AC1639-2021 (2020-00141-00)<\/p>\n
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AC1639-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2020-00141-00 <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Carmen Rosa Acosta. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur a trav\u00e9s de la cual pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia, para el fallo de 1\u00b0 de octubre de 2009, proferido por el Juzgado de Primera Instancia No. 018 de Barcelona, Espa\u00f1a, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio entre ella y el se\u00f1or Luis Edmundo Contreras G\u00f3mez. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del Libro V del T\u00edtulo I del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s, en el caso de que la providencia a homologar provenga de una autoridad judicial de Espa\u00f1a, deben reunirse los requisitos establecidos en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 6\u00aa de 13 de agosto de 1908, que ratific\u00f3 el Convenio 108 de 30 de mayo del mismo a\u00f1o, suscrito entre Colombia y dicho pa\u00eds, el que establece que las pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que \u00absean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el art\u00edculo 2\u00ba del precitado instrumento de derecho internacional estatuye la forma como ha de comprobarse el anterior requisito, a saber: \u00abpor un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo, acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso que ahora se analiza, es evidente la falta del certificado al que se aludi\u00f3, seg\u00fan lo establecido por las dos naciones a efectos de reconocer la efectividad de las decisiones jurisdiccionales definitivas que se profieran en sus territorios. <\/p>\n
Como se explic\u00f3 en forma precedente, el \u00abcertificado expedido por el Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia\u2026\u00bb, actualmente Ministerio de Justicia, Subdirecci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional, acorde con la exigencia especial contenida en el convenio bilateral suscrito por los gobiernos de Espa\u00f1a y Colombia, es el \u00fanico instrumento con el que se debe acreditar la ejecutoria de las sentencias, cuya efectividad se pretenda fuera del territorio en que se dictaron. <\/p>\n
Sin embargo, la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 de la decisi\u00f3n objeto de este tr\u00e1mite, no se acompa\u00f1\u00f3 con la certificaci\u00f3n antes mencionada, en la cual se establezca que aquella determinaci\u00f3n se encuentra en firme. <\/p>\n
4. En las condiciones rese\u00f1adas, en atenci\u00f3n a que no se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 606 del ordenamiento adjetivo civil de acreditar en debida forma que el pronunciamiento cuya convalidaci\u00f3n se reclama, se encuentra ejecutoriado de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, se rechazar\u00e1 el libelo, como as\u00ed lo precept\u00faa el art\u00edculo el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, se RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Devolver los anexos, sin necesidad de desglose, previas las constancias de rigor. Archivar la actuaci\u00f3n, una vez se encuentre ejecutoriada esta providencia, y se haya dado cumplimiento a lo anterior. <\/p>\n
TERCERO: Se reconoce al abogado Jorge Alberto Torres Acosta como apoderado judicial de la parte demandante, en los t\u00e9rminos y para los fines del mandato conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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