STC4314-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4314-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 2 de marzo de 2021, que neg\u00f3 por improcedente el amparo promovido por Ver\u00f3nica Rojas Miranda en representaci\u00f3n de su hijo menor contra el Juzgado Cuarto de Familia en Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso de radicado 2009-00941-00. <\/p>\n
1. La promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, vida, m\u00ednimo vital, y \u00aba recibir alimentos\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La tutelante, como representante del menor XXXX, demand\u00f3 en proceso ejecutivo por alimentos Rub\u00e9n Dar\u00edo Henao Miranda para que se cancelaran \u00ablas cuotas alimentarias que est\u00e1n en mora [\u2026]\u00bb1. <\/p>\n
2.2. En auto del 4 de diciembre de 2009, el Juzgado Cuarto de Familia de Medell\u00edn libr\u00f3 \u00abmandamiento de pago [\u2026] por la suma de [\u2026] $3.389.000 correspondiente a las cuotas alimentarias atrasadas, adem\u00e1s de los intereses legales desde que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta que se verifique el pago en su totalidad\u00bb2. Y en prove\u00eddo del 15 siguiente decret\u00f3 \u00abel EMBARGO Y RETENCI\u00d3N DEL [\u2026] 21.62% del salario, [\u2026] 20.87% de la prima de junio y el [\u2026] 25$ de la prima de navidad, que percibe el [ejecutado]\u00bb. <\/p>\n
2.3. En comunicaci\u00f3n del 15 de abril de 2010, el jefe del grupo de novedades de n\u00f3mina de la Polic\u00eda Nacional inform\u00f3 que \u00aba partir del mes de marzo\/2010 se est\u00e1 dando cumpli[miento] a la orden de embargo sobre el descuento del 21.62% del salario, el 20.87% de la prima de junio y 25% de la prima de navidad, dentro del proceso No.20090094100 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.4. En providencia del 30 de junio siguiente, el Despacho querellado resolvi\u00f3 \u00abordenar que se siga adelante con la ejecuci\u00f3n al se\u00f1or RUBEN DARIO HENAO MIRANDA [\u2026], m\u00e1s los intereses legales y las cuotas que en lo sucesivo se causen hasta el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s, orden\u00f3 que se proceda a \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito as\u00ed: el demandante la presentar\u00e1 dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta sentencia [\u2026]\u00bb3. <\/p>\n
2.5. En solicitud del primero de diciembre de 2010, la accionante autoriz\u00f3 a su madre, Marta Isabel Miranda Gir\u00f3n para que \u00abse le haga entrega de los t\u00edtulos\u00bb4. <\/p>\n
2.6. Por su parte, el ejecutado autoriz\u00f3 para \u00abque se le haga entrega de los dineros que est\u00e9n por fuera del t\u00edtulo de $6.200.000, mismo que [le] fue cancelado por una incapacidad, a la persona autorizada en ese despacho, con esta [cubre sus] obligaciones pendientes para con [su] hijo\u00bb5. <\/p>\n
2.7. El 10 de septiembre de 2013, el Juzgado acusado hall\u00f3 \u00abprocedente [que] los dineros que excedan al t\u00edtulo judicial por valor de $6.266.455.80, que reposan en el Banco Agrario a \u00f3rdenes de este despacho dentro del proceso de la referencia, se le [entreguen] a la se\u00f1ora Ver\u00f3nica Rojas [\u2026] en calidad de alimentos para el menor [XXXX]\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, advirti\u00f3 que \u00abcon los dineros retenidos al ejecutado HENAO MIRANDA se satisfizo la obligaci\u00f3n en su contra\u00bb, por tanto, decret\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del [\u2026] proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n tal como lo dispone el art\u00edculo 537 del estatuto procesal civil\u00bb. Igualmente, dispuso \u00abel levantamiento de la medida previa decretada y practicada, oficiando para tal efecto al Cajero Pagador de la Polic\u00eda Nacional, a qui\u00e9n se le har\u00e1 saber que la medida de embargo le fue comunicada mediante oficio 996 de diciembre 15 de 2009\u00bb6. <\/p>\n
Frente a tal determinaci\u00f3n, la actora guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.8. Posteriormente, en memoriales del 26 de febrero y 2 abril del 2020, la promotora autoriz\u00f3 a su madre para que contin\u00fae \u00abcobrando la cuota alimentaria que el se\u00f1or RUBEN DARIO HENAO MIRANDO consigna a es[e] despacho [\u2026]\u00bb7. <\/p>\n
Frente a ello, en prove\u00eddo del 10 de julio de ese mismo a\u00f1o, el Despacho manifest\u00f3 que \u00absu petici\u00f3n no es procedente, toda vez que el proceso se encuentra terminado y archivado por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
2.9. Luego, la apoderada de la accionante, present\u00f3 derecho de petici\u00f3n, en el que solicit\u00f3 al juzgado accionado informar sobre \u00abcual procedimiento debe realizarse para el desarchivo del proceso indicado, [\u2026] y proceder as\u00ed a la entrega de los t\u00edtulos en favor de la se\u00f1ora MARTA ISABEL MIRANDA GIR\u00d3N tal y como consta expresamente en el expediente [\u2026]\u00bb9. <\/p>\n
En respuesta de lo expuesto, el 18 de febrero de 2021, el juez refiri\u00f3 que con \u00abrelaci\u00f3n al desarchivo del expediente de la referencia, por la secretar\u00eda del despacho se procedi\u00f3 a su tr\u00e1mite, fue escaneado y ser\u00e1 remitido el d\u00eda de hoy a su correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que se encuentran en la cuenta del despacho, inform\u00f3 sobre todo lo acontecido en el proceso ejecutivo sub judice y aclar\u00f3 que si el demandado \u00abse encuentra en mora de su obligaci\u00f3n alimentaria para con su hijo [XXXX], el tr\u00e1mite que debe adelantarse es la interposici\u00f3n de una nueva acci\u00f3n ejecutiva por alimentos, siguiendo las formalidades de ley\u2026\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, reiter\u00f3 que la \u00abautorizaci\u00f3n de entrega de dep\u00f3sitos judiciales a la entonces demandante se torna improcedente, pues no se ha desplegado, el tr\u00e1mite judicial que legitime a la accionante para el cobro de los dineros que se encuentran bajo [su] recaudo [\u2026]\u00bb10. <\/p>\n
2.10. La promotora, por v\u00eda de tutela, se duele que hasta \u00abel momento no se ha recibido respuesta alguna por parte del Juzgado cuarto de familia del circuito de Medell\u00edn, vulnerando as\u00ed no solo el derecho fundamental a presentar derechos de petici\u00f3n sino tambi\u00e9n los derechos fundamentales del menor [XXXX] a la vida en conexidad con el derecho a recibir alimentos y su m\u00ednimo vital, pues sin la entrega de esos t\u00edtulos se ha hecho casi que imposible la manutenci\u00f3n del menor ya que no se cuenta con los recursos econ\u00f3micos suficientes y se depende enteramente de la entrega de los t\u00edtulos para lograr el correcto mantenimiento del menor afectado\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abal JUZGADO [accionado] por el medio m\u00e1s expedito realizar la entrega de t\u00edtulos del menor [XXXX] teniendo en cuenta que en el expediente se deja como \u00fanica autorizada para recibir los t\u00edtulos a la se\u00f1ora MARTA ISABEL MIRANDA GIR\u00d3N, quien es la que da el cuidado personal del menor\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado querellado se\u00f1al\u00f3 que las peticiones elevadas por la actora fueron debidamente atendidas, \u00aba pesar de ser reiterativa de otra respondida anteriormente [\u2026]\u00bb, por tanto, consider\u00f3 \u00abque existe un hecho superado, pues la situaci\u00f3n que origin\u00f3 la posible violaci\u00f3n o amenaza a los derechos de la accionante ya ha sido superada, pues la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho de petici\u00f3n, ha sido satisfecha, por lo que tomar una decisi\u00f3n en la presente acci\u00f3n de tutela en este sentido, pierde su raz\u00f3n de ser\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 145 Judicial II para la Defensa de la Familia, la Infancia, la Adolescencia y las Mujeres se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tutela debe ser negada, toda vez que el proceso ejecutivo es del a\u00f1o 2009, el cual termin\u00f3 por pago total de la obligaci\u00f3n, orden\u00e1ndose el levantamiento de la medida cautelar y la entrega de los dineros sobrantes al demandado. Si el demandado no volvi\u00f3 a cumplir con la cuota alimentaria le correspond\u00eda a la apoderada de la demandante, iniciar un nuevo proceso ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
3. La se\u00f1ora Marta Isabel Miranda Gir\u00f3n se \u00abadhiri[\u00f3] y coadyuv\u00f3 todas y cada una de las pretensiones presentadas por la Dra. Martha Noelia Pati\u00f1o Montoya quien siempre ha siempre ha estado autorizada para actuar en nuestra representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que: <\/p>\n
\u00abla proponente de este socorro, pese a que concurri\u00f3 a aquel asunto, por intermedio de apoderada judicial, no cuestion\u00f3, v\u00eda reposici\u00f3n, el pronunciamiento que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del ejecutivo, el levantamiento del embargo y la distribuci\u00f3n de los dineros que all\u00ed quedaban, atendiendo las manifestaciones de la togada que la asist\u00eda, incuria que, sumada a la referente a la no promoci\u00f3n de otra causa ejecutiva, ante el supuesto incumplimiento en el pago de las cuotas alimentarias del adolescente, por parte de su progenitor, no se superan con las peticiones que elev\u00f3 junto con su togada, el 26 de febrero y el 5 de noviembre de 2020 (fs 233, ib\u00eddem y 7 a 10 c p), para que, desarchivara \u201c[el] proceso indicado,\u2026 y proced[iera] as\u00ed a la entrega de los t\u00edtulos en favor de la se\u00f1ora MARTA ISABEL MIRANDA GIR\u00d3N\u201d (f 6, c p), resueltas negativamente, por la c\u00e9lula judicial demandada, por autos, de 10 de julio de 2020 y 18 de febrero de 2021, siendo reiterativa la \u00faltima, en relaci\u00f3n con la primera, las cuales tampoco se recurrieron, y, en cuanto tal, el reclamo constitucional deviene, por lo expuesto, tambi\u00e9n falente en su inmediatez\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, en la que se\u00f1al\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no radica en el hecho que si se han pagado o no alimentos, raz\u00f3n por la cual en nada tiene que ver el argumento presentado para hacer improcedente dicha acci\u00f3n\u00bb, tampoco en la necesidad de un proceso nuevo de alimentos o no [\u2026]\u00bb. La queja se estructura de cara a \u00abla retenci\u00f3n de los dineros que existen en dicho juzgado en favor de la se\u00f1ora Ver\u00f3nica Rojas Miranda [\u2026], sin embargo, como se ha intentado explicar de manera extensa, el Juzgado ha retenido tales dineros y es ese hecho lo que ha generado la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de petici\u00f3n de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. En tal sentido, la contestaci\u00f3n emitida debe concernir con lo reclamado y ha de enterarse en el t\u00e9rmino correspondiente, sin que ello implique, el acogimiento de fondo del asunto. <\/p>\n
La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo y, (iii) notificaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n al interesado. <\/p>\n
Frente al tema, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[E]l derecho de petici\u00f3n no s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna – que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho (…) El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. No. 00120-01, reiterada en CSJ STC3550-2021, abril 8 de 2021. Rad. 2021-00219-00). <\/p>\n
2. En el sub examine, la gestora denuncia la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n por parte del Juzgado accionado, por cuanto no ha contestado la solicitud que radic\u00f3 el 5 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestiona que la autoridad acusada transgredi\u00f3 las prerrogativas esenciales de la actora y de su hijo, al no entregar los t\u00edtulos judiciales que obran en la causa a favor del menor XXXX. <\/p>\n
3. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n al interior de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que: <\/p>\n
\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC1622-2020). <\/p>\n
En efecto, de lo visto en precedencia y del escrutinio del decurso procesal se advierte que el ruego elevado se interpuso al interior de una causa judicial, no obstante, se observa que el 18 de febrero del a\u00f1o en curso, el Despacho querellado contest\u00f3 la solicitud elevada el 5 de noviembre de 2020. <\/p>\n
En ese orden, la Sala avizora que el motivo de descontento en este punto ya fue superado, pues el derecho de petici\u00f3n fue contestado conforme a lo demandado por la recurrente, lo cual denota que la queja perdi\u00f3 eficacia frente a la censura propuesta. <\/p>\n
Ciertamente, en lo tocante con la figura que viene de memorarse, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela debilita su fuerza \u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo\u00bb, por lo que como \u00abse pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo\u00bb (CSJ STC8051-2020, 1\u00ba oct, rad 2020-02516-00). <\/p>\n
Pues bien, analizadas las probanzas, se constata que la actora no present\u00f3 queja alguna frente al auto que dio por terminado el proceso11 por pago total, y dado que dicho asunto se encuentra materialmente terminado, no es posible que el funcionario entregue los t\u00edtulos adosados all\u00ed, sin haber mediado previamente autorizaci\u00f3n del ejecutado. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las <\/p>\n
partes como una instancia adicional para subsanar la inaplicaci\u00f3n en la interposici\u00f3n de las defensas y procedimientos ordinarios. <\/p>\n
Ciertamente, ha de tenerse en cuenta que la gestora cont\u00f3 con la posibilidad de exponerle a la autoridad acusada las razones de su inconformidad -relacionadas con los t\u00edtulos judiciales que se encuentran en el expediente a favor del demandado-. Empero, por su propia incuria no lo hizo. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
De esta manera no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
6. Finalmente, se resalta que si la actora lo estima pertinente y para satisfacer las nuevas obligaciones alimentarias insolutas a cargo del progenitor, puede iniciar un nuevo tr\u00e1mite ejecutivo, donde le est\u00e1 permitido solicitar las medidas cautelares correspondientes12, lo que por s\u00ed solo cierra el paso a esta v\u00eda excepcional y subsidiaria. <\/p>\n
7. Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 3 a 7 del PDF \u00ab2009-941 Expediente Completo\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 27 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 64 a 69 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 84 a 85 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 152 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 153 a 154 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 226 y 232 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folio 239 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folio 241 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Folio 243 a 248 Ib\u00eddem. <\/p>\n
11\u0002 Auto del 10 de septiembre de 2013. <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculos 422 y siguientes del C.G.P. y los c\u00e1nones 129 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
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STC4314-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC4314-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00037-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de abril de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54138"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54138\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}