AC1769-2021 (2021-01428-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1769-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01428-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Catorce Civil Municipal de Cartagena, para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de un bien con garant\u00eda prendaria, elevada por BANCOLOMBIA S.A., siendo garante William Salguedo Castro. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La mencionada entidad radic\u00f3 petici\u00f3n ante los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, para que se ordene la \u201cAPREHENSI\u00d3N Y ENTREGA\u201d de un veh\u00edculo objeto de \u201cGarant\u00eda Mobiliaria\u201d, con ocasi\u00f3n de un contrato de \u201cprenda sin tenencia\u201d, previo incumplimiento del deudor en el pago del cr\u00e9dito respaldado. <\/p>\n
2. La aqu\u00ed solicitante manifest\u00f3 que la competencia radica en estos juzgados en raz\u00f3n al \u201cfuero concurrente por elecci\u00f3n\u201d 1. <\/p>\n
3. El Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la petici\u00f3n, Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1, la rechaz\u00f3 y la envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Cartagena, aduciendo que de acuerdo con el numeral 14\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., el demandado se domicilia en esa ciudad y que \u201c(\u2026)este Despacho carece de competencia territorial para asumir el conocimiento de la presente solicitud, m\u00e1xime, si se tiene en cuenta que no obra prueba alguna que el bien objeto de garant\u00eda se encuentre inscrito en esta ciudad\u201d2. <\/p>\n
4. El Juez Catorce Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de destino rehus\u00f3 igualmente el conocimiento del tr\u00e1mite y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, se\u00f1alando que \u201cel domicilio del deudor no es un factor para determinar la competencia en tr\u00e1mites como \u00e9ste (\u2026) teniendo en cuenta a la calidad del derecho real que emana de la garant\u00eda prendaria y por apelar la parte solicitante al fuero concurrente por elecci\u00f3n, la competencia viene determinada por el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del estatuto ritual civil, pudiendo el interesado escoger la sede donde radicar\u00e1 la diligencia por ministerio de ley (\u2026)\u201d.3 <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
3. El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem consagra el criterio general, seg\u00fan el cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d. <\/p>\n
Una de las excepciones a esa regla aparece en el numeral 7\u00ba de ese canon, al expresarse que en \u201c\u2026los procesos en que se ejerciten derechos reales ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. <\/p>\n
Como la precitada directriz incorpora la expresi\u00f3n \u201cmodo privativo\u201d, la Corte ha explicado, en torno a su naturaleza y alcance, que4, <\/p>\n
4. Ahora bien, siendo evidente que la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega promovida entra\u00f1a el ejercicio del derecho real de la prenda (art. 665 del C.C.) constituida por el deudor a favor de la sociedad accionante sobre un autom\u00f3vil, es claro que el asunto corresponde de manera \u201cprivativa\u201d al juzgador del sitio donde se halla el rodante. <\/p>\n
5. En el presente caso, la aqu\u00ed recurrente manifest\u00f3 que el deudor est\u00e1 domiciliado en la ciudad de Cartagena (Zaragocilla Cll. 5ta N 50 A 66), y esa misma situaci\u00f3n permite inferir, por lo menos de momento, que el veh\u00edculo de su propiedad, materia de garant\u00eda real, tambi\u00e9n se encuentra en esa ciudad, m\u00e1xime que en el contrato de prenda abierta sin tenencia, se manifest\u00f3 que el deudor se obligaba a \u201c(\u2026) informar a el banco el cambio de oficina de registro del veh\u00edculo (\u2026) El garante debe mantener el veh\u00edculo dentro de la rep\u00fablica de Colombia\u201d, y que, \u201cdesconoce la ubicaci\u00f3n exacta del referido veh\u00edculo y que el mismo, por su naturaleza y caracter\u00edsticas, puede ser ubicado en cualquier ciudad y\/o localidad del territorio nacional\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la manifestaci\u00f3n de la peticionaria relativa al desconocimiento de un sitio preciso donde se encuentre el rodante5; la autorizaci\u00f3n en el contrato de prenda acerca de que el veh\u00edculo puede transitar por todo el territorio nacional, y el se\u00f1alamiento de que el domicilio del propietario del bien est\u00e1 en Cartagena, lleva a deducir, para los efectos procesales que aqu\u00ed interesan, que la competencia para conocer de este asunto radica en el juzgador de la precitada ciudad. <\/p>\n
6. Finalmente, es necesario mencionar que si bien en el pasado la Corte aplic\u00f3 el numeral 14 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso para resolver conflictos de competencia atinentes a diligencias de \u201caprehensi\u00f3n y entrega\u201d6, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio, para en definitiva entender que en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el art\u00edculo 60 de la Ley de garant\u00edas Mobiliarias, ciertamente se est\u00e1 haciendo ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera m\u00e1s cercana encaja en el caso, es la del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 de la Ley 1564 de 2012, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, habida cuenta que al juez a quien mejor y m\u00e1s f\u00e1cil le queda disponer lo necesario para la \u201caprehensi\u00f3n y entrega\u201d es, sin duda, al del sitio en el que est\u00e9 el bien objeto de la diligencia. <\/p>\n
Acude en pro de la postura actual de la Sala, el auto AC747-2018, al destacar que <\/p>\n
\u201cHasta este punto queda despejado que el procedimiento de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb est\u00e1 asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que \u00abdiligencias especiales\u00bb, sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vac\u00edo es preciso acudir a situaciones an\u00e1logas, en virtud del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo General del Proceso. En ese labor\u00edo fluye que el contexto m\u00e1s pr\u00f3ximo y parecido al que regulan los art\u00edculos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto all\u00ed se instituye, se itera, el criterio seg\u00fan el cual la asignaci\u00f3n se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes, cuando la acci\u00f3n abrigue \u00abderechos reales\u00bb. En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, seg\u00fan sea el caso, de donde est\u00e9n los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u2026\u201d7. <\/p>\n
7. En resumen, carece de fundamento la decisi\u00f3n del estrado judicial de la ciudad de Cartagena de rehusarse a conocer la solicitud en consideraci\u00f3n, habida cuenta que ante la incertidumbre del sitio concreto en el que se halla el rodante, para los efectos de la competencia y de la aplicaci\u00f3n del fuero real, se debe inferir el dato del hecho concreto de la vecindad de la parte convocada, que es, se reitera, la capital de Bol\u00edvar. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que el Catorce Civil Municipal de Cartagena es el competente para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de bien con garant\u00eda prendaria elevada por BANCOLOMBIA S.A., siendo garante William Salguedo Castro. Rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 fls. 1 a 6 c. 01 demanda. exp. digital. <\/p>\n
2 Fls. 132 c.01 demanda. Ibidem. <\/p>\n
3 Fls, 1 a 4 c. 2021-088 rechazo por competencia. Exp. Digital. <\/p>\n
4 CSJ AC de 2 de oct. 2013, Rad. 2013-02014-00, memorado en AC7815-2017. <\/p>\n
5 Folio 4 c. 01 demanda. ibidem. <\/p>\n
6 En ese sentido pueden verse: AC3565-2018, AC8161-2017 y AC6494-2017. <\/p>\n
7 Tesis aplicada posteriormente en AC425-2019 y AC746-2019, entre otros. <\/p>\n
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