STC4368-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4368-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2020-00122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veinte (2020). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 21 de enero de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Tulia Em\u00e9rita Maya contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, el Gerente de Determinaci\u00f3n de Derechos y los Directores de N\u00f3mina de Pensionados y de Procesos Judiciales de la entidad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la confianza leg\u00edtima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, petici\u00f3n e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2.1. La accionante se\u00f1al\u00f3 que promovi\u00f3 un proceso ordinario laboral contra Colpensiones (2015-00063), a fin de reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes por la muerte de su compa\u00f1ero permanente, el se\u00f1or Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez, en virtud del cual el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, mediante sentencia del 12 de junio de 2017, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras considerar que la beneficiaria de ese derecho era la se\u00f1ora Bertha Lasso de Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
2.2. La decisi\u00f3n anterior fue apelada y revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad, mediante fallo del 10 de julio de 2019, que conden\u00f3 a \u00abColpensiones a reconocer a la se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA una pensi\u00f3n de Sobrevivencia (\u2026) prestaci\u00f3n que se reconoce en cuant\u00eda del 25% de la mesada pensional que ven\u00eda disfrutando el pensionado fallecido a partir del 29 de junio de 1.992\u00bb. Adicionalmente, el Tribunal orden\u00f3 a Colpensiones que incluyera a la accionante en n\u00f3mina de pensionados \u00aba partir del mes de mayo de 2019 en cuant\u00eda del 50% de la mesada pensional por sobrevivencia aqu\u00ed condenada, siendo el 50% restante a favor de la se\u00f1ora BERTHA LASSO\u00bb. <\/p>\n
2.3. Manifest\u00f3 que, el 14 de noviembre de 2019, present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n a Colpensiones, para que cumpliera el fallo del Tribunal y la incluyeran en n\u00f3mina como beneficiaria de la mesada pensional, por sobrevivencia1. <\/p>\n
2.4. Toda vez que Colpensiones no respondi\u00f3 su solicitud, promovi\u00f3 una tutela, con radicado 2019-00097, para que le ampararan su derecho fundamental de petici\u00f3n2, que fue fallada a su favor el 16 de marzo de 2020, por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali, que orden\u00f3 a aqu\u00e9lla que respondiera la petici\u00f3n formulada3. <\/p>\n
2.5. El 4 de mayo de ese mismo a\u00f1o, la accionante promovi\u00f3 un incidente de desacato contra Colpensiones, dado que no cumpli\u00f3 con el fallo de tutela4. El 5 de mayo siguiente, el Juzgado requiri\u00f3 a la entonces accionada, para que explicara las razones por la cu\u00e1les no acat\u00f3 la sentencia referida5. <\/p>\n
2.6. El 8 de mayo de 20206, la Directora de Acciones Constitucionales de la incidentada se pronunci\u00f3 frente a la solicitud del tr\u00e1mite de desacato y se\u00f1al\u00f3 que, el 26 de marzo anterior, remiti\u00f3 por correo electr\u00f3nico a la incidentante una nueva respuesta, en la que, seg\u00fan su dicho, resolvi\u00f3 de fondo su petici\u00f3n, para lo cual adjunt\u00f3 la comunicaci\u00f3n y la certificaci\u00f3n de env\u00edo7. <\/p>\n
2.7. Por medio de e-mail del 16 de julio de 2020, la gestora manifest\u00f3 que \u00abno ha existido respuesta en concreto por parte de la accionada en el mensaje anterior solo se acompa\u00f1a el auto que manifiesta poner en conocimiento a la parte accionante y otro archivo de certificado de correspondencia, hasta la fecha solo vemos por parte de la administradora en tratar de disuadir a este despacho con respuestas que no son de fondo raz\u00f3n por la que se hace necesario que esta autoridad sancione a la entidad de acuerdo al Decreto 2591 de 1991. Por la conducta renuente al cumplimiento de lo ordenado por este mismo despacho8\u00bb. <\/p>\n
2.8. El 23 de septiembre de 2020, el Juzgado orden\u00f3 iniciar el tr\u00e1mite incidental en contra de Colpensiones, por el incumplimiento de la sentencia del 16 de marzo de esa anualidad9. <\/p>\n
2.9. El 2 de octubre de ese mismo a\u00f1o, la ac\u00e1 accionante elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n al Juzgado Segundo de Familia de Cali, en el cual le solicit\u00f3 que cumpliera con sus funciones y sancionara al representante legal de Colpensiones10. <\/p>\n
2.10. El 15 de octubre siguiente, la incidentada remiti\u00f3 al Juzgado un nuevo escrito y anex\u00f3 el oficio del 7 de octubre que envi\u00f3 a la accionante, en el que le inform\u00f3 que deb\u00eda adelantar un tr\u00e1mite ante la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, para que corrigiera un error en los datos del de cujus, circunstancia que no permit\u00eda inscribirla y realizarle los pagos en la n\u00f3mina11. <\/p>\n
2.11. El 23 de octubre de 2020, el Juzgado demandado abri\u00f3 a pruebas el incidente de desacato12 y el 15 de diciembre de siguiente, el despacho se abstuvo de sancionar a la Directora de N\u00f3mina de Pensionados y al Gerente de Determinaci\u00f3n de Derechos de Colpensiones, toda vez que, \u00abde cara a la segunda respuesta emitida por la entidad accionada a trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales, se observa que en la misiva le responden de manera concreta y con suficiente claridad que no proceder\u00e1 la inclusi\u00f3n y pago en n\u00f3mina de la condena judicial (\u2026), hasta tanto no se corrija la fecha de nacimiento del se\u00f1or EFR\u00c9N GONZ\u00c1LEZ13\u00bb. <\/p>\n
3. La tutelante adujo, de un lado, que \u00abHasta el d\u00eda de hoy, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, no me ha resuelto la solicitud de ingreso a nomina solicitado. Son causales de mala conducta de los funcionarios, demorar en forma injustificada la producci\u00f3n del acto o su comunicaci\u00f3n, Han transcurrido m\u00e1s de 10 Meses y la entidad accionada no ha dado respuesta a lo solicitado en debida forma\u2026\u00bb; y, de otro, que el Juzgado acusado no ha contestado sus requerimientos, orientados a que se informe por qu\u00e9 no ha sancionado al representante legal de Colpensiones por la falta de cumplimiento de la sentencia de tutela del 16 de marzo de 2020, que le orden\u00f3 a la entidad contestar un derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa Corte Constitucional ha manifestado respecto al derecho de petici\u00f3n que \u201cla administraci\u00f3n tiene la obligaci\u00f3n inexcusable de resolver r\u00e1pida y sustancialmente las peticiones respetuosamente formuladas. Ese deber no se reduce a simples informaciones sobre el estado en que se encuentra un tr\u00e1mite Especifico, sino que implica definir de fondo y de manera coherente lo solicitado. La efectividad del derecho de petici\u00f3n solamente se adquiere cuando la petici\u00f3n se resuelve, pues, la obligaci\u00f3n del estado no es la de acceder o negar la petici\u00f3n, sino resolverla\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo relatado, la accionante solicit\u00f3 \u00abPRIMERO: Amparar el derecho fundamental del principio Constitucional de la CONFIANZA LEGITIMA y el DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. EL DEBIDO PROCESO. DERECHO DE PETICION a la igualdad. SEGUNDO: sirva ordenar al JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI, informe porque no ha continuado con el tr\u00e1mite de las sanciones previstas en el decreto 2591 de 1991 en contra del Representante legal de COLPENSIONES, en aras que de cabal cumplimento a la sentencia N\u00b0 059 del 16 de marzo de 2020. Ya que este representante legal ha obviado la justicia ordinaria en primera segunda instancia y el ejercicio constitucional asumiendo una conducta imperante hacia las diferentes autoridades judiciales\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali pidi\u00f3 negar el amparo deprecado, por cuanto lo pretendido por la accionante en contra de Colpensiones, a trav\u00e9s del incidente de desacato, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela proferida por ese Despacho, \u00abfue debidamente resuelto antes de interponer la acci\u00f3n de tutela que aqu\u00ed promueve, mediante la providencia de fecha 15 de diciembre de 2020, la cual fue notificada a la accionada, por lo que no le asiste raz\u00f3n a la se\u00f1ora MAYA, y en este sentido, el Despacho no ha vulnerado derecho constitucional alguno, y el hecho de no estar de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado, no le abre la posibilidad de que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, persiga sus deseos de que se sancione a COLPENSIONES, al no acceder al pago e inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de la prestaci\u00f3n reconocida por juez laboral, cuando qued\u00f3 claro que la mencionada brind\u00f3 respuesta a su solicitud, as\u00ed sea de forma negativa, pues el juez de tutela no est\u00e1 facultado para ordenar que las peticiones sean resueltas -de una manera u otra, como se dej\u00f3 analizado en la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en atenci\u00f3n a que \u00abno puede atender lo solicitado por el accionante en el presente tr\u00e1mite de tutela, teniendo en cuenta que lo solicitado no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder por lo requerido\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, en lo relativo al juzgado acusado, por configurarse la carencia actual de objeto, por hecho superado. Para arribar a tal determinaci\u00f3n, manifest\u00f3 que \u00aben este caso el fallo del 16 de mayo pasado, (\u2026) se limit\u00f3 a proteger el derecho de petici\u00f3n, y en esa perspectiva s\u00f3lo le orden\u00f3 a dicha accionada producir una respuesta que por no lograda deriv\u00f3 en el lento tr\u00e1mite de un incidente de desacato culminado con el auto del 15 de diciembre \u00faltimo sin imposici\u00f3n de sanci\u00f3n alguna, pues tal mandato tutelar lo vio concretado en el escrito de COLPENSIONES del 7 de octubre de anterior, mediante el cual, luego de transcurridos siete meses de formulada la solicitud de la nombrada se\u00f1ora, en lo que para el Tribunal se ofrece como una inadmisible estrategia dilatoria de COLPENSIONES, esta dio en condicionar el cumplimiento del fallo a la previa correcci\u00f3n de un supuesto error en la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del pensionado fallecido [que de existir es intrascendente], que le mand\u00f3 a la petente corregir (\u2026) por ello resulta entendible que en el tr\u00e1mite incidental de desacato la accionada entendiera que hubo un principio de acci\u00f3n excluyente de su configuraci\u00f3n para prescindir por dicha v\u00eda de sancionar a la entidad, seg\u00fan lo decidi\u00f3 en auto del 15 de diciembre \u00faltimo, con el que se le puso fin al incidente cuya injustificada dilaci\u00f3n comprometedora del debido proceso super\u00f3 de ese modo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, indic\u00f3 que Colpensiones s\u00ed cometi\u00f3 un agravio innegable en el \u00e1mbito del derecho de acceso a la justicia de la accionante, pues evidenci\u00f3 que \u00abeste no se satisface con la sola obtenci\u00f3n de un fallo judicial si no se le materializa por parte de quien como extremo vencido en un proceso no tiene alternativa diferente de cumplirlo. Y si esto es as\u00ed, incontestable resulta que en dicho proceso COLPENSIONES tuvo espacio para pedir y controvertir las pruebas presentadas por su contraparte, de modo de ser innegable que all\u00e1 pudo recabar del juez, si verdadera incidencia tuviere en la soluci\u00f3n de dicho conflicto la prueba que vino a echar de menos postreramente como estrategia que si le vali\u00f3 para sustraerse a la sanci\u00f3n por desacato, opera tambi\u00e9n en su contra por revelarse como una clara manifestaci\u00f3n de su reprochable decisi\u00f3n de ignorar la decisi\u00f3n de la justicia laboral, que en este caso mediante sentencia del 10 de julio de 2019 de este Tribunal, le reconoci\u00f3 a la Se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA el derecho a la sustituci\u00f3n pensional del causante EFREN GONZALEZ, prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que \u00e9sta no percibe a\u00fan luego de pasados 18 meses, es decir, m\u00e1s de los diez del t\u00e9rmino que COLPENSIONES cree tener al efecto, lo que significa que dicha sentencia judicial no se ha materializado por razones inexplicables\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, frente al argumento esbozado por Colpensiones, seg\u00fan el cual ten\u00eda 10 meses para acatar las sentencias de condena en su contra, resalt\u00f3 que, \u00abseg\u00fan lo ha ense\u00f1ado la Corte Constitucional \u2018el t\u00e9rmino de 10 meses previsto en el art\u00edculo 307 del C\u00f3digo General del proceso e invocado por Colpensiones, es irrazonable\u2019, por cuanto \u2018dicha norma, se encuentra dirigida a la Naci\u00f3n o a las entidades territoriales y no a otro tipo de autoridades administrativas, como Colpensiones que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional (art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 4121 de 2011), con autonom\u00eda administrativa, personer\u00eda jur\u00eddica y patrimonio independiente\u2019 en cuyo contraste, al examinar las normas generales sobre la ejecuci\u00f3n de la sentencias, el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala que \u2018podr\u00e1 exigirse la ejecuci\u00f3n de las providencias una vez ejecutoriadas a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, seg\u00fan fuere el caso (T-048\/2019)\u2019\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, resalt\u00f3 que es la omisi\u00f3n en el cumplimiento de la sentencia ordinaria laboral que orden\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n \u00abel verdadero motivo de la formulaci\u00f3n de la demanda promotora de este amparo, de suerte que es del caso protegerlo (art. 86 C.N.) puesto que fue tramitado y definido con la comparecencia de COLPENSIONES como responsable de su quebranto, frente a quien pueden adoptarse las determinaciones enderezadas a tal fin\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el a quo constitucional resolvi\u00f3: <\/p>\n
SEGUNDO. TUTELAR el derecho de acceso a la justicia quebrantado a la Se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA por parte de COLPENSIONES. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR a LUIS FERNANDO DE JESUS UCROS VELASQUEZ, Gerente de DETERMINACION DE DERECHOS de COLPENSIONES, para que sin condicionamiento alguno, y por conducto de quien internamente corresponda, en el t\u00e9rmino de CINCO (5) DIAS h\u00e1biles siguientes a su notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, dicte la resoluci\u00f3n que formalice el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 10 de julio de 2019, de la Sala Laboral de este Tribunal, y surtido este tr\u00e1mite y los dem\u00e1s internamente previstos, traslade la novedad a la Direcci\u00f3n de N\u00f3mina, para que por parte de \u00e9sta se proceda a materializar lo de su cargo en el periodo de pago inmediatamente siguiente. <\/p>\n
CUARTO. ORDENAR a DORIS PATARROYO PATARROYO, directora de NOMINA DE PENSIONADOS, que tan pronto le sea comunicada la novedad, proceda a la inclusi\u00f3n de los valores reconocidos mediante la referida resoluci\u00f3n en la n\u00f3mina correspondiente al periodo inmediatamente siguiente a su expedici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 Colpensiones, a trav\u00e9s de la Directora de Acciones Constitucionales de la entidad, quien solicit\u00f3 que se revoque el fallo de tutela y se declare la improcedencia del amparo, \u00aben la medida que el accionante cuenta con otros mecanismos para ejecutar la sentencia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que \u00aben Colpensiones se notifican en promedio 6.851 sentencias condenatorias mensualmente, generadas dentro de procesos ordinarios o contenciosos administrativos, para cuyo cumplimiento deben surtirse varios tr\u00e1mites internos, en sujeci\u00f3n a las normas presupuestales, el principio de planeaci\u00f3n y legalidad que cobija a las entidades p\u00fablicas, las instrucciones impartidas por los entes de control, como la Resoluci\u00f3n 116 de 2017 de la Contadur\u00eda General de la Naci\u00f3n, las auditor\u00edas de calidad y seguridad, adem\u00e1s de los controles orientados a prevenir dentro del marco nacional de lucha contra la corrupci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El 23 de febrero de 2021, la Directora de Acciones Constitucionales de Colpensiones manifest\u00f3 que, en cumplimiento del fallo, ha realizado las siguientes gestiones: <\/p>\n
\u00abi) El caso fue escalado con la direcci\u00f3n de procesos judiciales de esta Administradora, la cual mediante oficio del 17 de febrero de 2021, remiti\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n al accionante: <\/p>\n
\u2018(\u2026) Reiteramos por este medio que COLPENSIONES est\u00e1 en una imposibilidad material, hasta tanto se realice la correcci\u00f3n ante la REGISTRADUR\u00cdA o se aporte copia del documento de identidad del asegurado corregido, puesto que no se puede incluir en n\u00f3mina la prestaci\u00f3n mientras persistan las inconsistencias en los datos b\u00e1sicos que reposan en los documentos de identidad aportados, teniendo presente que ello puede conllevar a la imposici\u00f3n de sanciones disciplinarias y penales (\u2026)\u2019. <\/p>\n
ii) La comunicaci\u00f3n del 17 de febrero de 2021, fue remitida a la direcci\u00f3n aportada por el accionante en su escrito de tutela mediante la gu\u00eda de envi\u00f3 No. por medio de la empresa de mensajer\u00eda 472. <\/p>\n
iii) Por lo anterior, una vez se cuenta con la informaci\u00f3n requerida por el \u00e1rea antes mencionada, se proceder\u00e1 al estudio inmediato y tr\u00e1mite correspondiente para lograr el cumplimiento del fallo de tutelar\u00bb. <\/p>\n
El error aducido por Colpensiones consiste, seg\u00fan lo indicado en el oficio enviado a la tutelante el 17 de febrero de 2021, en que \u00abuna vez verificada la base de datos de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL contin\u00faa apareciendo como \u201830 de abril de 1936\u2019 y en la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda aparece como fecha de nacimiento 20 de Diciembre de 1929, al existir esa inconsistencia, no es posible efectuar la inclusi\u00f3n en n\u00f3mina de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica de sobrevivientes ordenada\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende que se ordene al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali informar por qu\u00e9 no ha continuado con las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en contra del representante legal de Colpensiones, en aras de que cumpla con lo ordenado en la sentencia 059 del 16 de marzo de 2020. Se\u00f1ala, igualmente, que Colpensiones no le ha resuelto su ingreso a n\u00f3mina de pensionados y que el representante legal de la entidad \u00abha obviado la justicia ordinaria (\u2026) asumiendo una conducta imperante hacia las autoridades judiciales\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrutinio del decurso procesal se evidencia que se est\u00e1, en parte, ante la presencia de la carencia actual de objeto, por hecho superado. Ello, a causa de que, mediante providencia del 15 de diciembre del 2020, el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali decidi\u00f3 abstenerse de imponer sanciones en contra de la Directora de N\u00f3mina de Pensionados y del Gerente de Determinaci\u00f3n de Derechos de Colpensiones dentro del incidente de desacato, en consideraci\u00f3n a que, \u00abde cara a la segunda respuesta emitida por la entidad accionada a trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n de Acciones Constitucionales, se observa que en la misiva le responden de manera concreta y con suficiente claridad que no proceder\u00e1 la inclusi\u00f3n y pago en n\u00f3mina de la condena judicial (\u2026), hasta tanto no se corrija la fecha de nacimiento del se\u00f1or EFR\u00c9N GONZ\u00c1LEZ\u00bb14. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la figura de la carencia actual de objeto, por hecho superado, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que la tutela pierde su fuerza: <\/p>\n
\u00ab[B]ien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (CSJ STC 21 jun. 2012, Rad. 00121-01 reiterada en CSJ STC077-2018 ene. 18 de 2018, rad. 2017-00252-01 y en CSJ STC6783-2019 may. 30 de 2019, rad. 2019-00098-01 y CSJ STC5775-2020 ago. 19 de 2020). <\/p>\n
3. Por otro lado, en lo atinente al amparo otorgado por el a quo constitucional en el fallo impugnado, es menester tener en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Si bien la acci\u00f3n constitucional objeto de controversia buscaba, principalmente, que se protegiera el derecho fundamental de petici\u00f3n de la accionante, en tanto el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Cali no respondi\u00f3 las solicitudes dirigidas a que explicaran las razones por las cuales no hab\u00eda adoptado medidas para sancionar a Colpensiones, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato promovido en contra de \u00e9sta, lo cierto es que, como se trasluce del escrito de tutela, la g\u00e9nesis de la inconformidad de la gestora estriba en la falta de cumplimiento del fallo ordinario laboral del 10 de julio de 2019, a trav\u00e9s del cual el Tribunal Superior de Cali reconoci\u00f3 su derecho a obtener el 50% de la pensi\u00f3n de sobreviviente del se\u00f1or Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez, como lo entendi\u00f3 acertadamente el juez constitucional de primera instancia, seg\u00fan se desprende claramente del fallo ac\u00e1 impugnado, en tanto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abLo antes precisado entra\u00f1a omisi\u00f3n constitutiva de la violaci\u00f3n del aludido derecho, que la Sala identifica como el verdadero motivo de la formulaci\u00f3n de la demanda promotora de este amparo, de suerte que es del caso protegerlo (art. 86 C.N.) puesto que fue tramitado y definido con la comparecencia de COLPENSIONES como responsable de su quebranto, frente a quien pueden adoptarse las determinaciones enderezadas a tal fin, lo que se hace en la forma como en su lugar se expresa\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Sobre el particular, resulta de suma importancia traer a colaci\u00f3n lo dispuesto en la sentencia SU-484 de 200815, en cuanto indic\u00f3 que, dada la naturaleza fundamental de los derechos amparados, el juez de tutela tiene un mayor de grado laxitud frente al resto de las acciones judiciales, de tal suerte que \u00able est\u00e1 permitido entrar a examinar detenidamente los hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar cu\u00e1les son los derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados, disponiendo lo necesario para su efectiva protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, expuso la Corte Constitucional, en la sentencia T-310 de 199516 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dada la naturaleza de la presente acci\u00f3n, la labor del juez no debe circunscribirse \u00fanicamente a las pretensiones que cualquier persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, en el fallo T-622 del 200017 dicha Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 que \u00abla naturaleza especial\u00edsima de la acci\u00f3n de tutela permite su distinci\u00f3n respecto de las dem\u00e1s acciones legales, autorizando al juez asumir un papel activo en el an\u00e1lisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la eficaz protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En el presente asunto, como se vio, el Tribunal Superior de Cali, en su papel de juez constitucional, consider\u00f3 que, a pesar de que la tutela que la se\u00f1ora Tulia Em\u00e9rita Maya promovi\u00f3 contra el Juzgado demandado era improcedente, por carencia de objeto, dado que no se transgredi\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n, consider\u00f3 que Colpensiones cometi\u00f3 un agravio innegable en el \u00e1mbito del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de la accionante, por cuanto el fallo que le reconoci\u00f3 su derecho de pensi\u00f3n de sobreviviente no se ha materializado a\u00fan, no obstante que han transcurrido m\u00e1s de 18 meses desde aquella determinaci\u00f3n, a lo cual se suma que, en opini\u00f3n del Tribunal, no resulta justificable que Colpensiones, para sustraerse del cumplimiento de una decisi\u00f3n judicial, exija una prueba para aclarar una situaci\u00f3n supuestamente an\u00f3mala, cuando tuvo la oportunidad de pedir y controvertir pruebas en el curso del proceso ordinario laboral en el que fue condenada. <\/p>\n
3.2. De otro lado, resulta imperioso traer a colaci\u00f3n lo indicado por Colpensiones en su escrito del 7 de octubre de 2020, en el que manifest\u00f3 la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el juez ordinario laboral, hasta tanto no se corrija la inconsistencia presentada en el documento de identificaci\u00f3n del de cujus18; al respecto, dijo: <\/p>\n
\u00abCon base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a la se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA, se acerque ante la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, y realice los respectivos procedimientos para la correcci\u00f3n de fecha de nacimiento del se\u00f1or EFREN GONZALEZ quien es causante de la orden judicial, toda vez que el reportado en la base de la REGISTRADURIA es 30\/04\/1936 y en la copia de c\u00e9dula de identificaci\u00f3n es 20\/12\/1929, lo que impide la exitosa inclusi\u00f3n y pago en la n\u00f3mina de la respectiva condena. <\/p>\n
COLPENSIONES est\u00e1 en una imposibilidad material, hasta tanto se realice la correcci\u00f3n ante la REGISTRADUR\u00cdA, valga la ocasi\u00f3n para indicar, que esta Administradora no puede acceder al cumplimiento de la mencionada decisi\u00f3n sin contar con la correcci\u00f3n de fecha de nacimiento del causante, pues ello se constituye en una garant\u00eda de certeza, transparencia y seguridad, lo que evita, adicionalmente, el reconocimiento y pago de prestaciones econ\u00f3micas que, en el futuro, puede conllevar sanciones disciplinarias y penales\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la Sala, la carga que Colpensiones impuso a la accionante, como condici\u00f3n para ser incluida en la n\u00f3mina y obtener el pago de su pensi\u00f3n de sobreviviente, resulta excesiva y ri\u00f1e con los postulados que garantizan y propenden por un eficiente acceso a la administraci\u00f3n de justicia, si se tiene en cuenta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el fallo del 10 de julio de 2019, realiz\u00f3 un estudio pormenorizado de los documentos allegados al proceso y concluy\u00f3 que la se\u00f1ora Tulia Em\u00e9rita Maya, en su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente del fallecido Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez, era beneficiaria del derecho de pensi\u00f3n de sobreviviente, con lo cual imprimi\u00f3 certeza, transparencia y seguridad al derecho otorgado, de modo que no resulta de recibo el proceder del Fondo de Pensiones. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, tampoco resulta de recibo lo argumentado por la impugnante, toda vez que la pensi\u00f3n de la cual era beneficiario el se\u00f1or Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez y que posteriormente fue objeto de sustituci\u00f3n por causa de su muerte en la providencia de 10 de julio de 2019, ven\u00eda siendo disfrutada por el de cujus desde el 29 de junio de 199219, por tanto, todo error o divergencia en los datos de nacimiento de \u00e9ste tuvieron que haber sido resueltos al momento de reconoc\u00e9rsele ese derecho. <\/p>\n
3.3. Asimismo, se resalta que, si bien es posible solicitar el cumplimiento de fallos ordinarios, mediante la ejecuci\u00f3n de aquellos ante los jueces competentes, en el presente asunto se vislumbra que la tutelante cuenta con m\u00e1s de 69 a\u00f1os de edad20, que la sentencia que reconoci\u00f3 su derecho pensional fue emitida por el Tribunal Superior de Cali desde el 10 de julio de 2019 y que lo exigido por Colpensiones, en el sentido que se solicite una correcci\u00f3n de la informaci\u00f3n que se registra en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil frente a lo consignado en la c\u00e9dula del causante, en cuanto a la fecha de su nacimiento, constituye una carga adicional que desnaturaliza la orden emitida por el Tribunal de instancia. <\/p>\n
En este sentido, resulta imperioso recordar que, frente a personas de especial protecci\u00f3n, como lo son los adultos mayores, el principio de subsidiariedad se desvanece dando p\u00e1bulo para que el amparo pueda ser activado. En esos t\u00e9rminos, record\u00f3 la Corte Constitucional, en fallo T-282-08, que: <\/p>\n
\u00ab(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente id\u00f3neos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) aun cuando tales medios de defensa judicial sean id\u00f3neos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, se producir\u00eda un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales; y iii) el accionante es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, poblaci\u00f3n desplazada, ni\u00f1os y ni\u00f1as), y por lo tanto su situaci\u00f3n requiere de particular consideraci\u00f3n por parte del juez de tutela\u00bb21. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que, tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional22, \u00ablos adultos mayores hacen parte de la categor\u00eda de sujetos especialmente protegidos por el ordenamiento jur\u00eddico (\u2026) en raz\u00f3n a su edad y las debilidades que el avance de esta \u00faltima genera en la realizaci\u00f3n de ciertas funciones y actividades. Estas caracter\u00edsticas pueden motivar situaciones de exclusi\u00f3n social que repercuten negativamente en el acceso a oportunidades de orden econ\u00f3mico, social y cultural, lo que justifica una diferenciaci\u00f3n positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan. La supresi\u00f3n de dichas barreras no se limita al derecho sustancial, sino que tambi\u00e9n se aprecia en los mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar la protecci\u00f3n de los derechos de los adultos mayores\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, dado que el deber del juez constitucional es velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales, se ha aceptado su intervenci\u00f3n bajo la modalidad extra y ultra petita. En efecto, mem\u00f3rese que es deber del juez de tutela instar por la salvaguarda de los derechos fundamentales que encuentre conculcados al examinar determinada acci\u00f3n de tutela. Ello le permite realizar un estudio panor\u00e1mico del caso concreto puesto de presente para as\u00ed adoptar las decisiones que se requieran para conjurar la vulneraci\u00f3n o amenaza que encuentre probada. <\/p>\n
Sobre este punto se ha instruido que \u00aben sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u00bb (CSJ STC1214-2014; reiterada en STC17652-2017 y STC16692-2019). As\u00ed mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que \u00ab… el juez de tutela puede al momento de resolver el caso concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo\u00bb y, adem\u00e1s, que \u00abconforme a la condici\u00f3n sui generis de esta acci\u00f3n, la labor de la autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo de los derechos fundamentales\u00bb (CC SU-195\/12). <\/p>\n
En defenitiva, la Sala comparte lo dicho por el a quo constitucional en torno a los innegables agravios al derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia que ha sufrido la accionante como consecuencia del actuar de Colpensiones. <\/p>\n
Sin embargo, se modificar\u00e1 la orden, para que la entidad accionada se pronunci\u00e9, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, sobre el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n, teniendo en cuenta que Colpensiones ya fue condenada a reconocer a favor de la se\u00f1ora Tulia Em\u00e9rita Maya la pensi\u00f3n de sobreviviente de su compa\u00f1ero permanente, Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez, en raz\u00f3n a la sentencia proferida el 10 de julio de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, seg\u00fan corresponda, de conformidad con la normativa interna para el pago de sentencias judiciales, sin que para el efecto pueda hacer la exigencia requerida anteriormente, en relaci\u00f3n con el documento de identificaci\u00f3n del causante y la fecha de su nacimiento. <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, se modificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE MODIFICAR el fallo de primera instancia, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMERO. DENEGAR el amparo formulado por la se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA contra el Juzgado Segundo de Familia de Cali, por carencia actual de objeto, a causa de hecho superado, no sin prevenir a su titular para que en lo sucesivo tramite con celeridad los incidentes de desacato. <\/p>\n
SEGUNDO. TUTELAR el derecho de acceso a la justicia quebrantado a la se\u00f1ora TULIA EMERITA MAYA por parte de COLPENSIONES. <\/p>\n
TERCERO. ORDENAR a LUIS FERNANDO DE JES\u00daS UCROS VELASQUEZ, Gerente de DETERMINACION DE DERECHOS de COLPENSIONES o, en su defecto, al \u00e1rea interna competente, para que, sin condicionamiento alguno, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, se pronuncie sobre el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n, cuyo derecho ya fue ordenado a favor de la se\u00f1ora Tulia Em\u00e9rita Maya en relaci\u00f3n con pensi\u00f3n de su compa\u00f1ero permanente, Efr\u00e9n Gonz\u00e1lez, en raz\u00f3n a la condena impuesta a Colpensiones en la sentencia proferida el 10 de julio de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, seg\u00fan corresponda, de conformidad con la normativa interna para el pago de sentencias judiciales, sin que para el efecto pueda hacer la exigencia requerida anteriormente, en relaci\u00f3n con el documento de identificaci\u00f3n del causante y la fecha de su nacimiento. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 y 3, archivo \u201cExpediente 76001221000020200012200\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 20-23, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 3-11, archivo \u201cEXPEDIENTE 2020-97\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 12-14, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 19 y 20, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 23-26, ibidem <\/p>\n
8\u0002 Folios 31 y 32, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 34-36, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 44-49, ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Folios 52-69, ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Folio 70, ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Folios 110-117, archivo \u201cExpediente 76001221000020200012200\u201d del expediente digital. <\/p>\n
14\u0002 Folios 110-117, archivo \u201cExpediente 76001221000020200012200\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 M.P. Jaime Araujo Renter\u00eda, 15 de mayo de 2008. <\/p>\n
16\u0002 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, 17 de julio de 1995. Expediente T-65619. <\/p>\n
17\u0002 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 26 de mayo de 2000. Expediente: T-281.547 <\/p>\n
18\u0002 Folios 65 y 66, archivo \u201cEXPEDIENTE 2020-97\u201d del expediente digital. <\/p>\n
19\u0002 Folio 53, ibidem. <\/p>\n
20\u0002 Fecha de nacimiento seg\u00fan los datos de la c\u00e9dula aportada con la tutela es 30 de enero de 1952. <\/p>\n
21\u0002 Citando lo se\u00f1alado en la sentencia T-185 de 2007. <\/p>\n
22\u0002 Sentencia T-252 del 26 de abril de 2017. <\/p>\n
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STC4368-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC4368-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2020-00122-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de abril dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de abril de dos mil veinte (2020). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}