AC1766-2021 (2021-01276-00)<\/p>\n
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AC1766-2021 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Tercero Civil Municipal de Cartago y Segundo Civil Municipal de Cali, para conocer de la demanda ejecutiva de m\u00ednima cuant\u00eda de FONDO DE EMPLEADOS M\u00c9DICOS DE COLOMBIA -PROMEDICO- frente a TANIA CRISTINA BELALC\u00c1ZAR SANTANDER. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 librar orden de pago a su favor y contra la convocada, por el capital e intereses incorporados en los pagar\u00e9s que aport\u00f3 con la demanda, en la que atribuy\u00f3 a los juzgadores de Cartago la competencia, por \u201craz\u00f3n de la cuant\u00eda y el domicilio de la parte demandada\u201d1. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartago rechaz\u00f3 el libelo y decidi\u00f3 enviar el asunto a los juzgados civiles municipales de la ciudad de Cali, con sustento en que, \u201cel escrito introductorio sostiene, que -desconoce la direcci\u00f3n donde pueda residir y notificarse personalmente el demandado-; por lo tanto, seg\u00fan la disposici\u00f3n normativa antes se\u00f1alada, este despacho no reviste competencia para el conocimiento de las presentes diligencias (\u2026) es oportuno referirse al lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n inmersa en el v\u00ednculo jur\u00eddico que se pretende resolver a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, la cual, seg\u00fan se advierte del estudio de los t\u00edtulos-valores pilares de la presente ejecuci\u00f3n, se evidencia, como lugar espec\u00edfico para el cumplimiento de la misma, la ciudad de Cali, Valle (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el juez Segundo Civil Municipal de este \u00faltimo municipio, plante\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve al advertir que \u201cDel argumento dado por el juzgado impedido se avizora que se confunde el domicilio con el lugar (exacto) de residencia. El domicilio es un atributo de la personalidad que tiene por objeto vincular a una persona con el lugar donde habitualmente tiene sus principales intereses familiares y econ\u00f3micos, es decir, lo que la doctrina ha denominado como el -asiento jur\u00eddico de una persona-, sin que sea dable confundirlo con la residencia o habitaci\u00f3n, aunque en ciertos casos se use como sin\u00f3nimo de \u00e9sta (\u2026) el que no se conozca un lugar de residencia o trabajo de una persona que se dice vecina (como sin\u00f3nimo de domiciliada) de determinado lugar, en este caso la ciudad de Cartago, no equivale a decir que se desconoce su domicilio\u201d3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos, pertenecientes a diferentes Distrito Judiciales, Buga y Cali, discuten la competencia se\u00f1alando, por un lado, que en la demanda se \u201cdesconoce la direcci\u00f3n donde pueda residir (\u2026)\u201d, y entonces, corresponde al lugar de cumplimiento de las obligaciones, y por otro, que se confunde domicilio con lugar de residencia y en este sentido aplica el fuero general territorial del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, consagra la regla general que \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d, previsi\u00f3n que complementa el numeral 3\u00ba de dicho precepto, en relaci\u00f3n con \u201c\u2026los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u2026\u201d, donde \u201ces tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u2026\u201d. <\/p>\n
Lo cual significa que si en la pr\u00e1ctica el domicilio del convocado no coincide con el sitio de satisfacci\u00f3n de las prestaciones, el actor puede escoger, entre la dupla de funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que rit\u00fae y decida el litigio en ciernes. <\/p>\n
Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible ese querer. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, para destacar que <\/p>\n
\u201cAl demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u201d (CSJ AC, 20 feb. 2004, Exp. 00007-01; reiterada en CSJ AC, 23 feb. 2010, Exp. 2009-02291-00, y en CSJ AC, 24 jun. 2013, Exp. 01022-00). <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
De conformidad con la exposici\u00f3n efectuada en p\u00e1rrafos precedentes, se advierte que en el caso analizado, la demandante eligi\u00f3, expresamente, el foro para atribuir la competencia territorial entre los juzgados civiles municipales que podr\u00edan asumir el caso, por la vecindad de la convocada, al se\u00f1alar en el pliego inicial que el domicilio es \u201cCartago\u201d, no obstante haber manifestado en el aparte de notificaciones que, \u201cdesconocemos la direcci\u00f3n donde pueda residir y notificarse personalmente al demandado\u201d (Subrayado fuera de texto), es decir, que a partir de las actuaciones procesales de la ejecutante, se deduce que el fuero seleccionado para determinar la competencia territorial fue el general sobre el que versa el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dicho lo anterior, a partir de esa manifestaci\u00f3n, no pod\u00eda el juzgador de Cartago rehusar el conocimiento del caso, porque asegurado que el domicilio de la ejecutada es esa ciudad, a ello debe estarse, sin perjuicio de la facultad que detenta la interesada para discutir ese punto, a trav\u00e9s del mecanismo procesal establecido en la ley. <\/p>\n
Es m\u00e1s, que domicilio y lugar para notificaciones no coincidan, no es impedimento en principio para asignar la competencia a Cartago, ya que uno y otro son conceptos diferentes, como de tiempo atr\u00e1s tiene explicado la jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
\u201c(…) por raz\u00f3n de su marcada diferencia, no resulta posible confundir dos asuntos, de suyo distintos conceptualmente, am\u00e9n de que la normativa de enjuiciamiento civil les ha deferido causas y efectos dis\u00edmiles; una cosa entonces es el domicilio del deudor y otra, in extremis distinta, el lugar indicado para recibir notificaciones (\u2026) Entonces, s\u00edguese que es el primero y no el segundo el que define la competencia y, ante la eventualidad de no coincidir, sin dubitaci\u00f3n alguna debe regirse la competencia por aqu\u00e9l tambi\u00e9n. As\u00ed lo ha dilucidado esta Corporaci\u00f3n en reiterados pronunciamientos, en los que ha expuesto que \u201cno es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal raz\u00f3n, pueda decirse que de \u00e9sta debi\u00f3 formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que \u00e9ste sufri\u00f3 alteraci\u00f3n alguna\u201d. (Auto de 20 de noviembre de 2000, Exp. N\u00b00057)\u201d CSJ AC, 10 jul. 2013, rad. 2013 01145 00. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartago, para que asuma el conocimiento del asunto y contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente le corresponde, sin perjuicio de lo que sobre la competencia aduzca la convocada, en la oportunidad legal correspondiente, y por el sendero indicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Tercero Civil Municipal de Cartago corresponde conocer de la acci\u00f3n cambiaria promovida por el FONDO DE EMPLEADOS M\u00c9DICOS DE COLOMBIA -PROMEDICO- frente a TANIA CRISTINA BELALC\u00c1ZAR SANTANDER. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado4 <\/p>\n
1 Folios 4 a 7, c. 05 demanda. Exp. digital. <\/p>\n
2 Folios 2 a 4, c. 08 auto interlocutorio 517 rechaza por competencia. Ibidem <\/p>\n
3 Folios 1 a 2 c. 11 auto conflicto de competencia. Ibidem. <\/p>\n
4 El presente documento se suscribe de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 11 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, por cuya virtud se autoriza la \u201cfirma aut\u00f3grafa mec\u00e1nica, digitalizada o escaneada\u201d. <\/p>\n
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