de la misma, sino quien fuera su exesposo, de quien adem\u00e1s se afirma, le cedi\u00f3 su derecho o mejor su condici\u00f3n de poseedora, que no es justo t\u00edtulo de un lado, porque la promesa no constituye un t\u00edtulo adecuado y enajenaci\u00f3n de la propiedad o derecho alguno y menos un modo, que como ya se indic\u00f3 no es la tradici\u00f3n, que para inmuebles requiere su registro, seg\u00fan el [canon] 756 del C\u00f3digo Civil, de esta suerte la posesi\u00f3n del demandado no se evidencia pueda hacer regular de manera alguna, como que tampoco pueda sumar posesi\u00f3n de su antecesora como se argumenta, pues la cesi\u00f3n en s\u00ed misma no es un acto aut\u00f3nomo, sino que accede a un t\u00edtulo, seg\u00fan ense\u00f1a tambi\u00e9n la doctrina de vieja data, por ejemplo cesi\u00f3n a t\u00edtulo de compraventa, cesi\u00f3n a t\u00edtulo de donaci\u00f3n (\u2026) seg\u00fan que sea oneroso o gratuito, se requiere por ende un acto jur\u00eddico a t\u00edtulo universal o singular que las concatene seg\u00fan el art\u00edculo 178 del c\u00f3digo civil, con todo el punto nodal observa la sala a este respecto Se aprecia lo constituir\u00eda entonces que el tiempo necesario para la prescripci\u00f3n extraordinaria que el demandado alega ostentar claramente del 28 de febrero del a\u00f1o 1998 siendo que para entonces ven\u00eda corriendo la prescripci\u00f3n de 20 a\u00f1os, sin que la contestaci\u00f3n de la demanda se manifestar\u00e1 alguna predilecci\u00f3n pudiendo optar por una o la otra seg\u00fan su conveniencia, deja ver no obstante que bajo ninguna de las normas que cumple el tiempo respectivo pues Incluso si se aceptara la de 20 a\u00f1os desde esa data (\u2026) hasta la presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00edan transcurrido sin apenas cerca de 14 a\u00f1os, pues la demanda reivindicatoria se present\u00f3 en el mes de mayo de 2012, entre tanto y se tuviese en cuenta la prescripci\u00f3n de 10 a\u00f1os, y no lo dijo claramente el se\u00f1or abogado de la parte demandada, el t\u00e9rmino de la posici\u00f3n debe iniciar con la vigencia de la nueva ley seg\u00fan el art\u00edculo 41 de la ley 153 de 1887, esto es, de la ley 791 de 2002 que entr\u00f3 a regir el 27 de diciembre de dicho a\u00f1o, es decir, que los 10 a\u00f1os cumplir\u00eda en el 27 de diciembre de 2012 si no fuera por qu\u00e9 se interrumpi\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la demanda el 9 de mayo de 2012 (\u2026) observ\u00e1ndose que el demandado se notific\u00f3 por conducta concluyente a trav\u00e9s de Memorial presentado en el mes de agosto de ese a\u00f1o (\u2026) por lo que de acuerdo al art\u00edculo 90, vigente para ese momento, se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, de esta suerte que al no existir el tiempo necesario para la prescripci\u00f3n inane resulta entonces determinar la posesi\u00f3n efectiva del actor durante tales interregnos que no obstante se aprecia igualmente desvirtuar de la testimonial practicada as\u00ed como de la propia actividad demandado que frente actuaciones administrativas no se ha dado por poseedor de manera franca y directa, aduciendo por el contrario con timidez ser un simple ocupante, a lo que debe a\u00f1adirse que tampoco acredit\u00f3 pactar obligaciones de aquella se llaman (\u2026) ambulatorias de aquellas que se predican en cabeza del titular del derecho de dominio, como la administraci\u00f3n o el impuesto predial, por el motivo que sea, deleznables y asistem\u00e1ticos resultan entonces los argumentos de la alzada en torno a su inconformidad respecto del fallo de primera instancia que reflejan una vez m\u00e1s sus desaciertos que comprometen eso si la diligencia profesional requerida que desdice la labor litigiosa\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis probatorio y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado, especialmente cuando para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, se tuvieron en cuenta precisamente los medios probatorios obrantes en el proceso y las normas aplicables al mismo, los que permitieron inferir no solo que el aqu\u00ed actor, carec\u00eda de la condici\u00f3n de poseedor y por el contrario, se reputaba ocupante, sino que de aceptar la primera de las calidades, tampoco hab\u00eda lugar a declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva del predio, habida cuenta de la interrupci\u00f3n de los t\u00e9rminos, a m\u00e1s que en efecto, el promesa de compraventa del inmueble arrimada por aqu\u00e9l, carec\u00eda de suficiencia frente a la escritura p\u00fablica de enajenaci\u00f3n del bien en la que se apoyaron los demandantes. <\/p>\n
3.2.3. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
3.3. Finalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al aqu\u00ed inconforme, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlo, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC2632-2020). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4134-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC4134-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01102-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jes\u00fas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54130","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54130"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54130\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54130"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}