AC1979-2021 (2021-00556-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1979-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00556-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La mencionada entidad financiera radic\u00f3 petici\u00f3n para que se ordene la \u201cAPREHENSI\u00d3N Y POSTERIOR ENTREGA\u201d de un veh\u00edculo objeto de \u201cGarant\u00eda Mobiliaria\u201d, con ocasi\u00f3n de un contrato de \u201cprenda abierta sin tenencia\u201d, previo incumplimiento de la deudora, domiciliada en Popay\u00e1n, en el pago del cr\u00e9dito respaldado. <\/p>\n
La aqu\u00ed solicitante manifest\u00f3 que \u201ctrat\u00e1ndose de una solicitud de aprehensi\u00f3n y teniendo en cuenta que el veh\u00edculo objeto de garant\u00eda se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional, es usted competente para ordenar la aprehensi\u00f3n de este, ante autoridad competente (\u2026) Del mismo modo me permito manifestar, se\u00f1or juez que, por la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n, ya que la misma es de menor cuant\u00eda, teniendo en cuenta el valor de las pretensiones, es usted competente para conocer de la presente solicitud.\u201d 1. <\/p>\n
2. El Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la petici\u00f3n, Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, la rechaz\u00f3 y la envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Popay\u00e1n, se\u00f1alando que en la ley 1676 de 2013 \u201c(\u2026) no se determina de forma clara las normas para asignar competencia para conocer de estos asuntos (\u2026) motivo por el cual resulta pertinente traer a colaci\u00f3n lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil en la providencia AC747-2018 (\u2026) De lo que se desprende, que los casos de esta naturaleza son de conocimiento, de los Juzgados Civiles Municipales del lugar donde se encuentren ubicados los bienes objeto de garant\u00eda. (\u2026) Conforme a las anteriores precisiones, en el caso objeto de estudio se advierte que se pretende hacer efectiva la garant\u00eda mobiliaria constituida por Denice Useche Torres en favor de RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento sobre el veh\u00edculo automotor de placa EFN-100, sin embargo, una vez revisada la documental aportada se evidencia que el lugar de domicilio de la deudora es Popay\u00e1n (Cauca), por tanto, el automotor de su propiedad est\u00e1 siendo movilizado en esa ciudad\u201d2. <\/p>\n
3. El Juez Primero Civil Municipal de la localidad de destino rehus\u00f3 igualmente el conocimiento del tr\u00e1mite y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, se\u00f1alando en alusi\u00f3n a la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia que \u201c(\u2026) para asuntos como el que aqu\u00ed se impetr\u00f3, la competencia se radica bajo el fuero real, al ejercitarse derechos de igual naturaleza. En consecuencia, su definici\u00f3n deber\u00e1 esclarecerse seg\u00fan el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes [art\u00edculo 28.7 del C.G.P.], conclusi\u00f3n ya sentada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos (\u2026) en el ac\u00e1pite de competencia y cuant\u00eda [folio 46 digital], se indic\u00f3 por su promotora que el -veh\u00edculo objeto de garant\u00eda se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional-, por lo que infiri\u00f3 que los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1 D.C. son los competentes para conocer de la presente solicitud de aprehensi\u00f3n (\u2026) De este modo, la ubicaci\u00f3n del automotor EFN-100 no pod\u00eda ser restringida a una zona o municipalidad dentro del pa\u00eds, en funci\u00f3n del domicilio de la deudora, pues al contrario de lo manifestado por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, la solicitante anticip\u00f3 que el automotor antes se\u00f1alado, circula por el territorio colombiano (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la presente solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de un bien con garant\u00eda prendaria, en el que se discute si es viable aplicar al mismo la regla general de atribuci\u00f3n de la competencia establecida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el fuero privativo del numeral s\u00e9ptimo de la referida norma, donde se desconoce con exactitud la ubicaci\u00f3n del bien mueble objeto del proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores para determinar la competencia en el caso del ejercicio de garant\u00edas mobiliarias <\/p>\n
Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Una de las excepciones a esa regla aparece en el numeral s\u00e9ptimo de ese canon, al expresarse que en \u201c(\u2026) los procesos en que se ejerciten derechos reales, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. <\/p>\n
Como la precitada directriz incorpora la expresi\u00f3n \u201cmodo privativo\u201d, la Corte ha explicado, en torno a su naturaleza y alcance, que4, <\/p>\n
\u201c[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l.(\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, siendo evidente que la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega promovida entra\u00f1a el ejercicio del derecho real de la prenda (art. 665 del C.C.) constituida por el deudor a favor de la sociedad accionante sobre un autom\u00f3vil, es claro que el asunto corresponde de manera \u00abprivativa\u00bb al juzgador del sitio donde se halla el rodante. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
En el presente asunto, la aqu\u00ed recurrente manifest\u00f3 que \u201cel veh\u00edculo objeto de garant\u00eda se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional\u201d; no obstante, en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de prenda abierta sin tenencia, anexado con la demanda, se se\u00f1al\u00f3 que \u201c(…) el(los) veh\u00edculo(s) descrito(s) en la clausula primera y objeto de esta prenda y garant\u00eda mobiliaria permanecer\u00e1(n) en la ciudad y direcci\u00f3n atr\u00e1s indicados\u201d, esto es, en la carrera 7 # 90-64 T.11 apto. 439, de la ciudad de Bogot\u00e1, que es el domicilio de la obligada. A su turno, en la cl\u00e1usula la sexta, numeral e) se manifest\u00f3 la obligaci\u00f3n de la garante de \u201cinformar a RCI cualquier cambio de domicilio o residencia dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la fecha de su ocurrencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que en principio deba inferirse que el veh\u00edculo materia de garant\u00eda y sobre el cual se ejercita el derecho real de prenda, est\u00e1 ubicado en la capital de la Rep\u00fablica, por la aludida referencia contractual, que lo sit\u00faa en el domicilio de la deudora. <\/p>\n
Sin embargo, es en el libelo introductor y en el poder que se aporta, donde se indica, con total claridad, que la vecindad de la persona que constituy\u00f3 la garant\u00eda real, cambi\u00f3 de Bogot\u00e1 a Popay\u00e1n, con lo cual, siguiendo las pautas contractuales, es viable inferir que en esta \u00faltima se encuentra localizado el veh\u00edculo prendado, siendo por ello sus jueces los llamados a conocer de este asunto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la anterior inferencia es la que mejor se aviene con la garant\u00eda del derecho al debido proceso, porque al acercar ubicaci\u00f3n de bien con domicilio de la obligada, se permite a esta \u00faltima ejercer de mejor manera su derecho de defensa. <\/p>\n
Finalmente, es necesario mencionar que si bien en el pasado la Corte aplic\u00f3 el numeral 14 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso para resolver conflictos de competencia atinentes a diligencias de \u201caprehensi\u00f3n y entrega\u201d5, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio, para en definitiva entender que en esa clase de peticiones propias de la modalidad de pago directo prevista en el art\u00edculo 60 de la Ley de garant\u00edas Mobiliarias, ciertamente se est\u00e1 haciendo ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de poder el acreedor satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. Y en ese orden de ideas, la regla de competencia territorial, que de manera m\u00e1s cercana encaja en el caso, es la del numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 de la Ley 1564 de 2012, la que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, habida cuenta que al juez a quien mejor y m\u00e1s f\u00e1cil le queda disponer lo necesario para la \u201caprehensi\u00f3n y entrega\u201d es, sin duda, al del sitio en el que est\u00e9 el bien objeto de la diligencia. <\/p>\n
Acude en pro de la postura actual de la Sala, el auto AC747-2018, al destacar que, <\/p>\n
\u201cHasta este punto queda despejado que el procedimiento de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb est\u00e1 asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que \u00abdiligencias especiales\u00bb, sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vac\u00edo es preciso acudir a situaciones an\u00e1logas, en virtud del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo General del Proceso. En ese labor\u00edo fluye que el contexto m\u00e1s pr\u00f3ximo y parecido al que regulan los art\u00edculos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto all\u00ed se instituye, se itera, el criterio seg\u00fan el cual la asignaci\u00f3n se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes, cuando la acci\u00f3n abrigue \u00abderechos reales\u00bb. En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, seg\u00fan sea el caso, de donde est\u00e9n los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u2026\u201d6. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como corolario de lo expresado, debe acudirse al precitado foro privativo de competencia y remitirse el caso al estrado donde se encuentra o debe ubicarse el bien pignorado, esto es, la ciudad de Popay\u00e1n, conforme se\u00f1ala el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para que le d\u00e9 el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra sede judicial involucrada. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que el Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n es el competente para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de bien con garant\u00eda prendaria elevada por RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento, siendo garante Denice Useche Torres. <\/p>\n
Rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 fls. 46 a 48 c. D11001020300020210055600_proceso_202122317191. exp. virtual. <\/p>\n
2 Fls. 50 y 51 c.1. Ibidem. <\/p>\n
3 Fls, 55 a 57 c. 1. ibidem. <\/p>\n
4 CSJ AC de 2 de oct. 2013, Rad. 2013-02014-00, memorado en CSJ AC7815-2017, en CSJ AC082 de 25 de enero de 2021 y en CSJ AC891 de 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
5 En ese sentido pueden verse: AC3565-2018, AC8161-2017 y AC6494-2017. <\/p>\n
6 Tesis aplicada posteriormente en CSJ AC425-2019, CSJ AC746-2019, CSJ AC082-2021 y en CSJ AC891-2021, entre otros. <\/p>\n
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