STC4603-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4603-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01208-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que \u00c1lvaro Antonio Azuero Qui\u00f1ones promovi\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Sexto Civil del Circuito y el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se proceda a \u00abdejar sin efecto la sentencia y declarar la nulidad de todo lo actuado incluyendo el mandamiento de pago del proceso de la referencia\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones adujo que fue demandado ejecutivamente por el Banco Granahorrar (14 septiembre 2001), asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Se\u00f1al\u00f3 que el cr\u00e9dito cobrado no fue objeto de la reestructuraci\u00f3n ordenada en la sentencia C-955 de 2000, as\u00ed como en la ley 546 de 1999, y a pesar de ello se profiri\u00f3 sentencia sin evaluar dicho aspecto (31 julio 2013). Indic\u00f3 que elev\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n aludida, pero la Magistratura accionada la confirm\u00f3 (03 marzo de 2014). <\/p>\n
Precis\u00f3 que el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n termin\u00f3 el proceso (16 junio 2016), pero dicha determinaci\u00f3n fue revocada en segunda instancia (13 diciembre 2016); sin embargo, por lo acontecido, present\u00f3 solicitud de nulidad ante el Juzgado de Ejecuci\u00f3n, estrado que rechaz\u00f3 su pedimento sin invocar motivo alguno (4 octubre de 2019). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que frente a la \u00faltima decisi\u00f3n referida tambi\u00e9n elev\u00f3 la alzada, pero el Tribunal enjuiciado confirm\u00f3 el prove\u00eddo, actuaci\u00f3n que, seg\u00fan el actor, est\u00e1 viciada por defecto factico y procedimental, toda vez que no hubo pronunciamiento de fondo sobre la nulidad planteada y porque se desconoci\u00f3 lo previsto en la ley 546 de 1999. <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n inform\u00f3 que en otrora oportunidad, con radicado 11001-02-03-000-2021-00417-00, esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 una acci\u00f3n constitucional interpuesta por la ejecutada Regina de Bel\u00e9n Varona L\u00f3pez en la que se ventilaron supuestos de hecho similares a los se\u00f1alados por el gestor, asunto que fue negado (25 febrero 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar habida cuenta que se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional, pues la queja central del gestor ya fue objeto de estudio y pronunciamiento por parte de esta Sala en la sentencia STC1776-2021. <\/p>\n
Del escrito de tutela se infiere que el actor se duele del prove\u00eddo emitido el 3 de febrero de 2021 por la Magistratura encartada, en raz\u00f3n a que aquella est\u00e1 viciada por defecto f\u00e1ctico y procedimental por no haber estudiado de fondo el argumento referente a la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que se ejecuta en el tr\u00e1mite coercitivo No. 2001-0962-00. <\/p>\n
Debe destacarse que en el proceso en comento fueron demandados no solo el aqu\u00ed actor, sino tambi\u00e9n Regina de Bel\u00e9n Varona L\u00f3pez, quien promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela con id\u00e9nticos argumentos a los que se esbozaron en el escrito introductorio del presente asunto y en la que esta Sala, en otrora oportunidad, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abCorresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad que formul\u00f3 la aqu\u00ed accionante con fundamento en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario objeto de la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en esa ocasi\u00f3n se consider\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable, pues obedeci\u00f3 a un criterio de interpretaci\u00f3n que se ajust\u00f3 a lo acontecido en el proceso y a las reglas que gobiernan las nulidades procesales. Al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00abEn tal sentido, la magistratura inici\u00f3 memorando que \u00abson principios orientadores, el de taxatividad y especificidad, conforme a los cuales, no existe una circunstancia con potencialidad de estructurar el yerro sin que normativamente est\u00e9 tipificada, de modo que, no es pertinente acudir a criterios anal\u00f3gicos para extender la declaraci\u00f3n a hip\u00f3tesis diferentes de las contempladas por el Legislador. El art\u00edculo 135 ibidem, establece que deber\u00e1 ser alegada por el sujeto con inter\u00e9s para proponerla. Igualmente reza que el Funcionario rechazar\u00e1 de plano la \u201c\u2026 que se proponga despu\u00e9s de saneada o por quien carezca de legitimaci\u00f3n…\u201d. A su turno, el canon siguiente, estipula que se entender\u00e1 convalidada cuando: la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente; quien ten\u00eda inter\u00e9s, la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; o, si a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00aben el caso sub-examine, la solicitud de invalidez se soporta, en lo medular, en la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n que tuvo origen en un cr\u00e9dito otorgado en UPAC. En esas condiciones, reitera el impugnante que el juicio debi\u00f3 declararse terminado, en tanto que se desconoci\u00f3 la ley de vivienda 546 de 1999; y, de contera, la extensa l\u00ednea jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional y Suprema de Justicia que han tratado sobre su obligatoriedad en esta clase de causas. A su juicio, se configura la causal prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. La se\u00f1ora Juez la rechaz\u00f3 in limine al considerar que la parte demandada, desde vieja data, ha venido actuando a trav\u00e9s de diferentes abogados sin que hubiera alegado las circunstancias aqu\u00ed expuestas. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que el requisito extra\u00f1ado, ha sido un asunto discutido en las dos instancias\u00bb. <\/p>\n
Demarcada en esos t\u00e9rminos la controversia, anunci\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n confutada habr\u00e1 de refrendarse\u00bb en consideraci\u00f3n a que \u00absi bien el par\u00e1grafo del art\u00edculo 135 ibidem, estipula que la causal en comento no es susceptible de convalidaci\u00f3n, en el caso particular, tal como lo resalt\u00f3 la se\u00f1ora Juez, es evidente que en otrora oportunidad la entonces togada que apoder\u00f3 a los convocados solicit\u00f3 clausurar el asunto con estribo en supuestos similares que, en concreto, se resumen en la ausencia de la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. V\u00e9ase que, al efecto, en decisi\u00f3n del 16 de junio de 2016, la autoridad de primer grado la encontr\u00f3 fundada, pero al ser objeto de alzada, la Colegiatura en prove\u00eddo del 13 de diciembre siguiente, la revoc\u00f3, para en su lugar, continuar el tr\u00e1mite correspondiente. Y es que el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n, qued\u00f3 claro que no es plausible exigir la reestructuraci\u00f3n porque no concurren las exigencias tanto legales como jurisprudenciales. As\u00ed las cosas, no cabe la menor duda que tal cuesti\u00f3n, ciertamente, ya fue zanjada mediante una providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, torn\u00e1ndose, en consecuencia, inviable volver sobre ello, en tanto que aceptar un nuevo escrutinio, implicar\u00eda desconocer instituciones como la cosa juzgada y la seguridad jur\u00eddica que rodean la determinaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no vislumbra el despacho situaciones diferentes o modificativas de la anterior\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abtampoco es admisible pretextar argumentos an\u00e1logos para que se d\u00e9 impulso a la solicitud de invalidez, como verbi gratia, la nulidad constitucional consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, bajo el rasero que no se cumpli\u00f3 con la restructuraci\u00f3n, frente a lo cual no es mucho lo que resta por se\u00f1alar, puesto que lo esbozado por el interesado, en puridad, no se sit\u00faa en los supuestos del canon superior que pregona que el \u00fanico evento en que podr\u00e1 declararse, ser\u00e1 aqu\u00e9l en el que la prueba haya sido obtenida con desconocimiento de los mandatos legales que regulan su decreto, pr\u00e1ctica e incorporaci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n cuando se impida o imposibilite ejercitar el derecho de contradicci\u00f3n por parte del sujeto procesal contra el cual se pretende hacer valer aqu\u00e9lla, supuestos que, se insiste, no corresponden al caso de marras\u00bb. <\/p>\n
Como se ve, la determinaci\u00f3n que ahora cuestiona la querellante reprodujo lo dicho en el auto de 13 de diciembre de 2016, mediante la cual la fustigada colegiatura, frente a una solicitud de reestructuraci\u00f3n con id\u00e9ntico sustrato f\u00e1ctico a la petici\u00f3n de invalidez que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, consider\u00f3 improcedente ese remedio contractual, en observancia a que la eventual terminaci\u00f3n del juicio hipotecario en nada contribuir\u00eda a salvaguardar el predio de los ejecutados, dado el embargo de remanentes decretado respecto de ese juicio\u201d \u00bb. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que en la sentencia de tutela proferida por esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n se verific\u00f3 que el reproche relacionado con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hubiera sido abordado en el trascurso del tr\u00e1mite ejecutivo y con tal finalidad se consign\u00f3: <\/p>\n
En aquella oportunidad, el tribunal precis\u00f3 que \u00abel Alto Tribunal de Justicia, ha reiterado que \u201c\u2026la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanente 8\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada\u201d. En este orden de ideas, si bien no existe duda que el derecho a la reestructuraci\u00f3n era aplicable al sub lite por haber sido una obligaci\u00f3n adquirida antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, al revisar el expediente se observa que mediante oficio 3188 del 30 de octubre de 2003, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 comunic\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que mediante prove\u00eddo del 26 de septiembre de esa anualidad, se \u201cdecret\u00f3 el EMBARGO de los remanentes y\/o bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
Ante tales razonamientos, no cabe tener por acreditado el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador convocado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto se colige, que nos enfrentamos a la existencia de un pronunciamiento previo y aunque el asunto aqu\u00ed planteado fue formulado por el ejecutado que no hab\u00eda fungido como accionante, lo cierto es que el problema jur\u00eddico propuesto abarca una identidad subjetiva, objetiva y causal, por lo que se presenta la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb que impide un nuevo estudio sobre el fondo del debate planteado, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que para la fecha de interposici\u00f3n del amparo la sentencia STC1776 de 25 de febrero de 2021 se encontraba en tr\u00e1mite de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que una interpretaci\u00f3n contraria quebrantar\u00eda el principio de seguridad jur\u00eddica para abrir paso a un espiral infinito de acciones de la misma naturaleza, que tornar\u00eda eterna la soluci\u00f3n del conflicto por cuanto generalmente la decisi\u00f3n adversa suscita la motivaci\u00f3n de buscar una decisi\u00f3n acorde a ese inter\u00e9s jur\u00eddico no logrado. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha reprochado la interposici\u00f3n de varias acciones de tutela sobre un mismo asunto judicial, por lo siguiente: <\/p>\n
\u00abResulta impensable que este remedio pueda utilizarse para auscultar los procesos judiciales en m\u00faltiples ocasiones, ya que eso ir\u00eda en contra v\u00eda de la excepcionalidad que se ha predicado en esta materia, as\u00ed como atentar\u00eda contra la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que toda providencia encubre, como tambi\u00e9n \u00abde permitirlo la contienda no fenecer\u00eda y, de contera, se genera inseguridad jur\u00eddica al abrirle la puerta a un espiral infinito de \u00abacciones\u00bb de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterno el esclarecimiento del conflicto\u00bb (STC9449-2018), lo que conculcar\u00eda la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb\u00bb (STC7017-2019). <\/p>\n
En suma, al advertirse configurada la \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, se negar\u00e1 el amparo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4603-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4603-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01208-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que \u00c1lvaro Antonio Azuero Qui\u00f1ones promovi\u00f3 contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54143","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54143","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54143"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54143\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54143"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54143"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}