AC1991-2021 (2021-01578-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1991-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01578-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira y su hom\u00f3logo Sesenta y Siete de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \u2013BANAGRARIO-, contra LUIS ALEJANDRO RIVERA GUERRERO. <\/p>\n
1. La entidad financiera accionante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor y contra los convocados, por las acreencias derivadas del \u201cpagar\u00e9 No. 069406100011255\u201d aportado con la demanda, en la que finc\u00f3 la competencia en la citada autoridad judicial de Palmira, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, la cuant\u00eda y el \u201cel domicilio del demandado\u201d1. <\/p>\n
2. El prenombrado juzgado rechaz\u00f3 la demanda, al considerar que de acuerdo con los art\u00edculos 1\u00ba y 10\u00ba del C.G.P., y la naturaleza jur\u00eddica de la entidad, al ser una sociedad de econom\u00eda mixta con domicilio en la ciudad de Bogot\u00e1, los llamados a conocer el asunto son los juzgados civiles Municipales de esa ciudad2. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado de destino, este rehus\u00f3 tambi\u00e9n la competencia y plante\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, con sustento en que de acuerdo con la AC2909-2017, la regla general de competencia territorial planteada por el estatuto procesal puede verse alterada en ocasiones, \u201ccomo ocurre ante la concreci\u00f3n del supuesto de hecho contemplado en el numeral 10 del canon 28 de la codificaci\u00f3n (\u2026) En este orden de ideas, mediante la providencia AC1644-2019, la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que el fuero personal establecido en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C. G. del P., aunque privativo, es tambi\u00e9n renunciable (\u2026) En tal derrotero, se ha entendido que las sociedades de econom\u00eda mixta (\u2026) en los actos que expidan para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gesti\u00f3n econ\u00f3mica se sujetar\u00e1n a las disposiciones del Derecho Privado\u201d, por lo tanto, estas precisiones jurisprudenciales, \u201cpermiten develar el derecho que le asiste a la sociedad demandante de declinar su facultad de demandar ante el juez de su propio domicilio y, en observancia a una gesti\u00f3n econ\u00f3mica eficiente, pueda deprecar las obligaciones pretendidas (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten que foro aplicar, si la regla general contenida en el numeral primero, o si es posible la renuncia al foro privativo de que trata el numeral d\u00e9cimo, todos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Ahora bien, si el numeral d\u00e9cimo del precepto 28 ib\u00eddem defiere la \u201ccompetencia\u201d al \u201cjuez del domicilio de la respectiva entidad\u201d, es procedente, a la luz de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, acudir al numeral quinto ejusdem, que prev\u00e9 que \u201cen los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d (resaltado fuera de texto), present\u00e1ndose as\u00ed una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad p\u00fablica, siempre y cuando el asunto est\u00e9 vinculado o guarde relaci\u00f3n con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que \u00e9ste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. <\/p>\n
No puede resultar de recibo la tesis del Juzgado Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, en el sentido que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Al respecto la Sala en el AC140-2020 (auto de unificaci\u00f3n), se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Subrayado fuera de texto) 4 <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de la internet, se advierte que la convocante es una es una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, del tipo de las an\u00f3nimas, sujeta al r\u00e9gimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural5, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica6. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201cLas sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. <\/p>\n
Al predicarse respecto del Banco Agrario de Colombia ese fuero privativo y prevalente establecido en consideraci\u00f3n a su calidad, la demanda ser\u00e1 competencia del juzgado de su domicilio principal, o tambi\u00e9n, el de sus agencias o sucursales, siempre que el asunto est\u00e9 vinculado a una de ellas, evento este \u00faltimo que se configura en este caso, pues, el Banco posee sucursal en Palmira7 y en el pagar\u00e9 0694061000112558, en su cl\u00e1usula primera, se se\u00f1ala que la obligaci\u00f3n deber\u00e1 ser cancelada en \u201csus oficinas de la ciudad de Palmira, o en aquellas habilitadas para el efecto\u2026\u201d, expresi\u00f3n esta \u00faltima que incluye por supuesto a este municipio, lo que denota que acertada result\u00f3 la decisi\u00f3n del funcionario de la capital de la Rep\u00fablica, en el sentido de rechazar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la competencia legalmente est\u00e1 atribuida al Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira, en atenci\u00f3n al fuero establecido en el numeral d\u00e9cimo, en concordancia con el quinto del art\u00edculo 28 del C.G.P. Adem\u00e1s de que dicha municipalidad coincide con la vecindad actual del ejecutado, seg\u00fan se afirma en la demanda, siendo a la luz de lo pactado entre las partes, ese uno de los lugares habilitados para solucionar la obligaci\u00f3n, cuyo impago propicia el presente cobro compulsivo. <\/p>\n
De contera, se informar\u00e1 de esta decisi\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira, corresponde conocer de la acci\u00f3n cambiaria promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente a LUIS ALEJANDRO RIVERA GUERRERO. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1Fls. 41 a 44 del Cdno. Escrito demanda \u2013 medidas y anexos. Exp. digital. <\/p>\n
2 Folios 47 a 49, c. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Folios 1 a 4 c. auto conflicto de competencia. Ibidem. <\/p>\n