STC4613-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4613-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-00915-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Germ\u00e1n Alexander Zapata Montoya frente a la sentencia 6 de agosto de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la salvaguarda que el recurrente le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, extensiva al Juzgado Doce Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad \u00abLa Paz\u00bb (Itag\u00fc\u00ed), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL y a la EPS Suramericana S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 que se deje sin efectos la providencia de 19 de mayo de 2020, por medio de la cual el Tribunal ratific\u00f3 la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 la \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, y en su lugar, se le conceda el sustituto \u00abo en su defecto la reclusi\u00f3n hospitalaria que preste sus servicios a la EPS SURA, o en el centro de salud que designe la H. Sala\u00bb. <\/p>\n
Expuso, en lo medular, que se encuentra privado de la libertad en el establecimiento \u00abLa Paz\u00bb, desde el 12 de diciembre de 2017, donde purga una condena por los delitos de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y cohecho impropio. A ra\u00edz de su estado de salud, pues padece de un cuadro de depresi\u00f3n agudo y dolencias en su columna, en virtud del cual requiere tratamiento m\u00e9dico, y de que el INPEC no dispone lo pertinente para que pueda asistir oportunamente a las citas, controles y terapias que le programa su EPS, en 2020, pidi\u00f3 que se le otorgara la \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. Sin embargo, la petici\u00f3n se desestim\u00f3 en primera instancia por el despacho de Medell\u00edn (4 may. 2020) y el Tribunal ratific\u00f3 la negativa (19 may. 2020), desconociendo las reglas trazadas en el C\u00f3digo Penal y los lineamientos de la sentencia C-163 de 2019. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que su situaci\u00f3n se agrava con la pandemia causada por el COVID-19 y el hacinamiento del centro de reclusi\u00f3n, pues debido a sus comorbilidades aumenta el riesgo de contagio. <\/p>\n
2. Los estrados reprochados defendieron lo confutado. El Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL destac\u00f3 las medidas que ha adoptado para prevenir el contagio del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios del pa\u00eds; a\u00f1adi\u00f3 que la atenci\u00f3n m\u00e9dica del actor est\u00e1 a cargo de la EPS Suramericana. Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) detall\u00f3 las gestiones realizadas en la c\u00e1rcel de Itag\u00fc\u00ed, a ra\u00edz de la pandemia. El Coordinador del Grupo de Tutelas del INPEC se\u00f1al\u00f3 que no ha quebrantado las garant\u00edas del censor, y lo que debe resolverse es la viabilidad del resguardo frente al tema de la \u00abprisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s r\u00e9plicas. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo respecto a las autoridades judiciales enjuiciadas, ya que estim\u00f3 que la negativa a reemplazar la medida intramural era razonable. Pero consider\u00f3 que el ruego deb\u00eda concederse frente al INPEC y el Centro Penitenciario La Paz, en virtud a que los ex\u00e1menes y terapias autorizadas por la EPS del quejoso no se han podido llevar a cabo debido a que las autoridades del centro de reclusi\u00f3n no realizaron la remisi\u00f3n del interno. Por tanto, les orden\u00f3 que \u00aben el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, procedan a autorizar y realizar los traslados que requiera el actor para que asista a las citas m\u00e9dicas programadas por los m\u00e9dicos de la EPS SURAMERICANA\u00bb. <\/p>\n
4. El actor impugn\u00f3 el veredicto, con el fin de que se le otorgue el \u00absustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. Precis\u00f3, en concreto, que la hom\u00f3loga penal no tuvo en cuenta las evidencias que revelan la gravedad de sus patolog\u00edas y que estas son incompatibles con su reclusi\u00f3n en centro intramural, como el concepto del m\u00e9dico oficial del INPEC, el de la \u00abJunta M\u00e9dica\u00bb y el de la Directora Administrativa de Wakeup Rehabilitaci\u00f3n Funcional, quien le trata la \u00ablumbagia de da\u00f1o estructural\u00bb que lo aqueja. Precis\u00f3 a su vez, que tampoco se valor\u00f3 \u00abla falta de capacidad del INPEC para trasladare a su representado a las citas, terapias y controles m\u00e9dicos\u00bb, y las dem\u00e1s circunstancias que agravan su condici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Circunscrita la Corte a los motivos de inconformidad del recurrente, advierte que el desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle prisi\u00f3n domiciliaria, en reemplazo de la detenci\u00f3n en centro de reclusi\u00f3n, no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Como se advierte del interlocutorio del Tribunal de Medell\u00edn (19 may. 2020), la determinaci\u00f3n confrontada se edific\u00f3 en la pauta que regula la \u00abreclusi\u00f3n domiciliaria\u00bb, en caso de que el \u00abpenado\u00bb padezca de una enfermedad grave, as\u00ed como en el an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n que se practicaron para dilucidar la viabilidad de la solicitud. <\/p>\n
En ese sentido aludi\u00f3 al inciso primero del art\u00edculo 68 del C\u00f3digo Penal, el cual consagra: <\/p>\n
El juez podr\u00e1 autorizar la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o centro hospitalario determinado por el INPEC, en caso que se encuentre aquejado por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusi\u00f3n formal, salvo que en el momento de la comisi\u00f3n de la conducta tuviese ya otra pena suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro hospitalario, los gastos correr\u00e1n por su cuenta. <\/p>\n
Luego explic\u00f3, que dicha circunstancia no se estructura en el caso del promotor, pues no se demostr\u00f3 que las dolencias que lo perturban tengan esa naturaleza, y que sean \u00abincompatibles con el estado de detenci\u00f3n en establecimiento carcelario\u00bb. Esto, por cuanto de acuerdo con el \u00abinforme pericial\u00bb practicado el 18 de noviembre de 2019, <\/p>\n
El evaluado (\u2026) exhibe s\u00edntomas consistentes con un trastorno de depresi\u00f3n mayor, episodio \u00fanico moderado, [el cual] NO CONSTITUYE UN ESTADO GRAVE POR ENFERMEDAD o ENFERMEDAD MUY GRAVE INCOMPATIBLE CON LA VIDA DE RECLUSI\u00d3N FORMAL. -. El evaluado requiere continuar con controles ambulatorios por m\u00e9dico especialista en psiquiatr\u00eda. <\/p>\n
Despu\u00e9s acot\u00f3, que las recomendaciones del \u00abm\u00e9dico de la c\u00e1rcel\u00bb, en torno a la necesidad de la sustituci\u00f3n de la medida no ten\u00edan m\u00e9rito para modificar esa conclusi\u00f3n, ya que, entre otros aspectos, no vers\u00f3 sobre el tema discutido, esto es, si \u00abla dolencia padecida es clasificada como grave, adem\u00e1s de incompatible con el estado de detenci\u00f3n en establecimiento carcelario\u00bb, adem\u00e1s, que la sugerencia la justific\u00f3 en que las patolog\u00edas del precursor requer\u00edan \u00abun tratamiento continuo que no est\u00e1 siendo cumplido en la prisi\u00f3n\u00bb, lo que difer\u00eda del supuesto normativo y deb\u00eda solucionarse exigiendo al INPEC el cumplimiento de las remisiones correspondientes. Sobre el punto esboz\u00f3: <\/p>\n
Pero, es la opini\u00f3n del m\u00e9dico de la c\u00e1rcel, la que, a juicio del censor, justifica la concesi\u00f3n del sustituto, lo que no resulta acertado, pues si bien es cierto tambi\u00e9n es un galeno oficial, no actu\u00f3 como perito, limit\u00e1ndose solo a se\u00f1alar las patolog\u00edas del detenido -depresi\u00f3n grave sin s\u00edntomas psic\u00f3ticos, fibromialgia, y artrosis no especificada-, indic\u00e1ndose que requiere un tratamiento continuo que no est\u00e1 siendo cumplido en la prisi\u00f3n, y el beneficio que le traer\u00eda la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Y, en la ampliaci\u00f3n de su concepto, elemento nuevo que se aduce ahora, insiste en la necesidad de otorgar la prisi\u00f3n domiciliaria al se\u00f1or Germ\u00e1n Alexander Zapata Montoya porque no se cumple con las recomendaciones de los especialistas sobre los traslados a los sitios donde debe brind\u00e1rsele la atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
Es decir, que pretende el recurrente hacer prevalecer la opini\u00f3n del m\u00e9dico de la c\u00e1rcel, sobre los peritazgos oficiales entregados por los m\u00e9dicos forenses, cuando ni siquiera son confrontables porque no tienen la misma naturaleza ni finalidad. <\/p>\n
Es m\u00e1s, cuando la Corte Constitucional estudi\u00f3 la posibilidad de intervenci\u00f3n de los peritos particulares para que conceptuaran sobre la grave enfermedad, lo hizo estimando que as\u00ed se avalaba el derecho de las partes a las garant\u00edas m\u00ednimas probatorias y, por consiguiente, los derechos al debido proceso, a la defensa y a la acci\u00f3n a la justicia, pero no significa ello, que se exime del aspecto cient\u00edfico que debe contener el concepto del perito particular, como parece entenderlo el recurrente. <\/p>\n
Los conceptos que sobre este tema pudieren enfrentarse deben estar soportados en bases especializadas serias, pues se trata de un tema de rigor cient\u00edfico, donde los peritos determinen que la dolencia padecida es clasificada como grave, adem\u00e1s de incompatible con el estado de detenci\u00f3n en establecimiento carcelario, lo que en este caso no se acredit\u00f3. <\/p>\n
N\u00f3tese que el concepto ampliado del galeno de la c\u00e1rcel que fue expedido a petici\u00f3n del interesado, solo muestra esa marcada posici\u00f3n de que es preciso y consecuente con las necesidades del sentenciado otorgarle la prisi\u00f3n domiciliaria, tema que no es de resorte del m\u00e9dico, sino del juez, a quien previo a obtener el respectivo dictamen pericial debidamente fundamentado sobre la grave enfermedad incompatible con la prisi\u00f3n, le corresponde valorar esa posibilidad, lo que se itera no fue aportado en este caso. <\/p>\n
Entonces, por el hecho de que el citado profesional hubiese emitido su opini\u00f3n personal respecto a la concesi\u00f3n del sustituto para el detenido, no quiere decir, que autom\u00e1ticamente \u00e9ste sea acreedor del mismo, ni que ello tenga la capacidad de derruir el peritazgo emitido por los galenos de medicina legal, quienes a trav\u00e9s de su dictamen realizaron una valoraci\u00f3n detallada de la situaci\u00f3n del procesado, indicando que este no padece de grave enfermedad f\u00edsica o mental, incompatible con el estado de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
Y, no obstante, el galeno de establecimiento carcelario, justific\u00f3 su posici\u00f3n en los inconvenientes derivados de las remisiones a los diferentes controles permanentes en la atenci\u00f3n m\u00e9dica, es claro que esto tampoco habilita la sustituci\u00f3n, pues lo que se tiene que exigir al centro carcelario es el acatamiento de las obligaciones que garantizan el derecho a la salud del interno, m\u00e1xime cuando las enfermedades que acompa\u00f1an al detenido han tenido una evoluci\u00f3n superior a los 18 a\u00f1os, y si bien el mismo staff de Instituto Neurol\u00f3gico de Colombia, advierte de los beneficios de un adecuado manejo interdisciplinario, tambi\u00e9n deja claro la posibilidad de no obtener mejor\u00eda, como lo destaca el m\u00e9dico legista. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Finalmente, descart\u00f3 que los problemas generados por el COVID-19 y el hacinamiento carcelario habilitaran su salida de la Penitenciar\u00eda, ya que <\/p>\n
(\u2026) su caso no se encuentra en aquellos de los contemplados para hacerse acreedor de la prisi\u00f3n domiciliaria transitoria en lugar de residencia; y no demostr\u00f3 el apoderado que precisamente por esa situaci\u00f3n el INPEC estuviese incumpliendo su carga de proveerle al sentenciado sus atenciones en salud. <\/p>\n
Aunado a ello, no puede desconocerse que el Centro Carcelario en que se encuentra recluido el sentenciado presenta en la actualidad cero casos de contagio por el mencionado virus, as\u00ed fue publicado en la p\u00e1gina Web del INPEC, bolet\u00edn del 12 de mayo de 2020 (\u2026). <\/p>\n
Finalmente, no es de recibo, la afirmaci\u00f3n dirigida a se\u00f1alar que el hacinamiento producir\u00e1 el empeoramiento del estado de salud; ya que esto no es justificaci\u00f3n para el otorgamiento de la detenci\u00f3n domiciliaria por grave enfermedad, pues la salud del condenado debe ser atendida por el INPEC, m\u00e1xime cuando se trata de patolog\u00edas sujetas a control. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que armoniza con la jurisprudencia del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la especialidad penal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, quien al respecto ha indicado que <\/p>\n
Del tenor de la norma trascrita se establece que no es cualquier enfermedad o estado de salud graves, los que habilitan al juez de ejecuci\u00f3n de penas a autorizar que la sanci\u00f3n privativa de la libertad se cumpla en la residencia del condenado o en un centro hospitalario, pues, adem\u00e1s, el padecimiento m\u00e9dico debe ser incompatible con la vida en reclusi\u00f3n, sin dejar de lado, claro est\u00e1, que tales situaciones deben ser valoradas por un m\u00e9dico legista especializado (CSJ AP2024-2018). <\/p>\n
Ahora, que el peticionario disienta de esa valoraci\u00f3n porque, a su juicio, los dict\u00e1menes m\u00e9dicos que ados\u00f3 muestran la gravedad de sus padecimientos y, que, las dificultades del INPEC para autorizar su traslado a las citas son suficientes para cambiarlo de sitio de reclusi\u00f3n, no es raz\u00f3n para desconocer la interpretaci\u00f3n del juez plural, pues, como se dijo, est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n plausible de los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales que regulan la controversia, como de las probanzas recaudadas, que impiden la intromisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo puntualiz\u00f3 la Sala, en un caso de similares contornos a este: <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d (CSJ STC4843-2020). <\/p>\n
Adicionalmente, el cumplimiento de las remisiones que requiera para sus tratamientos m\u00e9dicos est\u00e1 resguardado con el mandato impartido por la Sala de Casaci\u00f3n de Penal de esta Colegiatura, toda vez que conmin\u00f3 al Instituto Nacional Penitenciario y a las autoridades del Centro de Reclusi\u00f3n \u00abLa Paz\u00bb que \u00abprocedan a autorizar y realizar los traslados que requiera el actor para que asista a las citas m\u00e9dicas programadas por los m\u00e9dicos de la EPS SURAMERICANA\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y comoquiera que la directriz materia de censura no revela la existencia de alg\u00fan yerro que amerite ser conjurado por este sendero, lo opugnado se ratificar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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