STC4157-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4157-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01043-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Dirime la Corte la tutela que Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1an le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, extensiva al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga – Atl\u00e1ntico, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 08-638-3189-001-2016-00113-00- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y, en consecuencia, se dejara sin valor ni efecto la sentencia emitida el 4 de marzo de 2021 y se ordenara a la Sala convocada que \u00abprofiera una nueva decisi\u00f3n debidamente motivada, soportada en la o las pruebas (\u2026) periciales practicadas en el proceso (\u2026), por ser (\u2026) [el] fundamento para estimar el monto de la indemnizaci\u00f3n pendiente de pago (\u2026), as\u00ed como (\u2026) [en] la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa (Corelca) demand\u00f3 la imposici\u00f3n de servidumbre contra Rafael Villareal Echaona sobre una franja de terreno de su propiedad (M.I. n\u00ba 045-7821); tr\u00e1mite al que fue vinculada como parte pasiva junto con Electricaribe S.A. E.S.P. que ingres\u00f3 a la activa, y respecto de la cual se dio una sucesi\u00f3n procesal a favor de Air-E S.A.S. E.S.P. (rad. n\u00ba 2016-00113). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga admiti\u00f3 el libelo (28 nov. 1997) y practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial (9 dic). Luego, remiti\u00f3 el expediente al Primero Promiscuo del Circuito de esa municipalidad, quien rechaz\u00f3 la contestaci\u00f3n del escrito genitor por extempor\u00e1neo y design\u00f3 avaluadores \u00abexpertos del IGAC y auxiliares de la justicia\u00bb, en atenci\u00f3n a que Corelca omiti\u00f3 aportar el inventario de perjuicios que exig\u00eda el Decreto 2580 de 1985 (22 ag. 2016). <\/p>\n
Expres\u00f3 que rendido el informe que arroj\u00f3 como valor a indemnizar 1.693.440.000 (19 sep. 2017), dict\u00f3 fallo decretando la \u00abimposici\u00f3n de la servidumbre\u00bb, fijando como compensaci\u00f3n econ\u00f3mica la suma de 1.500.000.000 (5 sep. 2018), determinaci\u00f3n que fue apelada por Electricaribe S.A. E.S.P. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el ad quem decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado para que se realizara una \u00abinspecci\u00f3n judicial\u00bb con intervenci\u00f3n de peritos y se identificara \u00abplenamente el inmueble sirviente, la titularidad del dominio, el aval\u00fao para la \u00e9poca de la autorizaci\u00f3n de la servidumbre y la consecuente indemnizaci\u00f3n\u00bb (12 jun. 2019). El a quo, adelant\u00f3 tal diligencia y nombr\u00f3 nuevo perito (9 ag. 2019) que calcul\u00f3 la \u00abcompensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb en 2.374.354.500 y, despu\u00e9s, accedi\u00f3 a las pretensiones y dispuso el pago de esa cantidad de dinero (13 feb. 2020). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ambos extremos de la litis \u00abapelaron\u00bb, Electricaribe S.A. E.S.P. controvirtiendo la experticia y la contraparte solicitando que no se condenara en costas, pero el Tribunal accionado se apart\u00f3 de los dict\u00e1menes, mantuvo la servidumbre y modific\u00f3 el veredicto en relaci\u00f3n con el monto resarcitorio, que estableci\u00f3 en 12.410.808 (4 mar. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que tal pronunciamiento estructura una v\u00eda de hecho, en la medida que \u00abantojadizamente aplic\u00f3 a criterio subjetivo (\u2026) una metodolog\u00eda de c\u00e1lculo indemnizatorio\u00bb, y procedi\u00f3 a \u00abestablecer el quantum indemnizatorio fund\u00e1ndose en el precio de compra, mediante el cual la se\u00f1ora (\u2026) Mattos Li\u00f1an (en el a\u00f1o de 1990) adquiri\u00f3 el bien, index\u00e1ndolo hasta el a\u00f1o 1998\u00bb, para luego colegir \u00abel valor del metro cuadrado en 657 pesos y multiplica[rlo] por el \u00e1rea \u00fanica y exclusiva de la zona afectada, como si todo el predio no sufriera como cuerpo cierto que es (\u2026)\u00bb, sin: i) \u00abvalorar las experticias\u00bb en conjunto con las dem\u00e1s pruebas, pese a que eran adecuadas para apreciar objetivamente dicha \u00abcompensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb (art. 29 de la Ley 56 de 1981), ii) Decretar otra pericia de oficio, ni iii) Tener en cuenta que el inmueble fue catalogado como \u00aburbano\u00bb en los Decretos 156 de 1995 y 165 de 1996. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Barranquilla pidi\u00f3 despachar desfavorable el amparo, debido a que ante \u00abla ausencia de elementos probatorios adosados por la parte demandada (\u2026) y las innumerables imprecisiones de las pruebas periciales (\u2026)\u00bb, relacionadas con no revelar las fuentes en que se fundaron e inobservar lo normado en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC, calcul\u00f3 \u00abla indemnizaci\u00f3n\u00bb \u00abcon base en un hecho cierto, [a saber] el precio por el que la se\u00f1ora (\u2026) Mattos Li\u00f1an adquiri\u00f3 el predio sirviente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Air-E S.A.S. E.S.P. solicit\u00f3 el despacho desfavorable del resguardo, en raz\u00f3n a que los medios suasorios \u00abobrantes en el proceso fueron valorados de manera racional y bajo los principios de la sana cr\u00edtica\u00bb, y lo que realmente busca la querallante es \u00abimponer un dictamen pericial que no cumple con los requisitos m\u00ednimos de credibilidad y certeza\u00bb. <\/p>\n
Electricaribe S.A. E.S.P. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En forma reiterada, se ha dicho que la salvaguarda no es, en rigor, la v\u00eda id\u00f3nea para reprochar las resoluciones jurisdiccionales, cobijadas como se encuentran por el principio de \u00abautonom\u00eda judicial\u00bb, previsto en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; empero, tambi\u00e9n es incuestionable que este l\u00edmite desaparece \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo\u00bb, donde, a no dudarlo, se impone la intervenci\u00f3n superlativa \u00abcon el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC4726-2015; citada en STC13387-2017, STC4800-2019 y STC3718-2020). <\/p>\n
2.- La revisi\u00f3n de la causa sometida al escrutinio de esta Corte muy pronto pone en evidencia la necesidad de conceder la guarda rogada por Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1an, cuya cr\u00edtica frente al Tribunal reprochado se encuentra plenamente fundada en cuanto al fallo proferido el 4 de marzo de 2021. <\/p>\n
En efecto, ubicado el debate en la \u00abcuantificaci\u00f3n de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb inherente a la \u00abimposici\u00f3n de servidumbres p\u00fablicas de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica\u00bb, debe tenerse en cuenta que la Corporaci\u00f3n atacada para mantener el gravamen concedido por el a quo y modificar el \u00abquantum de la indemnizaci\u00f3n\u00bb a cargo de la demandante en $12.410.806, analiz\u00f3 los informes periciales obrantes en la foliatura que establecieron el monto resarcitorio, precisando frente al primero que \u00abel \u00fanico punto rescatable, e[ra] la determinaci\u00f3n de la zona afectada\u00bb, ya que fue establecida \u00abcon base en la normatividad t\u00e9cnica reguladora de la imposici\u00f3n de servidumbres para conexi\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, con la debida explicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, hizo referencia a las \u00abinconsistencias insuperables\u00bb que develan tales conceptos t\u00e9cnicos, las cuales indic\u00f3, no le permit\u00edan tenerlos como punto de certeza para adoptar una decisi\u00f3n, pues guardaban correspondencia con la descripci\u00f3n de la zona de servidumbre a\u00e9rea y terrestre, los m\u00e9todos empleados frente al \u00abaval\u00fao\u00bb del bien para la \u00e9poca en que \u00e9sta se autoriz\u00f3, los criterios aritm\u00e9ticos y las caracter\u00edsticas del entorno de la heredad que se tuvieron en cuenta para \u00abcalcular\u00bb el valor del posible perjuicio, la incidencia de la variaci\u00f3n de las condiciones del servicio p\u00fablico de energ\u00eda, la observancia de los lineamientos desarrollados en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 620 de 2008 del IGAC, la demostraci\u00f3n de la \u00abimposibilidad para el desarrollo de proyectos urban\u00edsticos\u00bb en el predio, as\u00ed como el tipo de zona en el que se encontraba localizado (urbana o rural). Factores que, en su opini\u00f3n, acreditaban que el perjuicio tasado era \u00abhipot\u00e9tico\u00bb, dado que \u00abcarec\u00eda de fundamento\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que hubiese desechado tales medios de convicci\u00f3n y procedido directamente a \u00abtasar el da\u00f1o sufrido para determinar la indemnizaci\u00f3n y consecuente condena\u00bb, tras estimar que: <\/p>\n
(\u2026) los peritos designados ha[\u00edan] dejado a [dicha] judicatura atada de manos y ante la imperiosa necesidad de acudir a los elementos aportados por los interesados en este asunto, para la determinaci\u00f3n de un precio que aquellos debieron haber calculado con mayor juicio y sensatez. <\/p>\n
(\u2026) [deb\u00eda] exponer que una vez determinada la existencia del da\u00f1o, como ha[b\u00eda] sucedido en este caso, e[ra] una facultad-deber de los operadores judiciales, cuantificar su monto en aplicaci\u00f3n y sin rompimiento del principio de equidad que debe preponderar en este tipo de operaciones judiciales. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual explic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) se dar[\u00eda] a la tarea de ajustar la indemnizaci\u00f3n conforme al perjuicio realmente sufrido por la diferencia que existe entre la zona entonces calculada por la extinta Corelca y lo determinado [en] el dictamen pericial rendido en el a\u00f1o 2016, apegado en ese sentido a la norma RETIE; teniendo como precio del metro cuadrado, no el de $100 pesos determinado por la parte actora. <\/p>\n
El valor que se tomar[\u00eda], atendiendo precisamente a la equidad y partiendo del hecho que no pudieron ser apreciadas las mejoras, plantaciones y dem\u00e1s anexidades del inmueble, ser[\u00eda] el de $657 pesos M\/L, que e[ra] el resultado de indexar hasta enero de 1998, el precio de metro cuadrado por el cual adquiri\u00f3 la demandada en el mes de mayo de 1990 \u2013 $138.14 pesos M\/L \u2013. <\/p>\n
De acuerdo con ese dictamen, la zona afectada comprend[\u00eda] 189 metros de longitud, por 32 metros de ancho para un total de 6.048 m2, que multiplicados por el precio unitario antes se\u00f1alado \u2013 $657 \u2013 arroja[ba] un desmedro total de $3.973.536 pesos M\/L para la \u00e9poca de imposici\u00f3n de la servidumbre \u2013 a\u00f1o 1998 de acuerdo con las pericias practicadas \u2013. <\/p>\n
De aquella cantidad fue consignada en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, la suma de $250.675 pesos M\/L en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del juzgado de conocimiento, el 07 de noviembre de 1997, dep\u00f3sito que se encuentra[ba] a disposici\u00f3n de la parte pasiva desde aquel entonces, tal como se ve a folio 35 del cuaderno principal. <\/p>\n
E[ra] as\u00ed como, descontado el monto ya pagado, el dinero restante de la indemnizaci\u00f3n asciend[\u00eda] a $3.722.861 pesos M\/L; suma que se indexa[da] a la fecha de [dicha] sentencia, tomando como IPC inicial, el certificado para el mes de enero de 1998, \u00e9poca en la que fue impuesta la servidumbre: <\/p>\n
Valor actual = Valor hist\u00f3rico x (IPC final \/ IPC inicial) <\/p>\n
Valor actual = $3.722.861 pesos M\/L x (105,91 \/ 31,77) <\/p>\n
Valor actual = $3.722.861 pesos M\/L x 3,3336 <\/p>\n
Valor actual = $12.410.808,49 pesos M\/L. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien, el juzgador al \u00abvalorar la prueba pericial\u00bb es aut\u00f3nomo para acogerla o no, en toda su extensi\u00f3n o en parte (art. 232 C.G. del P), tambi\u00e9n lo es, que en el sub judice no existen suficientes \u00abelementos de juicio, ni suasorios\u00bb que le permitieran al Tribunal, por s\u00ed solo, y como lo hizo, determinar el \u00abquantum de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
De lo que se sigue, que para ello di\u00f3 prioridad a su parecer y arbitrio, en tanto infiri\u00f3, a priori, que dicha \u00absuma\u00bb pod\u00eda \u00abcalcularse\u00bb tomando el precio del metro cuadrado del bien para el momento en que fue adquirido (may. 1990) y multiplicarlo por la franja afectada por Corelca, para as\u00ed indexarlo hasta la fecha en que se impuso la servidumbre (enero de 1998), restarle a tal suma el monto que la accionante cancel\u00f3 como garant\u00eda del pago de la indemnizaci\u00f3n, e indexar la diferencia a la data en que se dict\u00f3 la providencia opugnada, de acuerdo al IPC. Todo ello, sin que est\u00e9n probados los \u00abelementos\u00bb en que bas\u00f3 su conclusi\u00f3n, ni se establezcan las implicaciones que la servidumbre conllev\u00f3 para la propiedad sirviente, pues el Despacho de segunda instancia fue claro al indicar que \u00abno pudo apreciar las mejoras, plantaciones y dem\u00e1s anexidades del inmueble\u00bb, lo que devela que la \u00absuma resarcitoria\u00bb no se bas\u00f3 en la \u00abestimaci\u00f3n objetiva de los perjuicios causados\u00bb. <\/p>\n
En lo pertinente, t\u00e9ngase en cuenta, que no obstante que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 que los extremos de la listis son los llamados a demostrar el supuesto f\u00e1ctico en que soportan sus aspiraciones, para llevar al convencimiento al fallador, lo cierto es, que de cara a la \u00abautonom\u00eda\u00bb y discrecionalidad que \u00e9ste tiene como director del proceso, tambi\u00e9n le otorga facultades oficiosas para decretar pruebas (arts. 169 y 170 del C.G. del P.), a fin de constatar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, en la medida en que el litigio tiene como fin procurar por la \u00abtutela efectiva\u00bb de las prerrogativas sustanciales. Mandato que, inclusive, est\u00e1 habilitado para el ad quem, como lo consagra el art\u00edculo 327 del mencionado compendio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de acuerdo con el canon 17\u00ba ib\u00eddem, \u00abel juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb (Subraya la Sala). Adicionalmente, el art\u00edculo 29 de la Ley 56 de 1981, prev\u00e9 que la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb causada como consecuencia de los da\u00f1os generados con la imposici\u00f3n de la servidumbre p\u00fablica de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, se tasar\u00e1n por medio del dictamen pericial, en vista que el enjuiciador no es la persona adecuada para dar un \u00abconcepto t\u00e9cnico\u00bb sobre la materia. <\/p>\n
Lo que apunta a que dicha probanza constituye un imperativo para el juez en el presente caso, toda vez que la \u00abla prueba del valor de la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb por los perjuicios causados con el gravamen pretendido sobre el fundo, no obraba en el infolio, toda vez que las aportadas ofrec\u00edan duda sobre la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o y, por ende, correspond\u00eda a los juzgadores de instancia suplirla. Situaci\u00f3n que los pod\u00eda llevar a una determinaci\u00f3n diferente a la reprochada. <\/p>\n
En lo concerniente al \u00abdecreto de pruebas de oficio\u00bb esta Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
Los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art\u00edculos 42-4 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso), otorgan poderes a los jueces para decretar pruebas de oficio, en aras de obtener elementos de juicio id\u00f3neos y suficientes dirigidos a escrutar la realidad y veracidad de los hechos sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Se trata de una valios\u00edsima herramienta de instrucci\u00f3n probatoria que recobra todo su vigor en el Estado Constitucional para vencer las sombras, las penumbras p las incertidumbres frente a la verdad real, en pos de la protecci\u00f3n y reconocimiento de los derechos subjetivos de los justiciables. <\/p>\n
La facultad, a su vez, deber legal, tiene lugar, conforme a dichas disposiciones, cuando el juez \u00abconsidere conveniente[s]\u00bb o \u00ab\u00fatiles\u00bb las pruebas, en orden a \u00abverificar\u00bb los hechos \u00abalegados\u00bb o \u00abrelacionados\u00bb por las partes y \u00abevitar nulidades y providencias inhibitorias\u00bb. <\/p>\n
No cualquier hecho, por tanto, puede ser comprobado inquisitivamente, porque de ser as\u00ed, se sorprender\u00eda a los extremos de la relaci\u00f3n procesal, en desmedro de las garant\u00edas m\u00ednimas de defensa y contradicci\u00f3n. De ah\u00ed que para formar su propio juicio, seg\u00fan la circunstancia de que se trate, el juez no puede salirse de las verdades o realidades objetivas que se encuentren involucradas, ni tampoco puede asaltar las supremas reglas probatorias de la conducencia, la pertinencia y utilidad del medio de convicci\u00f3n oficiosamente decretado. <\/p>\n
Por ejemplo, para superar la duda razonable, pues al decir de esta Corte, \u00ab(…) [s]i halla insuficiencia demostrativa, decreta la prueba, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, como b\u00fasqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer que resplandezca la verdad e impere la justicia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En coherencia con la jurisprudencia constitucional \u00ab(…) (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (ii.) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar la decisi\u00f3n del sendero de la justicia material (…)\u00bb. <\/p>\n
No se trata, desde luego, de cubrir la carga probatoria de los sujetos en contienda, respecto a un determinado hecho, propio del sistema dispositivo (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), sino de encadenar los rasgos esenciales de ese principio con el poder deber oficioso mencionado, inherente al paradigma inquisitivo, para as\u00ed responder a la verdad y al derecho sustancial. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de oficio de pruebas, como facultad deber, en consecuencia, no es una potestad antojadiza o arbitraria, sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicci\u00f3n o (…) aumentar el est\u00e1ndar probatorio (…)\u00bb, seg\u00fan se explic\u00f3 en el precedente antes citado, permitiendo as\u00ed, no solo fundamentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n, sino evitando el suced\u00e1neo de las providencias inhibitorias o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet). <\/p>\n
El decreto oficioso de pruebas no implica suprimir el principio dispositivo que regula en forma general esa precisa materia, ni supone aplicarlo de manera inopinada en todos los casos. Esto significa que el sistema h\u00edbrido, por lo visto, de car\u00e1cter excepcional, impone examinar para su aplicaci\u00f3n, la conducencia o idoneidad legal, la pertinencia y la utilidad, la conveniencia o necesidad del medio; precisamente, como hitos a la discrecionalidad o al desafuero del juez, seg\u00fan arriba se anticip\u00f3. <\/p>\n
En v\u00eda de ejemplo, midiendo la trascendencia de las pruebas materia del poder-deber inquisitivo, bien por aparecer f\u00edsicamente en el proceso, aunque de manera irregular, ya a trav\u00e9s de otros elementos de juicio o de cualquier otro acto procesal de las partes que las mencionen, cual acaece con la declaraci\u00f3n de terceros (CSJ SC1656-2018 mayo 18 de 2018, rad. 2012-00274-01, reiterada en STC6661-2019). <\/p>\n
Significa lo anterior, que el Tribunal fustigado al emitir la deposici\u00f3n censurada, debi\u00f3 edificarla en un c\u00e1lculo cimentado en referentes objetivos, claros y precisos, as\u00ed como en los dem\u00e1s elementos probatorios adosados al dossier, pero como no acat\u00f3 el mandato legal para procurar el esclarecimiento de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a consideraci\u00f3n, su actuaci\u00f3n configura v\u00eda de hecho por \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, ante el desatino que se divisa, se abre paso el ruego instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CONDECER el amparo del derecho al debido proceso reclamado por Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1an frente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
Segundo: En consecuencia, DEJAR sin valor y efecto la sentencia expedida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 4 de marzo de 2021, as\u00ed como todas las actuaciones que de la misma se desprendan en el marco del proceso n\u00b0 08-638-3189-001-2016-00113-00\/01\/02\/03. <\/p>\n
Tercero: ORDENAR a dicha Corporaci\u00f3n, Magistrada Ponente Guiomar Porras del Vecchio, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes al enteramiento de este fallo, adelante las diligencias pertinentes para obtener los \u00abelementos de juicio\u00bb que considere necesarios para cuantificar el da\u00f1o en el referido juicio, y una vez los consiga, profiera sentencia que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la de primera instancia. <\/p>\n
Cuarto: Notif\u00edquese este prove\u00eddo, por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y, de no ser impugnado, rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4157-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4157-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01043-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). Dirime la Corte la tutela que Mar\u00eda Elisa Mattos Li\u00f1an le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}