AC1974-2021 (2021-01341-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1974-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01341-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda verbal de m\u00ednima cuant\u00eda instaurada por GERM\u00c1N RODR\u00cdGUEZ D\u00cdAZ contra FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACI\u00d3N. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n declarar que en \u201csu momento el Gobierno Nacional a trav\u00e9s de Fiducaf\u00e9\u201d, cancel\u00f3 a la Caja Agraria la obligaci\u00f3n adquirida por Anatilde Algarra de Navarrete por encontrarse en un programa especial de alivio cafetero, y que, como consecuencia, debe extinguirse dicha acreencia y cancelarse la hipoteca que la garantiza. <\/p>\n
En el escrito inaugural, se finc\u00f3 la competencia en los juzgados civiles municipales de Bogot\u00e1, por la naturaleza del proceso, la cuant\u00eda ($3.000.000.oo) y el \u201cdomicilio de las partes\u201d1. <\/p>\n
2. No obstante, el Despacho Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple a quien le correspondi\u00f3 el tr\u00e1mite, lo rechaz\u00f3 y remiti\u00f3 por competencia a los Juzgados Civiles del Circuito de Facatativ\u00e1, al considerar que este asunto <\/p>\n
\u201c[T]iene como base una conciliaci\u00f3n llevada a cabo dentro del proceso ejecutivo de la CAJA AGRARIA contra ANATILDE ALGARRA DE NAVARRETA, del cual conoci\u00f3 el Juzgado Primero (01) Civil Del Circuito de Facatativ\u00e1 por lo que aplica lo previsto en el art\u00edculo 306 del C.G.P. (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. Por su parte, el juez Primero Civil del Circuito de la localidad de destino, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento, y en efecto, plante\u00f3 la colisi\u00f3n que ahora se resuelve, tras considerar que <\/p>\n
\u201c[D]ado que la conciliaci\u00f3n fue sometida a condici\u00f3n suspensiva, sin que exista prueba del cumplimiento de la condici\u00f3n; que las pretensiones contenidas en la demanda no tienen naturaleza ejecutiva sino declarativa; y que no est\u00e1 acreditado que el demandante se\u00f1or GERM\u00c1N RODR\u00cdGUEZ D\u00cdAZ sea sucesor de los derechos de quienes intervinieron en el proceso; no pod\u00eda el Juzgado 56 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, ante tal pluralidad de elementos, desprenderse de la competencia para conocer del proceso, bajo el argumento de que no se pretend\u00eda nada distinto al cumplimiento de la conciliaci\u00f3n (\u2026) dada la m\u00ednima cuant\u00eda de las pretensiones (i.e., $3.000.000), la naturaleza del proceso (i.e., verbal) y el domicilio principal de la entidad demandada (i.e., Bogot\u00e1)\u201d 3 <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la discusi\u00f3n, llegaron las actuaciones a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar si para el asunto en cuesti\u00f3n ha de aplicarse el foro general -relativo al domicilio de la parte demandada-, o el de conexidad, previsto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente Distrito Judicial, Bogot\u00e1 y Cundinamarca, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. La regla del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
Como se indic\u00f3 al plantear el problema jur\u00eddico de este caso, est\u00e1 en discusi\u00f3n si la regla llamada a fijar la competencia por el factor territorial es la se\u00f1alada en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u201cCuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librar\u00e1 mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo se\u00f1alado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecuci\u00f3n, esperar a que se surta el tr\u00e1mite anterior. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo previsto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobadas en el mismo\u201d. <\/p>\n
\u201c[P]roveer a un determinado juez de la facultad para conocer otros asuntos anejos a la causa respecto de la cual \u00e9l ha asumido; a trav\u00e9s de esta autorizaci\u00f3n legal, el funcionario que conoce de un asunto determinado atrae nuevos conflictos surgidos y, por esa v\u00eda, se vuelve juez competente para definirlos de manera conjunta\u201d (CSJ, AC, 30 ag. 2013, rad. 2013-01558-00). <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre la regla de competencia privativa que consagra el mencionado art\u00edculo 306, la Corte ha indicado que <\/p>\n
\u201cEl ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber qui\u00e9n ha de adelantar cada asunto. Uno de ellos es el de conexi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual identifica el funcionario que ha de asumir una determinada actuaci\u00f3n. Su raz\u00f3n de ser se sustenta en el principio de econom\u00eda procesal y sus m\u00e1s connotadas manifestaciones las constituyen las acumulaciones de pretensiones, de demandas y de procesos, as\u00ed como algunos tr\u00e1mites en particular. Tal acontece, verbi gratia, con el inciso primero del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General de Proceso, seg\u00fan el cual \u2018[c]uando la sentencia condene al pago de una suma de dinero (\u2026) o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n (\u2026) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (\u2026)\u2019 (subraya la Sala) Como en t\u00e9rminos de la demanda de folios 25 a 28 el tr\u00e1mite de ahora se basa en las obligaciones dinerarias impuestas al demandado en la sentencia con la cual el Juzgado Civil Municipal de Ubat\u00e9 en el proceso de responsabilidad civil extracontractual accedi\u00f3 a las s\u00faplicas y conden\u00f3 en costas, con arreglo a lo expuesto, es \u00e9ste quien ha de aprehenderlo, privativamente, pues, conforme a la norma, es el citado factor el que fija la competencia, y no el territorial. En esas condiciones, fulge como factor determinante, prevalente y excluyente, el de atracci\u00f3n o de conexi\u00f3n, por virtud de una disposici\u00f3n especial que repele la aplicaci\u00f3n de las reglas generales.\u00bb (AC1575-2017 Rad.2017-00500-00). <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Pues bien, tra\u00eddas las anteriores premisas a esta especie, se advierte que ac\u00e1 no hay lugar a aplicar el foro privativo de que trata el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que lo que ahora se reclama no ata\u00f1e al cobro compulsivo o ejecutivo de lo resuelto por v\u00eda de sentencia en un proceso anterior, sino a la pretensi\u00f3n para que se declare que una obligaci\u00f3n previa (garantizada con hipoteca) se extingui\u00f3 por pago. <\/p>\n
En ese orden de cosas, esto es, no encajando este asunto en ninguna de las hip\u00f3tesis del mencionado canon, lo pertinente era acudir a la regla general de competencia consagrada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, relativa a que \u201cEn los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d. <\/p>\n
Por lo mismo, habi\u00e9ndose afirmado que la convocada se avecinda en la capital de la Rep\u00fablica, no pod\u00eda el juez de esa ciudad, rehusar el conocimiento de la demanda declarativa que se le radic\u00f3. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la atribuci\u00f3n corresponde al Juzgador de Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n al fuero general. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Juzgado Cincuenta y Seis de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, corresponde conocer de la demanda verbal promovida por GERM\u00c1N RODR\u00cdGUEZ D\u00cdAZ contra la FIDUPREVISORA S.A en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUT\u00d3NOMO DE REMANENTES DE LA CAJA AGRARIA EN LIQUIDACI\u00d3N. En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a las otras autoridades involucradas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1Fls. 1 a 5 del Cdno. 03 Demanda. Exp. digital. <\/p>\n
2 Fls. 1 y 2, c. 06 auto rechaza competencia. ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Fls. 1 a 4 (13) Auto suscita conflicto negativo. Ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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