STC4616-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4616-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01993-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 12 de enero de 2021, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que Leonardo Montoya L\u00f3pez instaur\u00f3 contra la Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional y el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el resguardo n\u00b0 2019-0063. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 que se ordene a la Corte Constitucional anular la providencia T-315 de 2020 por indebida vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n y al Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali tramitar el incidente por desacato propuesto. <\/p>\n
2. Despu\u00e9s de una lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de los anexos adosados al expediente, resulta viable compendiar los hechos as\u00ed: <\/p>\n
El tutelante instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en contra de Coomeva EPS, Colpensiones y L\u00edneas Universitarias S.A. por denegar el pago de unas incapacidades comprendidas entre el 20 de julio de 2018 y el 26 de mayo de 2019, resguardo que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali, estrado que concedi\u00f3 el ruego; de ah\u00ed que, conmin\u00f3 a Colpensiones y Coomeva EPS a liquidar y cancelar los emolumentos adeudados a favor del actor (2 dic. 2019). <\/p>\n
El promotor envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico al despacho convocado solicitudes de iniciaci\u00f3n del respectivo incidente por desacato, sin obtener respuesta alguna (23, 25 sept. – 6 oct. 2020). <\/p>\n
La Sala Tercera de Revisi\u00f3n de la Corte Constitucional seleccion\u00f3 para revisi\u00f3n el radicado n\u00b0 T-7.802.739, resguardo impetrado por \u00c1ngela Mar\u00eda Cruz Libreros en calidad de Gerente General y Representante Legal de Coomeva EPS, quien acudi\u00f3 en esa oportunidad a este mecanismo excepcional para proteger sus prerrogativas fundamentales vulneradas por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Cali y la Sala Laboral del Tribunal de ese Distrito Judicial que resolvieron negar la suspensi\u00f3n de las sanciones impuestas por desacato a trav\u00e9s de h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
La Corte Constitucional expuso que en la sentencia T-315 (18 ago. 2020), el problema estructural en la gesti\u00f3n administrativa y financiera de la EPS Coomeva que se ven\u00eda presentado desde el a\u00f1o 2015 desencaden\u00f3 en: i) la intervenci\u00f3n y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y, ii) la sucesiva y voluminosa interposici\u00f3n de acciones de tutela por parte de usuarios del sistema por no recibir las atenciones reclamadas a la entidad; en consecuencia, se presentaron consecutivas e indefinidas sanciones de arresto a la gerente por desacato a \u00f3rdenes judiciales y concluy\u00f3 que se desnaturaliz\u00f3 la finalidad del \u00abincidente por desacato\u00bb, \u00abcontrario a lo que se busca de asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela, pues al estar privada de la libertad queda imposibilitada para cumplirlos\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, emiti\u00f3 una serie de lineamientos para materializar sus derechos afectados, especialmente el de libertad y, dispuso entre otras, suspender los cursos incidentales contra esa EPS por el interregno de un (1) a\u00f1o, fij\u00f3 como regla para los jueces constitucionales evitar la imposici\u00f3n de cualquier tipo de sanciones -arresto o multa- por incumplimiento durante ese periodo de tiempo. <\/p>\n
El accionante se\u00f1al\u00f3 que el silencio del juzgado accionado es consecuencia directa de los par\u00e1metros impartidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-315, situaci\u00f3n que, en su criterio, menoscaba sus prerrogativas fundamentales por cuanto en esa decisi\u00f3n no se vincularon a las personas que resultaron favorecidas con las providencias constitucionales dictadas con anterioridad a la fecha de ese pronunciamiento. <\/p>\n
3. El estrado convocado adujo la improcedencia del reclamo por estructurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que resolvi\u00f3 el tr\u00e1mite incidental formulado por el accionante con sujeci\u00f3n a las directrices de la Corte Constitucional en el prove\u00eddo T-315 de 2020 y dispuso abstenerse de \u00abemitir orden alguna\u00bb contra la EPS y el archivo del expediente (1\u00b0 oct. 2020), decisi\u00f3n notificada al actor (14 dic.). <\/p>\n
El presidente de la Corte Constitucional solicit\u00f3 denegar el amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n, ya que el prove\u00eddo T-315 de 2020 se ci\u00f1\u00f3 al procedimiento judicial dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el acuerdo 02 de 2015 (Reglamento de esa Corporaci\u00f3n). Agreg\u00f3 que la providencia atacada si bien es cierto paraliz\u00f3 por un a\u00f1o las sanciones de multa y arresto contra la Gerente de Coomeva EPS, \u00abde ello no se puede inferir que la Corte est\u00e9 liberando a Coomeva de su obligaci\u00f3n legal de atender las reclamaciones judiciales contra ella tramitadas\u00bb. <\/p>\n
Colpensiones, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES-, el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -PARISS-, la Empresa de Transporte L\u00edneas Universitarias S.A.S., pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el ruego contra la Corte Constitucional por carecer del presupuesto de subsidiariedad y por inexistencia de vulneraci\u00f3n. El primero por cuanto <\/p>\n
(\u2026) el principal objeto de la presente acci\u00f3n constitucional es discutir la supuesta violaci\u00f3n del debido proceso por indebida vinculaci\u00f3n del accionante al tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en el radicado T-7.802.739, se destaca la improcedencia de la acci\u00f3n para esos fines ante la falta de agotamiento de los medios id\u00f3neos como es el incidente de nulidad ante la misma Corporaci\u00f3n accionada\u00bb <\/p>\n
Y el segundo porque <\/p>\n
(\u2026) Advierte la Corte que, contrario a lo manifestado por el accionante, el yerro denunciado es inexistente, puesto que la Sala 3\u00aa de Revisi\u00f3n no lo ten\u00eda que vincular a la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la ciudadana Cruz Libreros, porque aquella formul\u00f3 el amparo en favor de sus derechos a la libertad, debido proceso y h\u00e1beas data con el fin de dejar sin efecto las \u00f3rdenes de arresto que llevaba purgando de manera consecutiva desde el 26 de febrero de 2019 hasta el 2 de junio de esa anualidad, dicho objeto nada tiene que ver con el reconocimiento de las incapacidades laborales por parte del Juzgado 1\u00ba para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento en favor de Leonardo Montoya. De ah\u00ed, la inexistencia del yerro advertido por el actor, al extra\u00f1ar su vinculaci\u00f3n a un tr\u00e1mite totalmente ajeno a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
Mientras que, respecto del Juzgado Primer Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali, lo concedi\u00f3 y dispuso <\/p>\n
(\u2026) dejar sin efecto el numeral 2\u00ba del auto 133 proferido el 1\u00ba de octubre de 2020 por el Juzgado 1\u00ba Penal para Adolescentes con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo desarchive la solicitud de incidente de desacato y disponga las acciones necesarias tendientes al cumplimiento del fallo de tutela 74 del 2 de diciembre de 2019 que reconoci\u00f3 el pago de unas incapacidades m\u00e9dicas a favor del accionante\u00bb <\/p>\n
5. El precursor impugn\u00f3 y solicit\u00f3 \u00abrevocar el numeral primero del resuelve expedido por el [juzgado accionado] en lo que respecta al Auto 133 (\u2026) fechado 1 de octubre del 2020\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Debe precisarse que la Sala se circunscribir\u00e1 a resolver el reparo esbozado por el censor en el escrito de impugnaci\u00f3n, puesto que nada se refut\u00f3 en relaci\u00f3n con la subsidiariedad por falta de vinculaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n surtido ante la Corte Constitucional, ni respecto de la ausencia de vulneraci\u00f3n por esta en \u00e9l. As\u00ed las cosas, habr\u00e1 de revisarse si la decisi\u00f3n del juzgado de no imponer sanciones por la desatenci\u00f3n de la orden constitucional que \u00e9l dio luce arbitraria o no. <\/p>\n
En el presente caso, el actor busc\u00f3 con el incidente por desacato el pago de los emolumentos adeudados a su favor por concepto de incapacidades reconocidas en un amparo anterior por el estrado accionado; no obstante, no ha logrado su materializaci\u00f3n, toda vez que se dispuso el archivo del expediente por la agencia judicial encartada (1 oct. 2020), respaldada en las \u00f3rdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-315 (18 ago. 2020). <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que la c\u00e9lula judicial de Cali mediante interlocutorio 133 decidi\u00f3 en el incidente aludido (1 oct. 2020), primero, \u00ababstenerse de emitir orden alguna contra Coomeva EPS, en raz\u00f3n al incumplimiento de la sentencia No. 074 de diciembre 02 de 2019\u00bb y, luego, archivar \u00abdefinitivamente el presente tramite incidental\u00bb. De donde emerge con claridad que no ha cesado el agravio alegado por Leonardo Montoya L\u00f3pez. Ahora, tambi\u00e9n lo es que la determinaci\u00f3n de no imponer multa o arresto al representante legal de la entidad all\u00e1 accionada no resulta caprichosa en la medida en que atiende a lo ordenado por la Corte Constitucional en el pluricitado pronunciamiento. De all\u00ed que la Sala de Casaci\u00f3n Penal haya eliminado \u00fanicamente la segunda directriz de aqu\u00e9l resuelve, esto es, se insiste, de archivar el caso, por cuanto, la finalidad con ello es que, a\u00fan con la orden dada por la guardiana de la constituci\u00f3n, aquel estrado inicie el tr\u00e1mite de cumplimiento en procura del pago de las incapacidades reconocidas al actor. <\/p>\n
En efecto, el juzgado convocado no ha promovido el procedimiento dirigido a lograr la materializaci\u00f3n del fallo de tutela proferido el 2 de diciembre de 2019 que reconoci\u00f3 y orden\u00f3 el desembolso de unos emolumentos a favor del recurrente, luego el mandato impartido por la hom\u00f3loga en lo penal no est\u00e1 llamado a ser revocado o modificado, habida cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, <\/p>\n
[p]roferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. <\/p>\n
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. <\/p>\n
En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza (subrayas de ahora). <\/p>\n
Al respecto, en C.C. A096-17 se sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) De este modo, el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991 reconoce la competencia de los operadores judiciales para actuar con posterioridad a la adopci\u00f3n del fallo estimatorio hasta lograr el restablecimiento del derecho protegido o la eliminaci\u00f3n de las circunstancias que lo amenazaban. [11] En relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite de cumplimiento la disposici\u00f3n se\u00f1ala i) que la autoridad o persona responsable del agravio debe acatar el fallo sin demora; ii) si no lo hiciere, en las 48 horas siguientes, el juez se debe dirigir al superior responsable y requerirlo para que lo haga cumplir y abra un proceso disciplinario contra el incumplido y iii) si transcurren otras 48 horas sin obedecer el fallo, el juez \u201cordena abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas\u201d para el cabal cumplimiento de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, no queda duda que el sendero por agotar es el cumplimiento para lograr que cese el agravio, con abstracci\u00f3n de cualquier secuela sancionatoria, conclusi\u00f3n que resulta arm\u00f3nica con la sentencia de la Corte Constitucional en sede revisi\u00f3n; argumento suficiente para refrendar el prove\u00eddo opugnado porque las razones del recurrente lucen est\u00e9riles para lograr la revocatoria perseguida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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