STC4589-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4589-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01040-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Antonia Gallo Cristancho promovi\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los intervinientes en el proceso con radicaci\u00f3n No. 54658. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante pretende que se ordene a la autoridad judicial convocada que proceda a resolver de fondo la demanda de casaci\u00f3n presentada por la gestora, la cual fue admitida el 8 de mayo de 2019. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n narr\u00f3 que en su contra se promovi\u00f3 acci\u00f3n penal por el delito de estafa agravada, asunto al que tambi\u00e9n se vincul\u00f3 a Claudia Lucia Valderrama y a Gladys Ochoa Albarrac\u00edn, tr\u00e1mite en el cual fueron condenadas por el Juzgado 2\u00ba Penal del Circuito de Duitama a la pena de 70 meses de prisi\u00f3n y multa de 69 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la decisi\u00f3n de primera instancia fue objeto de apelaci\u00f3n; sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo confirm\u00f3 la sentencia aludida, raz\u00f3n por la cual, cada una de las condenadas promovi\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio de la actora, aunque se promovieron tres recursos diferentes, en providencia del 10 de mayo de 2021 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunci\u00f3 \u00fanicamente respecto del presentado por Claudia Luc\u00eda Valderrama y, adem\u00e1s, decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, lo que codujo a que se\u00f1alara que no hab\u00eda lugar a emitir pronunciamiento respecto de la demanda de la aqu\u00ed gestora enfilada a obtener una sentencia absolutoria. <\/p>\n
Seg\u00fan la solicitante, la actuaci\u00f3n censurada desconoci\u00f3 el precedente de esta Corporaci\u00f3n referente a que \u00abdebe prevalecer la absoluci\u00f3n frente a la nulidad\u00bb. <\/p>\n
2. Para la fecha de elaboraci\u00f3n del presente asunto no se hab\u00eda recibido respuesta alguna de los vinculados al tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos facticos, probanzas y normas aplicables al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, una vez revisada la decisi\u00f3n objeto de censura (SP741-2021 de 10 de marzo de 2021), advierte la Sala que, contrario a lo aducido por la solicitante, la autoridad judicial accionada s\u00ed analiz\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n presentada por Antonia Gallo Cristancho y aunque lo hizo en conjunto con el recurso extraordinario presentado por Claudia Luc\u00eda Valderrama, lo cierto es que tal proceder obedece a que sus casos se analizaron bajo un mismo radicado, circunstancia que no obst\u00f3 para que se estudiara cada uno de los cargos elevados por la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
N\u00f3tese que desde los antecedentes de la sentencia la Sala de Casaci\u00f3n Penal rese\u00f1\u00f3 el fundamento de la demanda de la accionante y para tal fin consign\u00f3: <\/p>\n
\u00abLa Corte, mediante el Auto CSJ AP1684-2019, Rad. 54658, resolvi\u00f3 (i) inadmitir la demanda de casaci\u00f3n promovida por el defensor de GLADIS OMAIDA OCHOA ALBARRAC\u00cdN; (ii) admitir el cargo dos de la demanda presentada a favor de CLAUDIA LUC\u00cdA VALDERRAMA e inadmitir el primero; y (iii) admitir la demanda de casaci\u00f3n promovida por ANTONIA GALLO CRISTANCHO. <\/p>\n
LAS DEMANDAS <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. Demanda presentada a favor de ANTONIA GALLO CRISTANCHO. <\/p>\n
La recurrente solicita a la Corte que case la sentencia impugnada, para que en su lugar se absuelva a su defendida, y pasa a formular cinco cargos, sin embargo, los dos primeros fueron fundamentados de manera similar, por lo que se sintetizar\u00e1n de forma conjunta: <\/p>\n
4.1. Cargos uno y dos: Violaci\u00f3n directa de la ley sustancial <\/p>\n
Al amparo de la causal 1\u00aa del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, la libelista asegura que los falladores infringieron directamente la norma sustancial por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 381 de la Ley 906 de 2004 y 29, 246 y 274 del C\u00f3digo Penal, y falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 7\u00ba de la Ley 906 de 2004 y 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, yerro en el que incurri\u00f3 porque: (i) le atribuy\u00f3 hechos ocurridos despu\u00e9s del a\u00f1o 2008, para cuando ANTONIA GALLO CRISTANCHO ya no se desempe\u00f1aba como fiscal de la Junta Directiva de la Asociaci\u00f3n Unidad Residencial Portales de F\u00e1tima \u2013 Vivienda por Autogesti\u00f3n y Autoconstrucci\u00f3n-; y (ii) jam\u00e1s concret\u00f3 qu\u00e9 hechos vinculaban a ANTONIA GALLO CRISTANCHO con el delito investigado, m\u00e1xime cuando, insiste, s\u00f3lo perteneci\u00f3 a la Junta Directiva por escasos 4 a\u00f1os. <\/p>\n
4.2. Cargo Tres: Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio <\/p>\n
Refiere que dentro del presente asunto se prob\u00f3 que su defendida no promovi\u00f3 ni incentiv\u00f3 a las personas para que hicieran parte de la asociaci\u00f3n, ni tampoco particip\u00f3 en la presentaci\u00f3n de la maqueta y del estudio del suelo, porque ello ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2009, fecha para la cual ya no hac\u00eda parte de la Junta Directiva. Adem\u00e1s, no se le puede atribuir haber dejado vencer los t\u00e9rminos sin terminar la obra, porque el plazo venc\u00eda en el a\u00f1o 2014, fecha para la cual ya no hac\u00eda parte de la Junta Directiva. <\/p>\n
4.3. Cargo cuarto: Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso raciocinio <\/p>\n
Asegura que, como el proyecto se construir\u00eda en el \u00e1rea de expansi\u00f3n del sector Los Pinzones de Duitama, resultaba necesario adelantar ante la autoridad municipal los permisos necesarios para obtener la aprobaci\u00f3n del plan parcial del \u00e1rea de expansi\u00f3n, acudir a las empresas de servicios p\u00fablicos para obtener el certificado de disponibilidad, contratar el estudio del suelo, la elaboraci\u00f3n de planos y la construcci\u00f3n de maquetas; por lo que el adelantamiento de dichos tr\u00e1mites no puede ser calificado como maniobras enga\u00f1osas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la compra del lote fue ampliamente informada y debatida por los socios, y aprobada por la mayor\u00eda, tal y como consta en el Acta de Asamblea General No. 002 de 2007, prueba que fue tergiversada por el A-quo; y el vencimiento del plazo de diez a\u00f1os para la construcci\u00f3n del proyecto sin que ello efectivamente ocurriera, solo puede atribu\u00edrsele a las autoridades administrativas. <\/p>\n
4.4. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad <\/p>\n
Asegura que en los estatutos se establecieron los valores de la cuota de vivienda, de sostenimiento y de las multas, por lo que la afirmaci\u00f3n de los falladores, seg\u00fan la cual, las implicadas de manera caprichosa \u00abimpusieron unas cuotas y unas multas que resultaron imposibles de pagar por algunos de los asociados, lo que determin\u00f3 su exclusi\u00f3n de la asociaci\u00f3n\u00bb, es producto de una distorsi\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el arquitecto Jairo Orlando Torres Gil declar\u00f3 que el terreno donde se construir\u00eda el proyecto contaba con v\u00edas de acceso, redes el\u00e9ctricas, zona arborizada, y que si bien hab\u00eda una depresi\u00f3n que no era apta para construir, esta pod\u00eda mantenerse como zona de conservaci\u00f3n ambiental; adem\u00e1s, asegur\u00f3 que no entend\u00eda por qu\u00e9 las autoridades de Duitama no hab\u00edan autorizado la construcci\u00f3n de esas viviendas, prueba que tambi\u00e9n fue tergiversada\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la queja toral de la recurrente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n abord\u00f3 el estudio de todos los embates formulados, concentr\u00e1ndose en los cargos uno y dos, aspecto a partir del cual pudo colegir que en la causa no hubo congruencia entre la imputaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n y la sentencia: <\/p>\n
\u00ab La Corte desde ya anuncia que el cargo segundo de la demanda de casaci\u00f3n formulada por el defensor de CLAUDIA LUC\u00cdA VALDERRAMA, que coincide con los dos primeros cargos formulados por el apoderado de ANTONIA GALLO CRISTANCHO, conforme con el cual los hechos jur\u00eddicamente relevantes no fueron construidos de manera adecuada, lo que afect\u00f3 la estructura del proceso y socav\u00f3 las garant\u00edas de las procesadas est\u00e1 llamado a prosperar, por lo que a continuaci\u00f3n la Sala se limitar\u00e1 a analizar los errores en la construcci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes y las implicaciones de los mismos en la estructura del proceso y las garant\u00edas debidas a las implicadas, incluyendo a GLADIS OMAIDA OCHOA ALBARRAC\u00cdN. <\/p>\n
6. Violaci\u00f3n al debido proceso y al principio de congruencia cuando no se concretan de manera clara y completa los hechos jur\u00eddicamente relevantes <\/p>\n
La Sala de manera reiterada ha se\u00f1alado que el principio de congruencia se constituye en una garant\u00eda del debido proceso que implica asegurarle al procesado una efectiva defensa, de modo que solo podr\u00e1 ser condenado por los hechos y los delitos contenidos en la acusaci\u00f3n. Se evita as\u00ed sorprenderlo con imputaciones respecto de las cuales no se defendi\u00f3 y no ejerci\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n (ver, entre otras, CSJ SP, 15 may. 2008, rad. 25913 y CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 32685; CSJ SP6354-2015, rad. 44287; CSJ SP9961-2015, rad. 43855; CSJ SP5897-2015, rad. 44425; CSJ SP15779-2017, rad. 46965, CSJ SP20949-2017, rad. 45273). <\/p>\n
No se discute, as\u00ed mismo, que la congruencia opera en los planos f\u00e1ctico, jur\u00eddico y personal. Al respecto, la Sala ha indicado que la determinaci\u00f3n jur\u00eddica posee una connotaci\u00f3n si se quiere flexible, por lo tanto, resulta factible que en curso del juicio se pueda modificar la misma, dentro de las limitaciones que al efecto han establecido la ley y la jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, de manera pac\u00edfica se ha establecido que la descripci\u00f3n f\u00e1ctica \u2013 o hechos jur\u00eddicamente relevantes, como as\u00ed lo rotula la Ley 906 de 2004-, no puede ser objeto de modificaci\u00f3n sustancial a lo largo del proceso, entendido este como el tr\u00e1mite formalizado que comienza con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y termina con la <\/p>\n
sentencia ejecutoriada. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo punto, esto es, la correspondencia factual que debe existir entre la imputaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n y la sentencia, y la imposibilidad de acusar y condenar a una persona por hechos jur\u00eddicamente relevantes que no le fueron comunicados en la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, luego de explicar los hechos jur\u00eddicamente relevantes que deben identificarse en la imputaci\u00f3n del delito de estafa agravada previsto en los art\u00edculos 246 y 247 numeral 1\u00ba del C\u00f3digo Penal, descendi\u00f3 al caso concreto y consider\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En el escrito de acusaci\u00f3n y en la audiencia respectiva, celebrada el 15 de marzo de 2016, el delegado de la Fiscal\u00eda al concretar los \u00abhechos jur\u00eddicamente relevantes\u00bb, dio lectura del ac\u00e1pite que se acaba de trascribir. <\/p>\n
La lectura anterior deja en evidencia que en la estructuraci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, el Fiscal en lugar de limitarse a exponer de manera sucinta y clara la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hecho enrostrados a las procesadas, la participaci\u00f3n de cada una de ellas en el plan criminal, la conducta que se les atribu\u00eda, los elementos estructurales del delito imputado, etc.; lo que hizo fue referir el contenido de la denuncia. <\/p>\n
Olvid\u00f3 el Fiscal que el acto de denuncia tiene car\u00e1cter informativo, pues se limita a poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar, la perpetraci\u00f3n de una conducta presumiblemente delictuosa, pero \u00abno constituye fundamento de la imputaci\u00f3n, ni del grado de participaci\u00f3n, o de ejecuci\u00f3n del hecho, careciendo, en s\u00ed misma, de valor probatorio\u00bb habida cuenta que, adem\u00e1s de no estar consagrada como tal en el T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo \u00danico, del Libro II de la Ley 906 de 2004, no ostenta la virtud de demostrar per se la presunta comisi\u00f3n de una conducta il\u00edcita, con indicaci\u00f3n de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realiz\u00f3, as\u00ed como de los presuntos autores o part\u00edcipes, pues, a quien le corresponde tal labor es al funcionario judicial, funci\u00f3n que en el presente asunto no fue cumplida (CC C-1177-2005; CSJ STP3038-2018, Rad. 96859). <\/p>\n
Ello conspir\u00f3 contra la claridad y brevedad que debe caracterizar este acto procesal, pero, adem\u00e1s, socav\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de las procesadas, porque no tuvieron la posibilidad de conocer el componente f\u00e1ctico de los cargos enrostrados, con lo cual se viol\u00f3 el debido proceso y se afect\u00f3 de manera trascedente el derecho a la defensa y el principio de congruencia\u00bb. <\/p>\n
Debe destacarse que la decisi\u00f3n de la autoridad judicial fustigada pretendi\u00f3 salvaguardar las garant\u00edas constitucionales y legales de la accionante, las cuales hall\u00f3 conculcadas por el Fiscal del caso y por las autoridades judiciales que influyeron en el mismo. Sobre el particular en la sentencia se explic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl simple cotejo de los hechos enrostrados a las implicadas en las audiencias de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n, con los sucesos por los cuales CLAUDIA LUC\u00cdA VALDERRAMA, GLADIS OMAIDA OCHOA ALBARRAC\u00cdN y ANTONIA GALLO CRISTANCHO fueron condenadas como autoras del delito de estafa agravada, deja en evidencia que las implicadas fueron declaradas responsables por hechos que no les fueron comunicados o atribuidos a ninguna de ellas ni en la imputaci\u00f3n ni en la acusaci\u00f3n, con lo cual los falladores vulneraron el principio de congruencia, debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n. (subrayas ajenas al texto original). <\/p>\n
Finalmente, ha de indicarse que, contrario a lo expuesto por los apoderados de las v\u00edctimas, quienes de manera coincidente afirmaron que el yerro en el que incurri\u00f3 el Fiscal hab\u00eda sido convalidado por la defensa, en tanto que, en ninguna oportunidad procesal manifestaron su desacuerdo con la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica, ha de indicarse que la omisi\u00f3n de relacionar en la imputaci\u00f3n y la acusaci\u00f3n los hechos jur\u00eddicamente relevantes, afecta la estructura misma del proceso, por lo que no es posible acudir a los correctivos de las nulidades, d\u00edgase los de convalidaci\u00f3n y trascendencia, para superar su declaratoria, entre otras razones, porque es claro, como ya se explic\u00f3 suficientemente, que los actos procesales en cita, dada su condici\u00f3n de b\u00e1sicos en la estructura antecedente-consecuente-, no cumplieron con su funci\u00f3n primordial y, de igual manera, s\u00ed afectaron garant\u00edas fundamentales\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn suma, verificado que en el tr\u00e1mite del proceso se afect\u00f3 de manera profunda su estructura b\u00e1sica, pero, adem\u00e1s, que fueron violados los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, la Sala entiende necesario acudir al remedio m\u00e1ximo de la nulidad, como \u00fanica manera de resta\u00f1ar el da\u00f1o causado. <\/p>\n
La invalidez se remite a la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, inclusive, para que la Fiscal\u00eda y el Juzgado ajusten su actuaci\u00f3n al debido proceso, en los t\u00e9rminos indicados a lo largo de este fallo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ser\u00eda del caso que la Sala examinara el tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, vistos los efectos invalidantes que comporta la decisi\u00f3n que ahora se adopta, no obstante, son tan graves los errores contenidos en la construcci\u00f3n de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, que no es posible conocer cu\u00e1ndo se consum\u00f3 alg\u00fan delito de estafa agravada, para hacer las contabilizaciones correspondientes. <\/p>\n
Por lo tanto, la \u00fanica decisi\u00f3n que puede adoptar la Sala es la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite, para que sea el Fiscal y los jueces quienes, luego de una determinaci\u00f3n correcta de los hechos jur\u00eddicamente relevantes, adopten las decisiones a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica de la solicitante, quien veladamente buscan renovar un \u00abexamen jur\u00eddico y probatorio\u00bb ya consumado en la decisi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que promovi\u00f3, cuyo resultado, si bien desfavorable a su anhelo de absoluci\u00f3n, no basta para tildar de caprichosas o subjetivas las reflexiones que llevaron a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte a salvaguardar sus garant\u00edas de debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n a trav\u00e9s de la declaratoria de nulidad del proceso penal aludido. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas, producto como son de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, sumada a la coherente evaluaci\u00f3n del material persuasivo sometido al escrutinio de esa Corporaci\u00f3n, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. Por el contrario, resulta notorio el anhelo de la gestora de anteponer su propio criterio para atacar la sentencia que aunque salvaguard\u00f3 sus garant\u00edas procesales, no lo hizo en la forma en que ella anhelaba, designio ajeno a esta v\u00eda subsidiaria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Antonia Gallo Cristancho contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4589-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4589-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01040-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Antonia Gallo Cristancho promovi\u00f3 contra la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54140","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54140\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}